Comunicado del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la implementación del protocolo para la detección del Covid-19 entre la población migrante que llega a nuestras costas

• La Institución andaluza ha recordado que la situación provocada por la pandemia del Covid-19 requiere una respuesta humanitaria integral a esta población, con la coordinación de todas las administraciones y en colaboración con los colectivos que prestan esta acogida

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha dirigido al Servicio Andaluz de Salud interesándose por “la implementación del protocolo establecido tanto para la detección de posibles contagios de Covid.19 entre inmigrantes que lleguen de forma irregular a nuestro territorio, como para que se cumplan los periodos de cuarentena y seguimiento establecidos por el Ministerio de Sanidad, así como los dispositivos habilitados para el aislamiento de personas positivas y sus contactos mientras se encuentren realizando la cuarentena”.

La actuación de la Institución se enmarca en las quejas presentadas por distintos colectivos por la atención prestada a los inmigrantes que vienen llegando en pateras a la costa almeriense desde finales de julio y durante todo el mes de agosto. Los escritos presentados por los diferentes colectivos coinciden en señalar que las medidas que se están aplicando no están siendo acordes con lo establecido en el protocolo. Según denuncian “estos incumplimientos están suponiendo una alarma para la ciudadanía, llegando a producirse una estigmatización de los grupos de personas llegados a las costas españolas por el aumento de positivos en Covid-19, los cuales muchos de estos contagios se producen una vez se encuentran en las instalaciones de recepción”.

La atención que se presta a las personas que llegan a nuestras costas es una preocupación constante de la Defensoría andaluza año tras año, que con la situación actual provocada por la pandemia del Covid-19 necesita de un mayor seguimiento y control para garantizar la protección de estas personas y por la salud pública.

Es por ello que, compartiendo la preocupación manifestada por el Defensor del Pueblo estatal y dentro de la línea de colaboración institucional permanente que mantienen, le ha informado de estas actuaciones. Para el Defensor del Pueblo Andaluz, la situación provocada por esta pandemia requiere una respuesta humanitaria integral a esta población, con la coordinación de todas las Administraciones y en colaboración con los colectivos que prestan esta acogida, tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, con el fin de conocer las medidas programadas para el reinicio del curso escolar el próximo mes de septiembre.

Esta Institución, ante las numerosas quejas recibidas, abrió el pasado jueves una queja de oficio  con el fin de requerir por parte de esta Consejería las iniciativas adoptadas para clarificar las instrucciones dictadas entre los profesionales destinatarios; los dispositivos o canales de consulta y apoyo en la adopción de los criterios organizativos para los centros y, por último, los criterios establecidos para la asignación específica a los centros docentes del repertorio de medios de refuerzo personal y material anunciados.

El Defensor del Pueblo, en esta reunión que se ha prolongado más de tres horas, ha conocido las medidas previstas por la Consejería para una vuelta a las aulas que en su opinión debe ser "presencial, segura y responsable"  y se ha comprometido a la vigilancia y seguimiento de las mismas. "Voy a estar atento a su puesta en funcionamiento", ha indicado Jesús Maeztu.

El también Defensor del Menor de Andalucía ha apelado "al diálogo y a la responsabilidad de toda la comunidad educativa" y por ello considera que, "ahora, es necesario rebajar la tensión de un tema de tanta trascendencia para miles de niños y niñas andaluces, con el fin de que tengan garantizado su derecho a la educación".

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio en la que solicita a la Consejería de Educación y Deporte que se clarifiquen las medidas adoptadas para el reinicio del curso escolar previsto para septiembre “y se dé certidumbre en el reparto de recursos de los que van a disponer los equipos directivos para poder cumplir con las medidas sanitarias ante la crisis del COVID-19”.

Para el Defensor del Menor de Andalucía, no se deben escatimar recursos en la educación, tanto en el escenario previsto, como en el que puede acontecer, con el objetivo de que no vuelvan a repetirse los problemas que se dieron tras el impacto de la pandemia, con efectos devastadores para la educación como consecuencia de la brecha digital. Asimismo, el también Defensor del Pueblo andaluz ha reclamado especial atención hacia los recursos disponibles para la educación compensatoria y la educación especial.

