El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abordado hoy la erradicación total de los asentamientos en Andalucía en una reunión con el director general de Políticas Migratorias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco Jesús Toronjo.

El Defensor ha trasladado al responsable autonómico el conocimiento y experiencia de la Institución para la eliminación de estos núcleos, fruto del trabajo realizado in situ. Entre otras alianzas necesarias, el Defensor ha mantenido recientemente reuniones de trabajo con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, y ayuntamientos implicados, especialmente de las provincias de Huelva y Almería.

El objetivo de la Defensoría pasa por impulsar acciones encaminadas a la eliminación de los asentamientos mediante el realojo transitorio temporal. El objetivo es crear una red de alojamientos que dé respuesta a las necesidades de los temporeros y temporeras que se desplazan a los municipios freseros. Asimismo, se ha trasladado la importancia de que en esta estrategia de trabajo se incorpore la Consejería de Vivienda.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido hoy en el Congreso de los Diputados al acto de conmemoración del 40 aniversario del Defensor del Pueblo de España.

El acto que celebra las cuatro décadas de historia de la institución del Defensor del Pueblo de las Cortes Generales conmemora en concreto la aprobación de la Ley Orgánica 3/1981 que regula y desarrolla esta figura. En el salón de los Pasos Perdidos han asistido los defensores autonómicos, miembros de la Mesa y portavoces del Congreso, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, la presidenta del Tribunal de Cuentas, la adjunta primera y segunda al Defensor del Pueblo, entre otras personalidades.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido que se «respeten» las instituciones y ha avisado de que «debilitarlas o desconsiderarlas» es una «afrenta directa a la ciudadanía». «Las instituciones competentes y justas son la mayor garantía de la convivencia democrática y el compromiso, la ejemplaridad y el trabajo de quienes estamos en ellas son la clave del respeto a la dignidad de los ciudadanos. Y hemos de respetarlas, para empezar quienes formamos parte de ellas. Debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa a la ciudadanía», ha subrayado Gabilondo.

El vecindario conoce de las administraciones los planes para la remodelación final de la barriada

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha convocado hoy a las administraciones públicas a explicar a los vecinos y vecinas de la barriada del Cerro del Moro en Cádiz la hoja de ruta prevista para finalizar definitivamente la remodelación de esta barriada, partiendo de una financiación y agilidad administrativa cuya disponibilidad han confirmado ambas administraciones: Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía.

A la reunión han acudido el alcalde de Cádiz, José María Gonzalez; la delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, Carmen Sánchez, y el director en funciones de la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion (Avra) en Cádiz, Juan Jesús Bernal, acompañados de equipos técnicos, que han explicado estos planes ante el propio vecindario.

El Defensor andaluz ha cumplido su compromiso de reunir a los responsables políticos, que anunció hace unas semanas en la asociación de vecinos Claridad, para acabar con "una deuda histórica desde hace décadas".

Jesús Maeztu ha ordenado esta exposición en tres ejes. El primero ha sido las garantías sobre la financiación, que se ha cifrado en diez millones de euros, que se alcanzarán entre fondos europeos Next Generation, del Plan Estatal de Rehabilitación, y el propio presupuesto autonómico.

Un segundo punto ha sido el itinerario o la hoja de ruta para que cada parte cumpla con su compromiso. Un tercer punto han sido los plazos para llevarlo a cabo.

Ambas administraciones han asumido su compromiso para agilizar la tramitación de expedientes necesarios para la ejecución final de la obra.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha valorado hoy como necesarios los proyectos de intervención social promovidos por la Fundación Márgenes y Vínculos en la ciudad de Algeciras.

En la jornada de clausura de estos programas, Jesús Maeztu ha destacado los fines de los proyectos Un barrio para todos, para la sensibilización y cohesión social a través del diálogo social; Migrantes en igualdad, como instrumento para hacer frente a los delitos de odio contra personas de otra raza o lugares; Prointegra, dirigido a la protección de las mujeres más vulnerables, aquellas que son víctimas de una de las peores lacras de nuestra sociedad: la violencia de género y, por último, Tu barrio en positivo, un plan local de intervención en las zonas más desfavorecidas de Algeciras. Como Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu ha destacado igualmente el orgullo de entregar unos reconocimientos a los centros educativos seleccionados por su labor en la inclusion del alumnado y ha abogado por una educación en igualdad de oportunidades.

