La vivienda, los servicios sociales, y la educación han sido los asuntos que mayor preocupación han generado a las mujeres que acudieron al Defensor del Pueblo andaluz durante 2022. El 52% de las personas que acudieron al Defensor fueron mujeres.

Estos datos pertenecen a un anticipo del Informe Anual 2022 de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. En cambio, los asuntos relacionados con el personal del sector público, los servicios sociales y el consumo son las principales materias de interés de los hombres.

Además, los asuntos sobre los que las mujeres más reclaman al Defensor una actuación en comparación con los hombres son las relacionadas con la igualdad de género, la vivienda y la educación, mientras que para ellos son las Tecnologías y Medios de Comunicación; agricultura, ganadería y pesca, y prisiones.

Esta Defensoría está implicada desde hace años en la reivindicación de la igualdad de género. La igualdad y el respeto a la diversidad son valores ineludibles para una sociedad que persigue el bienestar de toda la ciudadanía. La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

A pesar de la normativa aprobada y la toma de conciencia de la sociedad, persisten discriminaciones que van desde las más sutiles que se dan día a día en todos los ámbitos y a menudo están invisibilizadas a las más extremas, como son la violencia de género y los feminicidios. En Andalucía fueron 11 las mujeres asesinadas por violencia machista, encadenando 9 años consecutivos siendo la comunidad con una mayor cifra de mujeres víctimas mortales. En 2023 son cuatro las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja en Andalucía.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha señalado la importancia de adecuarse a los objetivos de la Agenda 2030 y ha resaltado el paso adelante de las mujeres en la reivindicación de sus derechos. “La igualdad de género es una exigencia, la perspectiva de género cada vez está más incluida en todas las acciones públicas, y es importante acabar con los restos que quedan del patriarcado. Es un día de celebración y de estar juntos todos, sin distinciones, para que las mujeres y los hombres sean iguales en derechos”.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados en nuestro país y en nuestra comunidad, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que luchan para lograr acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades, en todas sus formas, para llegar a conseguir una sociedad más justa, más pacífica y más sostenible.

Esta celebración y esta lucha debe ser de mujeres y hombres, porque la igualdad de género es una visión compartida de justicia social y derechos humanos, y beneficia a toda la sociedad que también tiene la responsabilidad de actuar.

En 2023, la ONU quiere concienciar sobre la necesidad de Un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género, en reconocimiento de las mujeres y las niñas que están luchando por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital.

De todos es conocido que la brecha digital repercute en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas. Al mismo tiempo, supone un deber proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales, y abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación. La violencia digital contra mujeres y niñas supone el 70% de los casos que se denuncian, según ha revelado la Agencia Española de Protección de Datos.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por los efectos que causa la brecha digital en la población y, como Defensor de la Infancia y Adolescencia, especialmente en la educación de los niños y las niñas, así como el riesgo que supone un uso inadecuado de las nuevas tecnologías. No cabe duda de que la transformación digital de la sociedad andaluza está comportando enormes e indiscutibles beneficios para la misma, pero lo cierto es que las quejas recibidas en relación con este proceso nos permiten comprobar que estos beneficios no llegan a todas las personas por igual, ni benefician en igual medida a todos los colectivos sociales.

Las quejas recibidas y los estudios realizados demuestran que los colectivos sociales que menos se benefician de las ventajas de ese proceso de transformación son aquellos que agrupan a personas que padecen alguna situación de vulnerabilidad, ya sea por su situación económica; por tener alguna discapacidad; por ser migrantes; por su nivel educativo o cultural; por su edad; por vivir en un entorno rural; o por ser mujer.

Varios son los elementos que ineludiblemente deben concurrir para que una persona pueda participar en plenitud de las ventajas del proceso de digitalización: debe tener acceso a los equipamientos necesarios de hardware y software; debe disponer de una conexión adecuada a internet; y debe poseer conocimientos y habilidades para desenvolverse en un entorno digital. Si alguno de estos elementos falla o presenta deficiencias la persona afectada puede tener serias dificultades para integrarse en el mundo digital y, en situaciones extremas, puede acabar formando parte de lo que se ha venido en denominar el colectivo de las “personas en exclusión digital”.

