Hemos recibido un informe emitido por el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en el cual se indica que la Unidad de Neonatología del Hospital  cuenta en estos momentos con 56 camas funcionantes, 28 de hospitalización general y 28 de críticos (12 intensivos y 16 intermedios), con un índice de ocupación durante 2013 del 80,66 en intensivos y 71,35 en intermedios, datos que permiten valorar su dimensionamiento como correcto.

También se indica que durante 2013 y hasta marzo de 2014, desde la mencionada Unidad de Neonatología sólo se derivo a un menor a otro hospital –precisamente el caso que motivó la queja iniciada por esta Institución-, y ello en unas circunstancias excepcionales de alta ocupación derivadas de una epidemia de bronquitis ocurrida durante los meses de invierno.

Así valoramos que los hechos descritos en la queja pueden considerarse un episodio aislado en el funcionamiento ordinario de la Unidad de Neonatología del Hospital, y sin que por otro lado la atención sanitaria al menor adoleciera de ninguna merma en cuanto a su calidad o especialización. 

Hemos tenido conocimiento de una noticia, publicada en diferentes medios de comunicación, en la que se relata la situación de saturación del Área de Neonatología del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la cual habría propiciado la necesidad de traslado de un recién nacido al hospital de otra provincia para ser atendido.

En las crónicas periodísticas se señala que dicha unidad de neonatología es de referencia regional, por lo que es receptora de pacientes que requieren de atención especializada procedentes de otras provincias de la Comunidad. En este contexto se cuestiona el correcto dimensionamiento de plazas en dicha unidad por estar continuamente saturado y requerir incluso el desplazamiento de neonatos para su atención en otras provincias, con los riesgos sanitarios y molestias que esto conlleva para el bebé, la madre y resto de familiares, así como el coste económico que lleva consigo.

En las crónicas periodísticas se aludía como posible causa a la insuficiente dotación de personal de enfermería, cuyo número por turno no llega a ser suficiente para un correcto desempeño de sus funciones.

Por ello hemos decidido emprender, de oficio una actuación en salvaguarda de los derechos de los menores ante la Dirección del Hospital Virgen del Rocío.

Accede a rehabilitación tras sufrir un ictus.

La interesada expone que su madre sufrió un ictus a principios de diciembre, y que tras permanecer ingresada una semana le dieron el alta, de manera que aunque le comentaron que empezaría allí la rehabilitación, no la vio la especialista hasta el mismo día del alta, cuando les indicó que empezaría la rehabilitación en casa, y después en el hospital. Al tiempo de formulación de la queja aún no la habían llamado, señalándole incluso que la lista de espera era considerable.

Tras solicitar informe al hospital Virgen del Rocío, se nos detalla el itinerario asistencial de la madre de la interesada, que ingresó en Neurología el 4 de diciembre por causa de un ictus, cursándose interconsulta para rehabilitación al día siguiente, y valorada la propuesta el primer día hábil posterior (11 de diciembre), que coincidió con el alta.

Se tramitaron documentos de prescripción para tratamiento fisioterápico y de terapia ocupacional en régimen ambulatorio, comenzando el segundo el 9 de enero, y el primero el 21 del mismo mes.

Se nos comunica que la paciente se encuentra desde entonces en tratamiento y seguimiento por consultas externas, teniendo programadas consultas mensuales con el especialista neurorehabilitador hasta que complete el programa de tratamiento.

Consigue que la vean en consulta de neurocirugía.

La interesada expone que el pasado 29.6.2013 sufrió una caída, a resultas de la cual se lesionó la espalda, por lo que tuvo que ser atendida en urgencias del hospital de Puerto Real, de manera que desde esa fecha, y a pesar de varios tratamientos, continúa con los dolores.

El 1.7.2013 tuvo que acudir de nuevo al servicio de urgencias del centro de salud de Rota por agudización del dolor, causando baja laboral desde el día siguiente.

En fechas 28.8.2013 y 6.11.2013 fue atendida por traumatólogo, determinándose en la segunda ocasión un diagnóstico de listesis L5-S1, y considerando dicho especialista la necesidad de que la interesada sea explorada por un neurocirujano, con el objeto de que valore la evolución y situación actual del raquis lumbar, teniendo en cuenta que con anterioridad ha sido intervenida de la espalda en dos ocasiones.

