Jesús Maeztu aborda las preocupaciones de la ciudadanía de la provincia con el delegado del Gobierno de la Junta en Granada

El comisionado parlamentario anuncia una próxima visita de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía a Baza y Guadix

El Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha trasladado hoy las principales preocupaciones trasladadas a su Oficina por la ciudadanía de la provincia de Granada al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Pablo García Pérez, entre las que ha destacado la situación de las familias en riesgo de pobreza energética; la planificación de los sistemas de energía; y la atención sanitaria y de servicios sociales que se dispensa en la provincia granadina.

En una reunión de trabajo, el Defensor del Pueblo andaluz se ha vuelto a interesar por la situación de los cortes de luz en la Zona norte de Granada capital y otros municipios de la provincia, “y ha pedido un paso más”. Desde 2015 y en diversas ocasiones el Defensor se ha interesado por la situación de las personas afectadas; ha visitado domicilios y espacios públicos como centros sanitarios y educativos para comprobar in situ estas deficiencias en el suministro; ha tramitado las quejas de los particulares, y ha impulsado reuniones de la Mesa destinada a resolver este problema. Ahora el Defensor ha solicitado “coordinación” y la posibilidad de que un equipo técnico coordine las medidas que se acuerden.

En este sentido, el Defensor ha propuesto en una reciente actuación de oficio una serie medidas que puedan servir como guía y referente para enfrentar y solucionar el problema de los cortes de luz que se está produciendo en distintos barrios de Andalucía.

Igualmente, el Defensor del Pueblo andaluz ha llamado la atención sobre el estado de la situación energética, que está teniendo consecuencias como el constante incremento del coste de la luz. Jesús Maeztu ha mostrado su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias más modestas y las personas en situación de pobreza energética. Desde hace unas semanas, este comisionado parlamentario ha estado reclamando la necesidad y la urgencia de aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables.

En este ámbito, el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado su preocupación por las consecuencias sociales y ambientales que pueden derivarse del proceso acelerado de implantación de instalaciones de energía renovables -huertos solares y parques eólicos- sin una adecuada planificación previa. Maeztu ha informado al delegado provincial de la actuación de oficio abierta por la Institución sobre la falta de planificación en el despliegue de las energías renovables en Andalucía. El Defensor del Pueblo andaluz ha defendido la coordinación de los planes de lucha contra el cambio climático con otras preocupaciones de la ciudadanía como la protección del paisaje, la biodiversidad o la defensa de los intereses de las zonas en riesgo de despoblación, un posicionamiento de defensa del concepto de transición justa. En este sentido se ha referido a la situación de la línea de alta tensión entre Baza y Caparacena, proyecto que ha despertado protestas por parte de algunos sectores.

Jesús Maeztu ha avanzado que en el próximo mes de octubre un equipo de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) de la Institución se desplazará a las comarcas de Baza y Guadix, donde se atenderá personalmente a los vecinos y vecinas de estas localidades que así lo soliciten y se mantendrán reuniones con las asociaciones y los equipos de trabajadores sociales.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz ha incluido entre los temas de trabajo la atención sanitaria que se dispensa en la provincia, siendo Granada una de las provincias andaluzas que mayor preocupación muestra sobre los temas relacionados con la salud. Como en otras provincias, el Defensor ha señalado que se mantiene por parte de la ciudadanía la misma percepción de desatención en la atención primaria, con quejas desde Granada capital, Santa Fe, Cúllar Vega, Alhaurín el Grande, Motril o Armilla, entre otros, y la falta de pediatras en municipios de la zona norte, que han trasladado queja. En cuanto a los servicios sociales, el Defensor del Pueblo andaluz ha indicado que la principal razón de las peticiones de la población de la provincia, en lo que se refiere a la renta mínima de inserción social, se fundan en las dilaciones en la gestión y resolución de procedimientos, en torno a los diez meses, ha apuntado . Por su parte las dilaciones en la valoración de la discapacidad del Centro de Valoración y Orientación de la provincia supera los 18 meses para la valoración de la discapacidad cuando el plazo legal máximo es el de seis meses.

La salud, el medio ambiente y los servicios de interés general (consumo) han sido -tras los problemas planteadas por el personal del sector público- los asuntos que más actuaciones están motivando la intervención del Defensor del Pueblo andaluz en la provincia de Granada, más de 800 quejas gestionadas y 750 consultas atendidas en lo que va de año, en total, más de 1.500 actuaciones.

