PRIMERA.-
A la hora de diseñar ciudades inteligentes, resulta indispensable fijar una estrategia que incluya la misión, visión y objetivos que se pretenden alcanzar. Es en ese escenario en el que la innovación y la incorporación de las TIC para obtener información y ofrecer respuestas eficientes cobra sentido.
Ello, porque estamos convencidos de que configurar una ciudad inteligente no consiste únicamente en llevar a cabo un despliegue de instalaciones electrónicas sensores, con los elevados costes que conlleva, aunque puedan facilitar la obtención de una información válida, objetiva y en tiempo real de cierto interés.
Lo que define realmente a una ciudad como inteligente es su capacidad de conocer las necesidades de la población y ofrecer respuestas adecuadas y eficientes para atenderlas.
Por tanto, no cabe confundir el fin, la creación de ciudades inteligentes con ese objetivo, con el medio, la incorporación de soluciones novedosas, susceptibles de ser implantadas por las TIC.
SEGUNDA.-
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que no hay innovación sin tradición, parece que frente a las propuestas que conllevan una invasión masiva de nuevas tecnologías con el objetivo de aumentar, desde la eficiencia, la competitividad de las ciudades, resulta muy necesario poner el acento en el “juicio moral” y “la deliberación” en el seno de la sociedad civil como instrumento de consenso para alcanzar el bien común.
Ésta puede ser una vía muy adecuada para establecer los límites al crecimiento urbano y crear ciudades sostenibles: la innovación y las TIC al servicio del bien común mediante el consenso y la co-decision.
TERCERA.-
La innovación para articular mecanismos que permitan ofrecer respuestas a las necesidades de la población, atendiendo a sus expectativas y posibilitando una más eficiente prestación de los servicios públicos, no puede hacernos olvidar, y ello quedó muy claro en las distintas intervenciones de esta Jornada, que las ciudades son esencialmente las personas que las habitan por lo que,cualquiera que sea el proyecto inteligente que se implante, éstas deben constituir su obligado referente y asumir un papel protagonista en la decisión adoptada.
Es, justamente, por ello que, aunque no es tarea fácil definir y concretar «ab initio» el modelo de ciudad inteligente por el que se pretende apostar, desde la perspectiva de esta Institución resulta condición necesaria que, cualquiera que sea éste, se debe tratar de un modelo inclusivo
desde la perspectiva social. Dicho de otro modo, las ciudades o son inclusivas o no pueden ser inteligentes.
CUARTA.-
La construcción de las ciudades inteligentes solamente se entiende en un contexto de sociedad democrática y participativa , por lo que el empoderamiento de la población constituye un derecho propio y no atribuido. Ello conlleva la necesidad de implantar un modelo de gobernanza, mediante plataformas y proyectos inteligentes, que albergue y posibilite la comunicación e interactuación entre la ciudadanía, las instituciones públicas, empresas y cualesquiera otras organizaciones sociales. La gobernanza y el co-gobierno, en un escenario de open data, sólo es posible en sociedades democráticas.
QUINTA.-
El desarrollo de la ciudad inteligente resultará más viable si se sustenta y encauza a través de las organizaciones de la ciudadanía, es decir, las Instituciones públicas y privadas, empresas, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Ello demanda aumentar el nivel de organización e influencia de la denominada sociedad civil evitando la existencia de desiertos o suburbios urbanos carentes de organización o articulación social.
SEXTA
La implantación del pretendido modelo inclusivo de ciudad inteligente, mediante la cocreación y codecisión de la ciudadanía en la conformación de las políticas públicas, requiere una decidida voluntad de realizar actuaciones encaminadas al cierre de la brecha digital que afecta a amplios colectivos sociales que, ya sea por su edad, discapacidad, exclusión social, etcétera, no pueden actuar de forma eficiente en las plataformas digitales y en los canales de información-acción que se generan en el seno de una ciudad SMART.
