El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, inaugura este lunes, 22 de julio, un "Taller práctico de mediación: las especifidades de la mediación con las administraciones públicas", que imparte el Servicio de Mediación de esta Institución andaluza, dentro del programa de los cursos de verano de la UNIA, en La Rábida, Huelva.

1-. El conflicto entre ciudadanía y Administraciones Públicas es consustancial a su natural relación. La gestión de esos conflictos a través del diálogo, la negociación y la mediación son la clave para lograr mejores resultados en muchos casos.

2-. Lograr consensos y restaurar el diálogo entre ciudadanía y administraciones son los objetivos de la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz

3-. El Defensor del Pueblo Andaluz continúa apostando por esta herramienta para gestionar las quejas ciudadanas y de las administraciones públicas, favoreciendo el diálogo en un ambiente seguro y controlado para resolver las diferencias de intereses particulares y generales.

4-. La mediación procura la recomposición de los desequilibrios de la relación entre la ciudadanía y las administraciones, logrando la mejora del diálogo y la comprensión del problema que afecta a ambas, e incrementando los niveles de participación y de consenso.

5-. La mediación es una fórmula de solución de conflictos estructurada, que precisa de una metodología y la aplicación de técnicas específicas.

6-. La mediación debe ser atendida por profesionales. Las técnicas y el proceso son garantistas, es importante contar con competencias mediadoras para gestionar los conflictos.

7-. Los derechos de información y participación se dan cita en las sesiones de mediación del Defensor del Pueblo Andaluz.

8-. El diálogo y el consenso, ejes de la mediación, se vinculan también directamente con el principio de buena administración, de flexibilidad, participación y transparencia, potenciando con ello la innovación social en Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha participado este viernes, 5 de julio, en la entrega de los Premios Blas Infante Casares Solidario, que reconocen aquellas iniciativas solidarias proyectadas con el único fin de ayudar y proteger los derechos de otras personas, con especial atención hacia aquellas que sufren necesidades y dificultades.

Para el Defensor, estos premios suponen una apuesta decidida por la cooperación y la concienciación como sociedad de la importancia de la ayuda al desarrollo dentro y fuera de nuestra comunidad. Hoy más que nunca es necesario “priorizar los valores de la solidaridad y erradicar los discursos del odio, de la discriminación, del racismo y del resentimiento. Muchas veces los mismos que utilizan el estereotipo de “primero, los de aquí”, no ayudan “ni a los de aquí, ni a los de allí”, ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que la pasada semana reclamó ante el Parlamento de Andalucía un cambio radical en la manera en la que percibimos la migración y, en especial en la atención y acogida a los menores migrantes no acompañados, que pasa por el reconocimiento a su contribución social y económica en nuestra sociedad, así como por la necesidad de adoptar medidas concretas para combatir la discriminación y la xenofobia.

Para el Defensor, atender a estos niños y niñas “no solo es su derecho, es nuestro deber legal y moral”, lo que significa trabajar para conseguir su inserción laboral y social.

Jesus Maeztu se ha mostrado firmemente convencido de nuestra Comunidad como tierra de acogida, y confiado en que ese siga siendo nuestro legado para las generaciones futuras “Creo firmemente, y tengo personalmente experiencias que así lo confirman, que vivimos en una tierra acogedora con la población migrante, que observa con horror el drama que se produce prácticamente a diario frente a nuestras costas. No sé si algún día las generaciones futuras se preguntarán, en qué estaban pensando, qué estaban haciendo, y si solo observaban mientras miles de muertes se producían”.

Este es el mensaje que nos enseñó Blas Infante: “más allá de las fronteras, busquemos lo que nos une, la Humanidad, donde el respeto, la solidaridad y la interculturalidad se impongan como valores universales”, ha dicho.

Por eso ha reconocido el acierto de las categorías de los premios Blas Infante: una, “Casares por la Humanidad” a proyectos en Cooperación al Desarrollo, y otras “Casares por Andalucía” y “Casares por España”, ambas dedicadas a concienciar sobre la importancia de la ayuda al desarrollo en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma.

