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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba por la que recomienda que sin más dilación se impulse el expediente de dependencia de la persona dependiente con el dictado de la resolución reconociéndole la situación de dependencia y el derecho de acceso al recurso correspondiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente.
ANTECEDENTES
1. La promotora de la queja expone que con fecha 28 de diciembre de 2023, presentó solicitud para el inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a instancias de su hijo, de 30 meses de edad.
Manifiesta que en el mes de marzo de 2024, acudió a su domicilio el personal de atención a la dependencia, quien efectuó la valoración del solicitante y elaboró la propuesta del programa individual de atención en la que se propone la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Desde entonces, aguarda el dictado de la correspondiente resolución.
2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a ese órgano territorial que, en extracto y por lo que en este momento resulta relevante, nos informaba que el expediente de dependencia se encuentra en la fase “GESTIÓN DE VALORACIÓN”.
Según nos informan, se detecta que entre los documentos adjuntos migrados al nuevo aplicativo informático, no se encuentra el Informe de Valoración realizado, por lo que no está completo, por lo que se efectúa consulta a los servicios centrales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) al objeto de subsanar urgentemente dicha falta, por tratarse de un menor que tiene preferencia.
3. Puesto dicho informe en conocimiento de la promotora de la queja nos reitera su pretensión, trasladando su desesperación ante la demora que afecta al expediente de dependencia de su hijo de 30 meses de edad, iniciado en el mes de diciembre de 2023, encontrándose a mediados del mes de marzo de 2025 aún inconcluso ante la demora que afecta al dictado de la resolución, por la no migración de informe de valoración.
CONSIDERACIONES
Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema –que se iniciará a instancia de la persona interesada–, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.
De la relación cronológica que consta en el expediente del dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal para el reconocimiento de la situación de dependencia del afectado y del reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente a la dependencia del mismo.
La respuesta proporcionada por la Delegación Territorial competente se limita a reconocer que el procedimiento administrativo está pendiente debido a que no se ha migrado la totalidad de los documentos del expediente de dependencia al nuevo aplicativo informático, en concreto, el informe de valoración elaborado por el personal de atención a la dependencia.
Una vez advertidos del error, nos informan sobre la consulta realizada a los servicios centrales de Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para su subsanación. Esta información fue proporcionada hace dos meses, pero a pesar de ello, el expediente aún no ha sido concluido en marzo de 2025.
Es importante destacar que esta Institución conoce la necesidad de observar en la tramitación de los expedientes el orden riguroso de incoación, conforme al principio del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como los supuestos de tramitación preferente del artículo 155 del Decreto-ley 3/2024, que permiten alterar la prioridad legal antedicha. Supuesto en el que se encuentra el peticionario en virtud de su corta edad, como reconoce la Administración.
Esta Institución, en suma, en su competencia estatutaria de velar por los derechos y libertades públicas de la ciudadanía andaluza, debe instar rotundamente el cumplimiento de los plazos legales máximos para la resolución de los expedientes de dependencia, vencidos los mismos en exceso. Lo contrario supone vulnerar la normativa estatal y autonómica y, por ende, el derecho.
La citada observancia del orden general en la tramitación de expedientes no obsta al también deber legal de su tramitación en plazo, preceptuado por el artículo 29 de la misma Ley 39/2015, que es de obligado cumplimiento para posibilitar la efectividad y eficacia del derecho subjetivo y exige la adopción de las medidas y la remoción de los obstáculos que la impidan, puesto que de no ser así, se haría indefinida la tramitación del procedimiento a nivel general y no en supuestos excepcionales, sin nacer derecho alguno al reconocimiento de la situación de dependencia y disfrute de las prestaciones hasta que quiera la administración, primándose la inactividad de la administración pública colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de resolver en plazo.
No en vano se pronuncia asimismo a este respecto la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 20, cuando afirma que los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas encargados de la resolución o el despacho de los asuntos, son responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.
La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.
En tanto que es un procedimiento administrativo se le aplican las reglas del derecho a una buena Administración contemplado en el artículo 103.1 de la Constitución española, que regula que la Administración Pública, debe actuar, entre otros, conforme al principio de eficacia; el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que pretende garantizar a la ciudadanía que sus asuntos se resuelva en un plazo razonable y el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, que incluye dentro del principio de buena administración el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
En concreto, y en lo que afecta al procedimiento para la revisión de la situación de dependencia, con el nuevo procedimiento regulado en el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, queda infringido su artículo 154.3 que fija en seis meses, el plazo máximo para resolver las solicitudes de revisión de la condición de dependiente y la aprobación del nuevo programa individual de atención, con la debida notificación a las personas dependientes o sus representantes legales.
Por su parte, en lo que se refiere al acceso a los servicios del catálogo de la dependencia, debemos traer a colación el artículo 178 del ya citado Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, en el que se establece que tendrán prioridad en el acceso a los servicios las personas con mayor grado de dependencia reconocido y, a igual grado, aquellas con menor capacidad económica, a igualdad de las dos anteriores, la mayor antigüedad en la fecha de la última solicitud que ha originado el reconocimiento del servicio.
En este caso específico, al tratarse de una persona dependiente de tan solo 30 meses de edad, se aplica la tramitación preferente según lo establecido en el art. 155 del Decreto-ley mencionado. En dicho artículo se establece que tendrán carácter preferente en la tramitación del procedimiento los siguientes supuestos, entre ellos: “b) las solicitudes de personas menores de seis años”. Por lo tanto, la solicitud del hijo la promotora de la queja debe ser tramitada de manera prioritaria debido a su corta edad, según lo dispuesto en la normativa correspondiente.
Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, nos permitimos trasladarle la siguiente
RESOLUCIÓN
RECORDATORIO de los deberes legales recogidos en los preceptos recogidos en el cuerpo de la presente resolución y a los que se debe dar inmediato y debido cumplimiento.
RECOMENDACIÓN para que sin más dilación se impulse el expediente de dependencia de la persona dependiente con el dictado de la resolución reconociéndole la situación de dependencia y el derecho de acceso al recurso correspondiente, permitiendo con ello el reconocimiento de un derecho universal y subjetivo traducido en el disfrute de un servicio y/o prestación que ayude y mejore la calidad de vida de la persona dependiente.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz
