Los Servicios Sociales Comunitarios representan la principal seña de identidad del Sistema Público de Servicios Sociales, dado su carácter universal y los cometidos esenciales que se le asignan, constituyendo un dispositivo de excepcional importancia para dar respuesta a las necesidades sociales básicas, al integrar la red de atención social más descentralizada y próxima a la ciudadanía, que se extiende por todo el ámbito territorial andaluz, fomentando los valores de la convivencia y la solidaridad, y favoreciendo la cooperación social y la participación ciudadana.

Conscientes de la importancia que tiene este nivel básico del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía para la efectividad de la mayoría de los derechos sociales, hemos realizado una investigación extraordinaria sobre la situación actual de estos Servicios, sus problemas y carencias, así como nuestras propuestas de mejora, siempre desde la perspectiva de la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía.

Para ello, hemos querido conocer de primera mano la opinión de los responsables y profesionales de las unidades territoriales en que se estructuran los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, a fin de tener un referente directo e inmediato sobre la situación actual de este dispositivo y contar con una valoración cualificada sobre las principales causas e impedimentos que dificultan su funcionamiento.

El resultado final de este trabajo se compendia en este Informe con el que se quiere ofrecer a los poderes públicos, profesionales de los Servicios Sociales y sociedad en general, un instrumento de análisis y reflexión que a través de sus datos, valoraciones y propuestas, pueda servir de base para acometer las reformas y modificaciones que se precisan a fin de asegurar el eficaz funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, en el marco de la indispensable reordenación del Sistema Público de Servicios Sociales que demanda la ciudadanía.  

Con este Informe Especial hemos querido conocer y testimoniar -a través de los informes de los Servicios Sociales Comunitarios- la situación en la que vive una parte importante del colectivo de personas discapacitadas, cuando en sus propias viviendas encuentran barreras arquitectónicas que dificultan, o radicalmente impiden, su movilidad.

    El título elegido para su publicación pretende ser descriptivo de una realidad a la que ni los poderes públicos, ni la sociedad, pueden continuar dándole la espalda.  

Los Juzgados de Paz constituyen una “zona de sombra” en el panorama judicial del Estado, por la precariedad de medios con que cuentan, en gran parte ocasionada por el defectuoso y anticuado régimen jurídico que los regula y la ambigüedad de su ubicación orgánica, dependiente al mismo tiempo de varias Administraciones Públicas.

    El Defensor del Pueblo Andaluz se aproxima a ellos dado que en su entorno se constata, con frecuencia, un ejercicio debilitado de los derechos constitucionales de la ciudadanía, y lo hace mediante una investigación tendente a poner de manifiesto la situación actual de los 685 existentes en Andalucía, casi tantos como municipios, puesto que casi todos cuentan con un Juzgado de Paz, salvo que exista en ellos Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

    El presente informe analiza los resultados del intenso trabajo de campo realizado, así como el posicionamiento institucional acerca de la Justicia de Paz, todo lo cual sirve al Defensor del Pueblo Andaluz para formular diversas Recomendaciones encaminadas a la mejora de esta primera instancia de la Administración de Justicia en Andalucía.  

 

 

 

 

El estudio ha querido realizar un análisis de la situación de los centros docentes en cuanto a sus normas de prevención y seguridad. Además de describir la situación analizada, el informe quiere ser un aliciente para la concienciación y participación activa de la comunidad educativa en una tarea no sólo conveniente, sino imprescindible.  

Con la realización de este Informe Especial, el Defensor del Pueblo Andaluz ha querido investigar y valorar la aplicación, real y efectiva, de las nuevas tecnologías, singularmente Internet, a los procesos de participación, acceso a la información y gestión administrativa externa en el ámbito del planeamiento urbanístico. Ello, como exponente del estado en que se encuentran, en este ámbito, las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía en el seno de la "Sociedad de la Información".