En todo caso, para las personas que no poseen las “competencias digitales” es preciso que se prevean respuestas o alternativas que impidan que la situación de exclusión digital conlleve asimismo una situación de marginación de las políticas públicas, posibilitando que estos colectivos se incorporen a las oportunidades que ofrecen las ciudades inteligentes.
SÉPTIMA.-
Las personas mayores constituyen un grupo de edad con una cada vez mayor entidad en la población total de España hasta el punto de representar el 18,1% de la misma, previéndose que, en el año 2050, podría alcanzar un porcentaje del 30%. Nuestras ciudades inteligentes deben tener presente esta realidad social a la hora de diseñar y dimensionar proyectos relativos a tele-asistencia, tele-medicina, cultura, educación, ocio, etcétera. Ello no solamente para garantizar a estas personas los derechos constitucionales y estatutarios que todos tenemos reconocidos, sino porque resulta indudable que la posesión de las “competencias digitales” de las personas mayores en el acceso a las TIC les permite a su vez disfrutar las oportunidades que ofrecen para hacer posible el objetivo irrenunciable de un envejecimiento activo.
OCTAVA.-
La imparable incorporación de las TIC, del Internet de las cosas, a nuestros modos y actividades de vida cotidianos no está exenta de graves riesgos en lo que afecta a importantes cuestiones, tales como al ámbito de la intimidad personal o familiar o a espacios relacionados con el ejercicio sin restricciones de nuestras libertades. Ello demanda la necesidad de garantizar el pleno respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía, diseñando el acceso a la información que se incorpora a los modelos de BIG DATA de forma que, al ser traspasada a modelos de OPEN DATA, no se produzca su utilización ilegal o fraudulenta.
NOVENA.-
Durante el desarrollo de la Jornada se ha puesto de manifiesto la existencia de distintas perspectivas a la hora de abordar el reto de garantizar un desarrollo sostenible, por más que haya unanimidad sobre la insostenibilidad del modelo actual.
La incidencia de los gases de efecto invernadero y su influencia en el calentamiento global a tenor de diferentes informes, entre los que destaca el de evaluación del Grupo Gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), parece una evidencia entre la mayoría de los miembros de la comunidad científica. Partiendo de esta constatación, resulta imprescindible propugnar la incorporación de un nuevo modelo productivo y de movilidad que sea coherente y haga posible que esos dos términos, en principio contradictorios, desarrollo y sostenibilidad, sean compatibles. Ello demanda, también, que se impulse, incluso por vía normativa, el empleo de energías renovables y su consumo eficiente.
DÉCIMA.-
En línea con la conclusión anterior, podemos afirmar que el cambio climático generado por los motivos ya expuestos, la contaminación atmosférica, del agua y del suelo y el alto consumo y destrucción de recursos naturales exigen que se favorezcan activamente aquellos comportamientos sociales que resulten sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, así como fomentar aquellas sociedades y empresas que ajusten su funcionamiento a tal objetivo. Solamente un marcado cambio en nuestros criterios de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, que sea coherente con los mencionados objetivos de sostenibilidad, permitirá hacer compatible el desarrollo y el respeto al medio ambiente. Esto no es posible llevarlo a cabo si no existe un compromiso de los gobiernos locales con la consecución de ese objetivo, fomentando un urbanismo ecológico, una tipología de vivienda eficiente energéticamente y la creación de empresas cuya organización y actividades sea congruente con tales objetivos. Se trataría, en definitiva, de construir un modelo de “urbanismo ecosistémico” que asuma la integración de estos objetivos.
UNDECIMA.-
El modelo territorial y urbanístico, que ha sido calificado de manera casi unánime como insostenible, desde una doble perspectiva ambiental y territorial y, por tanto, también insostenible en términos económicos y sociales, está vigente en bastantes ciudades de nuestra Comunidad Autónoma, pese a que, afortunadamente, por efecto de la crisis, no se ha desarrollado en su totalidad.
