Queja número 17/0240
La Administración expresa su pesar por el desacierto con que se condujo la declaración de una víctima menor de edad en juicio oral ante el Juzgado de lo Penal.
Es evidente que desde la entrada en vigor del Estatuto de la Víctima, existen obligaciones por parte de los profesionales de los Juzgados de ofrecer medidas de protección de las víctimas, que en el caso de los menores resultan reforzadas con la finalidad de evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito.
Se dará cuenta de esta queja al Decano de los Juzgados y a la Fiscal de Víctimas para abordar el ofrecimiento generalizado a todas la víctimas (y específicamente a las víctimas menores) desde los juzgados, como información adjunta a la propia citación judicial, de las posibilidades de adoptar las medidas protectoras disponibles para aminorar el impacto de las diligencias judiciales sobre sus personas. También puede ser una iniciativa interesante la de interesar a la Consejería de Justicia la oferta de cursos de sensibilización e información de los derechos reconocidos en el Estatuto de la Víctima al personal de auxilio de los órganos de enjuiciamiento y el necesario recordatorio del estudio arquitectónico a desarrollar a cerca de los itinerarios a realizar para evitar el contacto entre víctima e infractor. En todas las sedes judiciales donde se celebren diligencias y juicios penales y la formación al personal sobre el uso de estos itinerarios.
La persona interesada expone su disconformidad con la protección que reciben los menores que han de comparecer como testigos en los Juzgados de lo Penal. Cita el caso de su hija, que compareció como testigo y perjudicada en un delito de robo con violencia, y que a pesar de las medidas adoptadas por el Juzgado hubo de compartir sala de espera con los familiares de los acusados y se vio intimidada por este hecho.
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