El Defensor del Pueblo Andaluz inicia una actuación de oficio para conocer el estado en que se encuentra la estación de autobuses de Motril (Granada) pues, según una denuncia publicada en un medio de comunicación, el mal estado y precariedad de sus instalaciones, su falta de funcionalidad y su diseño arcaico y obsoleto suponen una falta de seguridad para trabajadores y viajeros.

Esta Institución ha tenido conocimiento, a través de una carta al Director publicada en un medio de comunicación, del mal estado en que se encuentra la estación de autobuses de Motril (Granada). En ella se denuncia el mal estado y precariedad de sus instalaciones, su falta de funcionalidad y su diseño arcaico y obsoleto, pero, sobre todo, la queja principal es su supuesta falta de seguridad para trabajadores y viajeros.

El reclamante manifiesta que “no hay andenes, no se sabe nunca en qué ubicación de la parada aparcarán los autobuses ni en qué momento podrán los viajeros ocupar sus asientos. Esto se traduce en un deambular caótico de pasajeros y equipajes por la zona de carga, preguntándose unos a otros qué vehículo va para qué lugar, sorteando los socavones del asfalto, los autobuses estacionados y los que están en movimiento maniobrando. Por otro lado, los conductores trabajan con pericia sorteando los peligros, pendientes tanto de circular y maniobrar como de no atropellar a los viajeros que van caminando libremente por la zona de embarque tratando se encontrar su transporte. Si no ha ocurrido aún alguna desgracia se lo tenemos que agradecer a los conductores de los autobuses, todo un ejemplo de profesionalidad y buen hacer”.

Durante la realización del Informe Especial al Parlamento de Andalucía Las Estaciones de Autobuses en Andalucía, editado en Diciembre de 1999, esta Institución ya detectó diversas deficiencias en esta estación de titularidad privada, tales como barreras arquitectónicas, dársena sin cubrir, limpieza regular, carencia de megafonía o tablero electrónico de información, por lo que consideramos que se trataba de una instalación mejorable. Cabe suponer que le paso de los años y la insuficiencia de los arreglos precisos habrá podido deteriorar aún más esta estación de autobuses que registra un elevado número de usuarios.

El artículo 64 del Estatuto de Autonomía para Andalucía señala en su artículo 64, apartado 1,3º, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre transportes terrestres de personas y mercancías por carretera cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle. Por su parte, la Dirección General de Movilidad asume el ejercicio de las competencias que la Consejería de Fomento y Vivienda ostenta en materia de infraestructuras del transporte que no tengan la calificación de interés general del Estado.

Por todo ello, hemos abierto de oficio esta queja a fin de recabar informe a la Dirección General de Movilidad acerca del estado de conservación de esta estación de autobuses, para lo que le hemos demandado que los Servicios de Inspección de esa Consejería realicen un informe sobre el cumplimiento por parte de la entidad titular de la estación de la normativa reglamentaria reguladora de la explotación de estas instalaciones, señalando, en su caso, los incumplimientos y anomalías detectadas y si se ha requerido su subsanación. En especial y dada la problemática de seguridad que se denuncia, deseamos conocer si la estación cuenta con un estudio de riesgos que permita valorar su peligrosidad y concretar las medidas que se deberían implantar para su mejora.

Tras la apertura de esta actuación de oficio, hemos conocido que el Ayuntamiento de Chipiona empezó a cobrar la tasa por estacionamiento en zona azul sólo cuando la Ordenanza se aprobó definitivamente, el 11 de Octubre de 2012. No obstante, hemos instado al Ayuntamiento a que atienda positivamente las posibles reclamaciones que se presenten por abono indebido de cantidades antes de la aprobación definitiva de la correspondiente ordenanza fiscal, puesto que los parquímetros estaban ya instalados desde hacía tiempo y algunos usuarios entendieron –según la denuncia que llegó a esta Institución- que ya se encontraba en vigor la regulación de la zona azul.

De la información que nos ha remitido el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) se desprende que las tasas por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica solamente se comenzaron a aplicar tras la publicación de su aprobación definitiva de la Ordenanza correspondiente con fecha 11 de Octubre de 2012, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en esta actuación de oficio.

Sin perjuicio de ello, dado que la previa instalación de los parquímetros pudo generar confusión en algunos usuarios que entendieron que ya se encontraba en vigor la regulación de la zona azul, instamos al Ayuntamiento a que atienda positivamente posibles reclamaciones por abono indebido de cantidades por este concepto antes de la aprobación definitiva de la correspondiente ordenanza fiscal.

23/04/2013

Después de la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, la Consejería de Fomento y Vivienda nos ha comunicado que ha firmado un convenio con ADIF, propietaria del antiguo puente ferroviario de Camas, para la cesión gratuita del mismo durante un periodo de 75 años, por lo que se va a reanudar el paso de autobuses del servicio público de viajeros por él para evitar los atascos y el tráfico lento de la A-49 en horas punta, así como para permitir el uso del carril bici allí existente y el paso de peatones.

El Defensor del Pueblo Andaluz inicio, en Marzo de 2013, una actuación de oficio cuando conocimos, a través de los medios de comunicación, el cierre del antiguo puente ferroviario de Camas, lo que provocaba que dos líneas de autobuses, la M-173 (Sevilla-Camas) y M-175 (Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina, Salteras, Olivares y Albaida del Aljarafe en sentido Sevilla), no podían utilizarlo para evitar los atascos y el tráfico lento de la A-49 en horas punta. Además, este cierre del puente también provocaba que no pudieran utilizarlo los usuarios peatonales o del carril bici que transcurría por él. Posteriormente, recibimos 14 quejas a instancias de diversos usuarios del puente, en su mayoría ciclistas, protestando por el cierre del mismo.

Tras dirigirnos a la Consejería de Fomento y Vivienda, nos ha respondido la Dirección General de Movilidad exponiéndonos, primero, diversos antecedentes del asunto: el puente se utilizaba como plataforma reservada para el transporte público en sentido Camas-Sevilla y carril para peatones y ciclistas en base a un contrato de arrendamiento con ADIF, que es la propietaria de la infraestructura, por cinco años, 2005-2010, y un canon anual de 30.000 euros más el IPC anual, además del mantenimiento, que también rondaba otros 30.000 euros. Cuando en 2010 finaliza el contrato, se trasladó a ADIF la posibilidad de firmar una cesión gratuita del puente asumiendo su mantenimiento, sin que ADIF pusiera objeciones a la propuesta, pero consideró prorrogado el contrato de arrendamiento por un año, condicionando cualquier otro acuerdo a que se saldara la deuda que consideraban pendiente. Tras varios intentos de llegar a una solución amistosa,  ADIF interpuso una demanda judicial, cuya sentencia condenó al Consorcio de Transportes de Sevilla al pago de las cantidades adeudadas y a la entrega formal de la infraestructura. A partir del 11 de Marzo, dejaron de circular por el puente los autobuses, en cumplimiento de esta Sentencia, sellando ADIF el uso del puente al comienzo y final del tablero del mismo.

Siempre de acuerdo con lo indicado por la Consejería de Fomento y Vivienda, el 5 de Abril de 2013, suscribió, con ADIF, un documento de concesión administrativa a favor de la Junta de Andalucía para la cesión gratuita del uso del puente ferroviario a Camas durante un periodo de 75 años, por lo de, de forma inmediata, se procederá a reanudar el paso de los autobuses metropolitanos por el puente, una vez que se realicen los trabajos necesarios para ello y los avisos oportunos a los usuarios.

En consecuencia, considerando que ha quedado solucionado el problema que motivó la incoación de esta queja de oficio y la formulación de muchas reclamaciones por particulares al respecto, podemos dar por concluidas nuestras actuaciones.

Las Administraciones concedentes de ayudas y subvenciones, remueven obstáculos y dificultades de tesorería para colaborar con entidades del tercer sector, en el marco del cumplimiento de sus objetivos  y de Asociación beneficiaria.

La Institución promovía la queja de oficio 12/3588, en la que por noticias hechas públicas en los medios de información y comunicación tuvimos conocimiento de que una Asociación que venía realizando una importante labor social en Cádiz y en Conil de la Frontera, municipio en el que gestiona un centro de acogida para inmigrantes, estaba pasando por graves dificultades económicas, debido a que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y los Ayuntamientos de Cádiz y Conil no hacían hecho efectivo el importe de ayudas concedidas desde el ejercicio económico de 2010.

Motivo por el que se estaban viendo en riesgo de suspensión diversos programas de acción dirigidos a jóvenes en barrios populares, atención y asesoramiento a inmigrantes, orientación formación y búsqueda de empleo para personas desempleadas.

Solicitamos informe al Departamento competente en materia de Empleo, y a los Ayuntamientos indicados.

En las actuaciones iniciadas, solicitamos información a la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo, que nos comunicaba que desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se habían realizado todos los trámites administrativos necesarios y se había ordenado a la Tesorería  del Servicio la materialización de pago a la Asociación solicitante por la ayuda concedida a Escuela Taller.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cádiz nos informaba  en Octubre de 2012, que en fecha recientes, se había hecho efectivo a la Asociación el pago de subvenciones correspondientes al ejercicio de 2010; estando pendientes de pago las subvenciones de 2011, por dificultades momentáneas de tesorería, añadiendo que en cuanto fueren solventadas se haría efectivo el importe de las ayudas para el desarrollo de programas destinados a jóvenes y a emigrantes promovidos por la Asociación. Finalizaba el Ayuntamiento de Cádiz informando que se encontraban en fase de renovación y autorización los créditos destinados a aquella finalidad en el ejercicio de 2012.

El Ayuntamiento de Conil de la Frontera nos contestaba que la subvención concedida a la Asociación interesada para el año 2010, se había hecho efectiva mediante tres plazos en el ejercicio de 2012. Y, finalizaba informándonos que la subvención correspondiente a 2011 se encontraba pendiente de justificación por parte de la entidad beneficiaria y, que una vez se llevare a cabo la misma y su necesaria tramitación, se procedería al abono de las cantidades de la subvención.

Como quiera que, constituyendo objetivos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía -entre otros más-, la consecución del pleno empleo estable, de forma muy especial para los jóvenes; la cohesión social con atención a los colectivos más desfavorecidos y tratar de superar la exclusión social, la integración de las personas inmigrantes (Art. 10.3 del Estatuto de Autonomía); y toda vez que a la Administración y al Servicio Andaluz de Empleo -por sí y en colaboración y coordinación con las restantes Administraciones Territoriales, como en este caso los Ayuntamientos de Cádiz y Conil- le corresponden competencias en estas materias, deberían tratar de solventar las incidencias y dificultades que se hubieren producido en  los procedimientos de pago de las ayudas y subvenciones concedidas y, constatado por los informes recibidos que desde las Administraciones concernidas se estaban solventando las dificultades existentes en los presentes momentos de acentuada crisis económica, para colaborar con la Asociación interesada, dimos por finalizadas las actuaciones considerando que el asunto se encontraba en vías de solución.