Alerta por correo electrónico de las novedades

ANTECEDENTES

Ver asunto solucionado o en vías de solución

I. Tuvo entrada en esta Institución escrito remitido por la interesada, a través del cual señalaba lo siguiente:

“Que pertenece a un club con licencia federativa de voleibol, pero que debido a que en la liga femenina federada tan solo hay 3 equipos, su club y otro decidieron como en años anteriores inscribirse para participar en los Juegos Deportivos Municipales de Córdoba. Que lo hicieron a sabiendas de que la normativa del IMDECO prohíbe la participación de jugadores federados, ya que su única intención era participar sin importarles la clasificación y que no pudieran puntuar.

Que por este motivo con fecha 19 de marzo pasado se ha dictado por el "Comité de Resolución" un Acta en relación al encuentro de la Jornada 5 de fecha 15 de marzo de 2019 entre CD Salesianos y CD Murianense de la categoría Senior Femenino en el que se les aplica la sanción de Descalificación. Que consideran tal medida como una discriminación hacia los deportistas federados”.

II. Reunidos cuantos requisitos formales se prevén en el artículo 16 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, esta Institución acordó admitir a trámite la referida queja y, consiguientemente, solicitar de la corporación municipal la emisión de informe, que ha sido evacuado en el siguiente sentido:

“El IMDECO tiene entre sus objetivos, según sus estatutos la promoción de la actividad física y las actividades deportivas en general. Dentro de las estrategias con las que nos hemos dotado para este fin están los programas en los que se ofrece a la población de la ciudad, los medios para una práctica deportiva de iniciación, divertida, fácil de realizar, y con la que intentamos crear hábitos deportivos saludables que los acompañen a lo largo de su vida.

Los Juegos Deportivos Municipales (JDM en adelante) es un programa que pueden motivar un deseo de desarrollo técnico más alto en los participantes, pero ese no es el objetivo principal de este programa, ya que los objetivos puramente competitivos, el alto rendimiento o la excelencia deportiva, aún siendo importantes para esta edades, no lo son tanto como los programas educativos, de promoción de hábitos deportivos, de actividad física gratificante o los medios para alcanzar la salud y el bienestar.

El nivel deportivo de los participantes en competiciones federadas es de media substancialmente mas alto que la mayoría de los jóvenes deportistas que se inician en cualquier especialidad en el programa referido. Esta superioridad técnica implica de manera muy habitual, una demostración palpable del desnivel que pueda llegar a existir entre dos deportistas de la misma edad pero con distinto desarrollo técnico de una disciplina. Es decir, se producen situaciones que queremos evitar como la victoria en partidos por diferencias apabullantes, demostraciones de superioridad avasalladoras, etc. Y estas situaciones en nada ayudan a los deportistas federados/as o de nivel similar, pero sin tienen una repercusión muy negativa entre los no federados que llegan hasta situaciones de humillación que no queremos fomentar en este programa. Si bien esta circunstancia no se da siempre, si se han producido con mucha más frecuencia de la que hubiéramos querido en este programa siempre que han participado deportistas federados, o similares, llegando a desvirtuar los objetivos básicos que perseguimos.

Los Juegos Deportivos Municipales buscan que la iniciación a cualquier deporte se produzca en situaciones de igualdad de nivel como corresponde a un programa de promoción y no de rendimiento puro.

Ante lo expuesto, y tras mucha reflexión, en su momento, se recogió de que en el programa básico de promoción deportiva de la ciudad, o sea, el programa de Juegos Deportivos Municipales, no se permita la participación de deportivas con ficha federativa en el mismo deporte y año de cada convocatoria o similares características.

No obstante, le informo que de haber existido una solicitud por escrito exponiendo los motivos concretos para la participación de jugadores/as federados/as en esta modalidad y categoría, ésta, al menos se podría haber estudiado, circunstancia que no se ha producido”.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El Deporte y su condición de factor corrector de desequilibrios sociales.

Ciertamente, el deporte tiene la condición de factor corrector de desequilibrios sociales. Así el Preámbulo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, señala que «constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea».

La importancia del deporte fue recogida en el conjunto de principios rectores de la política social y económica que recoge el capítulo tercero del título I de la Constitución, que en su artículo 43.3 señala: «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio».

En consonancia con ello, el apartado primero y segundo del artículo 4 de la citada Ley del Deporte, dispone que:

«1. La Administración del Estado y las entidades educativas y deportivas atenderán muy especialmente la promoción de la práctica del deporte por los jóvenes, con objeto de facilitar las condiciones de su plena integración en el desarrollo social y cultural.