Ante esta situación, el también Defensor del Pueblo andaluz ha reclamado consenso en las soluciones; coordinación entre la Administración educativa, los ayuntamientos y los docentes; y generosidad a todos, “para entender cuáles son las soluciones que requiere la vuelta al colegio en la situación más normal, ante una crisis sanitaria que es tan compleja”.

Ante las quejas que ha recibido la Institución, el Defensor del Menor de Andalucía ha abierto esta actuación de oficio dirigida a la Consejería andaluza de Educación y Deporte en la que, en concreto, se interesa en conocer, en primer lugar, las iniciativas adoptadas, en su caso, por la Consejería educativa fin de promover actividades de clarificación de las instrucciones dictadas entre los profesionales destinatarios; en segundo lugar, los dispositivos o canales de consulta y apoyo en la adopción de los criterios organizativos para los centros y, por último, la asignación específica por centro del repertorio de medios de refuerzo personal y material anunciados.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha trasladado hoy a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, las reclamaciones que le ha hecho llegar la ciudadanía sobre la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa) y la urgencia de su adaptación al Ingreso Mínimo Vital, prestación aprobada recientemente por el Gobierno central.

En una reunión, el Defensor del Pueblo andaluz ha conocido los planes de la Consejería para hacer compatibles ambas prestaciones. En primer lugar, Jesús Maeztu le ha trasladado la función que la Renta Mínima puede cumplir como prestación de cobertura de los colectivos excluidos del Ingreso Mínimo Vital, como los menores de 23 años, entre los que se encuentran los jóvenes extutelados, y los mayores de 65 años sin derecho a otra prestación.

En segundo lugar, Jesús Maeztu ha compartido con la consejera que la Renta Mínima puede encuadrarse en la lucha contra la pobreza infantil, la inserción social y laboral y la inclusión de todos los colectivos vulnerables.

Finalmente, Jesús Maeztu ha reiterado las recomendaciones incluidas en la Resolución dirigida recientemente a la Consejería sobre la conclusión de todos los procedimientos de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía incursos en mora, priorizando sin dilación los que datan de los años 2018 y 2019; la concreción de las normas de derecho transitorio tras la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital y la necesidad de instrumentos eficaces para la difusión, comunicación o notificación, que permitan a la población en general y a los peticionarios de Renta Mínima, en particular, quedar amparados por alguna de ambas prestaciones.

En esta reunión, que se ha celebrado en un clima de entendimiento mutuo y cordialidad, el Defensor del Pueblo andaluz ha mostrado su interés sobre la necesidad de abordar un debate conjunto sobre el modelo de residencias de mayores, a la luz de la experiencia que ha arrojado la pandemia del COVID-19 sobre la atención a las personas mayores, y ha señalado la necesidad de un incremento de personal en los servicios sociales comunitarios.

Un equipo técnico del Defensor del Pueblo Andaluz se ha desplazado hoy a los municipios de Lepe y Lucena del Puerto para conocer sobre el terreno la situación de la población residente en los asentamientos irregulares, que se ha visto agravada tras los incendios de los últimos días.
Este equipo, conformado por los responsables en la Defensoría andaluza de los asuntos de Extranjería y Atención Ciudadana y una profesional del Área de Mediación, han mantenido reuniones de trabajo con algunos de los colectivos que trabajan en la zona -Cepaim, Cruz Roja, Cáritas, Asnuci y Asisti-, además de sendas reuniones con representantes municipales de Lepe y Lucena del Puerto.

Estas reuniones se enmarcan dentro del compromiso del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, anunciado tras su visita el pasado mes de octubre con el Consistorio de Lepe, de trabajar conjuntamente, desde el compromiso y la responsabilidad de cada uno, todos los agentes implicados -administraciones, empresariado, colectivos y población en general-, para erradicar estos asentamientos irregulares garantizando la atención de estas personas en condiciones dignas, desde una perspectiva laboral, habitacional y de integración social. Y ello, sin perjuicio de articular una respuesta de mínimos para atender las situaciones de emergencias.

