El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido hoy a asociaciones y colectivos relacionados con la Asistencia de Justicia Gratuita en Andalucía.

Estos representantes han reivindicado mejoras en el turno de oficio "indispensables" para garantizar el servicio. Entre las medidas recogidas en el documento se encuentran una remuneración "digna y suficiente", que elimine la diferencia retributiva con quienes prestan este servicio en otras comunidades autónomas. Asimismo, han planteado sus problemas para atender con garantías los turnos de violencia de género, asunto de especial importancia para la Defensoría.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, "se trata de una prestación de un servicio público, y no de un ejercicio de caridad con personas o familias de rentas bajas", por lo que ha considerado que, en coordinación con el Defensor del Pueblo estatal, "se han de mover los obstáculos que dificultan o impiden la garantía de derechos de quienes prestan este servicio, que redunda asimismo en las personas a las que atienden".

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado hoy la erradicación total de los asentamientos en las provincias de Almería y Huelva en una reunión con Cáritas.

El encuentro ha permitido al Defensor trasladar el trabajo que viene realizando in situ en la provincia de Huelva desde 2021 para impulsar acciones que garanticen la eliminación de estos núcleos chabolitas. El Defensor andaluz ha transmitido su preocupación por la situación en la que se encuentran estas personas migrantes, y su convencimiento de que es necesaria una actuación coordinada de las administraciones, tercer sector y organizaciones empresariales para su erradicación.

Fruto de ello, el Defensor ya ha mantenido reuniones de trabajo con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, con la Diputación y los ayuntamientos implicados de Huelva, y con el tercer sector que trabaja con esta realidad y el empresariado de la zona. Además de trabajar en coordinación con el Defensor del Pueblo de España, dentro del ámbito de sus competencias y de colaboración entre ambas instituciones, para la implementación de las medidas que sean necesarias.

La intervención del Defensor del Pueblo Andaluz tiene como objetivo identificar los factores que inciden en la cronificación de los asentamientos en las provincias de Huelva y Almería; determinar una hoja de ruta para su eliminación que pueda servir de referencia a las Administraciones competentes para abordar esta realidad, y analizar las dificultades para la implementación de iniciativas que permitan acabar con esta problemática a través de la articulación de las políticas públicas.

Por su parte, Cáritas ha ofrecido a la Defensoría su colaboración con este trabajo en las provincias de Almería y Huelva, que entiende necesario, además de preocuparle cómo se están prestando los suministros básicos, como el del agua, a las personas que residen en los asentamientos, cuestión que comparte el Defensor mientras tanto se procede a su eliminación.

A la reunión han asistido por parte de la organización María del Carmen Torres, directora de Cáritas Almería; Pilar Vizcaino, directora de Cáritas Huelva; Mariano Pérez de Ayala, presidente regional de Cáritas Andalucía, y Sonia Olea, de Human Rights Officer de Cáritas España.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado hoy la erradicación total de los asentamientos en Andalucía en una reunión con el director general de Políticas Migratorias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco Jesús Toronjo.

El Defensor ha trasladado al responsable autonómico el conocimiento y experiencia de la Institución para la eliminación de estos núcleos, fruto del trabajo realizado in situ. Entre otras alianzas necesarias, el Defensor ha mantenido recientemente reuniones de trabajo con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, y ayuntamientos implicados, especialmente de las provincias de Huelva y Almería.

El objetivo de la Defensoría pasa por impulsar acciones encaminadas a la eliminación de los asentamientos mediante el realojo transitorio temporal. El objetivo es crear una red de alojamientos que dé respuesta a las necesidades de los temporeros y temporeras que se desplazan a los municipios freseros. Asimismo, se ha trasladado la importancia de que en esta estrategia de trabajo se incorpore la Consejería de Vivienda.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido hoy en el Congreso de los Diputados al acto de conmemoración del 40 aniversario del Defensor del Pueblo de España.

El acto que celebra las cuatro décadas de historia de la institución del Defensor del Pueblo de las Cortes Generales conmemora en concreto la aprobación de la Ley Orgánica 3/1981 que regula y desarrolla esta figura. En el salón de los Pasos Perdidos han asistido los defensores autonómicos, miembros de la Mesa y portavoces del Congreso, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, la presidenta del Tribunal de Cuentas, la adjunta primera y segunda al Defensor del Pueblo, entre otras personalidades.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido que se «respeten» las instituciones y ha avisado de que «debilitarlas o desconsiderarlas» es una «afrenta directa a la ciudadanía». «Las instituciones competentes y justas son la mayor garantía de la convivencia democrática y el compromiso, la ejemplaridad y el trabajo de quienes estamos en ellas son la clave del respeto a la dignidad de los ciudadanos. Y hemos de respetarlas, para empezar quienes formamos parte de ellas. Debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa a la ciudadanía», ha subrayado Gabilondo.

El vecindario conoce de las administraciones los planes para la remodelación final de la barriada

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha convocado hoy a las administraciones públicas a explicar a los vecinos y vecinas de la barriada del Cerro del Moro en Cádiz la hoja de ruta prevista para finalizar definitivamente la remodelación de esta barriada, partiendo de una financiación y agilidad administrativa cuya disponibilidad han confirmado ambas administraciones: Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía.

