El Defensor del Menor de Andalucía, también Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha reunido este jueves, 1 de octubre, con la consejera de Educación para tratar la situación de los comedores escolares en los 8 centros educativos concertados andaluces, ubicados en zonas de trasformación social, y que no cuentan con las ayudas públicas para su puesta en funcionamiento en el presente curso escolar.

La reunión ha tenido lugar como consecuencia del compromiso del Defensor con los representantes de estos centros concertados, que el pasado lunes, 28 de septiembre, le expusieron al Defensor la situación crítica que atraviesan para poder garantizar el servicio de comedor escolar en sus respectivos centros.

A la reunión asistieron representantes de los colegios Padre Poveda de Guadix, y los centros ubicados en la zona Norte de Granada, -Amor de Dios, Luisa de Marillac, San José y Ciudad de los Niños, este último, también con centros concertados en Huelva y Málaga.

El Defensor le ha pedido a la Consejería de Educación que garantice las ayudas públicas para que continúe este servicio en estos 8 centros citados, dada “la labor social que supone el comedor escolar en estos barrios y que trasciende del ámbito educativo, convirtiéndose en un instrumento fundamental para garantizar la equidad educativa en aquellas zonas que se caracterizan por su alto grado de desestructuración y vulnerabilidad social, como es el caso de estos centros educativos concertados en zonas con más necesidades”. Como ha informado el Defensor, en muchos casos, se trata de la única comida al día que realizan en condiciones los más de 500 alumnos y alumnas que pueden quedarse fuera de beneficiarse del comedor escolar.

Por su parte, la Consejera de Educación le ha trasladado al Defensor su compromiso por encontrar una solución a esta problemática, compartiendo el papel de labor social que prestan estos centros con el servicio del comedor para muchos de los alumnos y alumnas que se benefician de él.

En este sentido, le ha informado que ya han iniciado el proceso de modificación de la normativa que permita a estos 8 centros concertados, ubicados en zonas más vulnerables, beneficiarse de las ayudas públicas que reciben los colegios públicos andaluces para la prestación de este servicio en las mismas condiciones. 

La Defensoría andaluza viene expresando desde hace años su criterio de que determinados servicios, a favor del alumnado, entre ellos el del comedor escolar, deben hacerse extensivo a todos los niños y niñas escolarizados en centros docentes andaluces sostenidos con fondos públicos, con independencia de su titularidad, sobre todo, de los centros que se ubican en zonas marginales.

También ha propuesto que se extienda a los niños y niñas que cursan las Enseñanzas secundarias, que también se encuentran en plena etapa de crecimiento y desarrollo.

Consideramos plenamente aceptada la resolución adoptada por esta Institución y, al mismo tiempo, valoramos muy positivamente las actuaciones diseñadas y seguidas por la citada Agencia a fin de garantizar que los fines de interés público que se pretenden con este programa se alcancen en su totalidad, así como que se haya establecido un amplio dispositivo para garantizar que las subvenciones otorgadas estén plenamente justificadas

El Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de Catalunya, el Valedor do Pobo de Galicia, el Diputado del Común de Canarias, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y León y el Defensor del Pueblo de Navarra, se han reunido en Santander en las XXX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, que han tenido por objeto “La vivienda pública en España”, y desean difundir la siguiente

DECLARACIÓN

1ª. Resulta necesario que los poderes públicos den respuesta a uno de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos en nuestro país, como es la situación de quienes no pueden disponer de una vivienda digna y adecuada, problema que se ha hecho más visible con la situación de crisis económica que ha atravesado nuestro país.

Los Defensores del Pueblo recordamos que la Constitución considera el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada como derecho constitucional en el Título I de los derechos y deberes de los ciudadanos (artículo 47), y que corresponde a los poderes públicos del Estado social (artículo 1) asegurar este derecho a través de la legislación positiva (tanto estatal como autonómica) y dotarlo de un contenido concreto y exigible ante la Administración y los Tribunales de Justicia, así como a disponer de los recursos suficientes para hacer efectivo este derecho de los ciudadanos en atención a las circunstancias familiares, personales y económicas de estos (artículo 53 de la Constitución).