Estas deficiencias deben corregirse en primer lugar desde el ámbito de la educación. Recientemente nos hemos ocupado de la brecha digital existente en el Informe Especial sobre La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas, donde en algunas provincias el número de alumnas supera al de alumnos. Este Informe nos ha revelado que ocho de cada diez colegios confirman dificultades en la enseñanza, más patentes durante la COVID.

Es evidente que el hecho de vivir en un municipio pequeño conlleva la escasez de ciertos servicios, pero no por ello puede resultar admisible la brecha digital existente entre el mundo rural y urbano y, más concretamente, entre las niñas y los niños que acuden a colegios ordinarios y los que están escolarizados en los colegios públicos rurales. Confiamos que el debate y concienciación sobre esta realidad permita introducir medidas de discriminación positiva a favor de la presencia de las TIC en los colegios públicos rurales andaluces.

Unas medidas que incorporen dichas tecnologías y que proporcionen los recursos materiales y personales necesarios para su puesta en funcionamiento que contribuyan al objetivo irrenunciable de la igualdad.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha entregado hoy en La Línea de la Concepción el premio 'Así veo mis derechos' en la modalidad de dibujo a un alumno de Segundo de Primaria del Colegio La Atunara por un dibujo sobre el derecho a la calidad de vida.

En su intervención, el Defensor ha agradecido la participación de este colegio, al que ha concedido, además del premio, otras dos menciones especiales, y ha agradecido al autor del dibujo premiado que se haya fijado en el derecho a la calidad de vida, representativo de otros muchos derechos. "El Defensor quiere trasladar un mensaje: los poderes públicos están implicados en reducir la desigualdad y, como Defensor, contribuiré a avanzar en la eliminación de esas desigualdades. Se llega, y de aquí puede salir mucha gente formada y preparada".

Maeztu ha recordado su experiencia en La Atunara hace 50 años y ha señalado que el Campo de Gibraltar necesita recursos y medios para consolidar los avances y reducir las tasas de pobreza. "Aquí estamos todos cambiando La Línea, y que estos niños vivan otras experiencias. Teneis derechos; queremos una infancia libre de pobreza y libre de violencia".

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha dado la enhorabuena a los premiados y a la comunidad educativa del colegio La Atunara. La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Isabel Paredes, ha apuntado la importancia de los padres y los profesores para avanzar en la educación de los niños y niñas. En el acto ha estado presente el subdelegado del Gobierno en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Rodríguez.

Este pasado lunes el Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, entregó en El Puerto de Santa María el primer premio en la modalidad de vídeo a alumnado de Cuarto de la ESO del IES La Arboleda por una obra sobre el derecho a la educación y el juego.

En las próximas semanas se distinguirán asimismo en los propios centros a las obras que merecieron un accesit, que recayó en una alumna de Quinto de Primaria del colegio San Sebastián de Fiñana (Almería) por un dibujo sobre el derecho a la igualdad y, en un vídeo sobre el derecho al auxilio de alumnado del Colegio de educación especial San Rafael de Granada.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y de organizaciones como Save the Children y Unicef, así como el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha entregado hoy en El Puerto de Santa María el XV Premio Así veo mis derechos, en la modalidad de vídeo, al alumnado de Cuarto de la ESO del IES La Arboleda por una obra sobre el derecho a la educación y el juego.

En el acto de entrega, Jesús Maeztu ha señalado que “en estos momentos se esta preparando la generación del presente”, y la prevención y la sensibilidad con la que forman los centros educativos “es básica para la persona que serán en el futuro”. “Necesitamos que trabajen juntos la familia, la escuela, y la tribu, que es el conjunto de esos niños y niñas. Y desde la Defensoría contribuimos a proteger y promocionar vuestros derechos, trabajando por una infancia y adolescencia libre de pobreza y libre de violencia”, ha enfatizado Jesús Maeztu.

Por su parte la concejala de Educación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Lola Campos, ha agradecido el galardón otorgado por el Defensor del Pueblo Andaluz a este instituto de El Puerto y ha señalado que es mucho más que un premio, “ya que supone un reconocimiento a la excelente labor educativa que está llevando a cabo el IES La Arboleda y un apoyo explícito y público a la voz de nuestros jóvenes, una voz que a menudo no es tenida en cuenta y que sin embargo se alza cada vez con más fuerza y que será protagonista en la construcción de nuestro futuro como sociedad”. En el acto ha intervenido la delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes.

