Autor: Rodríguez García de Cortázar, Ainhoa

Lugar de Edición: Sevilla

Editorial: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Observatorio de la Infancia en Andalucía. Escuela Andaluza de Salud Pública

Año de edición: 2020

La pobreza es un grave problema social con múltiples consecuencias para las personas afectadas, especialmente si son niñas o niños. El libro que aquí presento es fruto de una investigación realizada por el Observatorio de la Infancia en Andalucía, que durante años ha profundizado en estas cuestiones. Más allá de las necesarias cifras para cuantificar el alcance y la gravedad de la pobreza infantil y de la revisión de la literatura científica sobre su impacto en el presente y en el futuro, el principal aporte de esta monografía es que visibiliza las percepciones, emociones y vivencias de niñas, niños y adolescentes con dificultades económicas en Andalucía. Personas de diversos orígenes y contextos que expresan en primera persona las consecuencias de la pobreza en sus vidas.

Con este libro tenemos la oportunidad de escuchar con atención lo que nos quieren decir estos niños, niñas y adolescentes. Contar con la infancia es fundamental para poder diseñar e implementar acciones sociales y políticas de lucha contra la pobreza en la infancia efectivas y respetuosas con las personas empobrecidas. Estas acciones son competencia de la Dirección General de Infancia, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, así como de otras instituciones, organizaciones y de la sociedad en su conjunto. Es un eje central del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía la inclusión de la perspectiva de la infancia en las políticas públicas, para garantizar los derechos de niños y niñas y evitar situaciones de exclusión social mediante políticas intersectoriales. Y es un firme objetivo de esta Consejería y de este Gobierno la lucha contra la pobreza infantil. 

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• Se trata de una medida destinada a proteger a los niños y niñas más vulnerables y por motivos estrictamente terapéuticos

• Es una medida que cuenta con el respaldo legal correspondiente

• Demandamos respeto y comprensión para estos menores más vulnerables

La declaración del Estado de alarma impuesto por el Gobierno de la Nación, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, ha supuesto una limitación al libre derecho de circulación de los ciudadanos. No obstante, desde el pasado 19 de marzo, los niños y niñas con alteraciones conductuales (autismo y conductas disruptivas, entre otras) cuyo confinamiento afecte negativamente a sus patologías, pueden desplazarse por espacios públicos siempre que se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus.

El Defensor del Menor, también Defensor del Pueblo Andaluz, ha tenido conocimiento del rechazo y reproche al que están siendo sometidas muchas familias cuando salen a espacios públicos para pasear con los menores afectados por conductas disruptivas. Debemos recordar que la libre circulación de estos menores es una medida destinada a proteger a los niños y niñas más vulnerables y por motivos estrictamente terapéuticos; cuenta con el respaldo legal correspondiente; y que el control sobre dichos movimientos corresponde, en su caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por otro lado, y ante las iniciativas propuestas en los últimos días por algunos sectores, esta Defensoría desea expresar su rechazo a la utilización por estos niños y niñas de elementos identificativos o distintivos para poder circular por las vías públicas por el carácter estigmatizante que pueden llegar a tener tales prácticas.

En estos momentos tan singulares que todos y todas atravesamos, el Defensor del Menor de Andalucía, como garante y protector de los derechos y libertades de la infancia y adolescencia, quiere hacer un llamamiento de solidaridad a la sociedad andaluza hacia todos los niños y niñas que, por sus problemas conductuales, se ven en la necesidad de desplazarse junto con sus familias por nuestras calles; y demanda, respeto y comprensión para estas personas.

La Carta de Servicios y buena práctica administrativa del Defensor del Pueblo Andaluz establece los principios generales que rigen la actuación de la Institución, los derechos de las personas usuarias y los compromisos de calidad adquiridos por la Institución para procurar la mejora periódica de los servicios que tiene encomendados.