El Defensor del Pueblo Andaluz, a través de su equipo técnico, ha reiterado una vez más su preocupación por la situación de la población residente en estos núcleos y la necesidad de regularizar esta mano de obra necesaria y trabajar en la integración de estas personas. Una preocupación que también ha trasladado al defensor del pueblo estatal dentro del ámbito de sus competencias y colaboración con la Defensoría y recientemente al Parlamento de Andalucía durante su intervención en la Comisión para la Regeneración de Andalucía tras el COVID-19.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de que los problemas y retos que afectan a los menores de edad no desaparecerán, más bien al contrario, se agudizarán y recrudecerán a causa de la COVID-19. El Defensor del Menor de Andalucía ha entregado hoy el Informe del Menor 2019 a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, una presentación retrasada a causa de la suspensión de la actividad parlamentaria con motivo de la pandemia.

Este Informe detalla que durante 2019 el Defensor del Menor de Andalucía realizó 5.585 actuaciones, de las cuales 2.454 se refirieron a quejas (1.789 iniciadas ese mismo año, 29 de ellas de oficio), y el resto procedente de años anteriores, así como la atención de 3.131 consultas.

El Defensor del Menor de Andalucía ha explicado las actuaciones realizadas en el Informe del Menor 2019 para la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, entre los que ha destacado los derechos a la salud, la educación y a la protección, y ha aportado sobre los mismos algunas consecuencias que ya se están advirtiendo como consecuencia de la COVID, a la espera de un Informe extraordinario de la Institución que profundizará en estos efectos.

De esta manera, en cuanto al derecho a la salud, Jesús Maeztu ha indicado que el Informe 2019 detecta que persisten las carencias de atención pediátrica que han despertado demandas vecinales de muchas zonas rurales andaluzas. La escasez de pediatras disponibles es, en la mayoría de los casos, el impedimento para la dotación de las plazas, lo que conlleva a que los facultativos de familia asuman la función de atención a los menores de edad. Asimismo, se siguen abordando quejas sobre las listas de espera y los plazos de garantía para los pacientes menores de edad. Durante el confinamiento, la Institución que dirige Jesús Maeztu ha abierto quejas por reorganización de servicios pediátricos en perjuicio de usuarios que están protestando en Sevilla capital o zonas rurales de Huelva.

Especial atención ha dedicado el Defensor del Menor a la salud mental de los menores, uno de los aspectos agravados durante el confinamiento. Jesús Maeztu ha destacado que es necesario fortalecer la red de salud mental y de apoyo psicosocial para las personas menores de edad y atender adecuadamente toda la demanda, poniendo los medios necesarios para evitar su saturación.

En cuanto al derecho a la educación, el Defensor del Menor ha apuntado que el Informe repasa algunos problemas que sigue teniendo la escolarización, aunque continúa una tendencia a la baja. En todo caso, el Defensor ha destacado las actuaciones para asegurar la escolarización prioritaria del alumnado que padece casos especiales de enfermedad, una labor que se ha visto reflejada en el nuevo decreto de escolarización publicado en 2020.
También en cuanto a la educación especial, el Informe recoge los problemas que afectan al alumnado con necesidades educativas especiales, persistiendo los problemas de ausencia o escasez de profesionales en los centros docentes, de manera mayoritaria los Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). Asimismo, el Defensor ha destacado su preocupación por los fenómenos relacionados con la despoblación que están afectando de manera grave a los objetivos de lograr una implantación general y normalizada de los recursos educativos en el territorio de Andalucía: “Un recreo en silencio es la muerte de un pueblo”, ha señalado Jesús Maeztu, para recordar que durante 2019 la Institución ha comenzado un Informe especial sobre esta realidad.

La actividad educativa ha sido una de las principales afectadas por la irrupción de la COVID y por esta razón Jesús Maeztu ha expuesto su advertencia de que la suspensión de la actividad presencial aumenta el riesgo de la brecha de desigualdad de la infancia en el acceso a los recursos. En este sentido la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio con la administración educativa para visibilizar esta problemática y requerir la adopción de medidas para la continuidad del aprendizaje de todo el alumnado en términos de equidad y calidad. Del mismo modo, la Institución continúa interesada en conocer las medidas de apoyo para paliar el desfase en el aprendizaje respecto del alumnado con necesidades educativas especiales y tiene abierta investigación para que el alumnado con discapacidad auditiva pueda continuar su proceso educativo telemático. Jesús Maeztu también ha apuntado la labor de la Defensoría desde el primer momento para garantizar el derecho básico a la alimentación a través del Plan SYGA de ayuda alimentaria, que quedó suspendido inicialmente tras los cierres de los centros escolares.