Este premio se convoca anualmente entre los centros educativos andaluces con el objetivo de promover el conocimiento y la promoción sobre sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias. Mañana martes 7 de marzo el Defensor se desplaza a La Línea de la Concepción, donde distinguirá a un alumno de Segundo de Primaria del Colegio La Atunara por un dibujo sobre el derecho a la calidad de vida.

En las próximas semanas se distinguirán asimismo en los propios centros a las obras que merecieron un accesit, que recayó en una alumna de Quinto de Primaria del colegio San Sebastián de Fiñana (Almería) por un dibujo sobre el derecho a la igualdad y, en un vídeo sobre el derecho al auxilio de alumnado del Colegio de educación especial San Rafael de Granada.

El Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía supone una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos, así como fomenta la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Entre ellos, se encuentran el derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc.

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la dirección de los centros y de organizaciones como Save the Children y Unicef, así como el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor de la Infancia en Andalucía denominado e-foro.

Dirigimos Resolución ante la Agencia Tributaria para:

SUGERENCIA 1. - para que se promuevan las acciones oportunas, en su ámbito competencial, para adaptar la Carta de Servicios a la citada Ley 39/2015 y 40/2015, como al Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo en relación con el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía en lo que respecta a la Administración electrónica,

SUGERENCIA 2. - para que regule dentro de los servicios electrónicos el sistema de cita previa, su funcionamiento y organización; determinando qué servicios o trámites requieren de ella y cuáles no.

SUGERENCIA 3. - para que faciliten poder optar a una cita previa de forma presencial a las personas que no cuenten con dichos medios electrónicos o no quieran o no puedan realizarlo por la citada vía, dado que las personas físicas no están obligadas a relacionarse electrónicamente.

· Constata la existencia de una brecha digital: 8 de cada 10 centros manifiesta dificultades

· Propone reflexionar sobre la continuidad de las enseñanzas a la ESO para favorecer el derecho del alumnado a permanecer en su entorno

El Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado hoy el Informe Especial La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas, en el que visibiliza esta realidad educativa, así como advierte sobre la necesidad de su continuidad como medida para evitar la despoblación territorial.

Como principal conclusión del informe entregado al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, el Defensor ha acreditado la calidad educativa de la atención que recibe el alumnado en los colegios públicos rurales. Esta impresión se ha obtenido a partir de una investigación propia, para la cual el Defensor se ha apoyado en cuestionarios y visitas in situ a todas las provincias. Existen 106 centros, con 346 sedes, en los que estudiaban 11.483 alumnos y alumnas en el curso 2020/2021. Para las familias el grado de satisfacción alcanza un 95% entre bueno y muy bueno, valoración que disminuye al aumentar el número de alumnos.

Jesús Maeztu ha abogado por una reducción de la ratio y por fomentar el conocimiento de estos colegios con el objetivo de “prevenir que las deficiencias en el ámbito educativo sean un elemento más para el abandono de los pueblos, ya que la escuela es una de las razones de permanencia en el territorio”. “Recreos mudos, pueblos muertos”, ha ejemplificado el Defensor.

“El conocimiento de la realidad y bondades de la Educación en el mundo rural debe ser difundido como incentivo para que las familias opten por este tipo de enseñanza y su consiguiente traslado a muchas zonas rurales de Andalucía, contribuyendo de ese modo a frenar los procesos de despoblación”, ha afirmado Jesús Maeztu. Para asegurar esta apuesta por la enseñanza en colegios rurales, el Defensor de la Infancia ha reclamado “la continuidad o, en su caso, la creación en determinadas zonas andaluzas de estos recursos educativos, proporcionándoles todos los medios necesarios para atender sus singulares y específicas necesidades”.

Jesús Maeztu ha propuesto, entre otras medidas, la reordenación de algunos Colegios Públicos Rurales para su adaptación a la demanda actual y futura, así como una normativa específica que contemple sus peculiaridades, por ejemplo, en cuanto a las medidas para la matriculación (“O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones”) y para los servicios educativos complementarios (aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares), muy escasos. Maeztu ha propuesto un Plan para evitar la pérdida de unidades y la elaboración de un Mapa específico e integral para la identificación de los recursos disponibles.

