· Destaca la ampliación del tiempo de prescripción por delitos de abuso sexual y que los menores puedan declarar una sola vez.

· Debate con su Consejo de Participación de menores el impacto de la COVID-19 en los derechos de los niños y niñas

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha valorado hoy la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la ley de protección de la infancia, tras su paso por el Senado. Jesús Maeztu ha destacado algunos de los aspectos incorporados, solicitados también durante años por el Defensor del Menor, organismo que vela por la promoción y garantía de los derechos de los niños y niñas.

Entre ellas, Jesús Maeztu ha destacado la ampliación del tiempo de prescripción de los abusos sexuales. “Antes a los 18 años tenía cinco años para que no prescribiera, pero ahora pasa a 35, más cinco de prescripción; hasta los 40 no prescribe y si es muy grave hasta los 55 años”, ha explicado. Para el Defensor del Menor es muy importante también que la ley haga obligatoria la prueba preconstituida –que se pueda grabar el testimonio de la víctima para evitar su revictimización y el maltrato del testimonio– para los menores de 14 años y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, “algo que hemos pedido mucho”.

Entre otras cuestiones, el Defensor del Menor de Andalucía ha destacado además la prohibición de difusión de imágenes de menores fallecidos sin consentimiento expreso de sus padres; la prohibición de la contención mecánica salvo casos muy excepcionales y, en tal caso, utilizando material homologado; o la prohibición de desnudos integrales para pruebas determinación de la edad, lo que afecta a menores extranjeros.

“Ya tenemos una ley que protege más a los menores contra la violencia, y pone por delante el interés superior del menor. Hoy tengo una herramienta mucho más fuerte, y se complementará con la ley andaluza”, ha enfatizado Jesús Maeztu, que ha valorado también la creación del Consejo Estatal de Participación Infantil.

De hecho, el Defensor del Menor de Andalucía ha mantenido hoy un encuentro en Granada con su Consejo de Participación de Menores para analizar el impacto de la COVID-19 en los derechos de los niños y niñas. Las conclusiones de este trabajo se expondrán en un encuentro internacional de consejos de participación de menores en Atenas en julio bajo el título “Hablemos de Jóvenes”.

El Defensor del Menor ha manifestado que muchos jóvenes han sufrido directamente o en algún familiar las peores consecuencias de la pandemia, sobre todo, en los casos de fallecimiento. También para otros, que venían padeciendo algún tipo de discapacidad psíquica su encierro ha sido doblemente perjudicial. Muchos han visto amenazado su derecho a la educación al no disponer en sus hogares de ordenadores ni conexión a internet para poder seguir unas clases que pasaron a ser online. La brecha digital en la educación ha acrecentado la desigualdad entre quienes tienen y no tienen acceso a internet; entre familias con competencias digitales y las que carecen de ellas. Además de las amenazas de otros derechos como el derecho a la protección con un aumento de las situaciones de maltrato y violencia en muchas familias; el derecho al ocio y al deporte o el derecho a la vivienda al no disponer de hogares con las condiciones mínimas de habitabilidad, entre otros.

El Consejo de Menores del Defensor es un órgano de participación que trabaja con la Institución en la promoción de los derechos de los niños y niñas. Cada dos año se renueva este Consejo que está compuesto por ocho menores -uno en representación de cada provincia-, designados por el Defensor del Menor de Andalucía entre el alumnado andaluz, los miembros electos de los Consejos Locales infantiles y juveniles constituidos en los Ayuntamientos o personas menores representantes de Asociaciones infantiles o juveniles de mayor implantación en la Comunidad Autónoma.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido hoy de la brecha digital como una nueva forma de desigualdad, de discriminación y de exclusión no solo para determinados colectivos sociales, sino incluso para personas con competencias digitales que se ven incapaces de hacer uso de unas herramientas tecnológicas cada vez mas complejas y que se han vuelto indispensables para ejercer con plenitud los derechos y para disfrutar de las ventajas que ofrece la nueva sociedad digital.

“La nueva sociedad digital nos ofrece un mundo de oportunidades y ventajas, pero también es una fuente de riesgos y peligros que amenazan nuestros derechos y ponen en cuestión nuestras libertades”, ha afirmado el Defensor del Pueblo andaluz en la inauguración de la Jornada organizada por este comisionado parlamentario Brecha digital. Los nuevos excluidos, y en la que ha intervenido el consejero de la Presidencia, Administración Local e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

Para Jesús Maeztu, “vivimos ya en una sociedad digital y quienes no son capaces de integrarse plenamente en la misma están condenados a la pobreza y la exclusión social, y por lo tanto a más desigualdad”, una afirmación que podría parecer exagerada o alarmista, pero que, en su opinión, se ha evidenciado como consecuencia de la pandemia por COVID-19. “Durante el confinamiento, la sociedad digital ofreció una vía, a veces la única, para ejercer derechos tan esenciales como la educación o la salud; trabajar y evitar el colapso económico; relacionarnos con nuestros seres queridos o disfrutar de momentos de ocio y esparcimiento”, si bien el Defensor ha añadido que, al mismo tiempo, este tiempo evidenció también las graves consecuencias para amplios sectores de la población, ya que “el acceso a la nuevas tecnologías, que conforman la puerta de entrada a la sociedad digital, no está al alcance de todos”.

Entre estas consecuencias, el también Defensor del Menor de Andalucía ha subrayado las carencias en la educación para esos niños y niñas que viven en hogares en situación de vulnerabilidad y no tienen internet, dispositivos adecuados o sus familias carecen de competencias digitales. Asimismo, Jesús Maeztu ha añadido otros “nuevos excluidos” como personas mayores que carecen de habilidades digitales o que reivindican su derecho a seguir ejerciendo sus derechos de forma analógica; los habitantes de zonas rurales con falta de conectividad; las dificultades tecnológicas para personas con algún tipo de discapacidad, o la denominada brecha digital de género de las mujeres que se ven discriminadas en el acceso a los recursos tecnológicos, entre otros.

Por ello, el Defensor ha ido más allá de entender como nuevos excluidos a colectivos que ya estaban en situación de exclusión o próximos a caer en ella, para extenderlo “a personas que, aunque cuentan con conocimientos y habilidades básicas en el uso de las nuevas tecnologías, desconocen el alcance real de su utilización en los procesos de toma de decisiones que les afectan e ignoran las implicaciones que tienen para nuestra vida diaria y para nuestros derechos y libertades”. De esta manera, para el Defensor del Pueblo andaluz es fundamental apostar por la alfabetización digital para evitar que las personas en riesgo de exclusión se vean privados de las herramientas necesarias para su desarrollo personal y su progreso social y económico. “Pero es igualmente importante propiciar la capacitación digital de todas las personas que conforman la sociedad para evitar que las decisiones que afectan a nuestro futuro y a nuestros derechos y libertades sean adoptadas sin nuestro pleno conocimiento y sin nuestra participación activa”, ha concluido el Defensor.

JORNADA BRECHA DIGITAL

Tras la inauguración, se celebra la ponencia Una ética para la sociedad digital a cargo de Itziar de Lecuona, profesora agregada del Departamento de Medicina y Directora del Observatorio de Bioética y Derecho-Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona, presentada por Miguel Paneque, secretario general del Defensor del Pueblo andaluz.

La primera mesa redonda abordará Las múltiples facetas de una nueva forma de exclusión, moderada por Ignacio Aycart, asesor del Defensor del Pueblo Andaluz. Participan Daniel Salvatierra, Secretario General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; José Antonio Rodríguez, diputado por Granada en el Congreso y ex-alcalde de Jun; Auxiliadora González, profesora e investigadora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide; Vicente Pérez, director de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) y profesor del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide; y Juan Luis Cruz , Director General del Consorcio Fernando de los Rios, organismo adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

La segunda mesa redonda trata sobre la Brecha digital en el ámbito educativo, moderada por María Teresa Salces, asesora del Defensor del Pueblo Andaluz. Participan Manuel Jesús López, Inspector jefe de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía; Raúl Gómez, miembro del Consejo de Asuntos de Menores y director del CEIP Ibarburu de Dos Hermanas; Javier Cabrera, técnico de sensibilización y políticas de infancia de Save The Children, y Leticia Vázquez, presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado por la Educación Pública (Codapa).