Por ello, instamos al Estado y a las Comunidades Autónomas a que impulsen la legislación suficiente que garantice este derecho constitucional y a que, a través de los presupuestos respectivos doten de recursos a las Administraciones competentes para materializarlo a favor de los ciudadanos que lo necesiten.

2ª. Demandamos a las administraciones públicas que aumenten y refuercen el parque de vivienda pública en alquiler.

3ª. Sería necesario disponer de información y de datos fiables en cada territorio sobre la necesidad real de vivienda, sobre la evolución de los precios de las viviendas protegidas en comparación con los precios de las viviendas libres, sobre el parque público de viviendas en alquiler, y en general sobre los instrumentos básicos que permitan una estadística útil para el diseño de las políticas públicas de vivienda.

4ª. Es necesario reservar un porcentaje de las viviendas a los colectivos vulnerables y personas con especial necesidad de vivienda.

5ª. Consideramos más justo que la adjudicación de las viviendas de protección pública se realice conforme a un sistema de baremación previamente establecido y no por sorteo. Deben reforzarse la publicidad, transparencia, celeridad y eficacia de los procedimientos de adjudicación de viviendas.

6ª. Es necesario definir y regular el concepto de vivienda vacía e impulsar su correcto inventario, dinamizar la puesta a disposición en el mercado de alquiler de las viviendas protegidas deshabitadas y, en caso contrario, adoptar medidas de intervención pública.

7ª. Es necesaria la implantación de registros de viviendas protegidas, o la mejora de los ya existentes, donde se inscriban todas ellas. Dichos registros deben contener datos suficientes para permitir un control fiable del número de viviendas, y además estar diseñados de modo homogéneo en las distintas Comunidades Autónomas.

8ª. En relación con las ayudas a la vivienda proponemos que se revisen y que se mejore su gestión para evitar el retraso en la resolución de las convocadas y en el pago de las ya reconocidas.

Debe hacerse efectivo el sistema de ayudas para el fomento del alquiler y de la rehabilitación edificatoria y de la regeneración y renovación urbanas.

Debe mejorarse la fiscalidad de la vivienda y aliviar el esfuerzo para mantenerse en la vivienda por las personas que, por circunstancias sobrevenidas no imputables a ellas, no puedan hacer frente a sus obligaciones.

9ª. Deben hacerse efectivos los patrimonios públicos de suelo, y estudiarse la creación por las Comunidades Autónomas de patrimonios o bancos de suelo público destinados a la construcción de viviendas de protección oficial o promoción pública.

10ª. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y el Fondo Social de Viviendas (FSV) son actores cualificados del mercado de vivienda. Consideramos que en política de vivienda se debe tener en cuenta las bolsas de vivienda, entre ellos las de la SAREB, las entidades financieras y el FSV.

Deben ampliarse los supuestos y flexibilizar los requisitos para que las personas y familias que han perdido sus viviendas puedan acceder a las que nutren el Fondo Social de Vivienda.

En esta Institucion ha ocupado, de siempre, una especial atención los aspectos que inciden en las instalaciones que afectan de manera primaria a las condiciones elementales de dignidad y respeto a las personas que deben comparecer ante los órganos judiciales y sus actores. Obviamente, entre este tipo de dependencias, las dedicadas a la custodia o detención ocupan un papel preponderante.

Los responsables del área de Prisiones de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz han visitado las dependencias de custodia de detenidos de la Guardia Civil y Policía Nacional en Sevilla. En concreto, se han visitado los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Montequinto y la sede policial de la Avenida Blas Infante. Estas visitas a los centros adscritos a los Cuerpos de Seguridad del Estado, se han realizado en colaboración con técnicos del Defensor del Pueblo Estatal.

El Defensor andaluz se ha interesado por conocer las características y condiciones de estos lugares de custodia y colaborar con la Defensoría estatal para impulsar los mecanismos de supervisión y mejora de los calabozos dependientes de la Administración Central.

El Defensor del Pueblo Andaluz continua así su investigación sobre la situación de las dependencias para detenidos, que ha incluido la visita a los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla.

Para el Defensor es importante la preservación y garantía de los derechos constitucionales de estas personas, ya sean custodiadas en calabozos judiciales o estén detenidas en instalaciones dependientes de la Guardia Civil o Policía Nacional.

