El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy que “en el más corto plazo posible, se restablezca el suministro de luz en los barrios que están sufriendo interrupciones y cortes prolongados, porque es imposible vivir sin luz” y por ello ha emplazado a las administraciones y empresas con competencias a la colaboración y coordinación para poner fin a estas situaciones que se están produciendo en distintos barrios vulnerables de Andalucía, con amenaza de seguir extendiéndose a otros territorios desfavorecidos.

Jesús Maeztu ha llamado la atención sobre las consecuencias que los cortes de luz están provocando en personas mayores, electrodependientes y en la infancia y adolescencia, cuyos derechos deben ser protegidos de manera especial como recogen leyes y convenios internacionales. Debido a ello, el Defensor ha solicitado a las partes competentes que constituyan -en las zonas donde no se haya convocado- o vuelvan a reunirse donde sí existan, las mesas técnicas de trabajo que analizan estas situaciones.

El Defensor del Pueblo andaluz ha sugerido la elaboracion de un programa operativo para poder hacer el seguimiento y evaluación de los casos mientras que se vuelven a reunir estas mesas. Entre estas medidas concretas se puede recoger un mapa de riesgos que defina la identificación de los ocupantes de pisos con títulos, así como de los enganches ilegales que se producen por situaciones de pobreza (que se pueden acoger a bonos sociales) a diferencia de aquellos otros destinados a plantaciones de droga.

"Los daños de los cortes de luz son de toda índole. En la educación, en la falta de conservación de los alimentos, en la seguridad de los enfermos crónicos y de los mayores, en la falta de medicamentos, en la higiene y la atención que necesitan los menores de edad, en el funcionamiento de los ascensores para personas con problemas de movilidad... Como Defensor del Pueblo andaluz debo alzar la voz para que las entidades competentes asuman sus responsabilidades, especialmente graves en el caso de la infancia, ante esta grave situación", ha expuesto Jesús Maeztu.

El Defensor del Pueblo andaluz enmarca este pronunciamiento en la ronda de reuniones de trabajo que durante la semana está manteniendo con responsables autonómicos de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y con el fiscal jefe y los titulares de la Fiscalía de Menores y Fiscalía Antidroga en la mañana de hoy martes.

Esta Institución viene desde hace años mostrando su preocupación por el grave problema que padecen numerosas zonas y localidades de Andalucía como consecuencia de los frecuentes y prolongados cortes en el suministro eléctrico que se producen en las mismas y que afectan a un elevado número de personas. Es una situación que viene mostrando su gravedad desde 2015, que provocó nuestra intervención, cuando los cortes se generalizaron en la Zona Norte de Granada, que se fue extendiendo cada vez a mas zonas de Andalucía -Almería, Sevilla, Cádiz- y cuyos efectos se manifiestan con creciente gravedad e intensidad, como lo demuestran los recientes incidentes ocurridos en Sevilla, en la barriada del Polígono Sur, o en Granada, en la barriada Las Flores de Pinos Puente, donde un elevado número de familias permanecen desde hace días sin suministro eléctrico y sin poder hacer uso de las instalaciones de agua.

En marzo de 2021, tras comprobar que el problema se agravaba y extendía por nuevas localidades y barriadas desfavorecidas de Andalucía, esta Institución formuló una Resolución, que incluía un análisis pormenorizado del problema, sus orígenes, causas y posibles soluciones, y que concluía con una petición a cada uno de los organismos implicados relativo a los diversos aspectos que estimamos necesario reforzar. Las peticiones se realizaron a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a Endesa como principal suministradora; las Consejerías competentes en materia de energía y vivienda; a la Fiscalía; a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y a los Ayuntamientos afectados, tratándose de una investigación que continúa abierta.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha alentado hoy a "fomentar la igualdad, la convivencia y la paz" en la entrega de los premios 'Así veo mis derechos' que convoca la Defensoría en las modalidades de vídeo y dibujo, y en la que han estado invitados a participar todos los centros educativos de Andalucía.

En la entrega del premio en la modalidad de vídeo al alumnado de Tercero de ESO del IES José Alcántara de Belmez (Córdoba), el Defensor de la Infancia ha dedicado un primer recuerdo "en solidaridad con los niños y niñas de Ucrania, que están sufriendo los devastadores efectos de una guerra", al tiempo que ha destacado la solidaridad que está demostrando el pueblo andaluz en esta crisis humanitaria.