El Defensor del Pueblo andaluz preside el jurado de este premio, que convoca el Ayuntamiento de Casares desde hace 17 años, en reconocimiento a Blas Infante, Padre de la Patria andaluza.

La Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Defensor del Pueblo Andaluz se desplaza este miércoles 3 y jueves 4 de julio a la Serranía de Ronda para atender en persona las quejas y consultas que quiera hacerle llegar la ciudadanía. De esta manera, dará cobertura a los municipios de Ronda, Cortes de la Frontera, Jimera de Libar, Montejaque, Igualeja, Cartajima, Faraján, Júzcar, Parauta, Pujerra, Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Montecorte, Arriate, Benaoján, Gaucín, Genalgaucil, Jubrique y Benarrabá.

Igualmente, el viernes 5 de julio, la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Defensor del Pueblo Andaluz se traslada a Casares para atender personalmente a los vecinos y vecinas de este municipio y próximos.

El objetivo es conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones, y para ello, durante un día entero, atenderán la demanda vecinal del municipio y sus alrededores. La Defensoría andaluza puso en marcha este programa de visitas a las comarcas andaluzas con el objetivo de acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía para defender sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia, transporte público, etcétera. Y también en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, tales como reclamaciones de telefonía, entidades financieras, suministros de luz y agua, etc.

Además de atender las quejas de particulares, la oficina del Defensor andaluz tiene previsto mantener encuentros con las asociaciones de la localidad y con los Servicios Sociales para conocer de primera mano las principales demandas de estos colectivos y su problemática actual.

La Oficina de Atención Ciudadana del Defensor del Pueblo Andaluz estará abierta, en horario de mañana (de 9:30 a 14:30 horas), el miércoles 3 de julio en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Ronda (Calle Monte, 52); el jueves 4 de julio en Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Algatocín (Calle Plazoleta, 5) y el viernes 5 de julio en el Nuevo Edificio de Calle Camachas, en Casares.

Para una mejor prestación del servicio, se podrá concertar una cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se pude concertar la cita a través de nuestras redes sociales: en facebook (https://www.facebook.com/DefensordelPuebloAndaluz) o twitter (@DefensorAndaluz).

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha presentado hoy un Decálogo de principios irrenunciables para la Defensoría que sirvan para "volver la mirada hacia las personas tras diez años de crisis".

En la presentación del Informe Anual 2018 ante el Parlamento de Andalucía, Jesús Maeztu, ha ofrecido este Decálogo como una alianza entre los poderes públicos y la sociedad para que "se hable de lo que importa en la calle, de las cosas de comer, del pluriempleo, de la crianza de los hijos y de la angustia del final de mes”, ha concluido el Defensor del Pueblo su comparecencia, en la que ha reclamado "atender de manera prioritaria las necesidades cotidianas de los hombres y mujeres; una existencia digna; lograr empleos estables y sin precariedad; erradicar la pobreza infantil; la importancia de la educación y la recuperación del talento; conseguir un modelo económico sostenible que supere la tolerancia a un turismo y una creciente producción salvaje y desbocada; la vivienda como bien social; y la igualdad, sin importar ni el género ni la orientación sexual".

Este Decálogo de principios, a partir de las reclamaciones que han trasladado los andaluces y andaluzas al Defensor del Pueblo, consiste en una educación inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades; una sanidad que permita vivir saludablemente; Renta básica, techo digno, luz y agua; Respuestas judiciales y administrativas sin dilaciones indebidas; la defensa de las personas mayores y de la infancia; la atención a las personas con discapacidad; la igualdad de hombre y mujer; la igualdad de las personas con independencia del lugar de nacimiento; el respeto a la sostenibilidad y al patrimonio; y la participación, transparencia, cercanía y mediación de conflictos.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, presenta este miércoles, 26 de junio, el Informe Anual del ejercicio 2018 en el Pleno del Parlamento de Andalucía.