En paralelo, el Defensor del Pueblo andaluz celebra en la ciudad a partir de las 19:00 horas su tercera sesión de los Diálogos de Mediación (#MediacióndPA) con el fin de reflexionar sobre “La comunicación y la gestión de emociones en la mediación”, que se puede seguir vía streaming. Este jueves el equipo técnico mantiene una reunión con asociaciones de mediación.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido este viernes en Granada al acto oficial de apertura del Año Judicial, que se ha retomado tras la suspensión del pasado ejercicio aunque con un formato reducido ajustado a las restricciones sanitarias. En la fotografía, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrego.

Con motivo del elevado precio de la elecrtricidad insistimos en nuestra petición recogida en nuestro comunicado de 1 de agosto pasado donde indicábamos que "se pueden y deben adoptarse otras medidas que minoren los efectos mas perjudiciales de esta excepcional subida de precios que afecta a un bien esencial como es la electricidad". En el mismo, el Defensor del Pueblo mostraba "su enorme preocupación por las consecuencias que esta situación puede tener para los hogares andaluces y, muy particularmente, para las familias mas modestas y las personas en situación de pobreza energética. Por ello, el Defensor ha considerado necesario y urgente aprobar medidas efectivas destinadas a minorar la repercusión de esta subida sobre las familias andaluzas, agravada por una pandemia que castiga, aún más, a las personas vulnerables". enlace al comunicado del dPA del 1 de agosto

Entendemos necesario que una norma de rango legal establezca el derecho de las personas usuarias de los servicios energéticos a un mínimo vital que garantice la cobertura de las necesidades básicas de cualquier hogar aunque se encuentre en situación de precariedad económica. Este derecho a un mínimo vital energético que propugnamos debe integrar la actual regulación del denominado bono social eléctrico, superando las notorias carencias e insuficiencias de la misma y debe hacerse extensivo al resto de servicio energéticos.»

Artículo de opinión del Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, publicado hoy en Grupo Joly

Los derechos de los sin voz

Este lunes, 30 de agosto, ha entrado en vigor la nueva Ley de la Infancia en Andalucía (Ley 4/2021, de 27 de julio), en cuya Disposición adicional novena se recoge que “El Defensor del Menor de Andalucía, creado por la Ley 1/1998, de 20 de abril, pasa a denominarse Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía”. Asimismo, la nueva ley otorga una ampliación de las competencias de la Defensoría de la Infancia como instrumento para la protección y defensa de los derechos de los menores.

Tras dos décadas desde la creación del Defensor del Menor en Andalucía, el cambio de nombre es una reivindicación de la Institución andaluza en la consolidación de su papel como garante de los derechos de la infancia y adolescencia que contempla el Estatuto de Autonomía y las directrices del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas , además de responder a la demanda de la sociedad andaluza por dar una mayor trascendencia al desarrollo y protección de los derechos de las personas menores de edad.

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha valorado muy positivamente esta nueva ley que garantiza “una protección integral a los niño y niñas y adolescentes en nuestra Comunidad, atendiendo sus necesidades, regulando sus derechos y deberes y reconociendo un destacado protagonismo a las familias como eje primordial y principal para el desarrollo del menor”, entre otros aspectos.

Como ya ha manifestado en el Parlamento andaluz con motivo de su tramitación y debate, “se trata de una ley necesaria que actualiza y modifica la regulación hasta ahora vigente en relación con las nuevas demandas y circunstancias sociales que están incidiendo en este colectivo especialmente vulnerable de nuestra sociedad”. Para Jesús Maeztu, “la evolución que la figura del niño y de la niña ha tenido en los últimos años demandaba articular una legislación acorde con esta nueva dimensión social”.

Esta nueva norma nace con una clara vocación de otorgar mayor protagonismo al principio del interés superior del menor en su triple dimensión como derecho sustantivo, principio general y norma de procedimiento e incorpora innovaciones significativas para su protección integral como el valor social de la infancia, la promoción del bienestar, el buen trato a la infancia, los valores de respeto, convivencia y no violencia, el impulso de la alfabetización digital, o la novedosa regulación de las situaciones de riesgo.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha incorporado a su queja de oficio sobre la situación de las residencias de mayores en Andalucía desde el inicio de la pandemia, una investigación específica por los últimos brotes por Covid en residencias de Alcalá de Guadaíra, Sevilla y Écija, en estos últimos casos, con el lamentable suceso del fallecimiento de varias personas residentes.