El arraigo social es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a personas extranjeras que se hallen en España y, o bien tengan vínculos familiares en España o estén integradas socialmente. Los requisitos que deberán reunir los extranjeros para la concesión de esta residencia están establecidos, pero para aquellos extranjeros que no tengan vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles tendrán que, junto al resto de documentación exigida, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma (o el Ayuntamiento si la Comunidad Autónoma lo ha autorizado), en cuyo territorio tenga su domicilio habitual. Son los Servicios Sociales Comunitarios del domicilio habitual del solicitante los que deberán emitir el citado informe sobre la integración social.

Del contenido de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo andaluz, observamos la falta de una interpretación única de la normativa de aplicación. Nos constan Ayuntamientos que cumplen con el contenido de la Instrucción de referencia y otros que, por el contrario, parten de una exégesis muy restrictiva de la legislación, dificultando a los interesados y dilatando los plazos en la tramitación de los informes que acrediten su integración, cuando no provocando que los expedientes concluyan con una resolución denegatoria. Una praxis de la Administración Local que propicia que para solicitar en esos Ayuntamientos el informe de inserción social los migrantes se empadronen en aquellos municipios en los que la obtención de esta documentación es más sencilla, y así evitar retrasos en la tramitación de sus autorizaciones de residencia y no donde realmente están sus domicilios. Tanto las personas afectadas como colectivos del tercer sector nos han trasladado distintas situaciones referidas a las dificultades para obtener el informe de referencia que perjudica la tramitación de su expediente de arraigo.

Constatada la relevancia de este informe de inserción social en la tramitación de los expedientes de arraigo social y los perjuicios que ocasiona a sus solicitantes en los proceso de regularización administrativa los retrasos en su entrega o la exigencia de requisitos no contemplados en la legislación, esta Institución, en el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden de conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, ha acordado la apertura de un expediente de queja de oficio por cada provincia de nuestra Comunidad Autónoma, en aras a velar por el principio de legalidad e igualdad de las personas que solicitan el informe de inserción social para aportarlos a los expedientes de autorización de residencia temporal.

Para ello se solicita a los Ayuntamientos de cada provincia con una población superior a 20.000 habitantes, la colaboración mediante la remisión de informe referido a:

• Criterios tenidos en cuenta para valorar la integración de los solicitantes, tomando especial interés para esta Defensoría la documentación requerida para acreditar el tiempo de residencia en territorio español.

• Información sobre el número de expedientes iniciados en 2020 y 2021, así como el sentido de la resolución, favorables o no y los que se encuentran en trámite de resolución.

• Tiempos medios de respuesta en la emisión de los informes.

• Dificultades con las que se encuentran a la hora de emitir los mencionados informes.

• Modelo de instancia facilitada a los interesados en la tramitación de los informes de inserción social, para aportar a los expedientes de autorización de residencia temporal, en el que se detalle la documentación requerida para su elaboración.

Asimismo, a cada Diputación Provincial se le solicita, información sobre los items antes expuestos además de:

• Si se ha constatado diferencia de criterios entre las distintos centros de servicios sociales de su provincia en los que tenga competencia.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha advertido hoy sobre la emergencia climática y la pobreza infantil como graves amenazas para garantizar los derechos de la infancia, “en unos momentos en los que niños y niñas se están enfrentando a una complicada situación social y de crisis que hace peligrar o que pone en cuestión su propio estado de bienestar”.

En la inauguración de la jornada Los derechos de la infancia en Andalucía: retos y propuestas, que la Defensoría de la Infancia celebra conjuntamente en la Fundación Cajasol con Save the Children, Maeztu ha señalado distintos problemas para la infancia como son casos de malos tratos y otros tipos de violencias, brecha digital o la salud mental, si bien la jornada analizará la protección de los niños y las niñas ante los problemas para garantizar la justicia climática y ante el incremento de la pobreza infantil tras la Covid-19.

“Los niños y niñas que viven en hogares de bajos ingresos corren más riesgo de sufrir las consecuencias de estos cambios climáticos extremos porque viven en viviendas no acondicionadas, poco espaciosas y carentes de sistemas de refrigeración o calefacción. La renta, por tanto, es también un factor fundamental para enfrentar la emergencia climática, lo que atenta contra los derechos de la infancia”, ha señalado Jesús Maeztu, quien ha apuntado que “vamos a analizar estas situaciones y a aportar propuestas y soluciones con expertos y los propios niños y niñas”.