En cuanto al derecho a la protección, el Defensor del Menor de Andalucía ha subrayado la intervención constante de la Institución en la protección de los menores migrantes que llegan a Andalucía sin estar acompañados. Esta actividad propició el pasado año la celebración en Sevilla y Tarifa de las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo nacional y autonómicos, que concluyó con la Declaración de Tarifa, un decálogo de medidas para mejorar la protección de estos niños y niñas.
En el confinamiento, el Defensor del Menor de Andalucía ha manifestado su preocupación por el incremento de las denuncias de posibles situaciones de maltrato a niños y niñas debido a una convivencia permanente, continuada y forzosa, que favorece el conflicto entre la pareja y propicia las situaciones de violencia de género en la que también son víctimas los menores edad o directamente contra niños, niñas y adolescentes. El Defensor del Menor ha señalado que en este periodo se han incrementado las llamadas telefónicas a los servicios de atención y ayuda a las mujeres víctimas de maltrato, como han alertado distintos organismos, y ha señalado que también la Defensoría ha experimentado un incremento de denuncias sobre menores en situación de riesgo.

CUESTIÓN A DEBATE

El Defensor del Menor de Andalucía ha dedicado un capítulo del Informe del menor a una cuestión que quiere visibilizar como es el acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet. El Defensor del Menor ha subrayado los riesgos que para las personas menores de edad se derivan del mal uso de Internet, que puede perjudicar su desarrollo y su formación, además de vulnerar algunos de sus derechos fundamentales como son la intimidad, el honor, o la propia imagen, e incluso pueden ser objeto de acoso.

El Defensor del Menor de Andalucía ha señalado que se trata de un fenómeno en auge, ya que si bien la pornografía ha existido durante mucho tiempo, ahora ha cambiado el canal de distribución; simplemente los menores pueden acceder disponiendo de un teléfono móvil con acceso a Internet.

Entre los efectos negativos que causa a niños y adolescentes, el Defensor del Menor ha apuntado que el consumo de pornografía cosifica la figura de la mujer e incrementa el riesgo de agresiones y violencia sexual; puede crear dependencia en el consumidor; puede afectar a la socialización de los menores de edad; genera una relación desigual entre el hombre y la mujer, quedando esta última reducida a objeto sexual disponible y puede llevar a adolescentes y jóvenes a creer que deben emular las practicas que han observado y a fomentar la prostitución. En definitiva, los nefastos efectos de la pornografía existente en internet afectan a jóvenes que aún no tienen madurez psicológica, que pueden acceder de un modo fácil a miles de páginas, no siempre de forma voluntaria, de manera anónima, generalmente gratuita, sin ningún tipo de control y cada vez a edades más tempranas, ha concluido el Defensor del Menor de Andalucía.

Por todo ello, y con el objetivo de la especial protección de la que son objeto las personas menores de edad, el Defensor del Menor ha señalado que se deben implementar medidas que impidan, o cuanto menos, dificulten, el acceso de los menores a este tipo de contenidos, pero sobre todo educar en un uso responsable de las TIC. De este modo, ha indicado que el recurso más efectivo para evitar el acceso de menores a material pornográfico en Internet es la educación, tanto de familias como de la escuela.
El Defensor del Menor de Andalucía ha abogado por superar la brecha digital entre adultos y menores y fomentar el diálogo; así como establecer una reflexión con el alumnado sobre los riesgos de este consumo, con el objetivo de contar con una educación adecuada sobre las relaciones afectivas y sexuales, ya que “el problema es que para muchos niños, niñas y adolescentes, la pornografía en Internet se ha convertido en su principal fuente de información y educación”.
Para el Defensor del Menor, tanto las familias como la escuela deben transmitir esta educación antes de que lo haga Internet, en la línea de las recomendaciones ya recogidas por organismos internacionales como la Unesco.
Por último, el Defensor ha subrayado también el papel de los poderes públicos, así como de la industria del sector, que deben tener autoregulación y códigos de conducta ajustados a principios jurídicos y respetar los límites para no perjudicar a niños, niñas y adolescentes.

