El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por una regulación en los procedimientos de administración electrónica, como es el caso de la cita previa, así como en aquellos casos en los que intervenga la inteligencia artificial, con el fin de corregir consecuencias perniciosas para la ciudadanía como sería la brecha digital.

“Los defensores debemos mirar a la cola de la desigualdad, que todos entremos en el juego, o de lo contrario nunca será una transición justa”, ha afirmado Maeztu en declaraciones previas a la inauguración de la jornada sobre Administración Electrónica e Inteligencia Artificial: Los Derechos de la Ciudadanía ante un Nuevo Modelo de Administración organizada por el Defensor en Granada. En la inauguración han intervenido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Jesús Maeztu ha enfatizado las ventajas que supone la incorporación a la administración pública de las técnicas de gestión propiciadas por el nuevo entorno digital, pero al tiempo ha subrayado la necesidad de abordar la brecha digital y lograr una administración electrónica inclusiva. Para ello el Defensor ha organizado una jornada para analizar cómo se compaginan medios alternativos “para que no haya personas que lleguen tarde”. “Este debate ha venido para quedarse, debemos reflexionar para que la transición digital sea justa”, ha señalado.

Entre las medidas, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado que en algunos procedimientos no se puede eliminar la presencialidad y ha informado de que la Institución ha iniciado una actuación de oficio en relación con la exigencia de disponer de cita previa para poder acceder a las dependencias administrativas sin cita. “Reclamamos que se garantice la atención presencial, sin cita previa, a todas las personas y en todas las dependencias y organismos administrativos durante el horario de apertura al público. Asimismo, hemos pedido que se ofrezcan diversos canales de acceso a la cita previa, incluyendo entre dichos canales formatos telemáticos, telefónicos y presenciales”, ha señalado el Defensor durante su intervención en la inauguración de la jornada.

Asimismo, el Defensor ha advertido también sobre la obligatoriedad de relacionarse telemáticamente con la administración; la utilización de procedimientos automatizados para la concesión de subvenciones o ayudas, y la utilización de algoritmos para la toma de decisiones por parte de la administración, que son objeto de preocupación y debate entre importantes sectores de la ciudadanía que consideran necesaria una regulación y un control mas rigurosos de estas herramientas tecnológicas.

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado hoy una normativa específica que contemple las peculiaridades de los colegios rurales. “La normativa está orientada a los colegios ordinarios. En este tipo de colegios estas normas fracasan; necesitan una adaptación, hagámoslo y no seamos tan inflexibles”, ha señalado Jesús Maeztu en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional celebrada hoy en el Parlamento de Andalucía, y en la que ha presentado el informe titulado La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas.

El Defensor ha afirmado que los colegios rurales en Andalucía “funcionan, y con algunas mejoras lo harán mucho mejor; tienen un grado de satisfacción de las familias por encima del 90%, y ayudan a frenar la despoblación junto a otras medidas en sanidad o contra la exclusión financiera”. Para el Defensor, se debe reconocer y garantizar el derecho de todos los niños y niñas a recibir educación en su propio entorno social y geográfico.

En cuanto a la reclamación de una normativa específica, el Defensor ha señalado que se aplican medidas numéricas estrictas propias de los centros ordinarios en cuanto al número de alumnos que deben estar escolarizados. “O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones”, ha señalado Maeztu.

El Defensor de la Infancia ha extendido esta falta de adaptación a la normativa para los servicios educativos complementarios, “que no se acomodan a las características de los colegios públicos rurales y provoca que la presencia de dichos servicios es muy escasa”. Según los datos oficiales, el número de alumnado que utiliza el aula matinal en estos centros es del 10%; el comedor, 23%; el transporte escolar, el 43%; las actividades extraescolares, el 56%, y residencia escolar solo hay una, en Granada.

Esta falta de regulación también la he echado en falta el Defensor en las infraestructuras, y ha demandado una norma reguladora de los requisitos mediante mecanismos de colaboración y cooperación permanente para mantener y mejorar las infraestructuras de estos singulares recursos educativos.

Maeztu ha advertido de desigualdades para el alumnado en relación a la brecha digital y en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo, ha considerado necesario medidas de bioclimatización y, para mantener al alumnado, un estudio que aborde la conveniencia de extender todos los cursos de la ESO y medidas para conseguir la estabilidad del profesorado, para quienes ha sugerido medidas de incentivos económicos para mantener el trabajo en zona rurales y mejorar la retención en esas zonas.

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y UNICEF Comité Andalucía han celebrado hoy una jornada formativa con el fin de promover la implementación del Coordinador de Bienestar y Protección en los centros educativos andaluces para que puedan ejercer correctamente su labor de garantizar la protección y el bienestar de todos los estudiantes en uno de sus ámbitos más inmediatos, la escuela.

