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En su escrito de queja la persona promotora de la queja exponía que en enero de 2020 reclamó a la Dirección General de Universidades, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, los cambios en los coeficiente de baremación de asignaturas para la prueba de acceso a la universidad, sin que hubiera recibido respuesta a esta reclamación.

Admitimos a trámite la queja a fin de que la citada Dirección General respondiera expresamente al escrito de la interesada, informándonos de ello.

La Dirección General de Universidades nos comunicó que en mayo de 2020 le fue notificada a la interesada la respuesta a su reclamación, remitiéndonos copia de esta respuesta.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a la reclamación, se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

La persona interesada denunciaba la demora por parte de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Málaga, en resolver la solicitud de PNC de Invalidez que había formulado en el mes de octubre de 2018.

Posteriormente, con fecha 22 de junio el interesado nos comunicó por escrito que se le había concedido la PNC solicitada.

La promotora de la queja nos trasladaba la difícil situación de su madre, en situación de dependencia por demencia frontotemporal y que hasta fechas recientes se encontraba en su propio domicilio a cargo de su marido, teniendo reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

El deterioro cognitivo de la dependiente hacían imprescindible la revisión del PIA para ingreso residencial, dado que había protagonizado episodios precisados de la intervención sanitaria y policial, hasta poner a su marido, también mayor, al borde de la impotencia y de la desesperación, incapaz de afrontar una situación tan difícil a su edad.

De hecho, tras el último incidente, hubo de intervenir la autoridad judicial, incoándose un procedimiento penal por violencia de género, que terminó con una orden de alejamiento en contra de su padre y el ingreso psiquiátrico involuntario de su madre.

Así las cosas, la compareciente había solicitado de forma urgente la revisión del PIA de su madre, por cuanto es preciso el ingreso en plaza residencial concertada de la misma, antes de que sea dada de alta en el hospital, ya que no puede retornar al domicilio.

Admitida a trámite la queja y solicitado informe al Ayuntamiento de su localidad y a la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se procedió a la tramitación del recurso residencial por la vía de urgencia, reconociéndole plaza en una Unidad de Trastornos de Conducta de la provincia de Málaga en mayo de 2020.

La promotora de la queja nos explicaba que en el mes de mayo de 2018, a su madre, de 91 años y diagnosticada de Alzheimer, se le reconoció el Grado III, Gran Dependencia, proponiéndose como recurso más adecuado a sus necesidades el Servicio de Ayuda a Domicilio, manifestándonos que hasta el mes de diciembre de 2018 no recibió la resolución aprobatoria de PIA.

El estado de salud de la dependiente había empeorado, necesitando la modificación del PIA a fin de solicitar el Servicio de Asistencia Residencial, y así lo hizo en el mes de enero de 2019.

A pesar de que había sido valorada en junio de 2019, hasta la fecha de presentación de su queja no se le había emitido la resolución aprobatoria de su nuevo PIA.

En este sentido, solicitaba que se resolviese sin más demora el expediente de dependencia de su madre, y de este modo poder acceder al recurso que le corresponda según su situación de dependencia.

Admitida a trámite la queja, solicitamos el preceptivo informe de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla.

Finalmente, la interesada nos trasladó su agradecimiento por la tramitación de su expediente al habérsele aprobado a su madre el nuevo PIA.

Compareció ante esta Institución el hijo de una señora mayor en situación de dependencia severa (Grado II), exponiendo que aunque su madre disfrutaba de plaza en Unidad de Estancia Diurna en tal concepto, las dificultades para asistir al Centro habían determinado el desistimiento del Centro de Día que tenía asignado.

El 4 de octubre de 2019 solicitó la revisión de su PIA, estando a la espera de que se resolviera para poder contar con un nuevo recurso.

Admitida a trámite la queja y solicitado informe a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, recibimos la respuesta de que en junio de 2020 se había aprobado a favor de la dependiente el servicio de ayuda a domicilio y el de teleasistencia, quedando con ello satisfecha su pretensión.