Como resultado de este encuentro, las componentes de la Región europea de la Red de mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, reunidas en Vitoria-Gasteiz, formulamos la siguiente DECLARACIÓN:

El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual.

Los derechos reproductivos son derechos humanos que alcanzaron su legitimidad institucional en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) en el Cairo. Al año siguiente en 1995, en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, se reafirmaron las definiciones del Cairo, quedando expresamente reconocido el derecho de las mujeres a ejercer su sexualidad en condiciones libres de discriminación, coerción y violencia. Y se completó el párrafo 8.25 de El Cairo relativo al aborto, recomendando expresamente a los países que revisarán las legislaciones punitivas en relación a las mujeres.

Asimismo, la OMS ha ido introduciendo en sus documentos y guías prácticas los avances, tanto científicos como sociales en los derechos sexuales y reproductivos, a lo largo de estos años. Concretamente declaró en 2014 que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. El maltrato, la negligencia o la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres, descritos en las normas y los principios internacionales de derechos humanos.

• Una eficaz intervención requiere de un adecuado diagnóstico de la realidad a la que se ha de dar respuesta, que permita la monitorización de la situación a lo largo del tiempo. Ello implica el desarrollo de un sistema de indicadores pertinentes y acotados al objeto del estudio, comparables, actualizados y evaluados con carácter periódico. Con este objetivo, resulta recomendable redoblar los esfuerzos orientados a la configuración de un sistema de indicadores de ámbito europeo.

• Del trabajo realizado en estas jornadas y tras el análisis de las deficiencias detectadas podemos concluir la necesidad de la puesta en práctica de forma real y efectiva de las normativas vigentes y los distintos instrumentos recogidas en las mismas. Así como el impulso y desarrollo en los ámbitos de las políticas públicas, sanitario, educativo, formativo y estrategias de salud sexual y reproductiva, en consonancia con las recomendaciones de la OMS

Vitoria-.Gasteiz, 14 de junio de 2019

Firmada por:

Ararteko

Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana

Valedor do Pobo

El Justicia de Aragón

Sindic de Greuges de Catalunya

Procurador del Común

Diputación del Común

Defensor del Pueblo Andaluz

Son muchas las personas que intentan alcanzar nuestras costas hacia una nueva vida que les depare un futuro -incierto- pero al fin y al cabo un futuro mejor que aquel que les aguardaba en la tierra que han debido dejar atrás. Hemos de lamentar que, una vez más, el mar de Alborán se haya convertido para muchas personas en el destino más trágico del ser humano: la muerte.

Nuestra Defensoría lamenta profundamente estos trágicos sucesos. Una tragedia que pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de políticas en materia migratoria que primen los derechos humanos frente a cualquier otra consideración, y que impida que se repitan estas dramáticas consecuencias. Debemos encontrar procedimientos de gestión de los flujos migratorios que no supongan poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas migrantes.

Es necesario concienciar de que la inmigración es una cuestión de interés nacional y europeo y que, en consecuencia, deben elaborarse unas políticas desde los distintos ámbitos orientadas a ordenar y regular los flujos migratorios, partiendo para ello de los principios de racionalidad y eficacia administrativa, equidistribución de cargas y recursos entre todas las administraciones implicadas, sin olvidar por supuesto los principios de solidaridad y lealtad institucional.

También desde nuestra Defensoría apelamos a la generosidad y comprensión de la sociedad para quienes llegan a nuestras fronteras huyendo de la miseria, la pobreza, las guerras, y las persecuciones.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy una nueva ordenación territorial de los Equipos Psicosociales en Andalucía para ofrecer un mejor servicio a las familias y menores sobre los que se recaban datos que ayuden a los jueces a tomar la mejor decisión sobre su custodia en procesos de separación o divorcio.