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, lamenta las trágicas muertes de dos personas tras el último incendio ocurrido en Lucena del Puerto (Huelva) y muestra su preocupación por la situación de estos asentamientos irregulares y los incendios que se han producido recientemente en Palos de la Frontera y Lucena del Puerto.

Jesus Maeztu ha querido también mostrar su apoyo a los municipios afectados con los que mantiene contacto a través de su Área para los asunto de Extranjería, en concreto con el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, al que hemos transmitido nuestra preocupación y consternación por la muerte de estas personas.

Ante esta dramática situación, el Defensor del Pueblo Andaluz ha vuelto a hacer un llamamiento a la coordinación de todos los agentes implicados en un doble sentido.

De una parte, para articular una respuesta de mínimos que permita atender las situaciones de emergencia como los siniestros o las situaciones de pandemia. En este sentido, el Defensor ha lamentado las consecuencias de estos incendios que año tras año se producen en los asentamientos, y que dejan a las personas afectadas sin sus enseres, sin un techo y con pérdidas de la documentación necesaria para sus trámites administrativos, cuando no la trágica pérdida de vidas humanas, como lamentablemente ha resultado en este último siniestro.

Y, de otra parte, Jesús Maeztu ha pedido una coordinación permanente para erradicar estos asentamientos irregulares garantizando la atención de estas personas en condiciones dignas, desde una perspectiva laboral, habitacional y de integración social.

Para la Institución urge una actuación conjunta y específica, tal y como se ha manifestado ante el Parlamento de Andalucía donde ha reiterado una vez más su preocupación por la situación de la población residente en estos núcleos y la necesidad de regularizar esta mano de obra necesaria y trabajar en la integración de estas personas. Una preocupación que también ha trasladado al Defensor del Pueblo estatal dentro del ámbito de sus competencias y colaboración con la Defensoría.

Desde sus primeras actuaciones, la Defensoría ha mantenido una línea de trabajo consciente de que las soluciones superan a cada uno de los municipios afectados, siendo una tarea de las administraciones locales, autonómicas y central en la provincia, junto al sector empresarial, entidades del tercer sector y la propia población afectada. Fruto de ello, el Área de Extranjería del Defensor trabaja actualmente en una ronda de reuniones con los municipios para conocer de primera mano la situación de este flujo de personas y las actuaciones que se están implementando en cada territorio.

Como Defensor del Pueblo andaluz, transmito mi preocupación por la llegada improvisada y masiva de miles de personas a las costas españolas en las últimas semanas, especialmente y en calidad de Defensor del Menor de Andalucía, de cientos de jóvenes y menores de edad sin compañía de un adulto.

Andalucía conoce bien esta situación; no somos ajenos a lo que está sucediendo en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Ceuta y en las últimas semanas en Canarias. Me encuentro en comunicación permanente con las autoridades nacional y autonómicas y con mis homólogos en el conjunto de la Nación para hacer frente a esta situación que desborda la planificación y los sistemas de acogida ante las migraciones de personas.

Nos encontramos ante un problema humanitario que requiere de la intervención del Estado y de la Unión Europea, al igual que reclamamos esta cooperación y colaboración en las crisis que se han venido sucediendo en Andalucía en ciclos pasados con la llegada masiva de adultos y de menores extranjeros. Estamos hablando de la obligación de los estados de proteger los derechos de estos menores, recogidos en todos los ordenamientos jurídicos, por lo que es necesaria la articulación de un sistema de acogida ordenado y equitativo, con recursos suficientes y con un reparto solidario entre comunidades.

Esta necesidad se recoge en la Declaración de Tarifa firmada en 2019 por los nueve Defensores del Pueblo autonómicos y el Defensor estatal, que persigue que se garanticen la acogida, la integración y cooperación de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados. Renuevo, hoy pues, esta declaración resultante de las 34 Jornadas de Coperación de los Defensores del Pueblo de España con el fin de que se garanticen las actuaciones de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad y exigir que estos niños, niñas y adolescentes son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección con independencia de la autonomía que hayan alcanzado.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, celebra esta semana una jornada sobre el impacto de la brecha digital en nuestra sociedad y las consecuencias que de ella se pueden derivar, como la irrupción de un nuevo colectivo de marginalidad y exclusión, los nuevos excluidos.

La jornada se celebrará el jueves 20 de mayo en la Fundación Cajasol en horario matinal y tiene como objeto reflexionar y debatir acerca de esta nueva forma de exclusión y proponer medidas para solucionarla o paliarla. Para ello, el Defensor del Pueblo andaluz contará con expertos que ilustren sobre las múltiples dimensiones del problema y las peculiaridades de los diferentes colectivos afectados. Entre los mismos, el Defensor del Pueblo andaluz ha citado las personas mayores; personas en situación de precariedad económica o social; personas que residen en zonas rurales sometidas a procesos de despoblación; personas con discapacidad; mujeres; persona migrantes...

“En la nueva sociedad digital quienes no disponen de un ordenador, no tienen acceso a internet o no saben utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no sólo ven limitadas sus oportunidades de prosperar económicamente, de encontrar un empleo o de desarrollar sus relaciones sociales, sino que afrontan además serías dificultades para ejercer plenamente derechos tan básicos como la educación, la salud, el acceso a la vivienda o a la cultura. Relacionarse con la Administración se ha convertido en un difícil reto para quienes no utilizan medios electrónicos”, ha señalado Jesús Maeztu. Para este comisionado parlamentario, encontrar soluciones que permitan superar esta brecha y seguir avanzando sin dejar a nadie atrás constituye, posiblemente, el principal reto que enfrentan hoy en día las sociedades avanzadas.

El programa de la jornada se inicia con la inauguración a cargo del Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, y del consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

A continuación se celebra la ponencia Una ética para la sociedad digital a cargo de Itziar de Lecuona, profesora agregada del Departamento de Medicina y Directora del Observatorio de Bioética y Derecho-Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona, presentada por Miguel Paneque, secretario general del Defensor del Pueblo andaluz.

Tras un descanso, la primera mesa redonda aborda Las múltiples facetas de una nueva forma de exclusión, moderada por Ignacio Aycart, asesor del Defensor del Pueblo Andaluz. Participan Daniel Salvatierra, Secretario General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; José Antonio Rodríguez, diputado por Granada en el Congreso y ex-alcalde de Jun; Auxiliadora González, profesora e investigadora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide; Vicente Pérez, director de la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) y profesor del Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide; y Juan Luis Cruz , Director General del Consorcio Fernando de los Rios, organismo adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

La segunda mesa redonda trata sobre La Brecha digital en el ámbito educativo, moderada por María Teresa Salces, asesora del Defensor del Pueblo Andaluz. Participan Manuel Jesús López, Inspector jefe de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía; Raúl Gómez, miembro del Consejo de Asuntos de Menores y director del CEIP Ibarburu de Dos Hermanas; Javier Cabrera, técnico de sensibilización y políticas de infancia de Save The Children, y Leticia Vázquez, presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado por la Educación Pública (Codapa).

La Jornada Brecha digital, la nueva exclusión se retransmitirá vía streaming y su contenido será accesible, una vez finalizada, en la página web del Defensor. El hastag es #BrechaDigital_dPA

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha analizado hoy con responsables y trabajadores de centros de servicios sociales, así como con gestores de las políticas de vivienda, las dificultades que plantean los usuarios de los servicios sociales en la ciudad de Málaga.