Ahora bien con fecha 11.12.2013 causó alta laboral por dictamen de la UVMI, por lo que la interesada muestra temor por el hecho de que la reincorporación a su trabajo de peluquera produzca un agravamiento de su sintomatología, y un daño irreversible que la incapacite laboralmente.

A este respecto solicita ser atendida por el neurocirujano a la mayor brevedad, a fin de que pueda disipar las dudas que mantiene sobre este punto, dado que el dolor persiste, y por este motivo ha formulado reclamación en ese centro hospitalario.

Tras solicitar informe al hospital se nos refiere que la consulta solicitada por la interesada se llevó a cabo el 10 de enero, ante lo que consideramos que el asunto que motivó su recurso a esta Institución se ha solucionado.

Reconocen el derecho a la asistencia sanitaria a ciudadana comunitaria sin residencia en vigor.

El interesado plantea una problemática que afecta a su madre, Dª ..., que está próxima a cumplir 102 años, y se encuentra totalmente incapacitada, la cual al parecer ha sido dada de baja por el INSS en su derecho a la asistencia sanitaria del sistema público, después de muchos años de disfrutar del mismo, según le indicaron a su hermana cuando fue a retirar diversos medicamentos a la farmacia, en el mes de marzo del año pasado.

El reclamante explica que su madre nació en Melilla de padres españoles, pero que adquirió la nacionalidad alemana, según la legislación de la época, cuando se casó con un extranjero de este origen, aunque ha vivido siempre en Marruecos español, y desde hace muchos años en Sevilla, junto a otra de sus hijas.

En definitiva la afectada tiene residencia comunitaria, pero por lo visto la documentación acreditativa de la misma no se encuentra en vigor, viéndose en la necesidad de actualizarla para poder presentarla en las oficinas del INSS.

El problema surge porque la regularización de dicha documentación exige su presencia física en las oficinas de la policía, o bien la aportación de un certificado de discapacidad, que permitiría que algún funcionario se desplazara a su domicilio.

Sin embargo el desplazamiento resulta imposible por su estado físico actual, mientras que el reconocimiento de la discapacidad implicaría un período de tiempo considerable durante el que la madre del interesado no puede estar sin la asistencia sanitaria que pueda precisar.

Las Instrucciones de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud sobre el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía a personas extranjeras en situación irregular y sin recursos, excluyen de su ámbito de aplicación a las personas que procedan de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o Suiza, o de los países no comunitarios con los que España tiene suscrito convenio bilateral de Seguridad Social.

Ahora bien, el anexo I que describe el procedimiento para llevar a cabo dicho reconocimiento, permite que en estos casos se pueda reconocer el derecho a la asistencia sanitaria cuando se presente documentación acreditativa de dichos países, de que no procede la exportación del derecho a la prestación de la asistencia sanitaria, o incluso cuando se lleva a cabo una declaración jurada en este sentido.

El interesado aporta certificados del Consultado alemán en Málaga, que acreditan que su madre solamente percibe una prestación social desde Alemania ascendente a 187,78 euros mensuales, así como que dicha prestación no cotiza para el seguro de enfermedad en dicho país, concluyendo que aquella debe ser asegurada en su país de residencia (se adjunta copia de ambos).

De ahí que desde esta Institución consideraramos la posibilidad de solucionar la problemática que afecta a esta ciudadana por esta vía, al menos en tanto se solventan las cuestiones relacionadas con la actualización de la documentación acreditativa de su residencia permanente en España.

Tras solicitar informe a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, se nos indica que profesionales del centro de salud más cercano al domicilio de la afectada se pusieron en contacto con sus familiares para que cumplimentase los formularios necesarios para reconocerle el derecho a la asistencia sanitaria, de manera que aquella disfruta del mismo desde el pasado 27 de febrero, aunque le advertimos de que dicho reconocimiento es temporal y que debe procederse a su renovación al cumplirse el periodo de vigencia.

Consigue que lo intervengan para implantarle una prótesis de válvula mitral.

