El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha atendido hoy a abogados de distintas provincias andaluzas que le han hecho llegar sus reivindicaciones ante los problemas con las prestaciones de jubilación por parte de Mutualidades de la Abogacía. En este sentido, los afectados están reclamando la defensa de sus derechos e intereses legítimos ante la inquietud generada.

Jesús Maeztu se ha comprometido a atender la queja anunciada por los afectados y recabar información a los distintos colegios de la Abogacía sobre este particular, en coordinación con el Defensor del Pueblo de España.

Una representación del Consejo de menores de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía reivindica en Europa la necesidad de “ser oídos” para defender sus derechos

• Los representantes por Granada y Sevilla asisten al encuentro de ENYA, órgano de participación de la Red europea de Defensorías de la Infancia y Adolescencia

Los representantes del Consejo de participación de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía por Granada y Sevilla han asistido al encuentro ENYA (European Network of Young Advisors) dentro de la Red europea de Defensorías de la Infancia (ENOC)-.

Diana, la representante de Granada, y Jaime, el portavoz por Sevilla, han reflexionado sobre “El papel de las instituciones independientes de derechos humanos en la protección y promoción de los derechos de la infancia” junto con 18 equipos de jóvenes y adolescentes de distintos países de Europa.

Durante el encuentro, celebrado en Malta los días 4 y 5 de julio 2023, se ha destacado la necesidad de visibilizar la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de forma más efectiva y participativa: “Ser escuchados para defender nuestros derechos” y “Nada sobre los niños sin los niños” han sido algunos de los lemas de esta jornada que tiene como objetivo elevar a una propuesta de conclusiones el trabajo realizado por los países participantes con vistas a su exposición en la Asamblea anual de ENOC en septiembre.

La representación andaluza ha expuesto el trabajo que realizó el Consejo de Participación de la Defensoría de la Infancia el pasado mes de marzo en un encuentro celebrado en Almería, sobre el papel de las ONGs y de instituciones públicas como la Defensoría andaluza, así como la defensa por el respeto a las opiniones y criterios de los demás y a escucharse unos a otros, entre ellos, a los propios niños, niñas y adolescentes, cuando se trata de defender sus derechos.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha participado hoy en el Parlamento de Andalucía en la conmemoración del 138 aniversario del nacimiento de Blas Infante, padre de la Patria Andaluza, en un acto en el que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha resaltado lo “orgulloso que se sentiría hoy en día Blas Infante de una Andalucía que evoluciona con un paso decidido y firme en el ámbito económico, medioambiental, social, educativo, sanitario, cultural o deportivo”.

Al acto han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; los ex presidentes del Parlamento Juan Carlos Durán y Marta Bosquet; y los portavoces y diputados y diputadas de los grupos parlamentarios, entre otras autoridades, junto a familiares de Blas Infante. El acto se ha celebrado en el Patio del Recibimiento y ha contado con la interpretación musical de la Fundación Barenboim-Said.

Este año, la efeméride del 138 aniversario del nacimiento de Blas Infante coincide con la celebración de los 40 años de su reconocimiento como Padre de la Patria Andaluza, que tuvo lugar el 14 de abril de 1983.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por el mantenimiento y promoción de las escuelas rurales en Andalucía como uno de los servicios públicos elementales para luchar contra la despoblación en el entorno rural.

La Defensoría de la Infancia ha celebrado hoy, en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada, la jornada La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas, en la que visibiliza esta realidad educativa a partir de un informe especial elaborado por la propia Institución.

Jesús Maeztu ha destacado que el informe se fundamenta en los cuestionarios y visitas in situ a todas las provincias. Existen 106 centros, con 346 sedes, y la provincia de Granada es, con 38, la que mayor número de colegios rurales tiene. Para las familias el grado de satisfacción alcanza un 95% entre bueno y muy bueno.

El Defensor de la Infancia ha destacado que “los medios rurales deben tener los servicios públicos mínimos para que pueda vivir la ciudadanía, en un entorno más agradable y placentero. Completamos este análisis con los servicios sanitarios elementales, pero la educación es la palanca transformadora de la sociedad”.

Jesús Maeztu ha señalado que el informe cuenta con una veintena de recomendaciones, “de las cuales al menos la mitad están en camino de ser aceptadas por la Administración”, y ha abogado por la coordinación entre los ayuntamientos y la Consejería andaluza competente en educación.

El informe propone, entre otras medidas, la reordenación de algunos Colegios Públicos Rurales para su adaptación a la demanda actual y futura, así como una normativa específica que contemple sus peculiaridades, por ejemplo, en cuanto a las medidas para la matriculación (“O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones”) y para los servicios educativos complementarios (aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares), muy escasos.