A nuestro juicio, esta interconexión mutua del Ingreso Mínimo vital y de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía o, mejor dicho, el desplazamiento indiscriminado que el primero ha operado respecto de las rentas autonómicas, al nacer prácticamente de espaldas a la realidad de su preexistencia y sin la adecuada coordinación entre territorios, nos lleva a concluir que, sin perder de vista el interés superior de las personas destinatarias de una u otra prestación, teniendo presente la coyuntura del incremento de la pobreza sobrevenida y, en todo caso, la consabida vulneración de plazos en el acceso a la Renta Mínima andaluza, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación asuma:

RECOMENDACIÓN 1ª. Que dicte resolución que ponga término a todos los procedimientos de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía incursos en mora, priorizando sin dilación los que datan de los años 2018 y 2019, con derechos devengados conforme a la normativa de aplicación.

RECOMENDACIÓN 2ª. Sobre la concreción de las disposiciones de derecho transitorio que habrán de regir el encaje entre la Renta Mínima de Andalucía y el Ingreso Mínimo Vital, siempre desde la perspectiva de protección de los derechos de las personas peticionarias en nuestra comunidad autónoma y de su situación o riesgo de exclusión social.

RECOMENDACIÓN 3ª. Sobre la importancia de valerse de los instrumentos eficaces para la difusión, comunicación o notificación, que permitan a la población en general y a los peticionarios de Renta Mínima, en particular, conocer y cumplir sus obligaciones sobrevenidas respecto del Ingreso Mínimo Vital, para no ver defraudadas sus expectativas legítimas.

RECOMENDACIÓN 4ª. Alusiva a que se aborde de forma diligente la regulación legal que permita reconfigurar el derecho subjetivo a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, en el espacio que está llamado a ocupar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tras la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la vulnerabilidad de algunos colectivos que no habían alcanzado la recuperación tras la crisis económica justo cuando están padeciendo el impacto de otra crisis, esta vez sanitaria por la propagación del COVID-19, circunstancia que ha agravado su situación.

El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento andaluz el Informe Anual 2019 de la Institución, entrega retrasada tras la suspensión de la actividad parlamentaria con motivo de la epidemia. En 2019 fueron 25.223 las actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía ejecutadas por la Defensoría. Estas se reparten entre la gestión de 10.924 quejas, de las que 7.166 fueron nuevas (7.033 a instancia de parte y 133 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 13.470 consultas, y 829 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc...). En total, fueron 49.487 personas las que requirieron en 2019 la intervención de este comisionado parlamentario.

El Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado que la radiografía del Informe Anual muestra que la vulnerabilidad económica y social continuaba amenazando a principios de año a una buena parte de los andaluces y que la recuperación estaba siendo profundamente desigual para algunas capas de población. Según ha detectado la Institución, se trata del caso de trabajadores pobres; niños y niñas que sufren pobreza infantil; personas mayores de 65 años que son sustento de muchas familias; personas migrantes, con un riesgo enorme de caer en la pobreza; familias con hijos dependientes o mujeres solas con hijos, y personas necesitadas de vivienda, debido al coste de las mismas, incluido el alquiler, un fenómeno que sufría la falta de una regulación adecuada de los pisos turísticos. De igual manera, el Informe Anual 2019 incluye análisis sobre la garantía de los derechos en la Andalucía despoblada; desigualdades que la Defensoría ha comenzado a estudiar; en las personas mayores; en el derecho a una buena administración; en los menores migrantes o en el cambio climático.

A causa del impacto de la epidemia, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que durante este primer semestre ha detectado la continuidad en la vulnerabilidad de algunas de las realidades detectadas, si bien el análisis completo de las consecuencias del COVID, con más de una veintena de actuaciones de oficio, están siendo objeto de estudio por parte del Defensor del Pueblo andaluz y formará parte de un Informe Extraordinario que entregará al Parlamento andaluz. Jesús Maeztu ha afirmado que “la COVID ha certificado la vulnerabilidad de estos grupos” que son merecedores de una especial protección, así como ha adelantado algunas lecciones que, en opinión de la Institución, está dejando esta experiencia.