Jesús Maeztu ha reclamado a los niños del centro educativo que hagan un esfuerzo por conocer sus derechos, actividad de formación que han ejercido en la elaboración de estos trabajos, y les ha indicado que el Estatuto de Andalucía otorga al Defensor el papel de garante de estos derechos, en especial de la infancia y de la adolescencia. Por ello, el Defensor se ha mostrado muy satisfecho de que el trabajo premiado en la modalidad de vídeo llevase el título de “Todos somos iguales”. El accésit ha recaído en un vídeo sobre el derecho a la integración de alumnos y alumnas de Primaria de Educación Especial del Colegio Purísima Concepción de Granada.

El Defensor ha enviado un mensaje de optimismo, "porque los niños y las niñas saben vivir con alegría en medio de la adversidad", y les ha animado a vivir "con menos lágrimas, y más sueños". En el acto de entrega del premio han participado José Porras Fernández, alcalde de Belmez, e Inmaculada Troncoso García, delegada de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Por su parte, en representación del Defensor, la adjunta Juana Pérez Oller se ha desplazado a Villaricos (Almería) para hacer entrega del premio en la modalidad de dibujo a a una alumna de Sexto de Primaria del Colegio Sierra Almagrera por un dibujo sobre el derecho al amor. Al acto han asistido Antonio Fernández Liria, alcalde de Cuevas de Almanzora, y Juan Velasco, alcalde pedáneo de Villaricos, entre otras autoridades. El jurado ha reconocido con un accésit a un grupo de una alumna de Tercero de Primaria del Colegio La Reina de Málaga por un dibujo sobre calidad de vida.

El premio en la modalidad de vídeo consiste en un diploma y material escolar por valor de 1.000 euros para el Colegio Sierra Almagrera; y el premio en la modalidad de dibujo en un diploma y un IPAD para la autora. A la 14 edición de estos premios se han presentado más de 50 trabajos entre ambas modalidades.

El Premio de la la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

El Consejo de Menores e-foro de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia se ha reunido durante este fin de semana en Baeza (Jaén) con el objetivo de debatir sobre la justicia climática.

Esta reunión preparatoria, celebrada en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha contado con la presencia el primer día del Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, que ha participado en el debate sobre la posición que aportarán los niños y niñas de este consejo andaluz en el encuentro ENYA (European Network of Young Advisors) -un proyecto participativo para niños y adolescentes que se lleva a cabo con el apoyo de la Red Europea de Defensores para la Infancia (ENOC)- que se celebrará próximamente en Bilbao.

Asimismo, en una segunda jornada de trabajo, los participantes han preparado las recomendaciones sobre acción climática y participación, y fuentes de energía. Entre las propuestas que han analizado estos niños y niñas, han planteado la creación de un mapa dirigido a ellos que recoja y ponga en valor la riqueza medioambiental de Andalucía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado en un estudio singular las situaciones de violencia y agresiones a profesionales sanitarios en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía. Para el Defensor, se trata de “un problema real que, aún afectando a una minoría de los profesionales que trabajan en este sector, su creciente incremento le hace cobrar cada vez mayor importancia por sus repercusiones en la esfera de los derechos más básicos de este personal”.

El estudio del Defensor parte de una actuación de oficio de la Institución para valorar los efectos de esta situación y de los derechos de los colectivos profesionales afectados, así como para analizar la efectividad de las medidas adoptadas al respecto por la Administración sanitaria andaluza. Ha contado para ello con la opinión y valoración de las corporaciones y organizaciones representativas de los profesionales sanitarios, y se ha valido de los datos que proporcionan la Administración sanitaria y las organizaciones colegiales.

El Defensor del Pueblo andaluz ha valorado que el Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, tras más de una década de funcionamiento, ha tenido unos resultados “limitados e insuficientes”, porque como reconoce la propia Consejería de Salud y Familias en uno de sus informes “desgraciadamente, el objetivo de minimizar las agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, no se ha conseguido”.

La revisión y actualización de este Plan acordada en 2020 “va en esa línea de mejora de su eficacia, corrigiendo algunos aspectos del mismo e introduciendo otros nuevos que se habían detectado tras su evaluación, que esperamos den los resultados esperados”, expone el Defensor en su Estudio.