Esta figura se encuentra recogida en el marco normativo de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), ley que tiene como objeto garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes estableciendo medidas de protección integral que deben incluir la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

“La violencia entre iguales -acoso escolar, ciberacoso, abuso, grooming, maltrato...- tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños, especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa. Confiemos en la profesionalidad y el sentido común de los equipos directivos de los centros, con el apoyo de la Administración educativa, para que esta figura ayude en la lucha contra la violencia a la infancia y adolescencia desde la prevención, detección precoz, sensibilización y educación”, ha afirmado Jesús Maeztu, Defensor de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía.

Actualmente, los datos reflejan un aumento del acoso escolar y otras formas de violencia. La tasa de victimización de acoso escolar estimada se sitúa en el 33,6% y la de ciberacoso en el 22,5%; sin embargo, no todos los casos de violencia contra la infancia se computan, no todas las víctimas denuncian y, además, se sigue produciendo una normalización de determinadas formas de violencia que quedan invisibilizadas. Para terminar con estas situaciones, la escuela cumple con una función protectora clave para prevenir y tratar la violencia entre iguales, así como identificar y actuar frente a la ejercida por los adultos hacia la infancia.

“La única forma eficaz de luchar contra la violencia es la prevención” ha asegurado María Ángeles Espinosa, presidenta del Comité de Estudios y Formación de UNICEF España. “Por ello, pedimos a las administraciones educativas que movilicen los recursos necesarios para impulsar acciones en tres áreas: normativa, para que la labor de los coordinadores no dependa de la voluntad o las capacidades individuales del personal educativo, sino de un desarrollo adecuado de sus funciones y condiciones; formativa, dotando de formación específica a los coordinadores, y genérica a toda la comunidad educativa; y de datos, con la puesta en marcha del registro censal de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia que permita conocer la magnitud del problema y abordarlo de manera coordinada”, ha reclamado.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de que en este mes de octubre se va a realizar la formación específica para el asesoramiento de los coordinadores de Bienestar y Protección de la Infancia y la Adolescencia de los centros educativos andaluces. Serán 800 plazas, 100 por provincia, en la modalidad a distancia a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado de la Consejería.

Además, ha avanzado Patricia del Pozo, está prevista una segunda convocatoria en el mes de febrero de 2024, en esta ocasión organizada por los 32 Centros del Profesorado (CEPs) “según la demanda, con la idea de que todos los coordinadores tengan acceso a la formación necesaria para el desempeño de sus funciones”. Esta formación se extiende también a los equipos directivos y profesionales de la orientación educativa.

Esta jornada de diálogo y reflexión dirigida a docentes y otros profesionales del ámbito educativo pretende contribuir al desarrollo de las medidas necesarias para la puesta en práctica de esta nueva figura profesional y el análisis de los retos que supone, pero también de la oportunidad que brinda para construir espacios seguros para la infancia desde la educación. Uno de sus principales retos es el de lograr una coordinación real entre las administraciones educativa, sanitaria, judicial, servicios sociales y fuerzas de seguridad, pero incluyendo también a los propios niños y niñas y sus familias, ya que la protección es cosa de todos. De forma que, ante un caso de violencia contra la infancia, todos los actores implicados estén verdaderamente coordinados para prevenirlo, identificarlo o, si ya se ha producido, dar respuesta.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del Defensor de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu; la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; la presidenta del Comité de Estudios y Formación de UNICEF España, María Ángeles Espinosa y el director del IES Nervión, Miguel Mariscal y en ella han participado alumnos y alumnas para expresar su punto de vista y sus propuestas.

El Defensor del Pueblo andaluz ha publicado un primer informe monográfico, dedicado a la mediación, en el que rinde cuentas sobre la propia actividad mediadora ejercida por la Institución, al tiempo que incorpora un diagnóstico sobre los servicios públicos de mediación en Andalucía. En cuanto a la mediación propia del Defensor, el 88% de las personas que valoraron este proceso manifestaron estar muy de acuerdo o de acuerdo con el hecho de que la mediación les resultó una fórmula ágil para resolver su asunto.

Han sido más de mil mediaciones celebradas desde 2017 y hasta 2022 en las que el Defensor del Pueblo andaluz ha intervenido en un conflicto entre la ciudadanía y la Administración, con un incremento significativo a lo largo de los años de vigencia de este modelo de intervención, aumentando significativamente el volumen de quejas mediadoras.

