El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha apuntado hoy la situación de la sanidad pública, los riesgos de la transición digital y la erradicación de los asentamientos como asuntos destacados en el balance del Informe 2022 de la institución, que recoge más de 25.000 actuaciones en la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía.

Fueron más de 30.000 personas las que acudieron durante este año al Defensor del Pueblo andaluz, según el informe entregado por Jesús Maeztu al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre. Este comisionado parlamentario gestionó más de 12.000 quejas y otras más de 12.000 consultas, además de 660 acciones de promoción de derechos. Las actuaciones más numerosas se gestionaron en asuntos de empleo público, servicios sociales, información y atención a la ciudadanía, salud, vivienda, consumo, educación, infancia y adolescencia, medio ambiente, urbanismo y dependencia.

Sobre los asuntos destacados, Maeztu ha comentado en primer lugar la necesidad de una transición digital justa que integre a todas las personas, también a las vulnerables con problemas de adaptación y competencias digitales. En este Informe el Defensor abunda en la aparición de nuevos excluidos y detalla entre los problemas las dificultades en el acceso a la relación con las administraciones públicas.

En este sentido, Maeztu ha reclamado una regulación de la cita previa para acabar con los retrasos en la atención a la ciudadanía y la incomunicación, al tiempo que ha reclamado que exista la alternativa de la atención presencial. Asimismo, ha puesto el foco sobre la automatización de algunos procedimientos, caso de la solicitud de rentas de supervivencia, que excluye a algunas personas, y al igual que sucede en el acceso a servicios de interés general como son los relacionados con los bancos, lo que se conoce como exclusión financiera.

En segundo lugar, Jesús Maeztu ha resaltado el trabajo de este comisionado para lograr la erradicación de los asentamientos en las poblaciones freseras de Huelva y en las hortícolas del poniente almeriense. El Defensor ha destacado la ausencia de una estrategia global y territorial para abordar la eliminación de los asentamientos, o la disparidad de criterios de los responsables municipales para diseñar e implementar actuaciones.

En tercer lugar, el Defensor se ha detenido con analizar la situación de la sanidad pública, en función de las reclamaciones de la ciudadanía y de las sesiones de trabajo realizadas con distintos colectivos. Ha señalado que, en cifras, se ha amortiguado el impacto de la pandemia, y en 2022 se mantiene un incremento de un 25% de actuaciones con respecto a 2019.

Maeztu ha confiado en una pacificación de la situación para recuperar el crédito de la ciudadanía y para afrontar los retos del futuro, como pueden ser nuevas epidemias o el envejecimiento de la población.

“La sanidad pública gratuita y universal es un orgullo, y tras la Covid estamos viendo su importancia”, ha señalado Maeztu, que ha pedido una normativa básica que regule con rango de ley todos los derechos básicos de la salud recogidos en el artículo 22 del Estatuto de Andalucía, para lo que ha instado en ese caso a constituir una mesa de diálogo, y ha sugerido que la atención primaria no sea susceptible de conciertos.

El Defensor ha señalado el peligro de una normativa coyuntural para garantizar este derecho fundamental y ha apuntado la necesidad de aprender de la experiencia de la Covid para fortalecer la sanidad pública. “Si no cuidamos de la salud, y no encontramos respuestas, nos está mirando de frente la salud mental”, ha señalado Maeztu como otro de los riesgos, al tiempo que ha anunciado que celebrará una jornada sobre bioética y salud mental el próximo 13 de abril en Cádiz.

Por último, el Defensor ha manifestado el compromiso con la sociedad de una Institución que celebra a partir de final de año el 40 aniversario de su constitución. Para ello, la Institución ha implantado una Estrategia de modernización e innovación en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por primera vez, las distintas problemáticas se presentan ordenadas en este Informe en base a estos objetivos.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha impartido una conferencia en la que ha analizado las actuaciones de los ombudsperson durante la pandemia. Esta intervención pertenece a la clausura de un diplomado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, de título Lecciones constitucionales en tiempos de crisis. La Protección de los derechos humanos durante las situaciones de emergencia constitucional.

En esta sesión, Maeztu ha analizado el papel de los defensores del pueblo durante la pandemia y, en concreto, de su Defensoría. Ha recordado que desde el primer momento "adaptamos nuestro servicio a la función que tenemos encomendada por este Parlamento de Andalucía y mantuvimos un servicio de guardia indispensable para guiar la atención ciudadana ante el cierre de las puertas, y el resto de los empleados públicos pasaron a prestar el servicio en la modalidad de teletrabajo, al tiempo que tomamos la decisión de un reforzamiento de la atención telefónica".