En el transcurso de esta queja de oficio sobre las residencias andaluzas, la Institución ha ampliando su investigación a varios de estos centros específicos donde se han producido los casos más preocupantes, entre ellos, ahora los últimos brotes detectados en residencias de Alcalá de Guadaíra, Sevilla y Écija. En todos estos casos, ha solicitado a la Administración información sobre los criterios aplicados para la detección diagnóstica de posibles contagio vírico de personal de dichos centros residenciales de mayores así como aquellos aspectos específicos que ayuden a esclarecer y poner medidas para evitar que se reproduzcan estas situaciones.

Fruto de esta queja, el Defensor del Pueblo andaluz se ha dirigido a las consejerías de Salud y Familias, y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, interesándose por las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en estos centros de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, frente al riesgo de contagio por COVID-19; concretando cuáles sean y desde cuándo se aplican, así como las actuaciones de coordinación entre ambas consejerías.

También ha mantenido reuniones con asociaciones de mayores y entidades sociales que trabajan en estas residencias y con gestores de algunos de estos centros y personal sanitario y prestadores de otros servicios de los mismos. De la ingente información obtenida de estas fuentes diversas, el Defensor ha demandado “la imperiosa necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente del mismo para su supervivencia ordinaria”.

En todas las ocasiones, el Defensor del Pueblo andaluz ha mostrado su enorme preocupación por el devenir de las personas mayores que viven en centros residenciales en nuestra Comunidad y ha hecho un llamamiento público ante el Parlamento de Andalucía, defendiendo la necesidad de priorizar “crear un sistema integral de atención a las personas mayores”. “Es preciso aplicar medidas preventivas de salud más rigurosas, intensas y sostenidas en el tiempo en los centros residenciales, tanto para las personas residentes como para el personal que presta servicio en los mismos. Hay que alcanzar una economía de cuidados, con especial atención a la población de mayores, para comprender sus problemas de soledad, aislamiento, ... y dentro de ello, analizar que los mayores están todavía más solos fuera de su casa, en las residencias", ha subrayado el Defensor, Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz inició a finales de 2020 una queja de oficio a fin de conocer el estado de la Torre de Benzelá situado en la localidad de Torredonjimeno (Jaén). La Institución quería conocer el estado de conservación de este Bien de Interés Cultural y la relación de medidas previstas para garantiar su régimen de proteción. Tras recabar información de las administraciones competentes, a finales de julio ha remitido Resolución a la Delegación de Cultura en Jaén y al Ayuntamiento de Torredonjimeno en la que recomienda que se extremen las labores de vigilancia sobre los intereses culturales amparados por el BIC de Torre Benzelá y su entorno, además de sugerir  que se estudien las posibles iniciativas de conservación y protección de los elementos susceptibles de intervención ante la propiedad del BIC conforme a los procedimientos establecidos por la legislación de patrimonio histórico-artístico.  

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesus Maeztu, ha trasladado al Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, su preocupación por el proceso de repatriación a Marruecos de menores extranjeros que están en Ceuta, así como las quejas que ha recibido de las entidades sociales que trabajan asiduamente con la Institución, mostrando su apoyo y colaboración con esa Defensoría para velar por el cumplimiento de los derechos de estas personas menores de edad.

Tras la noticia de que la Justicia ha paralizado estas devoluciones al menos durante las próximas 72 horas, la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía considera muy importante recordar, una vez más, la necesidad de anteponer la salvaguarda del interés superior del menor en la toma de cualquier decisión que le afecte. Y ello, además de enfatizar en la necesidad de escuchar al menor antes de adoptar cualquier medida sobre su futuro.

Así lo recogen las estipulaciones contenidas en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, la Directiva de la Unión Europea sobre el Retorno (2008/115/CE), la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España o lo que expresamente señalan las normas de protección de personas menores de ámbito estatal y andaluz.

En el caso concreto del proceso de repatriación de estos menores extranjeros, la aplicación de esta normativa implica que antes del retorno de la persona menor a su país de origen hay que analizar de manera individual cada caso particular para determinar qué medida de protección es la más adecuada, duradera y que responda a sus necesidades y bienestar, de manera que la decisión que se adopte debe ir precedida de un riguroso estudio y análisis de que el retorno y las condiciones de la reagrupación familiar es la mejor decisión en interés superior del niño.