2. Es competencia de la Administración del Estado fomentar la práctica del deporte por las personas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al objeto de contribuir a su plena integración social.»

En el ámbito autonómico, la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte Andaluz, incide en dicho aspecto «postulando al deporte como un derecho de la ciudadanía, mediante el reconocimiento de la existencia de la práctica deportiva en toda su magnitud, que incluye desde el deporte de competición al deporte de ocio», «teniendo la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud», «inspirada en el principio de igualdad efectiva y en la plena integración de las personas con discapacidad, personas mayores y los grupos de atención especial... reconociendo del derecho al deporte con carácter universal e imponiendo a todas las administraciones públicas el deber de garantizar el acceso de la ciudadanía a la practica del deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades».

A tal efecto, el artículo 7 viene a determinar como grupos de atención especial a «la infancia y la juventud y aquellos grupos sociales más desfavorecidos o en situación de riesgo de exclusión social», para a continuación en el artículo 9 establecer en relación con el deporte para personas con discapacidad, que «se promoverá y fomentará la práctica de actividades físicas y el deporte, procurando eliminar cuantos obstáculos se opongan a su plena integración».

Segunda.- La Ordenanza Municipal como norma reguladora de la actividad.

La Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece en su artículo 84.1.a) que las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de Ordenanzas y bandos, ajustándose dicha actividad de intervención a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue (art. 84.2). Y de acuerdo con lo establecido en su artículo 4, el Municipio, dentro de la esfera de sus competencias goza de potestades reglamentarias y de autoorganización.

A los efectos regulatorios de ámbito municipal, nos encontramos tanto con la “Normativa de los Juegos Municipales 2018-2019”, como con las “Bases de la convocatoria de los XXXIV Juegos Deportivos Municipales 2018-2019” y el “Reglamento General de los XXXIV Juegos Deportivos Municipales 2018-2019”. En relación a las Bases de la convocatoria, la Base 1 regula a los “Participantes”, indicando que:

«Los Juegos Deportivos Municipales que organiza el IMDECO tienen como objetivo fundamental la participación de deportistas no federados. Este programa persigue fines diferentes a la de las competiciones que organizan las distintas Federaciones».

Y así, la Base 15 establece como incompatibilidad que «La participación en Competiciones Federadas y Campeonatos de Andalucía en cualquier categoría es incompatible con la participación en los Juegos Deportivos Municipales dentro del mismo deporte, o especialidad … Se considera que un deportista es Federado o alta en Campeonatos de Andalucía durante toda la temporada, aunque haya finalizado la competición o haya sido dado de baja después de haber comenzado los XXXIV Juegos Deportivos Municipales 2018/2019 (según modalidad deportiva)».

En cuanto al Reglamento General de la competición, su artículo 1 viene a establecer:

« … La actividad de los Juegos Deportivos Municipales es incompatible dentro de la misma especialidad deportiva con competiciones oficiales que se desarrollen de forma paralela (Federada, Campeonatos de Andalucia)».

Tercera.- La participación de deportistas federados en los Juegos Deportivos Municipales.

Una vez referenciada la normativa de aplicación vamos a proceder a su análisis, ya indicamos que la Base 1 viene a establecer que los JDM «tienen como objetivo fundamental la participación de deportistas no federados», argumentando el IMDECO en su informe en este sentido que “los JDM es un programa que pueden motivar un deseo de desarrollo técnico más alto en los participantes, pero ese no es el objetivo principal de este programa, ya que los objetivos puramente competitivos, el alto rendimiento o la excelencia deportiva, aún siendo importantes para esta edades, no lo son tanto como los programas educativos … El nivel deportivo de los participantes en competiciones federadas es de media substancialmente más alto … se producen situaciones que queremos evitar … Los JDM buscan que la iniciación a cualquier deporte se produzca en situaciones de igualdad de nivel ...”.

Así pues, se indica que los programas se estructuran en dos convocatorias, los Juegos Deportivos y los Juegos Participativos, donde los primeros tienen una “estructura basada en el modelo de competición”, y los segundos “cuyo objetivo principal es la participación, donde impere la filosofía de Juego Limpio, y un clima que permita potenciar los valores educativos y formativos que conlleva el deporte”.

Partiendo de la base de que al referirnos a la competitividad no lo hacemos desde un punto de vista peyorativo o negativo, sino como algo intrínseco con el deporte, entendemos que ambos conceptos o convocatorias -Juegos Deportivos y Juegos Participativos- deben ser complementarios.