De las diferentes comunicaciones que nos remitió una persona esta Institución concluyó que se había dirigido al Ayuntamiento de Sevilla en varias ocasiones, al menos mediante escritos presentados en octubre de 2019 y enero de 2020, denunciando la, para él, inadecuada conservación de un local propiedad de LIPASAM situado en una urbanización, así como que en la zona verde comprendida entre dos calles existían varios postes verticales, donde antes había papeleras, pero al desaparecer éstas habían quedado estos postes que, a juicio del interesado, podían ser un peligro para los peatones. También denunciaba falta de limpieza del entorno de la urbanización. Siempre según el interesado, de los mismos no había recibido respuesta ni se habían solucionado las deficiencias que denunciaba.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado ayuntamiento respondiera expresamente a los escritos del interesado, informándonos de ello.

El ayuntamiento nos comunicó que ya había respondido al interesado aunque también informaba a esta Institución de las diferentes cuestiones planteadas por el interesado. Así, respecto del local propiedad de Lipasam, tras inspeccionar el mismo no habían detectado incidencia alguna aunque, en todo caso, la edificación no era propiedad de Lipasam, que sólo tenía servidumbre de paso para efectuar determinados trabajos; al parecer era propiedad de la comunidad de propietarios de la urbanización. En cuanto a los postes, ya habían sido retirados y también nos informaban que habían modificado los servicios para reforzar la limpieza de la zona.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta al interesado se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

El reclamante expone que precisa el acceso completo a su historia clínica. Necesita información de dos intervenciones quirúrgicas en la mano, una en 2003 o 2004 y otra en 2018 y nos cuenta que solo le han dado acceso a la de 2018.

La petición de historia clínica se encuentra realizada desde el 12.12.2019.

Interesados ante la Administración sanitaria recibimos informe por el que se nos da cuenta de la revisión realizada en el historial, registrado en DIRAYA, y nos observan la inexistencia del episodio referido por el solicitante, correspondiente a una asistencia recibida entre los años 2003-2004.

Así, nos refieren que han acudido al Archivo Externo de Pasivos, en orden a verificar la posibilidad de un error de filiación que hubiera producido una duplicación de la historia, lo que efectivamente era la causa de la anomalía descrita.

En este sentido, concluyen que una vez superadas las restricciones debidas a las medidas de protección derivadas de la actual pandemia, se ha procedido a una completa búsqueda en dicho Archivo, encontrándose la documentación referida por la parte promotora de la queja, informando de todo lo cual al interesado a través de la Unidad de Atención a la Ciudadanía.

A la vista de cuanta información nos trasladan, consideramos que el asunto que nos trasladaba el reclamante se encuentra solucionado.

El promotor de la queja, como yerno y cuidador de hecho de su suegra, exponía que con fecha 21 de septiembre de 2017 solicitó el reconocimiento de su situación de dependencia. Con fecha 14 de enero de 2019 se dictó Resolución por la que se le reconoce un Grado III, de Gran Dependencia.

Tras varias consultas e interposición de una reclamación ante la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, le informan que el PIA de su suegra está elaborado por los servicios sociales comunitarios y remitido a la citada Delegación desde el 8 de julio de 2019, que su suegra se halla en una lista de espera para la asignación de una residencia y que la lista de espera va por el mes de marzo-abril de 2017.

Atendiendo al tiempo transcurrido solicitaba que se aprobase sin más dilación el PIA de la dependiente y se le asignase una plaza residencial.

Admitida a trámite la queja, solicitamos el preceptivo informe de la Delegación Territorial en Granada, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. A la vista de la información recibida y realizadas las actuaciones oportunas, finalmente, el interesado nos ha comunicado que la dependiente ha accedido a la plaza residencial propuesta en su Programa Individual de Atención.

Las Administraciones aceptan la Recomendaciones planteadas por esta Defensoría por ello se procede al archivo del expediente.

La queja fue tramitada de oficio por el Defensor del Pueblo Andaluz a fin de analizar la situación del denominado Puente de Alfonso XIII, en la ciudad de Sevilla, ante su estado de abandono y deterioro.