Asimismo, el Defensor de la Infancia ha hecho hincapié en la mejora de las condiciones técnicas y ambientales de las instalaciones con la colaboración de la Administración educativa y los ayuntamientos, y ha solicitado medidas de discriminación positiva en materia de TIC para evitar la brecha digital, ya que 8 de cada 10 colegios han confirmado dificultades en la enseñanza, más patentes durante la COVID.

Entre otras propuestas, el Defensor ha pedido protección para el alumnado afectado por discapacidad; un reconocimiento público y la mejora de la estabilidad del profesorado y resto de profesionales que prestan servicios, incluso con incentivos económicos; estimular la participación de las familias; y reflexionar sobre la extensión de la continuidad de las enseñanzas al primer y segundo ciclo de la ESO para favorecer el derecho del alumnado a permanecer en su entorno.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, presenta este miércoles 15 de febrero en el Parlamento de Andalucía el Informe Especial sobre la atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía.

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución por la que Recomienda a la Consejería de Salud y Consumo y a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud que se elabore un Plan Andaluz de Prevención del Suicidio, como instrumento de planificación participado, que permita solventar las carencias, fallas, lagunas e insuficiencias actuales en el enfoque de este problema sanitario y social, tanto respecto de las personas que presentan el riesgo como para la atención de las que sobreviven a una experiencia traumática de esta índole.

Asimismo, recomienda dar un enfoque particularizado a la prevención del suicidio en la población infantil y juvenil a través del Plan oportuno.

Y que se garantice la continuidad asistencial en el tratamiento sanitario a la salud mental, mediante prácticas de mejora en la coordinación y colaboración entre niveles, recursos y dispositivos, que permitan adoptar la respuesta más adecuada y eficaz a episodios agudos, especialmente en los casos de riesgo autolítico.

Reunidos en Madrid para impulsar los procesos de colaboración entre instituciones

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido hoy en Madrid con los defensores autonómicos -entre ellos, Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo de Andalucía- para impulsar la colaboración entre instituciones con el objetivo de proseguir trabajando coordinadamente, cada uno según sus competencias, mediante la supervisión de la Administración en todos sus niveles, en favor de los derechos ciudadanos y las libertades públicas.

Ángel Gabilondo y los defensores autonómicos han subrayado en este encuentro la necesidad de mejorar el acceso a la Atención Primaria y a todos los servicios para los que se requiere atención personalizada y, entre otros asuntos, cómo las administraciones responden a la pobreza energética.

El Defensor del Pueblo ha puesto en común en la reunión las actuaciones de oficio abiertas actualmente que afectan a todo el territorio nacional, como son, además de las relacionadas con la Atención Primaria y la atención presencial, la iniciada con los centros de menores tutelados, el acceso a la renta mínima y el ingreso mínimo vital, o la atención sanitaria a menores extranjeros, entre otras.

Ángel Gabilondo, desde su llegada a la institución, en noviembre de 2021, ha trabajado por estrechar la colaboración con los defensores autonómicos y les ha visitado en sus respectivos territorios. La colaboración se ha de enmarcar en la Ley -36/1985 de 6 de noviembre- que regula la relación entre la institución Defensor del Pueblo y las defensorías autonómicas. Ley que, según el Defensor del Pueblo, “resulta imprescindible impulsar”.

En el transcurso de la reunión, Ángel Gabilondo ha señalado que “tenemos una tarea en común que es trabajar por la defensa de los derechos ciudadanos y libertades públicas, y atender a todo aquel que considere que sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, hayan podido ser vulnerados por la Administración. Ese y no otro es nuestro cometido. No somos jueces ni fiscales. Somos supervisores de la actividad de la Administración. Y desde nuestras instituciones debemos empatizar con los problemas de la ciudadanía para, siempre que percibamos que no son atendidos debidamente por las administraciones, intervenir para impulsar determinadas actuaciones“.

En el encuentro han participado, además del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; el Defensor del Pueblo de Andaluz, Jesús Maeztu; el Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna; el Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertua; la Valedora do Pobo de Galicia, María Dolores Fernández; el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, y Javier Hernández, lugarteniente del Justicia de Aragón, así como los secretarios generales de las respectivas defensorías, Laura Iturrate por parte de la andaluza.