· El jurado ha galardonado en la modalidad de dibujo a una alumna del CEIP Maestro Juan Díaz Hachero de Cartaya (Huelva) y en la modalidad de vídeo a alumnado del IES Retamar de Almería · Debido a la alta participación y con motivo del 40 aniversario de la Institución, la Defensoría concede dos accésit en cada modalidad

Un dibujo de una alumna del CEIP Maestro Juan Díaz Hachero de Cartaya (Huelva) y un vídeo de alumnado del IES Retamar de Almería han sido los distinguidos por el jurado del XVII Premio Así veo mis derechos que convoca anualmente la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. Estos premios tienen un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

Con motivo de la alta participación (149 dibujos y 41 vídeos) y en coincidencia con la conmemoración del 40 aniversario de la Institución, la Defensoría de la Infancia ha concedido dos accésit. En la modalidad de dibujo, el jurado ha galardonado a una alumna de sexto curso de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Juan Díaz Hachero de Cartaya por un dibujo sobre el derecho a la intimidad. Asimismo, el jurado ha reconocido con un accésit a una compañera de este mismo centro por un dibujo sobre el derecho a opinar y a un dibujo de quinto de Primaria del colegio Azahares de Sevilla por un trabajo sobre el derecho a una vivienda digna.

En la modalidad de vídeo, el primer premio ha recaído en una obra sobre el derecho a la educación y el juego realizado por alumnado de cuarto de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Retamar de Almería. El jurado ha distinguido con un accésit a un vídeo sobre el derecho a la integración de alumnado de tercero de la ESO del IES Arboleda de El Puerto de Santa María (Cádiz) y otro trabajo sobre el derecho a la calidad de vida del IES Generalife de Granada.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro. Este certamen se convoca dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Universal del Niño. El acto de entrega del Premio se celebrará en los centros educativos galardonados.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, ha elaborado un manifiesto donde destaca la urgente necesidad de impulsar una convención internacional de Naciones Unidas de los derechos de las personas mayores.

Este compromiso es esencial para garantizar que las personas mayores puedan vivir con dignidad, autonomía e igualdad, enfrentando los desafíos que plantea la longevidad en el siglo XXI. La edad no disminuye el valor de la vida, pero las personas mayores continúan sufriendo discriminación, vulnerabilidad e invisibilidad en las políticas públicas.

Como Defensor del Pueblo Andaluz hemos defendido en nuestros sucesivos informes anuales ante el Parlamento de Andalucia que las personas mayores precisan que se respete la autonomía de su voluntad, instrumentos específicos vinculantes y eficaces de protección normativa, así como ser destinatarias de políticas públicas singulares, que permitan adoptar en su beneficio medidas de discriminación positiva, imprescindibles para garantizar sus condiciones de igualdad.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por la reeducación y la reinserción en la justicia juvenil frente a otro tipo de medidas de represión, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor que ha delinquido.

Maeztu ha inaugurado hoy la jornada 25 años de avance de la Justicia Juvenil en Andalucía junto al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. A la jornada celebrada en Caixaforum han asistido profesionales de la Judicatura, la Fiscalía, la Universidad, la Administración Pública y expertos pertenecientes a entidades colaboradoras responsables de la ejecución de las medidas judiciales en Andalucía, y que han analizado la trayectoria durante 25 años de la aplicación de la Ley 5/2000 en Andalucía.

Para el también Defensor del Pueblo en funciones, la delincuencia juvenil hay que afrontarla desde dos vertientes simultáneas; por un lado, abordando la educación de los menores de edad desde el aprendizaje paralelo de la libertad y la responsabilidad y, por otro, reprimiendo las conductas delictivas con las medidas adecuadas, pero siempre sin perder su referente educativo y de reinserción social.

Maeztu ha señalado que son muchas las razones por las que unas personas que se encuentran en pleno proceso de formación pueden llegar a cometer actos delictivos, unas consustanciales al propio individuo como la enfermedad mental o traumas psicológicos, y otros, externas, entre los que cabe incluir la influencia familiar, el fracaso escolar, o la marginación social. Asimismo, el Defensor se ha detenido en la responsabilidad de toda la sociedad, una vez que “la violencia social lo impregna todo y afecta a toda la ciudadanía”.

El Defensor ha destacado que en los 25 años de justicia juvenil en Andalucía se ha producido un cambio de perfil en el menor que delinque, con un incremento de jóvenes de clases sociales altas que cometen delitos, y condenados a penas de internamiento. “Son casos en los que la marginación no viene dada por su pertenencia a un entorno social desfavorecido sino por su desvinculación de un medio social adecuado, y su vinculación paralelamente a grupos cuyos estilos de vida promueve el consumo de drogas o el incumplimiento de normas”, ha añadido, para llamar la atención sobre la violencia filioparental, de manera singular hacia las madres.

Ante los nuevos desafíos de este tipo de sociedad -entre los que ha mencionado los avances en materia tecnológica, el aumento de la diversidad cultural, y otros diferentes modos de violencia- ha vuelto a incidir en la la reeducación y la reinserción de los chicos y chicas que han delinquido, así como en la protección de todas aquellas personas menores de edad que, en el polo opuesto, son víctimas día a día de violencia, injusticia e incomprensión.