Además, el Defensor del Pueblo Andaluz continuará desarrollando una especial atención hacia los edificios, dependencias e instalaciones que se destinan como sedes de los servicios judiciales de competencia autonómica, tal y como se recogen en sus Informes Anuales y Especiales al Parlamento.

De hecho, el Informe Especial sobre Depósitos Municipales de Detenidos titulado “Lugares de custodia de personas detenidas: Depósitos municipales y otros calabozos policiales” (BOPA nº166 de 30-1-2009, VIII Legislatura) es un ejemplo de la singular preocupación de esta Institución por el estado de este tipo de dependencias. Su elaboración supuso una descripción pionera y completa de estas instalaciones repartidas por municipios de toda Andalucía.

La Consejería de Fomento y Vivienda abre nuevo plazo para la presentación de solicitudes de ayuda a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio o ejecución que sean privadas de su vivienda habitual. Las solicitudes podrán presentarse desde la entrada en vigor de la Orden de 1 de octubre de 2015, hasta agotar el crédito establecido y, de igual forma, se darán por admitidas las solicitudes presentadas desde el 3 de agosto de 2105, hasta la fecha.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha comparecido hoy en Pleno del Parlamento para presentar el resumen del Informe Anual de 2014 y trasladarles las demandas de las más de 165.000 personas que han acudido a la Institución, y que se han materializado en  cerca de 19.000 actuaciones en defensa y protección de los derechos: 9012 quejas tramitadas, 9185 consultas y cerca de 500 actividades de promoción de derechos.

Una realidad que Jesús Maeztu ha insistido "reflejan el rostro de la pobreza; el drama de la pérdida de empleo y de la vivienda; la rabia de la pérdida de derechos y la inseguridad del futuro; y el desaliento del retroceso de derechos que fueron conquistados con mucho esfuerzo y compromiso".

El Defensor ha recordado ante la Cámara andaluza los compromisos asumidos durante el actual mandato de la Institución.  Entre ellos, "la firme defensa y tutela de los derechos y de las libertades de la ciudadanía, sobre el derecho de la participación ciudadana, fundamento del sistema democrático; del sentido de la ética en la gestión de la cosa pública, de la práctica de debate y de confrontación lleno de lealtad y de franqueza que acuerde buenas prácticas desde intereses diferentes, pero legítimos ".

También ha pedido una protección especial a los sectores más vulnerables de la sociedad, y ha pedido ante el Pleno del Parlamento de Andalucía una serie de propuestas, entre ellas:

- Un paso cualitativo en la “Garantía de unos ingresos mínimos de subsistencia” a esa población superando de una vez el Ingreso Mínimo de Solidaridad (Salario Social).

- Salvaguardar el Sistema de Servicios Sociales; un sistema de cobertura universal y basado en un criterio de cercanía a la ciudadanía, que atienda y de respuestas a todas las situaciones de necesidad de la población. Urge que Andalucía tenga una nueva Ley de Servicios Sociales.

 - La aprobación de una norma de Garantía de Suministros Básicos, que atienda las situaciones de pobreza energética y pobreza hídrica de las familias más vulnerables y ofrezca soluciones efectivas e igualitarias que impidan el corte de suministros básicos por imposibilidad de pago.

- Un Plan de Lucha Contra la Pobreza Infantil, porque son las personas más expuestas al riesgo de pobreza

- Pacto por la Vivienda que permita recuperar su función social para dar respuesta a la situación de quienes no pueden disponer de un techo digno y adecuado. 

- La reactivación de sectores productivos estables, rentables y generadores de empleo, junto con el refuerzo de programas de ayuda personalizada en la búsqueda de puestos de trabajo.

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras recibir diversos informes de la Consejería de Medio Ambiente y recabar la colaboración de la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales en relación con el proyecto de construcción de un gasoducto para producción y almacenamiento en el subsuelo de Doñana, ha considerado conveniente suspender actuaciones en esta queja de oficio al considerar que desde la citada Consejería se vienen afrontando las competencias legales que tiene encomendadas en aras a garantizar la preservación de los valores ambientales de Doñana, alertando de los riesgos que para este espacio natural, de incalculable valor ecológico, puede suponer la ejecución de la infraestructura prevista, especialmente a la vista de los informes contrarios emitidos.