El compromiso del Defensor con los principios y objetivos que inspiran la Carta de Servicios y buena práctica administrativa se mantiene firme a pesar de la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional y se establecen medidas extraordinarias para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se mantienen también los compromisos de calidad en la tramitación de los expedientes de queja. Así se lo ha comunicado el Defensor al personal de la Institución, que sigue desempeñando sus funciones a pleno rendimiento mediante la fórmula del teletrabajo. De hecho entre el 16 y el 27 de marzo, es decir, las dos primeras semanas laborables del periodo de confinamiento, se han atendido 401 quejas nuevas,

Ello no obstante, debe tenerse en cuenta que las circunstancias excepcionales en que nos encontramos pueden dificultar la respuesta de las Administraciones Públicas a las que se dirige el Defensor del Pueblo Andaluz en el marco de la tramitación de un expediente de queja, por lo que se está priorizando el impulso de los expedientes de queja que por sus características requieran una solución urgente. Y es que una gran parte de los recursos humanos y materiales de las Administraciones Públicas están ahora mismo destinados a combatir la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

En cuanto a otros compromisos afectados por el estado de alarma cabe destacar la decisión de posponer, hasta que finalice este periodo extraordinario, la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz al Parlamento de Andalucía. Esta presentación, de acuerdo con lo previsto en la Carta de Servicios y buena práctica administrativa, debía llevarse a cabo en el primer trimestre del año.

Igualmente, durante el estado de alarma el Defensor del Pueblo Andaluz no puede ofrecer el servicio de atención presencial a la ciudadanía, dadas las restricciones de movilidad impuestas, aunque se mantiene en su totalidad el servicio de atención telefónica, así como la atención a las consultas a través de la sede electrónica y redes sociales. Cabe destacar en ese sentido la atención de 627 consultas entre el 16 y el 27 de marzo.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, hace un llamamiento humanitario ante la grave situación que atraviesan las personas mayores residentes en centros privados, públicos o concertados en Andalucía y pide respuesta a esta emergencia social ante los casos de infectación y fallecimientos de personas mayores que se están sucediendo en estas residencias, al igual que en otros puntos del territorio español.

La envergadura de este problema y su dimensión humanitaria hacen necesaria una investigación de oficio de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz para acceder a la información que permita analizar el cumplimiento de las competencias y obligaciones por la Administración pública andaluza, siempre desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

A raíz de la ingente información pública conocida y de las denuncias que han llegado a la Institución, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que es imperiosa la necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente de él para su supervivencia ordinaria.

De la misma forma, también considera que es prioritario que las administraciones se coordinen para resolver las dificultades de organización y de respuesta para afrontar las situaciones de riesgo generadas por la falta de equipos de protección y abordar las pruebas de detección de la enfermedad.

Son muchas las denuncias públicas que han llegado a la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de los equipos de protección a los profesionales para atender a estas personas, con riesgo de contagio mutuo; el desconocimiento de a quién deben instar su aprovisionamiento; la omisión de la práctica de la prueba de coronavirus a residentes mayores que en estos días han sido ingresados en hospitales por neumonía o pudieran padecer la enfermedad por sus síntomas; la carencia de espacios para el aislamiento de los contagiados o residentes con sospecha de afectación vírica; la falta de personal por las bajas sobrevenidas, entre otras.

También hemos prestado especial atención a las declaraciones publicadas de la Administración sanitaria, alusivas a la cuantificación en 700 de las residencias, públicas y privadas, existentes en nuestra Comunidad Autónoma, a sus 45.000 residentes, a los intentos de aislamiento de los casos positivos detectados, a la revisión de las condiciones higiénicas y sanitarias de los inmuebles y al contacto con fines de coordinación con la Consejería de Igualdad. Así como conocido, la labor de desinfección de la Unidad Militar de Emergencias en diversas Residencias de mayores.

Es por ello, que tras el análisis de toda esta información y del manejo respetuoso y objetivo de la misma, nos hemos dirigido a la Consejería de Salud y Familias y a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para conocer las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en los centros de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, frente al riesgo de contagio por COVID-19, la previsión para realizar las pruebas de detección diagnósticas específicas, además de las actuaciones de coordinación realizadas para garantizar su atención y protección.

Esta situación es la que motiva la preocupación del Defensor del Pueblo Andaluz y su actuación para la protección del colectivo de personas mayores, considerado el más vulnerable de esta crisis sanitaria y de emergencia social, la situación en la que se encuentran tras la declaración de la pandemia internacional del COVID-19.