El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy la elaboración de un Plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía -con acciones, financiación específica y un conocimiento previo de su coste- a causa del agravamiento de la pobreza y la desigualdad a causa de la pandemia.
Esta demanda se recoge en el Informe del Menor 2020 que el Defensor ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento de Andalucía, en el que analiza y propone medidas con enfoque de futuro ante el impacto de la pandemia.
Durante el pasado año fueron 6.663 actuaciones en menores por parte de este comisionado parlamentario, único en el territorio nacional, de las cuales 2.941 se refieren a quejas y 3.722 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 2.228 expedientes de queja (+22,6%), de los cuales 2.195 fueron instados por la ciudadanía y 33 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 713 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores. Las consultas, por su parte, crecieron un 19%.
El Defensor del Menor ha señalado que la lucha contra la pobreza infantil supone uno de los principales retos de nuestra sociedad y ha recordado que se han aprobado diversas iniciativas que no acaban de proporcionar los efectos deseados. A juicio de Jesús Maeztu, “es necesaria una reordenación de los sistemas públicos de ayudas y protección social a las familias para evitar solapamientos pero, sobre todo, para no dejar a nadie fuera del sistema”. “Nunca antes las familias se habían empobrecido tanto, ni de manera tan rápida”, ha señalado.
El Defensor del Menor ha pedido, entre otras propuestas, que las soluciones al fenómeno de la pobreza de la infancia pasan por poner a esta en el centro de las prioridades de todas las políticas públicas; que dichas políticas públicas deben estar guiadas siempre por el interés superior del niño; contar con la participación de los niños y niñas; incrementar el gasto social dirigido a la infancia y, por último, garantizar que las restricciones presupuestarias que puedan imponerse para hacer frente a la crisis económica y social provocadas por la COVID-19 no afecten al ámbito de la infancia.
Asimismo, el Defensor del Menor de Andalucía ha destacado en otros aspectos de protección de la infancia que ha agravado la pandemia como es el caso de la salud mental de los niños, niñas y jóvenes. Problemas de ansiedad o depresión, preocupaciones familiares por el futuro económico, el desempleo, el cierre de los colegios durante el confinamiento, la incertidumbre generalizada sobre el futuro, la interrupción de terapias específicas, la violencia en el ámbito familiar, o las enfermedades mentales de los progenitores son factores que pueden influir negativamente en patologías mentales previas.
Jesús Maeztu ha señalado que el sistema tiene una infradotación de recursos en el sector de la infancia y adolescencia, y que esta realidad de problemas de salud mental en los jóvenes, presente pero invisible, se está dando con mayor intensidad a causa de la pandemia. “La salud mental no debe quedar olvidada o relegada a un segundo plano, porque hay estudios como el de la OMS que aseguran que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030”, ha advertido.
El Defensor del Menor de Andalucía también ha destacado otras formas de violencia dirigidas hacia los niños, niños, niñas y jóvenes, además de la pobreza y la pandemia. Es el caso de la utilización de los niños dentro del fenómeno de la violencia machista, que acumula más de 1.100 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus ex parejas desde 2003, 270 de ellas en Andalucía, y más de 700 niños y niñas huérfanos.
El comisionado parlamentario ha añadido que la Institución sigue investigando situaciones de malos tratos en el entorno familiar, y ha subrayado que el confinamiento disparó los problemas de convivencia (intrafamiliar, vecinal…) y, como consecuencia, un aumento de la violencia hacia los menores. Por ello, Jesús Maeztu se ha congratulado de la aprobación de la ley que pretende combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral, y ha señalado que la Institución ha contribuido con sus aportaciones a la elaboración de la próxima ley andaluza de Infancia.
Jesús Maeztu también ha subrayado el impacto de la pandemia en la educación, visibilizada sobre todo en la brecha digital, “que afecta al alumnado más empobrecido, colocándolo en una situación de desventaja respecto de sus compañeros”. El Defensor del Menor también se ha referido a otros hitos como la aprobación de una nueva ley de Educación, la Lomloe; el desarrollo en Andalucía de una nueva normativa de escolarización, y los problemas que se siguen produciendo en la educación especial, tanto en los centros específicos como en los recursos a disposición de los centros ordinarios.
