Los colegios de abogados de Málaga, Barcelona, Madrid, Antequera y la Plataforma Familia & Derecho han organizado en la capital malagueña el tercer Congreso de Familia: infancia, familia y capacidad, que abordará, entre otros temas, el acoso en redes sociales, la instrumentalización de los menores en los procesos de familia, la defensa del interés del menor y la fiscalidad y crisis matrimoniales.

El Defensor de la Infancia de Andalucía, Jesús Maeztu, participa en la mesa redonda sobre 'La defensa del interés del menor. Ministerio fiscal, el defensor judicial y las entidades de protección de la infancia. El desamparo', junto al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y la Síndic de Greugues de Cataluña, Esther Giménez-Salinas.

En esta tercera edición, tras la inauguración, la conferencia inaugural, titulada 'Un entorno amigable para un divorcio responsable', correrá a cargo de Francisco Ruiz-Jarabo Pelayo, magistrado del Juzgado Penal número 2 de Torrevieja.

En la primera mesa, 'Un año después de la Ley 8/2021 sobre capacidad de las personas. Problemas y soluciones de práctica forense', intervendrá Fernando Santos Urbaneja, fiscal delegado de la especialidad civil y Protección de Personas con Discapacidad en Andalucía; la magistrada de Primera Instancia número 58 de Barcelona, Maria Graziella Moreno; el médico forense Antonio García de Gálvez y el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Antonio José Quesada Sánchez. La segunda mesa trata sobre 'La instrumentalización de los menores en los procesos de familia: perspectivas y soluciones' y participarán Paloma Cascales Bernabéu, abogada y profesora asociada en UA Universidad de Alicante; Sophie Álvarez-Vieitez, psicóloga sanitaria y directora del gabinete psicosophos; y Antonia Roncero, magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia de Sevilla.

Por la tarde serán las mesas redondas sobre 'Fiscalidad y crisis matrimoniales. Cómo interpretar el impuesto de sociedades, las cuentas anuales, declaración de patrimonio y declaración IRPF. Tratamiento fiscal de las pensiones', con los abogados Javier Rodríguez Rodríguez (Málaga) y Gemma Martín Riaza (Madrid); y sobre 'Málaga ciudad de la infancia: La voz de los NNA', con la alcaldesa Infantil de la capital malagueña y presentantes de consejos.

Ya el viernes se tratará 'La prueba. La gran disparidad que existe en todo el territorio en relación con la adminisión de los medios de prueba documental, de interrogatorios y periciales. Aspectos clave para la comprensión y valoración de los informes periciales', con Xavier Abel Lluch, magistrado de Instancia 14 de Barcelona y presidente de la Plataforma Familia y Derecho; la presidenta de la Sección de Familia del colegio de Barcelona, Cristina Díaz-Malnero; y la psicóloga forense Mila Arch Marín.

Posteriormente será la mesa redonda sobre 'Desafíos actuales en menores y adolescentes: Acoso en redes sociales. Bullying', con Julián Prieto Hergueta, subdirector general de Promoción y Autorizaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, la magistrada del Violencia de la Mujer 2 de Las Palmas, Auxiliadora Díaz, y la pedagoga y doctora en Psicología, Mónica Ojeda Pérez. Encarnación Roca Trías, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional y vocal de la Plataforma Familia & Derecho, será la encargada de dar la conferencia de clausura, tras la que se presentarán las conclusiones del congreso.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha afirmado hoy que en el actual contexto de crisis económica, el alza de precios de los alimentos y el periodo de sequía que sufrimos, la celebración del Día Internacional de los Trabajadores en este Primero de Mayo desemboca en unos objetivos y unas exigencias muy prioritarias.

De este modo, el Defensor del Pueblo andaluz ha apostado por lo que considera fundamental en el esfuerzo y en la lucha de las conquistas sociales propias de esta histórica fecha, entre las que prioriza la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres; la erradicación de la precariedad y la excesiva temporalidad de los contratos de trabajo, pese a la mejora producida por el desarrollo aún insuficiente de la Reforma Laboral; el aumento de la pobreza infantil; la falta de proyecto vital del mundo de los jóvenes, respecto del alquiler de la vivienda y de la inestabilidad e insuficiencia de los contratos de trabajo y, finalmente, de la permanencia de los llamados “asalariados pobres”.