A la reunión han acudido el alcalde de Cádiz, José María Gonzalez; la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, Carmen Sánchez, y el director en funciones de la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion (Avra) en Cádiz, Juan Jesús Bernal, acompañados de equipos técnicos, que han explicado estos planes ante el propio vecindario.

El Defensor andaluz ha cumplido su compromiso de reunir a los responsables políticos, que anunció hace unas semanas en la asociación de vecinos Claridad, para acabar con "una deuda histórica desde hace décadas".

Jesús Maeztu ha ordenado esta exposición en tres ejes. El primero ha sido las garantías sobre la financiación, que se ha cifrado en diez millones de euros, que se alcanzarán entre fondos europeos Next Generation, del Plan Estatal de Rehabilitación, y el propio presupuesto autonómico.

Un segundo punto ha sido el itinerario o la hoja de ruta para que cada parte cumpla con su compromiso. Un tercer punto han sido los plazos para llevarlo a cabo.

Ambas administraciones han asumido su compromiso para agilizar la tramitación de expedientes necesarios para la ejecución final de la obra.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha valorado hoy como necesarios los proyectos de intervención social promovidos por la Fundación Márgenes y Vínculos en la ciudad de Algeciras.

En la jornada de clausura de estos programas, Jesús Maeztu ha destacado los fines de los proyectos Un barrio para todos, para la sensibilización y cohesión social a través del diálogo social; Migrantes en igualdad, como instrumento para hacer frente a los delitos de odio contra personas de otra raza o lugares; Prointegra, dirigido a la protección de las mujeres más vulnerables, aquellas que son víctimas de una de las peores lacras de nuestra sociedad: la violencia de género y, por último, Tu barrio en positivo, un plan local de intervención en las zonas más desfavorecidas de Algeciras. Como Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu ha destacado igualmente el orgullo de entregar unos reconocimientos a los centros educativos seleccionados por su labor en la inclusion del alumnado y ha abogado por una educación en igualdad de oportunidades.

El arraigo social es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a personas extranjeras que se hallen en España y, o bien tengan vínculos familiares en España o estén integradas socialmente. Los requisitos que deberán reunir los extranjeros para la concesión de esta residencia están establecidos, pero para aquellos extranjeros que no tengan vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles tendrán que, junto al resto de documentación exigida, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma (o el Ayuntamiento si la Comunidad Autónoma lo ha autorizado), en cuyo territorio tenga su domicilio habitual. Son los Servicios Sociales Comunitarios del domicilio habitual del solicitante los que deberán emitir el citado informe sobre la integración social.

Del contenido de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo andaluz, observamos la falta de una interpretación única de la normativa de aplicación. Nos constan Ayuntamientos que cumplen con el contenido de la Instrucción de referencia y otros que, por el contrario, parten de una exégesis muy restrictiva de la legislación, dificultando a los interesados y dilatando los plazos en la tramitación de los informes que acrediten su integración, cuando no provocando que los expedientes concluyan con una resolución denegatoria. Una praxis de la Administración Local que propicia que para solicitar en esos Ayuntamientos el informe de inserción social los migrantes se empadronen en aquellos municipios en los que la obtención de esta documentación es más sencilla, y así evitar retrasos en la tramitación de sus autorizaciones de residencia y no donde realmente están sus domicilios. Tanto las personas afectadas como colectivos del tercer sector nos han trasladado distintas situaciones referidas a las dificultades para obtener el informe de referencia que perjudica la tramitación de su expediente de arraigo.

Constatada la relevancia de este informe de inserción social en la tramitación de los expedientes de arraigo social y los perjuicios que ocasiona a sus solicitantes en los proceso de regularización administrativa los retrasos en su entrega o la exigencia de requisitos no contemplados en la legislación, esta Institución, en el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, ha acordado la apertura de un expediente de queja de oficio por cada provincia de nuestra Comunidad Autónoma, en aras a velar por el principio de legalidad e igualdad de las personas que solicitan el informe de inserción social para aportarlos a los expedientes de autorización de residencia temporal.

Para ello se solicita a los Ayuntamientos de cada provincia con una población superior a 20.000 habitantes, la colaboración mediante la remisión de informe referido a:

• Criterios tenidos en cuenta para valorar la integración de los solicitantes, tomando especial interés para esta Defensoría la documentación requerida para acreditar el tiempo de residencia en territorio español.

• Información sobre el número de expedientes iniciados en 2020 y 2021, así como el sentido de la resolución, favorables o no y los que se encuentran en trámite de resolución.

• Tiempos medios de respuesta en la emisión de los informes.

• Dificultades con las que se encuentran a la hora de emitir los mencionados informes.

• Modelo de instancia facilitada a los interesados en la tramitación de los informes de inserción social, para aportar a los expedientes de autorización de residencia temporal, en el que se detalle la documentación requerida para su elaboración.

Asimismo, a cada Diputación Provincial se le solicita, información sobre los items antes expuestos además de:

• Si se ha constatado diferencia de criterios entre las distintos centros de servicios sociales de su provincia en los que tenga competencia.