Finalmente, con fecha 21 de enero de 2020, el Defensor del Pueblo Andaluz acordó dirigir resolución al Ayuntamiento de Sevilla, a la Delegación Territorial en materia de Cultura y Patrimonio Histórico y a la Autoridad Portuaria de la ciudad, expresada en los siguiente términos:

“RECOMENDACIÓN a la Autoridad Portuaria de Sevilla para que se extremen las medidas de vigilancia y seguridad del Puente de Alfonso XIII a fin de evitar actos de vandalismo y expolio de sus componentes en el ejercicio de las responsabilidades que le incumben como titular del bien para atender el debido estado de conservación del puente y su efectiva protección y conservación en base a los actuales instrumentos de tutela.

RECOMENDACIÓN al Ayuntamiento de Sevilla y al Delegación Territorial en materia de Cultura y Patrimonio Histórico, integrados en la comisión de seguimiento, para definir técnicamente las condiciones de tutela y protección que merece el Puente de Alfonso XIII en función de los estudios e informes técnicos previstos en la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía”.

Desde la fecha en que fue dirigida dicha resolución, el Defensor del Pueblo Andaluz ha venido requiriendo a las entidades destinatarias su respuesta según señala la Ley 9/1983, en su artículo 29. Pues bien, ante dicha resolución la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico nos respondió señalando:

“PRIMERO. La Autoridad Portuaria, como propietaria del bien, es el ente encargado de cumplir las medidas de vigilancia y protección del Puente de Alfonso Xlll, que el planeamiento de protección del Conjunto Histórico de Sevilla, concretamente el Plan Especial de Protección del Sector 27.3 “Puerto”, tiene contemplado el bien en una Ficha de Catálogo y sus ordenanzas establecen las determinaciones de protección y conservación.

SEGUNDO. Esta Delegación Territorial puede comprometerse a interesarse y a mediar para agilizar que se lleven a cabo las medidas ya establecidas o para estudiar nuevas propuestas, en el ámbito de sus competencias, tal como se ha venido haciendo hasta ahora. No obstante desde esta Delegación Territorial se tratará de impulsar el trabajo de la comisión de seguimiento para definir técnicamente las condiciones de tutela y protección del Puente de Alfonso Xlll, en base a sus competencias.

En conclusión, se considera que se han aceptado y se tienen en cuenta los términos de la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz de fecha 24/01/2020 recaída sobre la Queja 018/5775, en lo que es competencia de esta Delegación Territorial“.

Igualmente, la Autoridad Portuaria respondió a la resolución indicando que:

“PRIMERO.- De conformidad con la recomendación recibida (queja 18/5775) se reitera Ia información que remitida con anterioridad (queja 14/5341), destacándose que la Autoridad Portuaria de Sevilla implantó y mantiene medidas de seguridad y vigilancia, con cerramiento perimetral incluido, de acuerdo con sus competencias propias, que no incluyen las correspondientes a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (art 296 T.R. de la Ley de Puertos del Estado y dela Marina Mercante), en el ámbito donde se sitúa el referido bien mueble en orden a tratar de impedir el acceso a personas no autorizadas y que se puedan causar daños a la infraestructuras y bienes existentes en dicha zona. Las referidas medidas son objeto de continuo seguimiento en orden a poder detectar incidencias que puedan motiven nuevas acciones o medidas a desarrollar.

Asimismo, se solicita el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en orden a que en el ámbito de sus competencias se incremente la vigilancia y actuaciones en dicho ámbito. En el supuesto de detectarse cualquier incidente hecho que pudiera constituir un ilícito penal, se emiten las correspondientes denuncias ante la autoridad judicial, en orden a que se exigieran las correspondientes responsabilidades tanto penales como civiles a que hubiese lugar, personándose este Organismo Público en los referidos procedimientos,

SEGUNDO. AI respecto, se detalla que el referido Puente de Alfonso Xlll, conocido popularmente como “Puente de Hierro", es una estructura que hasta la década de los años 90 del siglo pasado unía el final de la Avenida de las Razas con el ámbito de Tablada y los terrenos donde se desarrolla periódicamente la Feria de Abril, estando habilitado para el tráfico ferroviario, rodado y siendo de tableros móviles para posibilitar el tráfico de buques.