El Defensor andaluz ha resaltado que ocho de cada diez personas que solicitaron ayuda por COVID lo hicieron por primera vez. Todas estas actuaciones se recopilaron en el informe especial Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia, que recoge las actuaciones desde 14 Marzo 2020 a 1 Octubre 2020. Fueron 1.602 quejas y 3.474 consultas, al tiempo que se incoaron más de una veintena de quejas de oficio.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que los tres principales problemas trasladados por la ciudadanía fueron la desprotección, o su desamparo, por parte de la Administración; el agravamiento de las condiciones de familias que ya vivían en precario y la irrupción de una brecha digital. En definitiva, el Defensor del Pueblo andaluz ha tramitado más de 8.600 actuaciones por parte de esta Defensoría relacionadas solo con la COVID.

"La COVID ha cambiado nuestras vidas y en coincidencia, ha determinado las líneas de actuación de instituciones como los Defensores del Pueblo. Esta pandemia ha deteriorado los derechos de la ciudadanía y nos ha empujado a asumir nuevos retos para dar respuesta a estas necesidades", ha concluido Jesús Maeztu.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se ha desplazado a la comarca de Osuna para atender las quejas y consultas que le han hecho llegar la ciudadanía en la Casa de la Juventud. El equipo de la OIAC ha atendido quejas de personas de Osuna, Aguadulce, Lantejuela y La Puebla de Cazalla

Asimismo, la Oficina de Información se ha reunido con asociaciones sociales de Osuna y su comarca, como Cáritas, Cruz Roja, la Asociación Turística Campiña Sierra Sur, la Asociación de mujeres de Fibromialgia, la asociación de minusválidos psíquicos Mimo, CGT o la Marea Blanca de Osuna. Entre las reclamaciones se han recibido cuestiones relacionadas con la atención primaria y las listas de espera, el personal sanitario, los servicios de urgencias, y la atención pediátrica, entre otras. En la mañana de hoy miércoles la Oficina de Información mantiene una reunión con los trabajadores sociales de la comarca.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido hoy con representantes de las plataforma Marea Blanca de Sevilla, que le han trasladado sus reivindicaciones.

Entre estas, Marea Blanca ha destacado al Defensor la situación de la atención primaria, con especial hincapié en la reciente orden aprobada por la Junta de Andalucía que permite concertar la atención primaria con la sanidad privada. También se ha interesado por la salud de las personas sin hogar.

Jesús Maeztu ha incorporado al debate su preocupación por la salud mental y el riesgo de suicidios, especialmente entre la población vulnerable. Este miércoles el Defensor mantendrá una reunión de trabajo con la consejera de Sanidad y Consumo, Catalina Madueño.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha abogado por "abrir camino a un nuevo contrato social" desde una perspectiva que incluya una mirada desde la infancia, la adolescencia y la juventud.

En la inauguración de una jornada organizada en Sevilla por el Foro Profesional de la Infancia, de título Abriendo camino a un nuevo contrato social, Jesús Maeztu ha alentado "desde el conocimiento y la experiencia de todos, qué tipo de vida, de ciudad, de convivencia, de cultura de paz, libre de pobreza y libre de desigualdades heredadas desde la infancia, queremos construir". Para el Defensor, este nuevo contrato debe aprovechar las nuevas concepciones y herramientas que ofrece la tecnología, aprovechando estos recursos y utilizándolos para combatir la desinformación y el discurso del odio.

Jesús Maeztu ha instado a "reorientar estas herramientas hacia una vida, una sociedad de equidad, inclusiva y participada democráticamente". "Entiendo que hoy, más que nunca, todas las propuestas a las que tenemos acceso, nos deben llenar de esperanza y animarnos a trabajar juntos", ha señalado el Defensor de la Infancia, para quien la educación sería un supuesto claramente aplicable, así como la fiscalidad para la igualdad; el trabajo transversal en el territorio, y la pobreza en la Infancia y Juventud.

