La Administración nos indican que, la Dirección del centro docente adoptó las medidas educativas y organizativas pertinentes para atender al menor conforme al dictamen de escolarización emitido por el Servicio Especializado de Conducta de la propia Delegación Territorial.

En cuanto a la sanción impuesta de suspensión del derecho de asistencia al centro docente entre los días 6 y 19 de Junio pasado, que fue acordada tras valorar la conducta del menor como falta grave, si bien por lo solicitado por la propia Inspección Educativa, desde la Dirección del centro docente fueron revisados los hechos, sustituyéndose la sanción inicialmente impuesta por la de la suspensión del derecho de asistencia de dos días.

Nos expone el interesado su discrepancia con la tercera medida de suspensión de derecho de asistencia al centro docente impuesta a su hijo, alumno de 4º de Educación Primaria. De este modo, el interesado cree, que por parte del centro educativo en cuestión no se ha sabido reconducir la situación personal del menor, ya que se trata de un alumno de NEE al estar diagnosticado de TDAH, por lo que tiene reconocida, según dictamen técnico facultativo del EVO de Sevilla, una discapacidad de un 40%.

Por todo ello, considera que el centro docente no es apto para atender a este tipo de alumnado, y que se le está causando daño psicológico al menor, de tan sólo 10 años.

Endesa accede a refacturar el consumo eléctrico acumulado derivado de la anterior facturación mensual, con alternancia entre lecturas reales y estimadas.

La parte promotora de queja nos exponía que, con fechas febrero y abril de 2013, había recibido facturas muy elevadas que consideraba no se correspondía con su consumo habitual de electricidad.

Habiendo formulado reclamación por esta cuestión, no habría obtenido más respuesta que el aviso de suspensión de suministro en caso de impago por parte de la Subdirección Gestión del Cobro.

Tras trasladar la queja a la Compañía Endesa, se nos indica que se procedió a la verificación del contador, con resultado de funcionamiento correcto, y que se había refacturado la factura reclamada, repartiendo los consumos acumulados.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Alameda (Málaga) ha iniciado la tramitación de un expediente sancionador contra el propietario de una actividad ganadera caprina ubicada en el núcleo urbano de la ciudad que no contaba con la preceptiva licencia municipal, lo que provocaba molestias a los vecinos.

En esta queja y después de formular al Ayuntamiento de Alameda (Málaga) resolución, conocimos, en un primer momento y de la respuesta que nos facilitó el Ayuntamiento, que la actividad objeto de la queja había sido trasladada por su propietario, aunque el interesado (afectado por las molestias) nos negó este extremo, por lo que nos dirigimos de nuevo al Ayuntamiento solicitando que nos confirmara, previas las comprobaciones «in situ» oportunas realizadas por los agentes de la autoridad o funcionarios municipales, si se había producido o no el traslado material de la explotación caprina ilegal a otro lugar adecuado y si, además, se había dejado el lugar en forma que no seguía generándole molestias.

Finalmente, el Ayuntamiento nos trasladó certificado de una resolución de Alcaldía de 18 de Noviembre de 2013 en la que se acuerda, en esencia, incoar expediente sancionador de infracción administrativa por la realización de actividad de ganadería caprina sometida a Calificación Ambiental sin la correspondiente licencia “de la que se presume responsable a D. ... en base el art 134 L. 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”.

De acuerdo con ello, entendimos, primero, que al contrario de lo que se nos trasladó en la primera respuesta a la Resolución formulada, la actividad caprina irregular no había sido trasladada por su propietario y, segundo, que nuestra Resolución había sido aceptada, toda vez que se había iniciado la tramitación del preceptivo expediente en el que, además de imponer una sanción por la irregularidad cometida, se decretara, en su caso, la clausura de la actividad, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Cádiz acepta el recurso administrativo de una interesada que alegaba que no se encontraba en el municipio en el momento de imponerle una sanción de tráfico, anulando ésta.

La interesada de la queja 13/5995 nos exponía que era la propietaria de un vehículo al que el Ayuntamiento de Cádiz le había impuesto una sanción de tráfico por “parar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación”, pero ella alegaba que su vehículo nunca se había encontrado en Cádiz. A pesar de estas alegaciones, el Ayuntamiento le notificó en firme la resolución sancionadora, contra la que había interpuesto recurso de reposición, que también fue desestimado, y de revisión.

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Cádiz, éste nos comunicó que la sanción se interpuso el 17 de Febrero, a las 15’28 h, mediante medios telemáticos (PDA) contra el vehículo con la placa de matrícula que coincidía con el de la interesada. Sin embargo, para la elaboración del informe se habían rescatado los datos originales de la multa incoada por PDA, constatándose que la denuncia fue impuesta a un vehículo Ford (el de la interesada era un Opel), aunque con los mismos datos de la placa de matrícula. Dado que habían entendido que se había producido un error de grabación del boletín, al indicarse una matrícula errónea, se había procedido a decretar la anulación de la sanción y su detracción, que en aquellos momentos se encontraba en vía ejecutiva.

En consecuencia, considerando que el problema que motivó la presentación de la queja había quedado solucionado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.