Tanto del informe que en su día nos fue remitido por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, como el de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz, se desprende que ambas Administraciones han llevado a cabo las actuaciones necesarias para resolver los problemas sobre las instalaciones del colegio.

A través de noticias de prensa se conoció que padres y madres del alumnado de un centro educativo de Jerez de la Frontera decidieron adoptar la medida de concentrarse todos los jueves a las puertas del centro docente para reivindicar los arreglos necesarios ante el estado de abandono en el que se encuentran sus instalaciones, la situación se agravó tras el accidente sufrido por un alumno de 6 años.

Por lo expuesto iniciamos, de oficio un expediente.

La persona interesada expone que como consecuencia de los daños sufridos en su vehículo por el mal funcionamiento de la barrera del Instituto de un municipio de la provincia de Córdoba, presentó reclamación patrimonial ante la Administración con fecha 10 de Diciembre de 2012.

Pasado mas de dos años, no ha tenido noticia alguna sobre la tramitación de su expediente, a pesar de que en reiteradas ocasiones ha solicitado su resolución expresa.

Del Informe de la Administración se ha podido comprobar que si bien no se ha podido emitir resolución definitiva a la reclamación, se le ha dado plazo de alegaciones para que aporte cuantas consideraciones tuviera por oportunas.

Cumplimentado dicho trámite de alegaciones, se procederá a la propuesta y resolución definitiva de la reclamación patrimonial.

La Administración informa que finalmente se contestó a las hojas de reclamaciones, y que se celebró una entrevista con el personal de protección de menores y se dio acceso al expediente de protección para formular alegaciones.

La interesada se quejaba de la ausencia de respuesta a diferentes escritos presentados en el registro de la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales en Sevilla.

Exponía como desde la Administración no se hacía nada para permitir una reagrupación familiar con su hija, pese a que el Juzgado consideraba posible una reunificación familiar si se producía un previo trabajo social con la familia, pero desde Protección de Menores ni se había solicitado la intervención de los servicios sociales de zona, ni se había requerido la intervención del equipo de tratamiento familiar, ni se había aumentado la periodicidad y duración de las visitas.

Por ello presentó un escrito solicitando una ampliación de las visitas y también presentó una hoja de reclamación, de cuyos escritos no obtuvo contestación.

Tanto la Delegación Territorial de Educación de Huelva como el Ayuntamiento de Ayamonte informan que el asunto ya está solucionado.

Tanto por la aparición de las noticias aparecidas en la prensa, como por habernos sido trasladado desde el Ayuntamiento de Ayamonte el Acuerdo adoptado en el correspondiente Pleno a propuesta del AMPA de un centro educativo de esa misma localidad conocimos la presencia en varias de sus instalaciones de elementos constituidos por amianto o uralita de amianto.

Ante la posibilidad de que se estuvieran conculcando, el derecho fundamental a la integridad física, así como los derechos a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales necesarios para su consecución. consideramos justificado iniciar, de oficio, un expediente para poder conocer qué plan de actuación se llevaría a cabo para atender a la mayor brevedad posible la solución al problema.

Las intervenciones necesarias para proceder a subsanar las graves deficiencias de infraestructuras, fueron valoradas por el APAEF, habiéndose aprobado el presupuesto necesario y comenzado las obras en el mes de Septiembre de 2015.

Por la prensa conocimos que en un Instituto de Sevilla, hubo que cerrar determinadas dependencias ante el peligro que suponía la reiterada caída de cascotes, problema que se sufría, desde 2005. Según los técnicos consultados por la comunidad educativa, estos desprendimiento se deben al mal estado en el que se encuentra la techumbre del edificio, en la que ya se detectó, en 2005, los primeros signos de deterioro.

Ante la posibilidad de que se estuvieran conculcando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución (derecho a la integridad física y derecho a la educación, respectivamente), así como los derechos a una educación de calidad y a la necesidad de contar con la infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones iniciamos, de oficio.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Sevilla ejecuta una orden de clausura de un establecimiento hostelero que no contaba con la debida autorización para su funcionamiento y que había sido reiteradamente denunciado por los vecinos de la zona afectada por ruidos, humos y olores.

La interesada nos indicaba en su escrito de queja que desde finales de 2013 venía sufriendo las molestias generadas desde un establecimiento hostelero situado en la plaza de Montesión, en Sevilla. En concreto, denunciaba la “disposición de veladores en la vía pública, que no son retirados hasta pasadas las 2’00 horas de la madrugada, vulnerando la normativa sobre cierre de locales y veladores del Ayuntamiento de Sevilla, así como la realización de conciertos, tanto dentro del local como en la vía pública. Los días que no celebra conciertos de música en directo, los responsables del local ponen música a un elevadísimo ruido. Por último, los dueños del local están ofreciendo a sus clientes comida preparada en barbacoas en la calle, generando humos y olores, y sin ningún tipo de control sanitario, poniendo en riesgo la salud de los consumidores”.

Había denunciado en varias ocasiones estos hechos al Ayuntamiento, personándose los agentes de la Policía Local que, siempre según la interesada, le habían adelantado que “el local carecía de licencia de apertura, de veladores y que la realización de conciertos era una actividad reservada a un tipo de local denominado "sala de fiesta", por ser los únicos que disponen de las condiciones de aislamiento acústico preceptivo que evitan ruidos molestos a los vecinos”.

A finales de septiembre de 2014 le informaron verbalmente que se había dictado una resolución acordando la clausura del local y la imposición de una sanción económica a su responsable de 3.000 euros, aunque el local permanecía abierto en el mes de noviembre, por lo que solicitó la ejecución de la citada resolución.

Terminaba su escrito de queja la interesada exponiendo que a “pesar del tiempo transcurrido y de las innumerables molestias que la actividad del bar causa a los vecinos, y lo que es más llamativo, a pesar de la existencia de una resolución del Ayuntamiento de Sevilla, en la que se acuerda la clausura de un local que no tiene licencia de apertura ni de veladores, el mismo sigue abierto y continúa con total impunidad con el desarrollo habitual de su actividad. Esta situación causa un grave desasogiego a los vecinos de la plaza, que ven como el Ayuntamiento, a pesar de las solicitudes de los vecinos, no ejecutan sus propios actos ni resoluciones".

Tras admitir a trámite la queja y dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, éste nos informó, en síntesis, que se había procedido a ejecutar la orden de clausura del establecimiento, que se produjo en mayo de 2015 mediante precinto por parte de la Policía Local.

De esta información dimos traslado a la interesada para que, si lo creía oportuno, nos presentara las alegaciones y consideraciones que creyera oportunas. Sin embargo, no recibimos respuesta de ella por lo que, finalmente, dimos por concluidas nuestras actuaciones al entender que no consideraba necesarias nuevas actuaciones por nuestra parte.