De hecho, el Defensor ha considerado sobre una posible modificación de la vigente Ley de Responsabilidad Penal del Menor que no se trata de un problema jurídico o normativo, sino un problema social, fruto y consecuencia de varios factores, y que sólo puede afrontarse y comprenderse conociendo y actuando sobre los diversos factores que inciden en el mismo. “La legislación de menores infractores nunca puede ser la solución definitiva al problema de la delincuencia juvenil, y ver en ella una relación directa con el problema no es la vía más idónea para combatirlo”, ha concluido.

Por último, sobre el desafío de la edad mínima para exigir a una persona menor de edad responsabilidad penal -estimada en 14 años-, Maeztu ha insistido en la necesidad de incrementar las medidas de prevención con aquellos menores que comienzan a mostrar signos de delincuencia leve, para evitar que lleguen a ser especialmente graves y el chico o la chica acabe cumpliendo una medida de internamiento en un centro.

"Necesitamos la prevención como instrumento de lucha contra la violencia juvenil, en la que el sistema educativo, los servicios sociales de atención primaria y los servicios de salud mental deben adquirir un especial protagonismo, actuando de forma eficaz y diligente ante los problemas de fracaso escolar o de salud mental que presenten los menores", ha finalizado.

Como cada 25 de noviembre, el Defensor del Pueblo andaluz se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para seguir concienciando sobre la necesidad de prevenir y frenar todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, tanto si se produce en la vida pública como en la esfera privada.

La violencia contra las mujeres demanda una respuesta firme y continua, sin ningún tipo de matices, para condenar estas prácticas en cualesquiera de los ámbitos de la vida de las mujeres.

Compartimos que ante esta lacra social #NoHayExcusa, en coincidencia con el lema que Naciones Unidas ha elegido este año con el objetivo de hacer ver a la sociedad y a las mujeres en particular que es posible recuperar la confianza, y demostrar que las sobrevivientes de violencia pueden acudir a sus redes de apoyo para recibir ayuda, detener sus agresiones, y recuperar su libertad y su futuro. Según los datos que ha compartido este organismo, menos del 40% de las mujeres en el mundo que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda, y muy pocas recurren a instituciones formales, como la policía o los servicios de salud.

Una de las herramientas seguras con las que pueden contar estas mujeres es la Defensoría del Pueblo de Andalucía. El Defensor en funciones, Jesús Maeztu, alienta a las mujeres que sufren violencia sexual o física a denunciar estos abusos, al tiempo que reclama a los poderes públicos que implanten todas las medidas de prevención, detección y atención para que las mujeres puedan denunciar estas situaciones.

Especial atención merece la protección de los niños, niñas y adolescentes, por lo que como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Maeztu pide que estas medidas estén especialmente activas, ya que el 16% de las jóvenes de 15 a 24 años experimentó violencia física o sexual en el último año. Asimismo, los cambios tecnológicos han digitalizado todo tipo de violencia, y la juventud parece especialmente vulnerable al ciberacoso, que afecta a una de cada diez mujeres desde los 15 años.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz insiste en la necesidad de “contar estas historias, para conocer los motivos que esconden vuestros silencios y que pudieran llevar aparejados sentimientos de culpa de la víctima o vergüenza. En definitiva, que los malos tratos y abusos dejen de ser invisibles, porque las consecuencias pueden ser irreversibles si no se detectan a tiempo”.

En 2024 la violencia machista se ha cobrado la vida de 41 mujeres en España, diez de ellas en Andalucía, que dejaron a siete hijos e hijas menores de edad huérfanos.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy un pacto social “cohesionado” que garantice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que, en su opinión, la defensa de este colectivo constituye uno de los mayores retos presentes y futuros de la sociedad.

En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Defensor ha presentado en la Fundación Cajasol la publicación Caminando hacia un nuevo contrato social. Del debate a la acción junto al coordinador del Foro Profesional por la Infancia, Ignacio Gómez de Terreros, promotor de unas jornadas celebradas en el mes de mayo cuyas conclusiones recopila esta publicación.

El Defensor de la Infancia ha pedido “políticas públicas útiles y estrategias adecuadas” en un momento que considera “crucial”por la realidad demográfica del país, al tiempo que ha destacado que este compromiso lo están poniendo de manifiesto los agentes que pertenecen a este Foro, más de un centenar de representantes de universidades, colegios profesionales, sindicatos, y entidades sociales, entre otros.

Entre los retos, Maeztu ha destacado la pobreza infantil; los entornos digitales seguros; la salud mental y la prevención del suicidio, así como ha llamado la atención sobre los menores migrantes no acompañados; la trata de personas; los huérfanos víctimas de violencia de género; los menores con trastornos de conducta; el acoso escolar y todas aquellas situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia.

El Defensor de la Infancia ha confiado en emprender un “camino nuevo” para “que se produzca ese cambio a mejor” en las políticas públicas que impactan sobre la infancia y la adolescencia.