El Defensor del Pueblo andaluz ha presentado hoy el Informe Especial Los equipos psicosociales de Andalucía al servicio de la Administración de Justicia ante la comisión de Turismo, Regeneración Democrática, Justicia y Administración Local del Parlamento andaluz. Este Informe aborda el papel de los Equipos Psicosociales en dos ámbitos: la presencia de menores ante los tribunales que conocen de estos pleitos familiares y las cuestiones que se dirimen con la intervención de estos Equipos y de enorme impacto en la vida de los menores. Los Equipos se nutren de profesionales de la Psicología y del Trabajo Social que, de manera dual, estudian, exploran y evalúan a los protagonistas del litigio para poder emitir un criterio técnico facilitador para la decisión de la jueza o el juez.

El Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado que en el momento de recabar datos y realizar las visitas a todos y cada uno de estos Equipos repartidos por Andalucía -hasta julio de 2018-, constatamos 21 Equipos, compuestos formalmente por un puesto de Psicología y otro de Trabajo Social.

El también Defensor del Menor de Andalucía ha señalado que no constan criterios organizativos que fundamenten la distribución por provincias de estos Equipos. “Sevilla cuenta con el mismo número de Equipos que Jaén con una diferencia sustancial de carga de asuntos. La destacada existencia de cinco Equipos en Granada no ha sido seguida para asignar recursos análogos en otras provincias; y, por cierto, presentando las mayores dilaciones a pesar de su supremacía”, ha expuesto.

“Si lo comparamos con los Juzgados de Familia existentes, tampoco se puede hallar un criterio racional. Sólo les indico que en 2018 existían 18 Juzgados exclusivos de Familia y los Equipos asignados presentan situaciones tan dispares como que Jaén, con un Juzgado, dispone de tres Equipos; Málaga tiene tres Juzgados y cuenta con tres Equipos; Sevilla dispone de cinco Juzgados de Familia pero tiene los mismos Equipos que Jaén; tres Equipos tiene Córdoba, pero para atender a dos Juzgados y Cádiz donde los Equipos están uno en Algeciras y el otro en la capital, cuando el Juzgado de Familia reside en Jerez.

El Defensor ha subrayado la necesidad de llevar a cabo una nueva ordenación territorial de los Equipos Psicosociales en Andalucía. “No es ésta una tarea fácil. En absoluto. Para ello se habrá de disponer de unos datos históricos que vengan a reflejar la evolución de los asuntos abordados en los últimos tiempos, la pendencia existente en la emisión de los informes, la cobertura de las plazas vacantes, el número de informes que se adjudican a las empresas contratadas externamente, y muchos otros factores, para poder determinar con rigor las necesidades reales del servicio en cada provincia”, ha comentado.

La última Memoria del TSJA reitera la creación de cinco nuevos Juzgados especializados de Familia; y que los asuntos de Familia han crecido respecto 2017 un 4% y subiendo. Las cifras de subcontratación que recibimos implican un porcentaje claramente creciente que va desde el 10,55% en 2014; 13,90% en 2015; un 24,02% de informes externalizados en 2016; hasta que en 2017 se alcanza al 69,55% de sub-contratación. “Este dato nos parece excesivo”, ha señalado Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz también ha analizado las pautas de trabajo de sus profesionales. Sobre la colegiación de sus técnicos, Jesús Maeztu ha señalado que "no anticipamos ningún juicio sobre colegiación sí o no; lo que pedimos son criterios sólidos, contando con la experiencia de los Colegios Profesionales, para atender y dar respuesta a las reclamaciones de esta naturaleza deontológica. Como les indicaba al principio, nos movemos en el entorno judicial, donde las partes acuden para dilucidar los detalles de la convivencia de sus hijo"s.

Por último, Jesús Maeztu ha destacado las labores de mediación que se deberían producir en el seno de la vida familiar, tanto, que Andalucía es donde más divorcios se formalizan. “Ojalá eludiéramos estos pleitos (“divorcios de plomo”, los llaman); ojalá evitásemos el dolor innecesario para los niños. Pero mientras, mejoremos el sistema judicial para garantizar los intereses de estos menores que no son culpables de nada”, ha concluido.