Para contribuir a este objetivo, el Defensor del Pueblo andaluz ha trasladado dos recomendaciones y siete sugerencias a la Administración andaluza. En este sentido, Jesús Maeztu solicita a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que se adopten las medidas que fueran procedentes para cumplir con este plan y otros semejantes. caso del Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud.

En una segunda recomendación, Jesús Maeztu aboga por analizar los problemas organizativos, estructurales y de gestión que afectan al funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, “y que se adopten las medidas para ir resolviendo estas situaciones que, sin perjuicio de que en ningún caso tienen justificación, provocan una respuesta agresiva de las personas usuarias o sus acompañantes”. A tal efecto, el Defensor considera útil y procedente valorar, en especial, las distintas herramientas y medidas alternativas a las habituales en aquellos centros e instalaciones sanitarias ubicados en barrios con poblaciones más vulnerables que sean más adecuadas para la aplicación de soluciones reparadoras de posibles conductas agresivas (planes de pedagogía, programas de intervención social, medidas de acompañamiento, mediación, etcétera).

En cuanto a las sugerencias, el Defensor del Pueblo andaluz propone un mapa de riesgos real, por tipo de centro y modalidades de atención, que permita la adopción de medidas eficaces para y evitarlas. También acciones de formación para el personal sanitario sobre habilidades en este tipo de situaciones, así como un refuerzo de los instrumentos jurídicos que permitan conseguir que los profesionales sanitarios puedan desempeñar sus tareas en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad para ellos y para el propio sistema. Asimismo, el Defensor plantea un servicio de vigilancia en los centros que lo precisen previo análisis de la evaluación de riesgos laborales; la creación de una figura o cualquier otra estructura de seguridad y/o coordinación, al igual que han hecho otras Administraciones sanitarias autonómicas; la evaluación y seguimiento del plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía del año 2020 y, por último, una revisión del mismo cada dos años con la participación de los colegios profesionales y organizaciones sindicales, sociales y profesionales relacionadas con este ámbito.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha desplazado hoy a Baeza para participar de un encuentro del Consejo de participación de la infancia y adolescencia en Andalucía. Este Consejo está compuesto por ocho niños/as de las diferentes ciudades andaluzas: Francisco Burgueño Parra, almeriense; Natalia Melero Toledo, gaditana; Ana Prieto Ruiz, cordobesa; Diana López López, granadina; Javier Muñoz Martín, onubense; María Millán Ginés, jiennense; Gerardo Pérez Angulo, malagueño; Jaime Roldán Martín, sevillano.

El encuentro, que tendrá lugar en la residencia de la UNIA, sede Antonio Machado, se compone de tres sesiones de trabajo con el objetivo de preparar el próximo encuentro de ENYA a celebrar en el mes de junio en Bilbao, que abordará la Justicia Climática.

El Defensor de Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha agradecido hoy la entrega de una réplica del escudo original de la Casa de Blas Infante por parte de la Junta de Andalucía y que ha interpretado como un símbolo que “nos recordará todos los días el espíritu y valores universales que inspira la figura de Blas Infante” y “un compromiso en la defensa de esta tierra y sus gentes”.

Así se ha pronunciado Jesús Maeztu en el acto de entrega por parte del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, acompañados por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez Antúnez, y por el director de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, junto a los adjuntos al Defensor del Pueblo, Juana Pérez Oller, Jaime Raynaud Soto y Virginia Salmerón Millán, y la secretaria general de la Institución, Laura Iturrate Areste.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la labor diaria de la Institución es la de ser “constructores de ciudadanía, de convivencia y de paz” y para llegar a ella debe de luchar por la garantía y la protección de los derechos humanos, empezando por los excluidos. “La exclusión, la pobreza, las discriminaciones y la injusticia son las antípodas de la igualdad y la paz”, ha dicho el Defensor.

Este escudo simboliza la labor de un Defensor del Pueblo andaluz que, en opinión de su titular, consiste en "velar por la justicia, porque los ciudadanos y ciudadanas convivan en paz, en libertad, sin discriminaciones de todo tipo, sin exclusiones respecto de la educación, la salud, un techo digno, los recursos básicos de agua y luz, la protección social y un Ingreso Vital Mínimo, completado con una Renta Mínima dirigida al disfrute de tales derechos en igualdad sin que ningún ciudadano, ciudadana caiga en la exclusión social o se quede atrás en el camino”.

