El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con los responsables de la Asociacion Española de Promotores Publicos de Vivienda y Suelo (AVS) en Andalucía, asociación que tiene entre sus fines la promoción de la vivienda pública.

Jesús Maeztu les ha traslado a los dirigentes de la AVS los problemas de la ciudadanía en materia de vivienda, entre los que se encuentran la insuficiencia del parque público residencial, la problemática de los desahucios sin alternativa residencial y la tramitación de las ayudas públicas al alquiler, entre otras cuestiones.

El Defensor, con el asesoramiento del área competente en materias de Vivienda y Urbanismo, ha acordado con la AVS el inicio de una colaboración técnica más continua que permita ofrecer una atención permanente y adecuada a la ciudadanía.

Entendemos necesario trasladar esta problemática a la Junta de Andalucía, a fin de conocer su valoración de la misma y para que nos informe si está previsto adoptar medidas para tratar de compatibilizar la instalación de un número muy significativo de instalaciones de energías renovables en zonas rurales con la preservación de los valores medioambientales, paisajísticos y culturales de dichas zonas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con representantes de Ecologistas en Acción en Andalucía. Entre las cuestiones tratadas se han analizado las quejas que la organización ecologista tiene planteadas ante la Institución, así como se ha valorado, en general, aspectos relacionados con el estado del medio ambiente en la comunidad autónoma, entre otros, la queja abierta recientemente por el Defensor del Pueblo andaluz por la proliferación de parques solares fotovoltaicos en zonas rurales de Andalucía y las medidas adoptadas para la preservación de los valores ambientales, paisajísticos y culturales de dichas zonas.

El Consejo de Europa está desarrollando su nueva estrategia sobre derechos de infancia para el período 2022- 2027, contando con la participación de niños, niñas y adolescentes. 

Los países que participan en esta actividad son: Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, Portugal, República Eslovaca y España. Cada país ha elegido uno de los temas a trabajar, considerando las siguientes áreas estratégicas:

1. Violencia contra la infancia

2. Igualdad de oportunidades e inclusión social para la infancia

3. Acceso y uso seguro de tecnologías para toda la infancia

4. Justicia amigable para la infancia

5. Participación para todos los niños y niñas

6. Derechos de infancia en crisis y situaciones de emergencia

En el caso de España, la estrategia elegida para participar ha sido "Violencia contra la infancia".

A propuesta de Unicef, el Consejo de Participación del Defensor del Menor de Andalucía participará en esta actividad en dos sesiones online que se celebrarán los días 17 y 22 de junio de 17:30 a 19:30. Intervendrán los consejeros de Cádiz y Almería, Paula y Alejandro.

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy un encuentro institucional y una sesión de trabajo con Ángela Moreno y José Antonio Castro, de Amnistía Internacional.

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha recibido hoy a representantes de la Federación Andaluza de Padres y Madres de Alumnos (Fapyma) y de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa-Concapa) que le han expresado la preocupación por el futuro incierto de los centros específicos de educación especial, así como la problemática que afecta al alumnado escolarizado en estos recursos educativos.

La nueva ley nacional de Educación (Lomloe), si bien no contempla de manera expresa la decisión de eliminar los centros específicos de educación especial, sí les otorga un plazo de diez años para que «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

El Defensor ha explicado que, como no puede ser de otro modo, y atendiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, las administraciones educativas deben garantizar para todo el alumnado una educación inclusiva y de calidad que les permita su realización personal y social en igualdad de condiciones que los demás, dotando para ello a los centros educativos de todos los recursos y medios necesarios para hacerla posible y real.

Para el Defensor, es comprensible que esta loable proclama inclusiva no puede hacernos olvidar que hay determinados alumnos que, por la gravedad de sus patologías o sus singulares características, no pueden realizar su proceso educativo en un centro ordinario, precisando de una atención muy especializada que solo puede ser proporcionada en recursos específicos. "Los centros específicos de educación especial, por tanto, son necesarios para algunos alumnos y, en el actual contexto, sería un grave error promover su supresión", ha señalado Jesús Maeztu, que se ha comprometido a revisar las actuaciones aún pendientes en materia de centros de educación especial que está gestionando la Defensoría.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha firmado hoy con la directora territorial de Caixabank en Andalucía occidental y Extremadura, María Jesús Catalá, un acuerdo para seguir formalizando cauces de colaboración en los asuntos en los que interviene esta Institución a partir de las quejas de la ciudadanía, como son especialmente los problemas relacionados con desahucios de vivienda o servicios bancarios, así como ha sido objeto de especial atención, entre otros, la exclusión financiera por la desaparición de oficinas bancarias en municipios de zonas rurales o despobladas.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, junto a personal de la institución, se ha reunido hoy con representantes de la asociación de vecinos de Tres Barrios de Sevilla, en la que participan vecinos de Madre de Dios, Amate, Candelaria o Los Pajaritos, nos han detallado hoy las necesidades que tienen en cuanto a recursos sociales y situación de la vivienda.