Tras la jornada inaugural, se ha celebrado la conferencia 'Ruta y horizonte de un nuevo contrato social' correrá a cargo de Fernando Fantova Azcoaga, doctor en Ciencias Políticas y Sociología.El jueves, ya en la Fundación Cajasol, han tenido lugar tres plenarios acerca de 'La Respuesta Fiscal y Financiera a las Desigualdades', 'El Trabajo Transversal en el Territorio' y  'Pobreza y ciclo vital'. Se celebrarán también talleres simultáneos sobre vivienda y condiciones de vida, salud mental, y educación, proyecto de vida y nuevas oportunidades. Han participado Natalia Melero, del Consejo asesor del Defensor de la Infancia y la asesora jefe del área de Infancia, María Teresa Salces. La conferencia de clausura la ha impartido el Alto Comisionado para la lucha contra Pobreza Infantil, Ernesto Gasco.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la localidad de Osuna el martes 21 de marzo para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en la Casa de la Juventud en un horario de 10:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda concertar cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy medidas urgentes ante la “realidad insostenible” que representan los suicidios en la población infantil y juvenil. “¿De verdad la adolescencia ha incorporado que, cuando te sientes mal, tienes la opción de morirte? Hay que ayudarles ya”, se ha preguntado Jesús Maeztu en el debate sobre el Informe de la Infancia 2021 desarrollado en la comisión específica creada para estas políticas en el Parlamento andaluz.

En 2021, según los últimos datos publicados por el INE en el momento de elaboración del informe, se registraron 22 suicidios entre los 10 y los 14 años en España, y entre los 15 y los 19 años fueron 53. Entre 2020 y 2022 se han registrado casi 2.000 intentos de suicidio de niños, adolescentes y jóvenes, según un reciente estudio de la Fundación ANAR.

“Psicólogos de la sanidad pública están alertando de que cada vez se ven más niños y niñas con tendencias suicidas en la consulta. Muchas familias tiene que acudir a las consultas privadas -las que pueden, claro- por la carencia de profesionales en la sanidad pública”, ha especificado el Defensor para preguntarse, “¿de verdad esto está ocurriendo? Es difícil de creer”. "Estamos llegando tarde, y hablar del suicidio puede salvar dudas", ha señalado.

El Defensor ha demandado un Plan específico en Andalucía para la Prevención del Suicidio en la población infanto-juvenil con entidad propia y medidas claras y consensuadas, herramienta de la que disponen otras comunidades autónomas. La Defensoría inició una actuación de oficio a este respecto, en la que ha conocido la disposición de la Consejería de Salud y Consumo de emprender este trabajo, ha señalado Maeztu, quien ha confiado en una pronta respuesta a este problema y otros planteados a este respecto.

Entre otras medidas, el Defensor ha reclamado “el acompañamiento a las familias, a las asociaciones, a las personas que han conocido de cerca este drama, formar al profesorado para que detecte estos impulsos, e impulsar una mejora de los mecanismos y sistemas de información y prevención”, al tratarse en su opinión de una emergencia social.

“A las edades en que la principal fantasía debe ser comer un helado, hay niños, e incluso más niñas que niños, que están fantaseando con quitarse la vida porque la adversidad les supera”, ha continuado el Defensor, que ha señalado el acoso escolar, la exclusión de los grupos de iguales, y la violencia, como factores que inciden en el suicidio infantil y juvenil.

Si bien el suicidio a veces es la respuesta que están encontrando estos menores ante sus frustraciones e inseguridades, “lo cual debe alarmarnos a todos y todas como sociedad”, el Defensor ha aclaro que no siempre está asociado a casos de salud mental, para los que también ha reclamado medidas específicas.

En este sentido Jesús Maeztu ha pedido luchar contra el estigma de la salud mental con medidas de sensibilización y educación; un sistema de información que permita conocer la realidad y magnitud del problema, debido a la escasez de datos; un incremento de las medidas de prevención y detección precoz de la enfermedad en las personas menores de edad, incluyendo el ámbito educativo; y un aumento de los recursos de atención para atender las patologías mentales, tanto a nivel hospitalario como también en Atención Primaria.

Esta adecuada dotación de recursos y medios contribuiría a frenar otro de los males endémicos que padece la atención a la salud mental infanto-juvenil: la prevalencia de los tratamientos farmacológicos frente a los asistenciales. Por ello, el Defensor ha reclamado un incremento de las plantillas de Psicólogía y Psiquiatría del sistema sanitario público de Andalucía que evite la saturación de los recursos, tanto en Atención Primaria como en la Atención Especializada.

También ha considerado necesario impulsar Programas de Acompañamiento Terapéutico a las familias con apoyo domiciliario y tutoría de menores orientada a los casos con problemática familiar grave, dificultades escolares derivadas de problemas de salud mental y desajustes emocionales entre los miembros, así como favorecer la creación de programas de respiro familiar en períodos cortos de descanso de sus progenitores.