La interesada expone que su padre tiene una dolencia cardiaca que le ha llevado a necesitar una operación para ponerle una prótesis de la válvula mitral. Nos dice que lleva en lista de espera desde el 15 de octubre de 2012 para realizarle la operación en el hospital Virgen de la Victoria de Málaga y que después de llamar al centro para interesarse por el hecho de que después de tanto tiempo no supiese nada de la misma, le han informado que los pacientes que están siendo atendidos llevan en lista de espera desde febrero de 2012, eso significa que son más de 600 días.

Recibido el informe solicitado al hospital, en el mismo se ofrecen explicaciones sobre la oferta realizada para que los pacientes pendientes de cirugía cardíaca del centro, pudieran ser intervenidos en el hospital regional de Málaga, con el objeto de adecuar la demanda quirúrgica de ambos hospitales.

Por su parte reconocen la confusión que se ha podido ocasionar a dichos pacientes a raíz del comunicado del servicio de cirugía cardíaca, pero al parecer han mantenido una reunión con el paciente y sus familiares el pasado mes de enero en la que la le han pedido disculpas por lo sucedido.

En definitiva nos comunican que el padre de la interesada fue intervenido el 23.1.2014, por lo que tenemos que considerar que el asunto que motivó su recurso a esta Institución se ha solucionado.

El interesado expone que después de un año y medio que formuló reclamación de responsabilidad patrimonial, la misma no se había resuelto.

El informe de la Administración Sanitaria puso de manifiesto que aún no se había elaborado el dictamen facultativo, constatándose que el procedimiento estaba paralizado por esta causa al menos desde enero.

Por nuestra parte recordamos las actuaciones que hemos realizado en esta materia, las cuales han culminado con la emisión de numerosas resoluciones en las que hemos realizado RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES Y RECOMENDACIÓN, así como solicitud de resolución expresa de la reclamación.

Aludimos al contenido de la respuesta administrativa en otros casos, con relato de las medidas adoptadas, y reseñamos la mejoría evidenciada, planteándonos el transcurso de un tiempo prudencial para valorar su efecto.

En los casos en los que se nos refiere que se ha hecho el informe, consideramos que el asunto está en vías de solución, pero en los que se comprueba que no solo no se ha elaborado, sino que tampoco hay fecha para ello, nos vemos obligados a reiterar el contenido de las resoluciones emitidas, sin perjuicio de valorar la posibilidad de incoar un expediente de oficio, para analizar si la mejoría constatada persiste, o si se ha producido un retroceso, con el objeto de demandar las medidas apropiadas.

En el informe emitido para dar respuesta a la Resolución elaborada por esta Institución se menciona la elaboración del dictamen médico en octubre pasado, la recepción de sus alegaciones el mes siguiente, y la elaboración de la propuesta de resolución que en la actualidad está pendiente del dictamen del Consejo Consultivo.

Con carácter general no se realiza ningún pronunciamiento en cuanto a la aceptación de los términos de nuestra resolución, a pesar de lo cual, y teniendo en cuenta que valoramos la posibilidad de realizar un abordaje global de la problemática que suscita la demora en la tramitación de estos expedientes, hemos decidido concluir nuestras actuaciones en esta queja, estimando que se ha respondido positivamente a la misma.

El transporte sanitario en la provincia de Cádiz contemplará la circulación por la autopista.

Compareció en esta Institución D... para darnos cuenta de la problemática que venía padeciendo con ocasión de la necesidad de desplazarse desde Jerez a Sevilla para recibir tratamiento de radioterapia.

En concreto manifestaba que las ambulancias que realizan dicho traslado tienen “totalmente prohibido hacer el trayecto por la autopista de peaje”. Nos indicaba que se había ofrecido a abonar dicho peaje sin resultado, y que incluso estaba dispuesto a firmar una documento por el que renunciaba a reclamar el reintegro de dicho importe, y todo con tal de no pasar por el calvario que le suponía que el viaje Jerez-Sevilla-Jerez durara prácticamente el doble por la carretera nacional IV, teniendo en cuenta su delicado estado de salud.

Y es que diagnosticado de Epoc, tipo enfisema bulloso severo y cáncer de pulmón, así como pendiente de análisis un tumor en la vejiga, en el momento de acudir a esta Institución, precisaba de oxígeno medicinal para poder respirar, a lo que se añadía su necesidad de miccionar cada 15-20 minutos. En estas condiciones cifra en un lapso de 3-4 horas, el tiempo que se hacía preciso para el viaje de ida y vuelta a Sevilla.