Así las cosas, creemos que estamos en un momento muy oportuno para someter a revisión esas medidas y revisar toda la planificación que implique la incorporación incontrolada de nuevos suelos al proceso constructivo, dirigiendo los esfuerzos hacia el antes citado “urbanismo ecológico”.
Tal decisión, entre otras, demostraría el grado de compromiso de los poderes públicos con el cambio de modelo productivo y de planificación territorial y urbana al que se han comprometido ante la sociedad civil, apostando por la rehabilitación, la regeneración y la reutilización del parque inmobiliario y las infraestructuras públicas.
DUODÉCIMA.-
Al hablar de ciudades inteligentes y sostenibles, al margen de su consideración ambiental, lo hacemos ineludiblemente atendiendo a criterios de transversalidad, puesto que no cabe aplicar medidas aisladas sin adaptarlas a los ámbitos donde la ciudadanía desarrolla sus actividades de todo tipo, ya sea productivo, sanitario, educativo, movilidad, seguridad, turismo, ocio, y siempre sin incurrir en discriminaciones por razón de edad, genero, religión o raza, con el objetivo final de eliminar las desigualdades, de forma que todos y todas participemos de forma igualitaria en la toma de decisiones. Ello nos lleva a subrayar de modo inequívoco la naturaleza necesariamente transversal de la sostenibilidad como referencia obligada en los ámbitos social, económico y ambiental.
DÉCIMOTERCERA.-
Constatamos la necesidad de que las ciudades inteligentes, con el impulso y fomento de las administraciones estatal y autonómica, establezcan un marco colaborativo, intercambiando proyectos y experiencias y generando sinergias que permitan ahorrar costes y alcanzar logros compartidos en beneficio de toda la ciudadanía. En este sentido, deben valorarse positivamente las iniciativas ya puestas en marcha en nuestra Comunidad Autónoma y demandar que se hagan extensibles al resto de las capitales andaluzas.
Del mismo modo, también valoramos muy positivamente los documentos que han sido elaborados a nivel estatal y autonómico con objeto de servir de marco de información y referencia, así como dar cuenta de las ayudas recogidas en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y en el Libro Blanco AndalucíaSmart para las Ciudades y Municipios.
DÉCIMOCUARTA.-
Sin perjuicio de la anterior conclusión, debe reseñarse no obstante que la elaboración compartida de hojas de ruta en la implantación de proyectos inteligentes o la aprobación conjunta de documentos de referencia con tal finalidad, no debe obviar que nuestras ciudades son diversas en sus características, necesidades y demandas por lo que, con objeto de garantizar el respeto al principio de autonomía local que nuestro marco constitucional establece, es deseable que cada ciudad encuentre su camino y opte por el modelo SMART más adecuado a su realidad y objetivos.
DÉCIMOQUINTA.-
Ha quedado constatado que, en no pocas ocasiones, la puesta en marcha de proyectos sectoriales inteligentes con respuestas eficientes a los objetivos pretendidos , resultan enmarcados en políticas o programas de cuestionada eficacia para responder a las necesidades actuales de la sociedad civil. Ello demuestra, una vez más, que es muy necesario tener una idea clara y global del modelo SMART de ciudad que pretendemos poner en marcha. La fijación de una estrategia, tal y como manifestábamos en nuestra primera conclusión, es un requisito previo e ineludible para garantizar la coherencia del modelo de ciudad que pretendemos implantar.
DÉCIMOSEXTA.-
Es preciso que, en el seno de las Administraciones Públicas, se desarrolle un verdadero esfuerzo de consenso entre las fuerzas políticas democráticas, porque el diseño de una ciudad inteligente, sin perjuicio de la necesaria flexibilidad para atender la siempre cambiante realidad social, demanda un serio compromiso con los proyectos, así como su permanencia y perdurabilidad, dadas las importantes inversiones que su implantación requiere.