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha señalado que “Andalucía tiene ahora la oportunidad de ser vanguardia para acabar con la pobreza infantil y apoyar de manera real y efectiva a las familias más vulnerables. La experiencia nos dice que las transferencias de renta son una de las políticas de protección social más efectivas para combatir la inequidad. Por esta razón, creemos que los próximos presupuestos andaluces deberían retomar el Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII) como complemento al Ingreso Mínimo Vital, (IMV) el cual fue ya avanzado en la anterior legislatura”, ha añadido Conde.

Esta petición se enmarca en las enmiendas de adición presentadas por Save the Children al articulado de la Ley de Presupuestos de Andalucía para 2023, que les ha hecho llegar a todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Andalucía, con el objetivo de lograr un firme consenso frente a la pobreza infantil. Además de recuperar el IPII, la organización propone que, como medida transitoria a dicho ingreso, se realice una modificación presupuestaria para aumentar los recursos destinados a la Renta Mínima de Inserción (RMI), con el objetivo de complementar la cobertura del IMV, asumiendo su complementariedad. “Somos conscientes del esfuerzo presupuestario que suponen ambas medidas, pero también del compromiso de la Junta de Andalucía y su preocupación por la infancia más vulnerable”.

La Defensoría de la Infancia y Save the Children elaborarán una propuesta entre todos los actores implicados que ayude a luchar contra el cambio climático y mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable por su situación socioeconómica. Tras la inauguración, se ha procedido a la conferencia principal, Retos en la defensa de los derechos de niños y niñas: la necesidad de un enfoque de derechos humanos, por parte de Jorge Cardona, catedrático de Derecho Público Internacional Universidad de Valencia y ex miembro del Comité de los Derechos del Niño.

La primera mesa redonda ha abordado los Derechos de la infancia y justicia climática, y participaron Leticia Balselga, representante de Ecologistas en Acción; Natalia Melero, miembro del Consejo de Participación de la Defensoría de la Infancia; Miguel Delibes, biólogo y presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, y Marta Bordons, representante de juventud por el clima (Fridays for future).

En una segunda mesa redonda, Infancia y juventud en desigualdad social, intervienen Francisco José Mora, Director General de Infancia, Adolescencia y Juventud; Juan Manuel Flores, teniente de alcalde delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla; Helena Fernández, concejal delegada de Asuntos Sociales y Delegación de personas mayores del Ayuntamiento de Cádiz, y Adolfo Lacuesta, presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Andalucía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha asistido hoy a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la constitución del Parlamento de Andalucía. En el acto celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla, el mismo lugar en el que tuvo lugar la sesión constitutiva el 21 de junio de 1982, el Parlamento ha celebrado un pleno institucional tras la reunión de la Mesa de la Cámara.

El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha pronunciado un discurso institucional ante los ciento nueve diputados, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ex diputados y demás autoridades invitadas. En un discurso con un amplio recorrido histórico acerca de los 40 años de la institución, Aguirre ha pedido a los diputados y las diputadas "trabajar sin descanso para aportar soluciones a la ciudadanía. Para posibilitar mejoras económicas a quienes les cuesta llegar a fin de mes o, directamente, no llegan; para que la Sanidad o la Educación sigan dando cada vez más y mejores respuestas a las necesidades que se les plantean; para que las mejoras sociales repercutan en la mayor parte posible de andaluces y andaluzas, para que nadie quede atrás".

La actual es la decimosegunda de las Legislaturas, que han contado en su totalidad con 783 diputadas y diputados. En total, se han aprobado hasta ahora 354 leyes, como ha referido Jesús Aguirre.

La igualdad de género es un derecho. Como afirma la Organización de Naciones Unidas en uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, la realización de este derecho es la mejor oportunidad que existe para afrontar algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, desde la crisis económica y la falta de atención sanitaria hasta el cambio climático, la escalada de los conflictos y la violencia contra las mujeres.

Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad debe concienciarse de que la violencia de género constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de las mujeres y de la sociedad, a la par que supone una manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres y representa una clara conculcación de los derechos humanos. Atención especial requiere cuando la violencia machista se ejerce contra personas jóvenes y mujeres menores de edad.

En coordinación, cooperación y colaboración con las distintas Administraciones Públicas, instituciones, colegios profesionales, fuerzas y cuerpos de Seguridad, asociaciones y otras entidades privadas que en Andalucía siguen luchando contra la violencia de género, el Defensor del Pueblo andaluz aspira a lograr la erradicación de esta lacra social para que, entre todas y todos, desde los sectores públicos y privados, logremos de una vez acabar con esta violación de los derechos humanos.