El Defensor de la Infancia propone un Plan para evitar la pérdida de unidades y la elaboración de un Mapa específico e integral para la identificación de los recursos disponibles. Asimismo, el Defensor de la Infancia hace hincapié en la mejora de las condiciones técnicas y ambientales de las instalacioness, y solicita medidas de discriminación positiva en materia de TIC para evitar la brecha digital, ya que 8 de cada 10 colegios han confirmado dificultades en la enseñanza, más patentes durante la COVID.

Entre otras propuestas, el Defensor ha pedido protección para el alumnado afectado por discapacidad; y un reconocimiento público y la mejora de la estabilidad del profesorado y resto de profesionales que prestan servicios, incluso con incentivos económicos; “ya que se trata de héroes, al trabajar con alumnado de distinto nivel, primaria y secundaria, y necesidades especiales”. “Esta gente hay que cuidarla porque favorecen el mantenimiento de la población”, ha aseverado Jesús Maeztu.

Asimismo, el Defensor ha destacado la necesidad de estimular la participación de las familias; y reflexionar sobre la extensión de la continuidad de las enseñanzas al primer y segundo ciclo de la ESO para favorecer el derecho del alumnado a permanecer en su entorno.

La plataforma Derecho a Morir dignamente en Andalucía ha trasladado hoy al Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, sus impresiones acerca de la aplicación de la ley de Eutanasia en Andalucía desde su implantación en esta comunidad autónoma en noviembre de 2021.

En cuanto a las deficiencias detectadas, los representantes de esta plataforma han demandando una mayor clarificación en el procedimiento de inicio para que exista una mejor información en las personas que soliciten la prestación. Asimismo, han llamado la atención sobre la formación de los profesionales sanitarios, para lo cual han señalado la necesidad de nombrar equipos referentes que asesoren a los profesionales sanitarios, y que se conozca con mayor claridad los profesionales que están dispuestos a canalizar la prestación por no ser objetores de conciencia.

En cuanto a colectivos específicos, Derecho a Morir Dignamente ha señalado la posibilidad de dar a conocer la existencia de la ley en residencias de mayores, al mismo tiempo que ha demandado una mejora del acceso de distintas mutuas cuyos usuarios se están encontrando con dificultades para que se le aplique la prestación dentro de la cartera de servicios. Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha conocido la petición dirigida a la Administración sanitaria para que difunda la existencia de la declaración de voluntad anticipada. Jesús Maeztu se ha comprometido a analizar las reclamaciones planteadas por la asociación.

El Consejo de Participación de la Infancia y Adolescencia de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, participa en un encuentro preparativo para las XXXVI Jornadas de Coordinación de Defensorías que organizará el Sídic de Greuges de Cataluya (Defensor del Pueblo de Cataluña) y que tendrá como temática principal "la infancia y la adolescencia en riesto de desprotección". Este encuentro previo está organizado y acogido por el Ararteko (Defensoría del Pueblo del País Vasco)

El encuentro previo tiene como objetivo oir su voz y fomentar la participación entre los niños, niñas y adolescente procedente de diferentes comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Valencia, Euskadi y Navarra) sobre los riesgos de desprotección en la infancia y adolescencia, para integrar sus opiniones en las posteriores Jornadas de Coordinación y ser debatidas por los Defensores del Pueblo participantes. La voz de las niñas, niños y adolescentes en estos temas que les incumben y les preocupan es una cuestión de suma importancia para tratar el problema de los riesgos de desprotección desde todos los ámbitos y con todas las opiniones.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado hoy la apuesta "sostenida" por la mediación en un seminario organizado por el Parlamento vasco y su homólogo en este territorio, el Ararteko, sobre el futuro de las leyes de estas instituciones defensoras de los derechos de la ciudadanía.

En su intervención en Vitoria-Gasteiz, Jesús Maeztu ha agradecido la oportunidad de abordar una de las insignias de su mandato, y ha señalado que "la mediación está en el ADN de la Defensoría. Es un proceso de gestión en cultura de paz, que toma como punto de partida la necesidad de comprender el conflicto para gestionarlo".

El Defensor ha relatado como antecedente cómo se analizó el encaje de la gestión en cultura de paz en el marco normativo actual, y lo cotejó con las normas reguladoras de otras Defensorías en España, concluyendo en la apuesta por el uso de los métodos alternativos de solución porque "son participativos, flexibles, transversales y adaptativos, y ponen a la persona en el centro de su eje de actuación".

Así, Jesús Maeztu ha explicado en la mesa junto a la síndic de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, la valedora del Pobo de Galicia, María Dolores Fernández Galiño, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, que el Defensor inició su impulso de gestión en cultura de paz en 2016, a través del impulso de la mediación, con una vocación de intervención transversal a todas las áreas de trabajo y de forma pionera en el territorio nacional. Un trabajo de más de siete años cuya ausencia de desarrollo normativo ha supuesto un "obstáculo", pero que se ha ejercido con normalidad con un fuerte respaldo de la ciudadanía.