Estas urgencias son, a juicio de Jesús Maeztu, las urgencias que debemos combatir para celebrar con dignidad y solidaridad tan significativa y progresiva lucha del mundo del trabajo. "Una vez más, en el afán noble de lograr unas relaciones de paz social, de diálogo y de convivencia ciudadana", ha concluido el Defensor.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la comarca del Valle de Lecrín en Granada el jueves 11 de mayo para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en el centro de servicios sociales comunitarios de Dúrcal en un horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha señalado hoy algunos temas sanitarios, medioambientales, como el caso de la contaminación acústica, y problemas para lograr el empadronamiento, como algunos de los asuntos que preocupan a la ciudadanía de Linares que, desde ayer martes, está acudiendo a la oficina móvil que el Defensor ha desplazado a la ciudad.

En una visita al Ayuntamiento linarense, el Defensor del Pueblo andaluz ha comentado las condiciones de una ciudad como Linares "en las que debemos amortiguar el dolor" y donde la Defensoría tiene la obligación de defender y proteger los derechos de sus vecinos y vecinas. "¿Qué hace falta?", ha preguntado Jesús Maeztu, quien ha señalado que "la ciudadanía de esta comarca de Sierra Morena tiene los mismos derechos que otros territorios, y el Defensor es una palanca de esperanza y cambio para superar la depresión que pueda tenerse económicamente por ejemplo".

El Defensor ha señalado asuntos de sanidad tras reunirse ayer tarde con asociaciones, como la falta de neurólogos, la escasez y falta de estabilidad laboral de especialistas que tratan la fibromialgia, y otros retrasos en derivaciones y listas de espera en asuntos de neurología, salud mental, aparato digestivo, reumatología... "Todos esos temas hace falta sacarlo", ha subrayado el Defensor, quien también ha destacado la reunión que mantiene con trabajadores sociales de la comarca, unos cuarenta profesionales.

El Defensor ha señalado que ha acometido 41 visitas comarcales, y esta es la cuarta en Jaén tras las comarcas de Segura y Las Villas, La Loma y Jaén capital. Entre 2022 y 2023 esta comarca ha remitido un centenar de quejas y consultas al Defensor.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) está atendiendo en la sede de la Casa de la Juventud (calle Federico Ramírez, 6) en un horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Esta comarca reúne a los vecinos y vecinas de Aldeaquemada, Bailén, Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, Jabalquinto, La Carolina, Linares y Santa Elena.

El objetivo de esta visita presencial del Defensor del Pueblo es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha comparecido hoy ante la Comisión sobre Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad del Parlamento de Andalucía para informar sobre el balance de las principales quejas recibidas y las actuaciones desplegadas por la Institución en materia de discapacidad.

El Defensor ha hecho mención al Informe Anual 2022 y ha subrayado, en primer lugar, las acusadas dilaciones en la valoración, apreciadas a través de las quejas individuales recibidas, y que determinaron una investigación de oficio.

Asimismo, Jesús Maeztu ha destacado el desarrollo reglamentario de la organización y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad, así como el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad, asuntos sobre los que esta Institución venía instando con insistencia desde hace años, y que ha encontrado respuesta normativa.

El Defensor ha apuntado también a la dotación de personal en los Centros de Valoración y Orientación, lamentando que no haya tenido lugar esta actualización de personal, y la ausencia de información sobre los tiempos medios de respuesta para la valoración y revisión del grado de discapacidad y la adecuación de los puestos de trabajo de los Centros.

Por ello el Defensor ha señalado que, “en la actualidad, nuestra Institución continúa asistiendo a la recepción diaria de multitud de quejas que describen demoras inadmisibles en la respuesta de los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad a las solicitudes de valoración inicial de la discapacidad o de revisión del grado, unido a una falta de información sobre qué hacer y la desesperanza de no saberse asistido por lo que entienden un atropello en su esfera de derechos”.

“Contamos con testimonio de personas mayores con mal pronóstico vital, que no pueden esperar los tiempos de espera descritos, menores que precisan de intervención por parte de la Administración para poder acceder a recursos públicos y a las prestaciones pertinentes y, sobre todo, personas sin empleo cuya pretensión es la de poder contar con un instrumento que favorezca su inserción laboral, accediendo a los empleos reservados para quienes cuentan con dicho reconocimiento”, ha afirmado.

Entre otras cuestiones, el Defensor ha apuntado además a las reclamaciones para la obtención de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, así como ha llamado la atención sobre la función que desempeñan las instituciones tutelares de las personas sujetas a medidas judiciales de apoyo y sus eventuales carencias, sobre lo que ha iniciado una actuación de oficio.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la localidad de Linares los días 18 y 19 de abril para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá en la sede de la Casa de la Juventud (calle Federico Ramírez, 6) en un horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a los vecinos y vecinas de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado hoy del impacto en la salud mental en dos sectores de población muy vulnerables, las personas mayores y la infancia y la adolescencia, para quienes ha reclamado no solo cuidado y cariño en los entornos familiares, sino medidas de prevención, detección y un incremento de profesionales en salud mental, entre otras cuestiones.