En primer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la necesidad de un reforzamiento de lo público. “Ante una situación de grave desprotección, hemos acudido a lo público, que son una garantía”, ha subrayado Jesús Maeztu. En este necesario reforzamiento, Jesús Maeztu ha aludido al sistema de salud público, con medidas de protección para los sanitarios, y al sistema de educación pública, como una inversión necesaria para evitar la desigualdad y las brechas educativas. El Defensor del Pueblo andaluz ha añadido la necesidad de vivienda pública, sin descapitalizar el parque público existente, y dotándose de viviendas con suministros suficientes y en entornos no degradados provistos de infraestructuras. Asimismo, Jesús Maeztu ha resaltado la necesidad de un sistema de protección que requiere de una Administración ágil y eficiente que responda a tiempo a las solicitudes de rentas mínimas, de dependencia, de ayuda al alquiler o de atención a los inmigrantes irregulares y alojamiento de temporeros y ha incluido la necesidad de que las respuestas judiciales también sean diligentes.

En segundo lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha apuntado que otra lección de esta crisis ha sido el tratamiento a las personas mayores, para quienes ha reclamado una revisión en profundidad sobre el modelo de atención a estas personas. En concreto, Jesús Maeztu ha lamentado profundamente la situación vivida en las residencias. También ha llamado la atención sobre el reforzamiento de los servicios sociales comunitarios.

En tercer lugar, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la recuperación será posible si es complementada con la creación de empleo, y ha compartido la oportunidad de pasar de una economía de mercado a una economía de cuidados. Jesús Maeztu ha reclamado cambiar la tendencia y que esta atención a colectivos no se considere un gasto, sino una inversión necesaria para un nuevo modelo productivo. También ha reclamado una especial atención a la juventud tras la segunda crisis que soportan, ya que vuelven a ver mermados sus proyectos de vida o descendencia, y la oportunidad de integrar a los inmigrantes, con la regularización y la eliminación de los asentamientos entre otras medidas, entre las que ha incluido la autorización de residencia equiparándola a la de trabajo.

En cuarto lugar, aunque también en este sentido relacionada con la creación de empleo y cambio de modelo productivo, el Defensor del Pueblo andaluz ha reparado en la Andalucía despoblada u olvidada para que se aproveche la oportunidad de eliminar algunos de los problemas actuales y crear empleo gracias al turismo rural o al teletrabajo, con el objetivo de que no se abandonen a las comarcas rurales. Jesús Maeztu ha llamado la atención sobre los nuevos excluidos y ha apuntado que el confinamiento del coronavirus ha sido un ensayo general de la sociedad digital que viene para quedarse, ensanchando la brecha digital entre los preparados y los que no lo estén. También ha alertado sobre los riesgos de retrocesos en los avances conseguidos en la igualdad de género.

Por último, el Defensor ha destacado como una lección positiva del COVID la responsabilidad de mucha gente, la ayuda mutua, el compromiso horizontal, el acompañamiento, ya que donde no han llegado las administraciones, han llegado los voluntarios, en los pueblos, en los barrios, “una ola de solidaridad, de ayuda, que es un valor para una sociedad”.

Como conclusión, el Defensor del Pueblo andaluz ha augurado que esta pandemia “va a modificar nuestra visión de la vida, nuestra manera de relacionarnos y nuestras prioridades”, y por esta razón ha reclamado una actuación preferente de las administraciones públicas sobre los colectivos vulnerables. “Todos estamos bajo la misma lluvia, pero no todos tienen el mismo paraguas protector”, ha precisado Jesús Maeztu, quien ha reivindicado la urgencia de adoptar medidas para combatir la pobreza y la desigualdad, a partir de un diagnóstico preciso sobre esta realidad, ya que “gran parte de las realidades analizadas pueden deteriorarse e incluso algunos derechos corren el riesgo de retroceder” en la Andalucía del COVID.

Para Jesús Maeztu, ha llegado “el momento de rectificar, de reordenar lo que la gente experimenta como lo fundamental: salud y educación pública, vivienda digna; empleo digno; prestaciones sociales y economía de cuidados; menores; mayores y sociedad del conocimiento (digital y jóvenes)”.