Tras la entrada en servicio del denominado "Puente de las Delicias”, fue cerrado al tráfico y, al resultar incompatible con la operativa portuaria, fue conservado y trasladado por la Autoridad Portuaria de Sevilla, a su exclusiva costa, en primer lugar al denominado Muelle de las Delicias y, finalmente, al ámbito del acceso Este al Puerto de Sevilla (Avda. de las Razas), en la denominada Área AL-9 del Plan Especial del Puerto de Sevilla. (Área libre y de dotación y servicios de la Puerta Este del Puerto de Sevilla.

En este sentido, se debe detallar que la Autoridad Portuaria de Sevilla está colaborando y cooperando con las Administraciones con competencias al respecto en orden al análisis y finalmente la definición y materialización de medidas que puedan culminar con un nuevo proyecto, incluso de iniciativa y financiación privada, que incluya la puesta en valor del denominado “Puente de Hierro" y su utilización como mirador público de la zona portuaria y/o elemento central de referencia, de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación.

Así,se debe destacar la licitación que se tramita por este Organismo Público relativa a la contratación de “Oficina Técnica para el desarrollo del distrito urbano portuario de Sevilla", Ref: CONT0076/19, https://contrataciondelestado.es/, que incluye el ámbito físico donde se sitúa el referido bien mueble, estando previsto que se proceda a adjudicar el contrato, tras suspensión del procedimiento por estado de alarma, en las próximas semanas”.

Y, finalmente, el Ayuntamiento atendió las sucesivas peticiones dirigidas desde esta Institución mediante un escrito señalando:

“Recibida la Recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz, relativa al expediente de referencia, en la que expone al Ayuntamiento de Sevilla y a la Delegación Territorial en materia de Cultura y Patrimonio Histórico, como integrantes de la Comisión de Seguimiento para la puesta en valor y conservación del puente de Alfonso XIII -Puente de Hierro-, definan técnican1ente las condiciones de su tutela y protección, en función de los estudios e informes técnicos previstos en la Ley 14/2017, de Patrimonio Histórico de Andalucía, desde la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo y Medioambiente, aceptamos dicha recomendación, de manera que, una vez avanzados los trabajos de análisis sobre los valores del puente, se impulsarán aquellas propuestas que sean viable, desde el punto de vista patrin1onial y urbanísticos, para ser elevadas a la Comisión de Seguimiento para su consideración”.

Según las respuesta recibidas, el Defensor debe entender la aceptación de la Resolución formalmente expresada, por las entidades en el marco de sus respectivas competencias.

No obstante, y sin perjuicio de las aceptaciones comunicadas, no podemos sustraernos a la entidad del problema que abordamos en relación no sólo con la protección de los elementos del propio “Puente de Hierro”, sometido a frecuentes ataques vandálicos, sino en la imperiosa necesidad de definir el destino y uso final que las autoridades otorguen a dicha estructura.

Recordamos que esta Institución ya acometió en su día, también de oficio, la queja 14/5341, ante los actos de robo y desguace que se producían en el puente y sus elementos y que concluyó acogiendo los compromisos de protección de la estructura y de trabajar entre las partes responsables para definir su uso y destino. Ahora, sumamos estas actuaciones con motivo de la presente queja de oficio, que fue iniciada a finales de 2018, y no ha sido hasta el mes de julio de 2020 cuando hemos podido contar con el posicionamiento formal de las administraciones competentes, que vuelven a remitirse a futuras e imprevisibles decisiones que pueden de nuevo prolongarse en el tiempo.

Nos ratificamos, pues, en el criterio manifestado desde este Defensor del Pueblo Andaluz de que se desplieguen todas las labores de impulso hasta de finalización de tales proyectos de protección para el Puente de Alfonso XIII a cargo de las autoridades portuaria, municipal y autonómica y, en todo caso, persistiremos en la labor de seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención del Defensor del Pueblo Andaluz en futuras intervenciones.

Con todo lo expuesto, según las respuestas recibidas, el Defensor ha de interpretar la aceptación de las Resoluciones dirigidas a las distintas administraciones y, por tanto, la conformidad con las medidas propuestas ante las autoridades, por lo que procedemos al archivo del expediente.