A pesar de existir cierta fluctuación en el número de quejas finalizadas con acuerdo entre las partes, la media se sitúa casi en el 65%, si bien la conclusión que la Institución valora en mayor grado trata acerca de la restauración de las relaciones o la recomposición de la comunicación entre las partes. A la pregunta sobre la satisfacción con la mediación, con independencia del resultado obtenido, el 94% de las personas que respondieron la encuesta dijeron estar muy de acuerdo (78%) o de acuerdo (16%).

Para la Defensoría, este aspecto demuestra que de forma sostenida, en Andalucía, la mediación administrativa que está desarrollando el Defensor del Pueblo Andaluz provee de un espacio aceptado y positivamente valorado por la ciudadanía y las personas que representan a las administraciones. Desde que el Defensor del Pueblo andaluz iniciara la implantación de la mediación, ha recibido numerosas solicitudes de información por parte de otras defensorías del pueblo, de las defensorías universitarias andaluzas, y de otras asociaciones públicas y privadas de mediación del territorio español.

Por ello, la Institución ha considerado oportuno compartir con esta publicación Enfoque actual del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la cultura de paz y la mediación en Andalucía, donde detalla las experiencias propias de la mediación administrativa implantada por la Institución, basada en el uso de mecanismos flexibles y adaptativos en la gestión diaria de las quejas que remite la ciudadanía.

La contribución de la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz a la cultura de paz que invoca su Estrategia 2021-2024 se refleja en las más de 200 páginas de este Informe, “desde el orgullo de estar trabajando con herramientas de diálogo, consenso y participación en un escenario complejo como es el administrativo y con la ilusión por demostrar que es posible resolver los conflictos desde la cooperación en lugar de la confrontación”, ha destacado Jesús Maeztu. "No nos cabe duda de que esta manera de trabajar en la Defensoría supone un elemento de innovación social que viene a ser pionero en España, pero al que seguirán otras experiencias similares, atendiendo a la idiosincrasia de cada institución y territorio”, ha señalado.

Esta pasada semana el Defensor de Pueblo andaluz ha expuesto las conclusiones del grupo de trabajo sobre mediación que impulsó en la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), cuya Asamblea y Consejo se ha celebrado en Barranquilla (Colombia).

El Defensor del Pueblo andaluz y UGT Andalucía han mantenido hoy una reunión institucional tras la elección de Oskar Martín como dirigente sindical el pasado mes de julio. Los equipos del Defensor del Pueblo andaluz y UGT Andalucía han abordado distintas problemáticas sobre las que están trabajando, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible.

Especial atención ha puesto el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, en los casos de salud mental, con especial incidencia en población infantil y juvenil, y situaciones de violencia hacia la infancia. Maeztu también ha avanzado la presentación del informe especial sobre escuelas rurales la próxima semana en comisión parlamentaria.

Otras preocupaciones destacadas que ha expuesto el Defensor han estado relacionadas con asentamientos de migrantes en las provincias de Huelva y Almería, urbanismo, sostenibilidad ambiental, o vivienda.
Jesus Maeztu ha destacado también las más de 2.000 actuaciones entre quejas y consultas en empleo público, y ha compartido con los responsables de UGT la preocupación mutua sobre el acceso de las personas con discapacidad al empleo público.

El Defensor ha llamado la atención sobre actuaciones de la Institución en asuntos judiciales, relaciones laborales, así como ha informado a los dirigentes sindicales sobre el servicio de atención a la ciudadanía y la vía de la mediación como fórmula para la resolución de conflictos.

Por su parte, Oskar Martín, ha alertado sobre el deterioro de la sanidad privada y ha pedido que se excluya a la atención primaria de los conciertos privados. Además, ha puesto en valor “la figura del “defensor del pueblo”, una institución altamente valorada por la sociedad y útil en la vida cotidiana de los andaluces y andaluzas”, y ha resaltado la importancia del “diálogo y la colaboración entre los diferentes agentes sociales”.

El líder regional de UGT ha señalado que “hay importantes deficiencias en cuestiones como los ingresos de subsistencia, el acceso a una vivienda digna o suministros básicos, así como las dilaciones en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y de la discapacidad”. Además, ha ensalzado que “cada vez son mayores los riesgos de la transición digital, no podemos dejar a nadie atrás” y ha destacado que “se está cediendo suelo a empresas educativas privadas, se eliminan unidades de la pública y no se abren escuelas en los barrios más desfavorecidos”.

A la reunión institucional han asistido también por parte de UGT Andalucía el secretario de Institucional, Rafael Gelo,  el secretario de Políticas Sociales, Vivienda y Memoria Histórica, Ramon Sánchez-Garrido y el secretario de Comunicación y Redes Sociales, Fernando Morillo y por parte del Defensor del Pueblo andaluz, la directora de Gabinete, Soledad Rosales, y la secretaria general de la Institución, Laura Iturrate.

