La Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución hace casi 25 años, entendió por violencia contra la mujer «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».
La violencia contra las mujeres es la manifestación más extrema de la desigualdad estructural de nuestra sociedad. Por ello, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, se suma hoy 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a la necesaria sensibilización y concienciación para condenar estas prácticas que permean diferentes esferas y ámbitos de la vida de las mujeres.
Es incuestionable que estas violencias tienen como origen una cultura machista. Como ejemplo, hemos actuado este año ante la violencia sexual, reclamando protocolos para prevenir y reaccionar ante los abusos en locales de ocio.
Igualmente es inadmisible la violencia de género, que ha acabado este año con la vida de 17 mujeres en Andalucía a manos de sus parejas o ex parejas. La última víctima fue una mujer muerta por un disparo y cuyo cadáver fue hallado junto al de su pareja en la localidad malagueña de Benalmádena este pasado octubre. Si bien es cierto que Andalucía es la región más poblada de España, la tasa de feminicidios registrados sólo en 2023 prácticamente duplica el porcentaje que representa su población en el conjunto nacional, con 56 mujeres asesinadas.
Como Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, hemos advertido en nuestro último informe anual sobre la situación en la que queda la infancia huérfana de la violencia de género. “Destruye el presente de los niños y niñas huérfanos, pero no podemos permitir que condicione también su futuro", ha reclamado el Defensor de la Infancia para pedir un mayor acompañamiento psicológico, especializado y específico, para esta infancia huérfana y sus familias; un sistema de ayudas económicas públicas para estas víctimas menores de edad cuando pierden a sus madres -14 este año y 88 en la última década en esta comunidad autónoma- y mejoras en la información disponible sobre la situación en la que quedan.
Ni una asesinada más es asumible. Ni un acto más de venganza contra sus hijos e hijas. Tampoco la situación en la que quedan los menores que pierden a sus madres por un hombre asesino.
El Defensor del Pueblo andaluz, este 25 de noviembre, recomienda a los poderes públicos la necesidad de replantear las actuaciones de prevención y protección de las mujeres para atajar, de una vez, este grave problema social.
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