En la tercera jornada del desplazamiento de los servicios de atención e información ciudadana de esta Institución a la provincia de Málaga, el Defensor del Pueblo andaluz ha escuchado a estos profesionales para conocer las carencias de estos servicios y las dificultades para prestar una atención adecuada a las personas que lo necesiten.

En general, los trabajadores sociales han trasladado al Defensor al Pueblo andaluz la falta de dotación de personal en los centros y han reclamado que no desaparezca el programa de los Eracis hasta que se cubran las plazas. Se han quejado de la aplicación de la ley de servicios sociales, aún sin la aprobación del plan estratégico que iba a implantar la efectividad de las prestaciones.

Los intervinientes han destacado la incoherencia de los sistemas informáticos, y las trabas administrativas en el empadronamiento o en el acceso a una cuenta bancaria única. De hecho, han lamentado la brecha digital existente, que impide el acceso a los recursos a personas en situación de vulnerabilidad.

Los trabajadores sociales han planteado que se trabaje en red con educación, empleo, servicios sociales y vivienda, sin “parcheos” y con planes de intervención, con una especial atención a los niños y niñas. La transmisión de la pobreza durante generaciones y la necesidad de no vincular las prestaciones a la exclusión, sino a vincularlas a la salida de la exclusión, han sido otras de las reflexiones.

Los Adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz, Juana María Pérez Oller y Jaime Raynaud Soto, acompañados de personal de la Institución, se han reunido hoy con la viceconsejera de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y los responsables de las direcciones de Comercio, Universidades y Economía Digital para darles traslado de los principales asuntos en los que trabaja la Institución y que son de su competencia, además de estrechar la colaboración y el trabajo mutuo con este organismo público y establecer mecanismos de coordinación para el intercambio de información.

Durante el encuentro, la Defensoría andaluza le ha informado con mayor detalle del programa previsto en la jornada que sobre "Brecha digital: la nueva exclusión social", ha organizado la Institución andaluza para este próximo 20 de mayo.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha presentado hoy el servicio especializado de Mediación de la Institución a entidades públicas de mediación de la provincia de Málaga. Maeztu ha destacado que extenderá esta presentación del servicio a otras provincias y comarcas de Andalucía con el fin de buscar fórmulas de colaboración.

En una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, el Defensor del Pueblo andaluz ha expresado que el motivo de la reunión consistía, en primer lugar, en conocer las actuaciones que llevan a cabo estas entidades públicas en cuanto a la mediación de conflictos; en segundo lugar, que las entidades conocieran lo que hace el Defensor del Pueblo andaluz, institución pionera en mediación en el conjunto de las Defensorías, y en tercer lugar, "trabajar en tejer redes de colaboración".

Si bien las reuniones se han planificado con entidades públicas que cuentan con servicio de mediación, el Defensor del Pueblo andaluz ha comentado que se puede estudiar abrir la puerta de la colaboración a las entidades privadas en algún momento.

"Os contamos quiénes somos y qué hacemos, en unos procesos no exentos de dificultades, y os lanzamos propuestas de colaboración y resolución de problemas para buscar soluciones que faciliten el acceso de la ciudadanía al disfrute de sus derechos", ha señalado Jesús Maeztu.

A la reunión han asistido representación del Colegio de Abogados,  Colegio de Gestores Administrativos, Colegio de Procuradores Sociales, Colegio de Graduados Sociales, Sercla, Grupo de trabajo de Mediación, Universidad de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Diputación, PIMA, Colegio de Educadores Sociales, Colegio de Médicos y Servicio de Justicia Juvenil.

Esta reunión se ha producido en la provincia de Málaga con motivo del desplazamiento de Jesús Maeztu para presentar el Informe Anual 2020 de la Institución a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y la ubicación en esta ciudad de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) para la atención personalizada a quienes han solicitado una cita.