“Necesitamos un incremento de profesionales de la salud mental, para mejorar la intensidad del tratamiento y permitir la vinculación del profesional con sus pacientes; entornos mejorados en los ingresos hospitalarios y adaptados a las necesidades de personas con situaciones específicas añadidas a la de salud mental”, ha señalado Jesús Maeztu en la inauguración en Cádiz de la jornada organizada por la Institución bajo el título Bioética y salud mental: raíces comunes en la atención a los mayores, infancia y adolescencia.

Para Jesús Maeztu, “no podemos olvidar que en la salud mental no solo influyen factores biológicos, sino también ambientales y de vulnerabilidad social, por lo que los instrumentos de protección social revisten importancia en el plano preventivo”.

El Defensor ha reclamado la colaboración y coordinación entre profesionales y administraciones (sanitaria, sociosanitaria, educativa y de servicios sociales), “que deben jugar un papel vertebrador en la atención integral”. “Tenemos alertas que no sabemos interpretar”, ha señalado el Defensor del Pueblo andaluz en referencia a los casos de suicidios, ante los que ha vuelto a mostrar su enorme preocupación. En la jornada participan expertos y profesionales partiendo de la unión entre bioética y salud mental, al considerar que las decisiones que han de guiar la atención a la salud mental deben estar impregnadas de los principios y valores humanos de la bioética, cuyo núcleo central es la persona, y contextualizado dentro de lo que se ha dado en llamar “humanización”.

La inauguración ha estado a cargo del Defensor del Pueblo andaluz; la directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Trinidad Rus, y la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo. Tras ella, se ha procedido a la ponencia marco por parte de Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). La jornada continúa con una mesa redonda, moderada por Emma Escobar, responsable del Area de Salud del Defensor del Pueblo Andaluz, en la que participan Benedicto Crespo, director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía del Hospital Virgen del Rocío; Carmen Lama, subdirectora de la Dirección General de Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud y Consumo, Ana Mena, psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Cádiz; Carlos Díaz, psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Macarena; y Aurora Alés, enfermera especialista en salud mental de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Macarena.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, han presentado hoy la Guía sobre buenas prácticas en materia de contratación realizada por ambas instituciones con el objetivo de fijar pautas de actuación adicionales a las ya recogidas en la normativa, que contribuyan a una gestión más transparente y eficaz de sus propios procesos de contratación pública.

La aplicación de estas recomendaciones en la gestión contractual se inscribe en el objetivo de la prevención y lucha contra la corrupción que instaura, como unos de sus pilares, las Directivas comunitarias sobre contratación pública y la propia Ley de Contratos del Sector Público, y persigue, en última instancia, una mejora en términos de calidad de los servicios que sea percibida y valorada por la ciudadanía destinataria de los mismos.

Esta autorregulación permitirá actuar en una línea preventiva, identificando los riesgos de incumplimiento de las obligaciones normativas, e instaurando los mecanismos necesarios para evitar que tales riesgos se materialicen. La implantación de estas prácticas comprende las fases de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos, si bien esta primera versión de la guía se centra en las dos primeras fases.

Ambas instituciones han destacado como pilares de estos procesos la necesaria planificación en materia de contratación; el principio de integridad en los procedimientos de licitación; la elaboración de pliegos tipo como instrumento de agilización y simplificación; la publicidad de la actividad contractual de las instituciones implicadas; la conveniencia de la organización interna, y la necesaria profesionalización y formación continua de los implicados en los órganos de contratación.

Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo andaluz, ha destacado que ambas instituciones “predican con el ejemplo” y esta guía profundiza en que la contratación sea ejemplar para mandar “un mensaje de que todo lo que se hace en contratación se hace de manera pública y exquisita”. “Estamos libre de toda sospecha en materia de contratación; resolvemos todo lo que sea enrevesado en contratación, aclaramos las directivas, y cortamos cualquier motivo de preocupación”, ha señalado Maeztu.

Por su parte, Ricardo Puyol, director de la Oficina Andaluza Antifraude, ha resaltado que el objetivo de la guía es proyectar hacia todo el sector público andaluz, y en particular al personal que desarrolla labores en este ámbito, los principios y criterios rectores de una política pública activa frente al fraude en materia contratación, e implantar los conceptos de Compliance y de centralidad de la contratación en el diseño y ejecución de las políticas públicas.