Tras contactar con el coordinador del hospital no tuvo respuesta satisfactoria a su pretensión, que entiende que no solo le beneficiaría a él, sino a todos los que viajan con él en ambulancia colectiva.

Por parte de esta Institución y de acuerdo a las posibilidades que le confiere el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora el Defensor del Pueblo Andaluz, se emitió a la Dirección Gerencia del hospital de Jerez de la Frontera, así como a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS, para lo que a cada una corresponda, las siguientes SUGERENCIAS

1.- Que por el órgano de contratación del servicio público de transporte sanitario programado para el ámbito del hospital de Jerez de la Frontera, se exija a la empresa adjudicataria que los vehículos empleados en la prestación del mismo realicen los desplazamientos por la autopista, en los casos en que implique el itinerario más corto, haciendo uso si es necesario, de la prerrogativa que asiste a la Administración para la interpretación del contrato y resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

2.- Que con vistas a una nueva licitación del servicio en el ámbito del hospital de Jerez de la Frontera, a la hora de preparar el expediente de contratación, se elabore un pliego de prescripciones técnicas que contenga previsiones específicas sobre la utilización de la autopista, dentro de las relativas a la ordenación del servicio.

Recibidos los informes que se han emitido por la Administración Sanitaria para dar respuesta a las mismas, aunque desde el hospital de Jerez se insiste en la imposibilidad actual de obligar al uso de la autopista por parte de los medios de transporte sanitario programado, considerando que habría que llevarse a cabo una modificación del contrato que exigiría compensar el incremento del gasto que ello supondría, sin embargo se acepta sin reservas la consideración específica sobre la utilización de autopistas de peaje en el clausulado del pliego de prescripciones técnicas de próximas licitaciones.

En concreto se menciona que se está trabajando en una nueva contratación del servicio de transporte sanitario para el conjunto de la provincia de Cádiz, y que en relación al tema que nos ocupa la redacción del nuevo pliego recogerá la siguiente cláusula 3.1.1: “En los traslados será obligatorio el uso de la red de autopistas del Estado según se recomiende por los sistemas de información disponibles actualmente (Dirección General de tráfico, dispositivos GPS, etc.) primando en cualquier caso los criterios de disminución del tiempo de traslado y el de la comodidad del paciente”.

A la vista de lo aportado por la Administración Autonómica, entendemos que el contenido de nuestra Resolución ha sido asumido favorablemente, por lo que damos por concluidas nuestras actuaciones.

Por fin la intervienen de hiperhidrosis plantar.

La interesada expone que con fecha 10 de Enero 2010 fue reconocida en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se le diagnosticó una Hyperhidrosis palmar y plantar, curable sólo con intervención quirúrgica, incluyéndola a continuación en lista de espera.

Refiere que esperó y esperó hasta que por fin, el 10 de Septiembre del 2012, recibió una llamada telefónica del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde se le citó al objeto de ser operada en dicho lugar, por saturación del Virgen del Rocío.

Se le reconoció, ratificando su patología, la cual se había acentuado aún más si cabe y se le dijo que se fuera haciendo los análisis y electro pertinentes al objeto de acelerar y agiliza la operación para la que se le llamaría en breve.

Algo desesperada llamó en Junio del 2013 a admisión en el Hospital Puerta del Mar, pero le fue imposible conectar.

Nos dice que su enfermedad le imposibilita para trabajar en su profesión de modista, pues el constante sudor (a chorros) le priva de coser y diseñar.

En el informe del hospital, que databa de mediados de agosto, se nos indicaba que esperaban dar próxima fecha para la intervención de la interesada, previa valoración preanestésica, pero en el mes de octubre la interesada nos comunicó que desde el centro hospitalario no se le había comunicado nada al respecto.

A tenor de lo expuesto solicitamos un informe complementario, en el que se nos comunicó que definitivamente la interesada fue intervenida el 11 de diciembre pasado, a tenor de lo cual consideramos que la problemática que motivaba su queja se ha solucionado.