Jesús Maeztu ha agradecido la entrega de este escudo de Andalucía, tras la realizada al Parlamento de Andalucía y al Tribunal de Justicia de Andalucía el pasado año, y justo en las vísperas de la celebración del 40 aniversario de la constitución de esta Defensoría del Pueblo Andaluz, la primera y decana del resto de las Defensorías Autonómicas españolas, con el mismo nombre y texto legal de la del Pueblo de las Cortes Generales.

Se trata de una iniciativa impulsada por el Centro de Estudios Andaluces y consiste en una reproducción del dibujo original hecho con las antiguas técnicas de producción, elaborado por la Escuela de Artesanos de Gelves, de la que el Defensor se ha declarado “rendido admirador”.

El escudo presidía la Casa de Blas Infante en Coria del Río, denominada la Casa de la Alegría, elaborada en 1932 con cerámica de Triana por el conocido ceramista Pedro Navia. Su reproducción se ha realizado respetando el dibujo original y las antiguas técnicas de producción.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha visitado hoy la sede del Defensor del Pueblo andaluz, donde ha conocido el estado final de las obras de rehabilitación y mejora que acaban de culminarse.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido a la presidenta y a una representación de la Mesa del Parlamento acompañado de las adjuntas Juana Pérez Oller y Virginia Salmerón Millán, el adjunto Jaime Raynaud Soto; la Secretaria General de la Institución, Laura Iturrate; la directora de Gabinete, Soledad Rosales, y el coordinador de Servicios Generales, Miguel Ángel Lora.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que la Defensoría, como órgano parlamentario, recibe a una representación parlamentaria "que está en su casa" y le enseña cómo se ha acondicionado la oficina "para adaptarnos a los nuevos tiempos y prestar una mejor atención a la ciudadanía". El Defensor ha añadido que forma parte también de esta renovación la Estrategia 2021-2024 en la que la Institución "se moderniza para atender nuevos retos como el cambio climático, la transición energética, la salud mental y otras consecuencias de la pandemia".

"Estamos preparando la Defensoría material y funcionalmente para su trabajo, que es la defensa de los derechos de la ciudadanía. El acto tiene mucho simbolismo porque esta sede fue el Parlamento andaluz y hoy viene a visitarla su presidenta, remodelada y mejorada en las condiciones de su funcionamiento", ha resaltado Jesús Maeztu.

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha subrayado la importancia de fomentar las relaciones institucionales que tienen que primar entre los distintos organismos y, en este caso, con un órgano de extracción parlamentaria como es el Defensor del Pueblo Andaluz. También ha agradecido el "grandísimo y necesario" trabajo que realiza el Defensor del Pueblo y todo su equipo. "Es un órgano fundamental, dentro de nuestro sistema democrático, que llega donde a veces ni la administración ni la justicia lo hace dando, cuenta y amparando las quejas de los ciudadanos desde un prisma ajeno a la política", ha destacado.

El Defensor de Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, en una actuación como Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, ha preguntado a la Administración andaluza por su previsión para contar con un cauce ágil que tramite los ofrecimientos de acogimiento familiar de menores procedentes de Ucrania, ante la situación de guerra existente en dicho país.

En una queja de oficio, el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía se ha dirigido a la Dirección General de Infancia, dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para solicitar su colaboración con la intención de que se establezca un protocolo específico que de respuesta ágil a los ofrecimientos de acogimiento familiar que se vienen produciendo, en coordinación con otras instituciones públicas competentes (servicios sociales municipales, Administración del Estado, Fiscalía) y otras entidades y organizaciones sociales que vienen colaborando con el Ente Público de Protección de Menores.

El Defensor del Pueblo andaluz se hace eco de esta forma de la solidaridad que viene mostrando la sociedad andaluza ante la situación de las personas que huyen del conflicto bélico existente en Ucrania, "siendo muchas las personas que se dirigen a nosotros ofreciéndose a colaborar en el acogimiento familiar de menores desamparados procedentes de ese país, a quienes facilitamos información sobre la legislación aplicable y los trámites indispensables para hacer viable su ofrecimiento solidario".