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, mantuvo este miércoles, 13 de noviembre, un encuentro con una representación de personas privadas de libertad que han participado en el certamen literario de relatos penitenciarios “Equipaje para la libertad”; una iniciativa de la asociación Zaqueo en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

Una decena de estos autores, que se encuentran en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, fueron los encargados de exponer una breve reseña de sus relatos, auténticos testimonios de vivencias, duros y desgarradores, pero también de esperanza y de segundas oportunidades, como ellos mismos resumieron.

En su intervención, el Defensor del Pueblo Andaluz hizo una breve exposición de sus impresiones destacando algunos aspectos de cada una de estas historias. Así, el “grito” de los relatos de Abraham sobre la responsabilidad que cada uno tiene para cambiar, no juzgar y aprovechar las oportunidades; los dos relatos de Moisés que describen con humor y humanidad el día a día de la cárcel y el amplio abanico de personas que en ella habitan; el amor que nos relata Francisco, o la dura historia del que no está ni quiere estar en el sistema, donde su autor deja entrever el mundo hostil del que viene y que lo ha ido forjando.

También relatos de unos y otros escritos sobre el valor de la “libertad”, ya sea como historia o poesía por parte de Antonio; ya sea reivindicativa y de propuestas de mejora por parte de Juan Manuel.

Finalmente, otras obras hablan de la fuerza y necesidad de cambio, como las conmovedoras historias de Santiago y Antonio sobre el potencial que todos tenemos para cambiar-podemos elegir entre el bien o el mal- ¿tú que eliges?, se preguntan. De la posibilidad de cambio personal también habla Antonio en su relato sobre el flamenco, apostando por su potencial para hacernos mejor persona, para reclamar ayuda y medidas de las administraciones, que potencien este Patrimonio Inmaterial como fuente de empleo de las personas, sobre todo, en las cárceles.

El Defensor concluyó recuperando una reflexión de uno de los internos sobre el trabajo profesional de las entidades que trabajan con este colectivo para poner en valor esta iniciativa que ya ha convocado su segunda edición, con la colaboración del Ayuntamiento.

Proyectos como este, dijo el defensor, contribuyen a cumplir con el mandato constitucional para las penas privativas de libertad, recogido en el artículo 25.2 de la Constitución y referido a la reeducación y la reinserción social. “La reducción de la reincidencia es fundamental para construir sociedades inclusivas y sostenibles, tal y como se contempla en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dijo Jesús Maeztu.

La reunión tuvo lugar en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde el defensor estuvo acompañado del director del centro, y parte de su equipo, además de otras personas internas y una representación de las entidades que conforman la plataforma EnRedes con las que posteriormente mantuvo un encuentro.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión en el centro penitenciario de Morón de la Frontera con entidades que defienden los derechos de las personas privadas de libertad para abordar retos y líneas de actuación.

Este encuentro se enmarca en la línea de colaboración de la Institución para analizar los recursos públicos que se implementan en las prisiones andaluzas a fin de facilitar la reinserción en la sociedad de las personas privadas de libertad, al igual que la reunión mantenida la pasada semana en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz González.

Esta colaboración ha permitido que durante los últimos años la Defensoría del Pueblo andaluza haya mantenido reuniones en los centros penitenciarios, tanto con los equipos directivos como con los equipos técnicos, así como con el tercer sector que colabora con distintos programas de subvenciones públicas en las prisiones, y que complementan las quejas que recibimos de las personas en prisión.

Esta información permite a la Defensoría priorizar actuaciones de oficio para tener un mayor conocimiento sobre la implementación de las distintas políticas públicas como es las relativas a los efectos que sobre la población penitenciaria tiene la dualidad de dos sistemas sanitarios, la atención a la drogadicción y las adiciones o la gestión de las valoraciones de discapacidad de quienes se encuentran en prisión.

El Defensor ha conocido las aportaciones expuestas por la Red de Entidades del Entorno Penitenciario de Sevilla, EnRedes, para mejorar las condiciones de vida y defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad privadas de libertad. Entre otros retos, EnRedes ha destacado la necesidad de desarrollar estrategias para la inclusión de personas inmigrantes; abordar la salud mental y la discapacidad; estrategias para prevenir el sinhogarismo en personas ex reclusas; la defensa de la reinstauración del subsidio por excarcelación y, en su caso, agilizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), asegurar el transporte a los centros penitenciarios, y el fomento de la inclusión laboral.

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maeztu, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, se han reunido hoy para trabajar sobre asuntos de interés para la ciudad. Entre otras cuestiones, han abordado la situación de las personas sin hogar, asunto del que la Defensoría se viene ocupando.

El alcalde de Cádiz ha detallado la previsión de plazas disponibles y otras medidas para dar cobertura a imprevistos, al tiempo que el Defensor ha advertido sobre posibles mejoras en el plan de acogida de acuerdo a la experiencia de esta Institución en el tratamiento de estas atenciones.

Otro asunto abordado ha sido la queja abierta por el Defensor a los municipios andaluces en los que se interesa por la configuración de los servicios sociales comunitarios.