Jesús Maeztu ha demandado en último lugar el apoyo institucional a las asociaciones de familiares de menores con patología mentales, y que se propongan medidas para mejorar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional de los organismos que deben atender a la salud infantil y juvenil.

Este Informe analiza y propone medidas sobre la situación de este colectivo en la comunidad autónoma, que representa el 20 por ciento de la población andaluza. Fueron 5.871 actuaciones por parte de este comisionado, de las cuales 2.632 se refieren a quejas y 3.239 a consultas. En asuntos de infancia, adolescencia y juventud se tramitaron un total de 1,846 expedientes de queja nuevos, de los cuales 1.822 fueron instados por la ciudadanía y 24 se iniciaron de oficio promovidos por la Institución. Junto con estas actuaciones se realizaron otras 786 más, procedentes de quejas iniciadas en años anteriores.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha mantenido hoy una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, con la que continúa la ronda de contactos con responsables del Gobierno andaluz en el objetivo de avanzar en la colaboración y la coordinación.

Esta visita en la sede de la Consejería sucede a la mantenida con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles Lopez, y continuará en próximas fechas con otras reuniones, la próxima, con la consejera de Salud el día 22.

El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado a la consejera el Informe Especial 'La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas', en el que visibiliza esta realidad educativa, así como advierte sobre la necesidad de su continuidad como medida para evitar la despoblación territorial.

El Defensor ha comentado a la consejera que este Informe acredita la calidad educativa de la atención que recibe el alumnado en los colegios públicos rurales, una impresión obtenida a partir de una investigación propia completada con cuestionarios y visitas 'in situ' a todas las provincias.

Entre otras cuestiones, Maeztu y Del Pozo han abordado también diferentes situaciones del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la implantación de coordinadores de bienestar social en los centros educativos.

La Asesora del área de la Infancia y Adolescencia de la Defensoría andaluza ha entregado hoy el accésit del XV Premio "Así veo mis derechos" en la modalidad de dibujo a una alumna de 5º de Primaria del Colegio San Sebastíán, de Fiñana (Almería) por su dibujo sobre el derecho a la igualdad. 

Este galardón forma parte de los reconocimientos que la Defensoría andaluza otorga a los alumnos de los centros educativos andaluces en cada edición anual del Premio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía "Así veo mis derechos" para la promoción y conocimiento de los derechos de los niños entre el alumnado andaluz. El premio distingue las mejores obras en las modalidades de dibujo y vídeo con un primer premio y un accésit en cada categoría.

El acto ha tenido lugar en el albergue juvenil de Almería donde han asistido el director del CEIP San Sebastíán, Manuel García, junto con parte del equipo de la Institución andaluza del çarea de Infancia y el consejo de participación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. El consejero por la provincia de Almería ha sido el encargado de entregar el diploma a la alumna galardonada con el accésit por su dibujo sobre la igualdad. 

Este consejo, constituido por un representante menor de edad de cada provincia andaluza, se encuentra reunido este fin de semana en Almería trabajando en un taller preparatorio para la Asamblea ENOC, la Red Europea de Defensores de los Derechos de los Niños sobre "El papel de las instituciones independientes de derechos humanos en la protección y promoción de los derechos de la infancia". 

El resultado de este trabajo lo expondrán en una próxima reunión en Malta donde se elaborarán unas conclusiones junto con las aportaciones de otros consejos infantiles de Europa para su debate final en la Asamblea de ENOC en Bruselas.

El pasado 30 de enero de 2023, desarrollamos una Jornada bajo el título “Personas Electrodependientes. Propuestas para una regulación justa” para analizar su situación y proponer concretas soluciones.

En dicha Jornada se desarrolló una mesa de trabajo con participación de las administraciones competentes, empresas de energía con las que tenemos convenio de colaboración y a asociaciones de personas afectadas por situaciones de electrodependencia.

Las conclusiones del debate fueron leídas a la finalización de la Jornada, asumiendo esta Institución el compromiso de remitirlas al Defensor del Pueblo estatal a fin de promover la necesaria regulación normativa.

Una vez depuradas las mismas con las aportaciones de las personas intervinientes en representación de los diferentes colectivos e instituciones, las hemos trasladado al Defensor del Pueblo Estatal a fin de que las incorpore al expediente iniciado y tome conocimiento de su contenido, solicitándole que esa Institución las traslade a las instancias competentes de la Administración General del Estado e impulse las actuaciones de desarrollo normativo correspondiente, si lo estima oportuno.