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Por parte de la Fiscalía competente se nos informó que, no sin problemas y en muy difíciles y penosas circunstancias, se procedió a restituir la guarda y custodia del menor a favor de la madre.

Se dirigió a Institución la interesada exponiéndonos que, a pesar de que era ella la que tenía atribuida la guarda y custodia de su hijo, éste vivía con su padre desde que, en Octubre de 2012, éste decidiera no devolvérselo tras estar disfrutando un fin de semana del régimen de comunicación y estancia que en su día fue acordado judicialmente. Solicitaba la colaboración de la Institución a efectos de que fuera restablecida la convivencia del menor en su domicilio.

Nos encontrábamos ante un conflicto que estaba siendo objeto de varios procedimientos judiciales, de manera que, por su situación de "litis pendencia", en principio, no podíamos llevar a cabo lo solicitado. Lógicamente, esta Institución no podía requerir al ex marido de la interesada para que devolviera su hijo a la madre.

Sin embargo, nos preocupó la situación de absentismo en la que se encontraba el menor desde mes de Octubre de 2012.

De dichas circunstancias, como no podía ser de otro modo, habían tenido conocimiento los distintos Juzgados que estaban conociendo los distintos procedimientos, así como el Ministerio Fiscal, por ser este parte en estos mismos procedimientos, sin que, según pareciera, hubieran reparado en la situación de absentismo escolar en la que se encontraba el menor a pesar de encontrarse en un nivel de educación de escolarización obligatoria, por lo que tampoco se había adoptado ninguna medida en orden a normalizar, al menos, esta concreta situación.

Fueron por estas concretas circunstancias por las que esta Institución consideró oportuno dar traslado al Fiscal Jefe correspondiente de la situación en la que se encontraba el menor para que, en el ejercicio de sus funciones de velar por su interés superior estudiara la procedencia de acodar las medidas que se consideraran oportunas en orden a garantizar su escolarización obligatoria, sin prejuicio de valorar, igualmente, las responsabilidades que pudieran derivarse del posible incumplimiento por parte de los progenitores de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad.

Finalmente la Administración nos informó que todos los alumnos y alumnas que lo habían solicitado habían sido adjudicatarios de sus respectivas plazas. En cuanto a las deficiencias de construcción detectadas se habían exigido a la empresa constructora su subsanación, actuación que se llevaría a efecto a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.

La presidenta de un AMPA nos exponía su preocupación por las deficiencias de construcción que está presentado un colegio de la localidad donde vive en la provincia de Sevilla, así como la falta de cumplimiento por parte de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla de proceder a la finalización de dichas obras.

La administración nos trasmitió la absoluta voluntad por su parte para concluir dichas obras. También, añadían, que la segunda fase con la que se deben de concluir las obras indicadas, estaban planificadas dentro del ámbito de las bajas que pudieran irse produciendo en el Plan OLA, aunque de no existir la necesaria disponibilidad presupuestaria en relación al citado plan, se procedería a la inclusión del alumnado afectado en espacios anexos a la instalaciones ya construidas, quedando de este modo siempre garantizada su adecuada escolarización.

Del igual modo, en dicho informe se nos indicaba que en esa Delegación Territorial no se tenía constancia de ninguna incidencia planteada con respecto a supuestas deficiencias de construcción en las instalaciones construidas en la primera fase y que ya estaban en funcionamiento, haciendo constar que los Directores de los centros docentes reciben instrucciones por parte de la Administración para que, en el momento en el que sean detectadas, procedan a su inmediata comunicación al ISE Andalucía para que se adopten las medidas oportunas.

Presidenta del AMPA, a esta comunicación por parte de la administración, nos expuso que 66 niños y niñas de la localidad no van a poder ser escolarizados por la insuficiencia de plazas disponibles, puesto que, según indican, en el centro docente no existe ningún espacio más que pueda ser destinados a aulas, y nos afirma las distintas vías a través de las cuales en diferentes ocasiones se había comunicado a la Delegación Territorial las deficiencias de construcción detectadas en la primera fase.

La Audiencia Provincial de Sevilla traslada al Consejo General del Poder Judicial queja del interesado sobre actuación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla.

El interesado se dirigió a esta Institución poniéndonos en conocimiento de que llevaba siete meses esperando a recibir una documentación que hasta en tres ocasiones había solicitado por escrito dirigido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla y que obraba en un procedimiento judicial en el que era parte. Así mismo, nos ponía en conocimiento del trato humillante recibido por parte del funcionario que le había atendido en el propio Juzgado.

Admitida la queja a trámite, desde la Audiencia Provincial de Sevilla se nos informó de que se había librado oficio a la Unidad Central de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial para que requeriera a la Juez Titular del Juzgado de Violencia de Género, de Sevilla a fin de que informara al respecto del asunto expuesto.