Recordamos al Ayuntamiento de Hinojos la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que responda expresamente las alegaciones presentadas por el promotor de la queja.
ANTECEDENTES
I. Con fecha 29 de julio de 2025 fue registrada de entrada en este Comisionado del Parlamento de Andalucía comunicación remitida por … , a través de la cual nos exponía sus alegaciones en relación al informe remitido por ese Ayuntamiento con fecha 17 de julio de 2025 y número de registro 2025-S-RC-683.
Cabe recordar que el presente expediente de queja se tramitaba por esta Institución a los efectos de instar a ese Ayuntamiento a dar respuesta expresa a los escritos presentados por el Sr. … con fecha 23.10.2024 y 14.11.2024, en relación con el proceso de adjudicación de plazas en la Marisma Gallega de Hinojos por el Ayuntamiento de Hinojos y su Junta Municipal de Pastos.
En dicho informe nos indicaba, entre otras consideraciones, que “las alegaciones de los reclamantes fueron oportunamente debatidas en la Junta Municipal de Pastos en Sesión Ordinaria de fecha 26/11/2024, dictándose la oportuna Resolución de Alcaldía con fecha 16/12/2024 que fue notificada a los interesados con fecha 17/12/2024”.
Asimismo, se señalaba en el informe remitido lo siguiente: “No obstante lo anterior, ha de indicarse que el escrito de fecha 23/10/2024 fue oportunamente contestado a través de la ANCGM, como entidad competente para efectuar la solicitud de adjudicación de plazas en la Marisma”.
A este respecto en el escrito de alegaciones a este informe presentado por el Sr. … el mismo nos traslada, entre otras consideraciones, lo siguiente:
“(…) deseo recordar que el objeto inicial de mi reclamación no era recibir una copia de un escrito previamente remitido por mí mismo, sino obtener una aclaración oficial por parte del Ayuntamiento sobre los criterios y el procedimiento aplicados en la adjudicación de las plazas en la citada marisma.
(…) El Ayuntamiento, como entidad pública, está obligado a publicar los criterios de adjudicación de las plazas de ganado, así como los requisitos exigidos, el baremo de puntuación, y los criterios técnicos y administrativos utilizados. De no hacerlo, podría estar incurriendo en una posible malversación de fondos públicos, al asignar las plazas de forma arbitraria, incumpliendo así los principios de transparencia, objetividad y legalidad que deben regir la actuación de toda administración pública.”
En consecuencia con lo expuesto, el promotor de la queja insiste en solicitar una respuesta expresa del Ayuntamiento de Hinojos a los escritos presentados con fecha 23.10.2024 y 14.11.2024, en la que se de contestación a las cuestiones específicas planeadas en los mismos.
II. Reunidos cuantos requisitos formales resultan exigidos por el apartado primero del artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó solicitar a esa Administración que resolviese expresamente, sin más dilaciones, los escritos presentados por la parte promotora de la queja, informándonos al respecto.
III. Recibida su comunicación de fecha 17 de diciembre de 2025 le indicábamos que no teníamos acceso a la documentación que se indicaba en los justificantes registrales de salida como documentos enviados, por lo que procedíamos a dirigirnos nuevamente a Vd. solicitándole dicha documentación en fecha 23 de diciembre de 2025.
IV. A pesar de haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la remisión de la mencionada solicitud el pasado 6 de noviembre de 2025 y de haber reiterado la misma en dos ocasiones (adjuntamos copia), hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de ese organismo.
De tales circunstancias no cabe más que extraer la existencia de un reconocimiento tácito de la falta de respuesta denunciada por la parte promotora de la queja.
En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera.- De la obligación de resolver a cargo de la Administración Pública.
El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y de notificarla en todos los procedimientos, sin perjuicio de que en el procedimiento intervenga prescripción, renuncia, caducidad o desistimiento, o bien la desaparición sobrevenida de su objeto, pues cuando concurran estas circunstancias habrá de dictarse dicha resolución en tal sentido. Quedan exceptuados de esta obligación exclusivamente los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, o los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
Debe añadirse que el apartado 6 del artículo 21 LPAC establece que «El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo», pudiendo dar lugar su incumplimiento a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
Segunda.- Del silencio administrativo negativo.
Ante la falta de respuesta administrativa, debemos hacer referencia a la jurisprudencia creada en torno al control constitucional de las resoluciones judiciales que declaran la extemporaneidad de recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la desestimación por silencio administrativo de solicitudes o reclamaciones de los interesados.
Puede citarse a tal efecto la Sentencia 72/2008, de 23 de junio de 2008, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional en el Recurso de amparo 6615-2005, Fundamento Jurídico 3:
«Se ha venido reiterando, conforme a esta jurisprudencia constitucional, que el silencio administrativo negativo es simplemente una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda acceder a la vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración; se ha declarado que, frente a las desestimaciones por silencio, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto presunto, imponiéndole un deber de diligencia que, sin embargo, no le es exigible a la Administración en el cumplimiento de su deber legal de dictar resolución expresa en todos los procedimientos. Bajo estas premisas, este Tribunal ha concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE—, al primar injustificadamente la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido con su deber de dictar y notificar la correspondiente resolución expresa.»
La institución del silencio administrativo negativo -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura por ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por parte de los interesados. Por tanto, la Administración no queda eximida de su obligación de resolver, incluso, de modo que no queda sujeta al sentido del silencio.
Tercera.- Del derecho a una buena administración y los principios rectores de la actuación administrativa.
Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.
Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con una serie de principios, entre ellos lo de eficacia y sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente deberán respetar en su actuación los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos; buena fe y confianza legítima, entre otros.
A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente
RESOLUCIÓN
RECORDATORIO de los Deberes Legales contenidos en los preceptos que han sido transcritos.
RECOMENDACIÓN concretada en la necesidad de dar respuesta, a la mayor brevedad posible, a los escritos presentados por la parte afectada con fecha 23 de octubre y 14 de noviembre de 2024.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor del Pueblo Andaluz
