La falta de una vivienda y, en concreto, la falta de una vivienda adecuada es un elemento clave para explicar la pobreza y el desarrollo en la etapa infantil y adolescente. Es un factor que limita las oportunidades de alcanzar aquello que se tiene la esperanza conseguir o, en términos de derechos de los niños y niñas, la falta de vivienda se convierte en un obstáculo primordial para acceder al derecho “a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social ”.
Los niños y niñas que viven en situación de pobreza y en una vivienda inadecuada son sin duda uno de los grupos más vulnerables3 dentro de la población. Para estos niños y sus familias los problemas relacionados con la vivienda se solapan con la falta de ingresos y con otras carencias, tanto en el propio hogar como en su entorno y su vecindario.
A pesar de la importancia del derecho a una vivienda adecuada y el establecimiento de normas de derechos humanos al respecto, 1.600 millones4 de personas viven en infraviviendas en todo el mundo, y esta cifra crece día a día, incluido un número cada vez mayor de niños y niñas que viven en asentamientos informales y barrios marginales o en la calle. Incluso en los países de ingresos altos se producen cada vez más problemas para el acceso a una vivienda asequible, problemas de hacinamiento, de informalidad e inseguridad en la tenencia, de viviendas inadecuadas o situaciones de sinhogarismo.
En España, en los últimos años, el tema de la vivienda ha estado muy presente en el debate público, político y social. El incremento de los precios desde 2015 y los efectos de las crisis más recientes: la asociada al COVID-19, que puso de relieve una manera cruda y repentina las malas condiciones de muchas viviendas y alojamientos; y la derivada de la inflación, han añadido presión sobre los costes de alquileres e hipotecas, y elevado el precio de los suministros de energía.
Esto ocurre en un país en el que la pobreza infantil permanece en niveles muy altos desde hace décadas (actualmente en el 28,9%) y cuyos datos parecen no mejorar5 . Un país en el que niños y niñas sufren especialmente la privación en relación con la vivienda como muestran muchos de los indicadores y los testimonios que se recogen en este informe.
En esta situación, recientes iniciativas de políticas públicas a nivel internacional sitúan el acceso la vivienda adecuada como uno de los retos principales para la infancia para el horizonte del año 2030. Entre ellos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Garantía Infantil Europea, una Recomendación de Consejo de la Unión Europea aprobada en 2021 para luchar contra la exclusión de servicios clave de los niños y niñas más vulnerables.
Para UNICEF, la implementación de la Garantía Infantil Europea y el logro de sus objetivos de aquí al año 2030 es uno de los elementos clave de las políticas europeas para la lucha contra la pobreza infantil, especialmente en España. En los trabajos previos para la implementación de esta política6 en nuestro país, ya se constató que “hay pocas políticas públicas en relación con la pobreza y exclusión social o de vivienda que se dirijan específicamente a los niños y niñas como beneficiarios“ y recomendaba en este análisis previo que “la pobreza infantil y el acceso a una vivienda digna -y los vínculos entre ambos- deben definirse más específicamente como temas objeto de la discusión y las políticas públicas”.
UNICEF España quiere contribuir con este informe a esta discusión y a asegurar que las políticas públicas en el ámbito de vivienda tienen incorporadas los derechos de la infancia. Informes de instituciones como el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y organizaciones como Save the Children, la Plataforma de Infancia, Provivienda, Cruz Roja o Cáritas, entre otras, están poniendo ya el foco en el papel, no marginal ni subsidiario, que los niños, niñas y sus familias deben tener en el enfoque con el que se diseñan estas políticas, además de la necesidad de reforzarlas. Políticas que no afectan solo a las personas y hogares en situación de pobreza, sino que lo hacen sobre el conjunto de la población e inciden de forma importante sobre decisiones clave de las personas sobre dónde y cómo vivir, sobre la posibilidad de los jóvenes de emanciparse y formar una familia, sobre las opciones de empleo o sobre decisiones de consumo al interior de los hogares.
Para hacer este informe también hemos contado con la colaboración de varias organizaciones que abordan, desde su experiencia, algunas de las situaciones de mayor vulnerabilidad residencial de la infancia: los desahucios (Provivienda), el chabolismo (Fundación secretariado Gitano), los asentamientos de trabajadores del campo (Andalucía Acoge), sinhogarismo y jóvenes ex tutelados (Hogar Sí y Provivienda) y el caso concreto de la Cañada Real Galiana (Asociación Barró).
Este informe quiere contribuir a recalcar el carácter universal del derecho a una vivienda adecuada para todos los niños y niñas, sin discriminación o restricción de ningún tipo. La falta de vivienda adecuada, la falta de accesibilidad a servicios en la proximidad o los desalojos forzosos. Todo puede ser mirado desde un enfoque de derechos de los niños y niñas, escasamente presente en las políticas actuales.
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