A este respecto, el Defensor añade que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha de ejercer las competencias que le corresponden para valorar la idoneidad de las familias para el acogimiento familiar de menores, lo cual implica una serie de estudios técnicos y trámites burocráticos que pueden demorar la disponibilidad de una lista de familias idóneas para acoger menores, todo ello en una situación de guerra, especialmente dañina, en que se hace muy necesaria una respuesta urgente a las necesidades de los menores que requieren protección. Es por esta razón por la cual la Defensoría ha incoado un expediente de queja y ha solicitado la colaboración de la Dirección General de Infancia con la intención de que se establezca este protocolo.

Asimismo, Jesús Maeztu señala en el escrito que otra cuestión que preocupa a esta Defensoría y que ha sido puesta en conocimiento de la Dirección General es la necesidad de que se prevean posibles recursos con que atender el previsible incremento de dotaciones para los menores procedentes de Ucrania, todo ello ante la posibilidad de que fuese necesario un dispositivo para los menores objeto de medidas de protección en dicho país o que, desamparados, ya hubieran cruzado la frontera y estuvieran en este momento recibiendo tratamiento humanitario en países fronterizos por las autoridades del concreto país u organizaciones no gubernamentales.

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Pronunciamiento FIO No 2/2022

Pronunciamiento del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que solicita el fin de la agresión rusa contra el pueblo de Ucrania, la paz y el respeto a los derechos humanos

El pasado 24 de febrero se inició la invasión por parte del ejército de la Federación Rusa a la vecina república de Ucrania. Dicha invasión, tal y como ha sido reconocida por diversas instancias de Naciones Unidas, o el Parlamento Europeo, constituye una flagrante e inaceptable violación de los principios del derecho internacional.

En efecto, tal y como ha recordado el Secretario General de las Naciones Unidas, esas medidas unilaterales entran en conflicto directo con la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 reza: "Todos los miembros se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

De acuerdo con las noticias publicadas en todos los medios internacionales, el conflicto ya ha provocado importantes víctimas entre la población civil, el desplazamiento de miles de personas, la destrucción grave de infraestructuras e instalaciones críticas, y el deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en general en Ucrania.

Además, el 1 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ejecución de medidas provisionales, ha ordenado al Gobierno de Rusia que se abstenga de realizar ataques militares contra civiles, incluidos locales residenciales, vehículos de emergencia y otros objetos civiles especialmente protegidos como escuelas y hospitales, dentro del territorio atacado o sitiado por tropas rusas.

Por todo ello,

El Consejo Rector de la FIO, en línea con lo solicitado por la ONU, la UE y otras organizaciones internacionales:

1. Condena en los términos más enérgicos la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania y la invasión de este país, así como la participación de Bielorrusia en esta agresión;

2. hace un llamado vehemente a las autoridades rusas para que cesen en la agresión al pueblo de Ucrania y respeten su soberanía e integridad territorial. Es esencial que se proteja a los ciudadanos cuyos derechos humanos deben ser respetadossin fisuras.

3. Expresa su total solidaridad con la Comisionada de los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania y con el pueblo ucraniano, y condena en los términos más enérgicos las acciones de Rusia contra su pueblo.

4. Expresa su indignación por que la agresión rusa sea la causa de sufrimiento humano y de la trágica pérdida de vidas humanas, y subraya que los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, así como los ataques indiscriminados, están prohibidos en virtud del Derecho internacional humanitario y, por lo tanto, constituyen crímenes de guerra.

5. Solicitan a la Comisionada de los Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, que en cumplimiento de su mandato de protección de los derechos humanos, tanto como Ombudsperson como en su calidad de INDH acreditada con estatus A en GANHRI, haga todo lo que esté en su mano con las autoridades de su país para terminar con esta flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y le insta a fomentar la paz por el bien de la democracia y la humanidad.

La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), congrega y representa a 103 Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de 22 países iberoamericanos.

El objetivo primordial de la Federación esser un foro de discusión para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman en las regiones geográficas de su jurisdicción. En concreto, entre otras finalidades específicas, pretende fomentar, ampliar y fortalecer la cultura de los Derechos Humanos en los países cuyos Ombudsman formen parte de la FIO; establecer y mantener relaciones de colaboración con organizaciones no gubernamentales que procuren el respeto, defensa y promoción de los Derechos Humanos, así como promover estudios e investigaciones sobre aspectos de su competencia, con la finalidad de apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho, el régimen democrático y la convivencia pacífica de los pueblos.

2 de marzo de 2022