El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, se ha reunido este jueves con una representación de la plataforma de vecinos de la séptima fase de Cerro del Moro de Cádiz en la sede de la Institución, atendiendo a su petición de darle a conocer su situación ante la construcción de las 67 viviendas proyectadas en esta fase de intervención en la barriada.
El Defensor ha manifestado ante los vecinos que entiende el desconcierto de las familias que no han visto cubiertas sus expectativas de ser propietarios en un futuro cercano, si bien considera que se ha cumplido con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna a los residentes de la promoción, adaptadas a sus condiciones socioeconómicas.
Tras escuchar a una decena de estos vecinos, encabezados por su portavoz, Enrique Estévez, el Defensor ha apreciado que ha faltado información por parte de la Junta de Andalucía hacia los afectados en todo lo concerniente a las condiciones de acceso a una nueva vivienda en un proceso que venía a poner fin a la rehabilitación integral de la barriada, que se inició en la década de los 90 y que se encontraba paralizado. Jesús Maeztu ha considerado que “hubiera sido deseable que la Administración hubiera informado a las familias con anterioridad a concretar la fuente de financiación de los términos de la misma”, una cuestión que el Defensor trasladará a la Junta con la petición de que se mejore para posteriores actuaciones.
Jesús Maeztu ha reiterado a estos vecinos que “comprende el malestar de quienes se sienten diferenciados con respecto a los adjudicatarios de las anteriores fases, sobre todo, por los años que han de esperar para ser propietarios de las viviendas, pero que por su experiencia en procesos de rehabilitación de barriadas desarrolladas en fases que se demoran mucho, es prácticamente inevitable que se puedan mantener en el tiempo las mismas condiciones, como pueden ser la financiación de las actuaciones necesarias que se ven afectadas por los programas de los sucesivos planes de vivienda y suelo estatales y autonómicos, o el cambio de diez a cincuenta años en la posibilidad de acceder a la propiedad”, en este caso.
En este sentido, el Defensor ha explicado a los vecinos que -por otras reclamaciones que tramita la Defensoría- son unos términos de financiación en similares condiciones a las que se ofrecen actualmente a otros adjudicatarios de otras promociones de Andalucía que se acogen al mismo programa, siempre en aplicación de las normativas en vigor. El Defensor ha recordado que la vivienda es un derecho fundamental recogido en la declaración universal de los derechos humanos y un servicio de interés general que debe ser accesible y asequible a las personas.
Tras concluir la reunión, el Defensor se ha comprometido con los vecinos a estudiar toda la documentación que ha solicitado a la Administración o le han remitido los vecinos, y a pedirle a la Junta de Andalucía que escuche las peticiones de los afectados en otros aspectos que aún quedan pendientes del proceso de tramitación de esta fase para aclarar sus dudas y valorar las mejores condiciones posibles en la oferta final. En la misma línea, con respecto a la situación en el caso de renunciar a la adjudicación y permanecer en sus viviendas actuales, el Defensor ha insistido en la máxima transparencia e información.
El Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que esta Defensoría se ha interesado en numerosas ocasiones en los últimos años por la remodelación del barrio, que ha visitado acompañado de los vecinos, así como ha mantenido diversas reuniones con las autoridades responsables de la programación y ejecución de las obras. En todas las ocasiones su labor ha sido la de impulsar y agilizar los pasos, sin entrar en los detalles técnicos de la actuación, y exigir la colaboración institucional en beneficio de las necesidades de la ciudadanía para desbloquear un proceso que se estaba demorando.
Una intervención que, como ha recordado Jesús Maeztu, “fue un compromiso personal para que se hiciera justicia con este barrio, aunque tardía, y donde mi trabajo ha sido, como siempre, impulsar y mediar entre las administraciones, en este caso local y regional, para desbloquear una actuación que estaba paralizada, sin participar en la negociación de las condiciones, que no es el cometido de esta Defensoría, pero exigiendo en todas las reuniones el derecho de estas familias de acceder a una vivienda atendiendo a su situación económica y social”.