La Defensoría andaluza es consciente de que existe un amplio acuerdo sobre la conveniencia de que todo menor se forme y desarrolle en el entorno socio-familiar que le es propio, pero recuerda que la salvaguarda de su protección exige garantizar que no concurran circunstancias que aconsejen la separación del menor de dicho entorno familiar por existir en el mismo elementos que pongan en riesgo la integridad de sus derechos. En la misma línea, considera contraria cualquier medida que pretenda forzar su retorno a su país de origen en contra de su voluntad.

La vulnerabilidad de este colectivo y la responsabilidad de los poderes públicos de garantizar su protección demanda no solo la máxima garantía en el proceso de retorno si no que además éste vaya acompañado de un proceso transparente y claro, con una información concisa y dirigida a todos los organismos y entidades responsables que permita conocer los criterios adoptados para decidir qué menores han de retornar y las razones que justificarían dicha decisión, así como cualquier otra medida que deba adoptarse.

Para la Defensoría andaluza, en sintonía con las declaraciones del Defensor del Pueblo, la transparencia y claridad en todo momento son claves y constituyen la mejor garantía de que se está respetando el derecho de defensa de estas personas extranjeras -menores de edad- frente a unas decisiones administrativas que pueden estar en contradicción con sus propios deseos e intereses o que no cumplan con los requisitos legales establecidos.

El Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía confía en que el reciente anuncio de la paralización de estas devoluciones ordenada judicialmente contribuya a garantizar la protección integral de estas personas menores de edad, y en su caso, la repatriación a su país de origen que sea necesaria, se realice bajo el más estricto cumplimiento de los requisitos legales establecidos y el respeto a los derechos de estos niños, niñas y adolescentes.

En esta Institución se vienen recibiendo quejas y consultas planteando dudas de legalidad y disconformidad con el nuevo criterio de ordenación de desempate para las ofertas públicas de empleo gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) adoptado por dicho organismo, tras la aprobación de la Instrucción 2/2021 de la Dirección-Gerencia del SAE, por la que se establecen los criterios de ordenación general para la gestión de candidaturas en ofertas registradas en el sistema de intermediación laboral del Servicio Andaluz de Empleo y se modifica la Instrucción 3/2020, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las ofertas públicas de empleo.

En la instrucción Segunda, apartado 3. de la referida Instrucción se desarrollan los criterios a aplicar para desempates en el caso de ofertas de empleo gestionadas con difusión, en los términos siguientes:

“3. Como criterio de desempate, una vez aplicados los dos anteriores, se utilizarán dos valores aleatorios, que de forma automática se generan para cada oferta en el momento de su registro, sin que sea posible su modificación posterior. Estos valores serán publicados en el anuncio correspondiente a la oferta difundida y se aplicarán de la forma siguiente:

3.1. Un valor numérico aleatorio en el margen entre el 0000000 y el 99999999, que servirá como dígito de ordenación a partir del NIF/NIE de las candidaturas de manera que, se ordenará con mayor prioridad aquella candidatura cuyo NIF/NIE coincida exactamente con el dígito aleatorio calculado, y el resto se ordenarán en de manera ascendente, desbordando esta ordenación al llegar al 99999999 continuando por el 00000000. Las candidaturas que participen en este proceso con un NIE, lo harán a partir de la parte numérica de éste, y completándolo con un dígito 0 por la derecha. Esto se hace para completar con los 8 dígitos necesarios para que la ordenación sea neutral con todas las candidaturas.

3.2. Un segundo valor aleatorio alfanumérico calculado entre la A (mayúscula) y la Z(mayúscula), que servirá como criterio de ordenación por la letra del NIF/NIE, deforma ascendente, desbordando la Z por el carácter A, para aquellos casos en los que dos candidaturas compartan el mismo número de NIF/NIE”.

Las personas que se han dirigido a la Institución en relación con este asunto mantienen que la aplicación de este algoritmo relacionado con el NIF/NIE de las personas inscritas en las ofertas en difusión para desempatar es injusto y no garantiza la igualdad de oportunidades de todos los inscritos en orden a desempatar y configurar la ordenación de éstos, en aras a ser tenidos en cuenta sus candidaturas en el posterior proceso de selección de las plazas o puestos ofertados.