El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía aboga por las escuelas rurales como uno de los servicios públicos para luchar contra la despoblación

El Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha abogado hoy por el mantenimiento y promoción de las escuelas rurales en Andalucía como uno de los servicios públicos elementales para luchar contra la despoblación en el entorno rural.

La Defensoría de la Infancia ha celebrado hoy, en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada, la jornada La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas, en la que visibiliza esta realidad educativa a partir de un informe especial elaborado por la propia Institución.

Jesús Maeztu ha destacado que el informe se fundamenta en los cuestionarios y visitas in situ a todas las provincias. Existen 106 centros, con 346 sedes, y la provincia de Granada es, con 38, la que mayor número de colegios rurales tiene. Para las familias el grado de satisfacción alcanza un 95% entre bueno y muy bueno.

El Defensor de la Infancia ha destacado que “los medios rurales deben tener los servicios públicos mínimos para que pueda vivir la ciudadanía, en un entorno más agradable y placentero. Completamos este análisis con los servicios sanitarios elementales, pero la educación es la palanca transformadora de la sociedad”.

Jesús Maeztu ha señalado que el informe cuenta con una veintena de recomendaciones, “de las cuales al menos la mitad están en camino de ser aceptadas por la Administración”, y ha abogado por la coordinación entre los ayuntamientos y la Consejería andaluza competente en educación.

El informe propone, entre otras medidas, la reordenación de algunos Colegios Públicos Rurales para su adaptación a la demanda actual y futura, así como una normativa específica que contemple sus peculiaridades, por ejemplo, en cuanto a las medidas para la matriculación (“O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones”) y para los servicios educativos complementarios (aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares), muy escasos.

El Defensor de la Infancia propone un Plan para evitar la pérdida de unidades y la elaboración de un Mapa específico e integral para la identificación de los recursos disponibles. Asimismo, el Defensor de la Infancia hace hincapié en la mejora de las condiciones técnicas y ambientales de las instalacioness, y solicita medidas de discriminación positiva en materia de TIC para evitar la brecha digital, ya que 8 de cada 10 colegios han confirmado dificultades en la enseñanza, más patentes durante la COVID.

Entre otras propuestas, el Defensor ha pedido protección para el alumnado afectado por discapacidad; y un reconocimiento público y la mejora de la estabilidad del profesorado y resto de profesionales que prestan servicios, incluso con incentivos económicos; “ya que se trata de héroes, al trabajar con alumnado de distinto nivel, primaria y secundaria, y necesidades especiales”. “Esta gente hay que cuidarla porque favorecen el mantenimiento de la población”, ha aseverado Jesús Maeztu.

Asimismo, el Defensor ha destacado la necesidad de estimular la participación de las familias; y reflexionar sobre la extensión de la continuidad de las enseñanzas al primer y segundo ciclo de la ESO para favorecer el derecho del alumnado a permanecer en su entorno.