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, finaliza su etapa como V vicepresidente del consejo rector de la FIO y propone a Esther Giménez-Salinas, Síndica de Greuges de Cataluña, como representante en el comité ejecutivo de los defensores autonómicos españoles

La contaminación al medio ambiente, la trata de personas, los flujos migratorios, las violencias de género, la conflictividad social, el hacinamiento carcelario, el accionar de los grupos criminales transnacionales, entre otras problemáticas, son los retos que se avecinan y para los cuales los defensores iberoamericanos han apostado por un trabajo "conjunto, coherente y coordinado" en la clausura de la XXVIII Asamblea y XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO) celebradas en Barranquilla (Colombia) y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, que ha ostentado hasta este momento la vicepresidencia quinta de este órgano.

En la clausura de la Asamblea, el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, fue elegido nuevo presidente de la FIO tras la designación del pleno conformado por Defensores del Pueblo nacionales, autonómicos, provinciales y locales. El Defensor colombiano sustituye a Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo de República Dominicana. Jesús Maeztu propuso como representante de los defensores autonómicos españoles a la Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, propuesta que fue aceptada.

Esta Asamblea general se ha celebrado tras el XXVI Congreso de la FIO, en el que los defensores han analizado el trabajo que realizan las diversas instituciones de la Federación y su contribución a la construcción de sociedades más justas y equitativas. En el marco de este Congreso, los responsables de las defensorías han puesto su mirada en el impacto sobre la independencia y la autonomía de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) que tienen fenómenos como la desinformación, la erosión de la credibilidad en las instituciones democráticas, la corrupción, el autoritarismo y el populismo.

El Defensor andaluz ha presentado las conclusiones del grupo de trabajo sobre mediación, y ha abogado por consolidar esta vía en el trabajo cotidiano de los defensores, algunos de los cuales están ya avanzando en su implantación.

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a Jerez de la Frontera este próximo martes 17 y miércoles 18 de octubre para atender las quejas y consultas que quieran hacerle llegar la ciudadanía. En concreto, esta Oficina atenderá a la ciudadanía en el centro social La Granja (Avenida de Arcos, sin número, en el distrito noreste), en horario el martes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas, y el miércoles solo en horario de mañana. La tarde del martes se dedicará a una reunión con el movimiento asociativo de Jerez y el miércoles a un encuentro con profesionales de los servicios sociales.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución a la ciudadanía de esta comarca con el fin de garantizar sus derechos frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o twitter.

La OIAC ha realizado más de 50 visitas a las comarcas y capitales de provincia de Andalucía para conseguir un acercamiento más personal y cercano con los ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma.

El Defensor de Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha apostado por el impulso de la mediación como vía para la solución de conflictos y la cultura de paz ante los defensores reunidos durante tres días en el XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y en la XXVIII Asamblea de la FIO que se celebra en Barranquilla (Colombia).

El Defensor del Pueblo andaluz, quien ocupa la quinta vicepresidencia del Consejo Rector de la FIO, ha explicado ante los asistentes la evolución del grupo de trabajo sobre mediación y ha resaltado que la mediación va a resultar idónea para gestionar muchas de las confrontaciones que se nos presentan entre ciudadanía y poderes públicos en el ámbito del derecho administrativo, y además sobre la gran mayoría de parcelas de su gestión pública: educación, salud, urbanismo, justicia, vivienda, servicios sociales, o medioambiente, entre otras.

Jesús Maeztu ha abogado por consolidar esta vía en el trabajo cotidiano de los defensores, algunos de los cuales están ya avanzando en su implantación, y ha ofrecido un informe monográfico publicado esta semana por la Institución en la que aborda la mediación en la Institución y el comportamiento de las entidades públicas que ejercen mediación en Andalucía.

Asimismo, Jesús Maeztu ha participado en el Consejo Rector de la FIO, en el que se ha analizado el trabajo que realizan las diversas instituciones de la Federación y su contribución a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Asimismo, los responsables de la Defensoría andaluza han participado activamente en las redes temáticas que integran la FIO, caso de la Red de Defensorías de Mujeres, y en la Red de Niñez y Adolescencia.

En el encuentro se abordan temas relacionados a cómo prevenir y transformar los conflictos sociales en la región; los desafíos actuales en torno a los derechos de las mujeres y la importancia de la perspectiva de género en la construcción democrática de los países; además, la sostenibilidad como eje de la transformación social, el desarrollo inclusivo y el ambiente sano. En este foro iberoamericano participan representantes de defensores del pueblo nacionales, autonómicos, provinciales y locales, así como organismos internacionales, autoridades gubernamentales y académicos.