Los principios de la mediacion del Defensor son voluntariedad del proceso, imparcialidad, confidencialidad y una actuacion ágil y creativa que persigue un triple objetivo :ayudar a las partes a encontrar una posible solución ante un derecho vulnerado, mejorar el clima de dialogo y potenciar la cultura mediadora a la ciudadania y administraciones.

Para el Defensor andaluz, "el proceso contribuye de manera directa a su empoderamiento y a potenciar la capacidad de autoprotección de sus derechos y libertades. En este sentido, la ciudadanía valora el encuentro en la medida que se siente escuchada y encuentra un espacio para poder explicarse; obtiene y discute la información, generando entendimiento sobre la complejidad y las dificultades que puede encontrar la Administración en su gestión".

"Hoy me enorgullece afirmar que la mediación es una verdadera alternativa procedimental dentro de la institución, con sello propio, que pretende velar y garantizar los derechos de la ciudadanía con su propia participación a través de una intervención que les de protagonismo, le facilite el diálogo y la comprensión mutua de intereses con efecto preventivo de otros posibles conflictos", ha enfatizado. De hecho, el Defensor ha avanzado el porcentaje de mediaciones cerradas con acuerdo, en torno al 82% en 2022.

En este encuentro participan defensores y exdefensores autonómicos y europeos, representantes del Parlamento Vasco y expertos provenientes del ámbito académico, y pretende ser un espacio de reflexión donde analizar el camino recorrido hasta la fecha y compartir diversas herramientas existentes también a nivel internacional.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio con el objetivo de impulsar la elaboración de protocolos que protejan a las mujeres ante posibles amenazas y agresiones de índole sexual en locales de ocio nocturno.

Para ello, el Defensor ha preguntado sobre los planes previstos a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ante el conocimiento de únicamente un protocolo ante este tipo de casos, el del Ayuntamiento de Granada.

“Estos protocolos pueden prevenir la violencia o las actitudes sexistas que sufren las mujeres en estos locales. Los famosos pinchazos por sumisión química, la discriminación a la mujer, las agresiones al derecho a estar tranquilas y disfrutar de su ocio, vulneran el derecho fundamental a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad, a la dignidad de la persona e incluso en los casos más extremos el derecho a la vida”, ha expresado el Defensor del Pueblo andaluz.

Para Jesús Maeztu, “es muy importante contar con una prevención y una rápida reacción cuando se producen agresiones a en discotecas, salas de fiesta, bares, festivales de música… ante comportamientos sexistas que pueden desembocar en algunas ocasiones en agresiones sexuales en el mismo espacio o ya fuera del mismo”.

El Defensor del Pueblo andaluz considera que estos protocolos deben de estar disponibles para prevenir, difundir y visibilizar esta información en estos locales y en redes sociales, a fin de ayudar a crear un entorno seguro para el personal de los propios locales y para el público, y así disuadir a los potenciales agresores.

Según el texto de la queja, en los últimos años se ha constatado la necesidad de contar con herramientas para prevenir y reaccionar de forma específica y adecuada ante la violencia sexual, tanto por las administraciones como por el propio sector empresarial de ocio nocturno.

En Andalucía, ante la alarma generada en el verano de 2022 por el incremento de denuncias de pinchazos y de sumisión química a niñas y mujeres en eventos festivos, varias administraciones públicas anunciaron que elaborarían protocolos de actuación.

La queja expone que la Junta de Andalucía anunció en agosto de 2022 la actualización del Protocolo de Actuación y coordinación sanitaria ante agresiones sexuales en Andalucía del año 2020, que cuenta con dos programas asistenciales para víctimas de agresiones sexuales: el Servicio de atención telefónica inmediata 24 horas contra la violencia sexual y el Servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía. No obstante, subraya el Defensor en su actuación, estos programas de la Junta de Andalucía no se centran en la prevención, detección, reacción y atención a la persona afectada en establecimientos de ocio y, en particular, nocturnos.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, estos deben ofrecer unas pautas comunes respecto a cómo actuar ante las agresiones sexistas, que faciliten una respuesta eficiente ante la misma y eviten todo tipo de revictimización. Entre otras actuaciones, se podría valorar, a juicio del Defensor, la formación en la prevención de las agresiones sexuales a todo el personal de los locales de ocio (camareros/as, personal de guardarropía, dj, personal de seguridad, etcétera), incluyendo temas como la sensibilización, conceptos jurídicos básicos, procedimientos operativos para actuar ante determinadas conductas, coordinación con otros recursos y atención a la persona afectada. También pueden incluir herramientas para el análisis del diseño de los locales y la detección de zonas que puedan ser de riesgo a fin de adoptar medidas como mejorar la visibilidad, evitar recovecos, mayor presencia de personal en determinadas zonas, entre otras cuestiones.