En este punto, hemos de reseñar el frecuente debate que acostumbra a producirse a la hora de diseñar estos escenarios deportivos, donde puede predominar el aspecto participativo o bien la propia finalidad competitiva. Y éste es el enfoque organizativo que se desprende de las bases aprobadas por el Reglamento General de Competición.

Resulta obvio que en esa dualidad de enfoque, participativo-competitivo, podría haberse estudiado la búsqueda de un modelo deportivo mixto; empleando el término clásico, la “Aurea mediocritas” como expresión latina que alude a la pretensión de alcanzar un deseado punto medio entre los extremos, o un estado ideal alejado de cualquier exceso mediante la justa medida de los términos opuestos, de ahí la expresión "en el término medio está la virtud".

De hecho, en otros escenarios deportivos se acude a fórmulas compartidas que no establecen un impedimento en la participación de deportistas federados en los JDM, si bien es cierto que condicionado con reglas limitativas de presencia en juegos, como puede ser -al igual que ocurre en el fútbol profesional con los jugadores extracomunitarios-, que solo pudieran coincidir al mismo tiempo en el terreno de juego dos deportistas federados en cada equipo. Este mismo debate trasladado a unos años atrás, aunque no muchos, podría tener el mismo sesgo cuando se planteó la cuestión sobre la viabilidad de la participación de equipos mixtos en las competiciones y que, en la actualidad, va ganando una clara tendencia de desarrollo.

En todo caso, sin llegar a posicionarnos en una determinada postura, apuntamos entre nuestras reflexiones este debate, siempre interesante y enriquecedor, para procurar incentivar la mejor decisión a la hora de definir estos modelos deportivos cuya concreción final habrá de quedar bajo el criterio técnico y preferente de los responsables deportivos municipales.

Cuarta.- El Régimen Disciplinario.

Cuestión distinta que no podemos dejar pasar, y que por tanto entendemos que procede su modificación, es la falta de tipicidad en las infracciones y sanciones reguladas en el Capítulo IV “Régimen Disciplinario” del Reglamento (art. 37 a 52 y Anexo).

Sin establecer en ninguna de las normas cuáles son las faltas o infracciones, ni su graduación, en todo el articulado tan solo se hace mención a las sanciones, indicándose que éstas tendrán un carácter básicamente educativo antes que coercitivo (art. 37), sanciones que podrán ser deportivas o disciplinarias y económicas que serán impuestas por el Comité de Resolución de cada una de las Entidades Organizadoras y su importe será el que marque el reglamento de la Federación correspondiente (art. 39).

Finalmente, en el Anexo al Reglamento Disciplinario se recoge en el punto 2 que las infracciones que sean consideradas como muy graves, serán sancionadas con la suspensión inmediata durante toda la temporada del equipo implicado, para a continuación indicar que se considera infracción muy grave -señalando las distintas infracciones como a), b), c), d) y e)-. Sin embargo, finaliza con un par de líneas en negrita y subrayadas del siguiente tenor literal: «La organización se reserva el derecho de sancionar a aquel club que cometa acciones que no estando recogidas en el presente anexo, sean consideradas como infracciones muy graves».

La potestad sancionadora de la Administración Pública enlaza directamente con los principios que inspiran el Derecho penal, dado que ambas potestades son expresión del Ordenamiento Jurídico del Estado, tal y como expresa el propio Texto Constitucional (art. 25) y reconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El principio de tipicidad obliga a la descripción de la conducta específica que conlleva o acarrea una sanción específica, que también debe quedar delimitada. El ordenamiento sancionador administrativo comprende una garantía de orden material, que supone la necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y sanciones correspondientes, mediante preceptos jurídicos que permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las conductas que constituyen una infracción y las penas o sanciones aplicables.

Quinta.- Conclusiones.

Ante tal situación, la postura de esta Institución, como no podía ser de otra forma, es el fomento del deporte como un derecho de la ciudadanía en general, como elemento integrador, valorando de manera muy positiva la labor de promoción de la actividad deportiva en sus diferentes facetas que se dirige con una vocación plural y, a la vez, integradora a todo el conjunto de la sociedad. Avanzar en la práctica del deporte y del ejercicio físico en general son hábitos que ayudan a un estilo de vida saludable y es una estrategia en la que los poderes públicos se implican paulatinamente.

La intervención de los Ayuntamientos, como es el caso que nos ocupa, como promotores de actividades deportivas se ha consolidado como una faceta frecuente y continuada que supone un ejemplo en el compromiso por lograr los objetivos de calidad de vida que hemos apuntado.

Trasladando lo anterior al concreto caso que nos ocupa, sobre la organización de los Juegos Deportivos Municipales, de la misma forma que ya dijimos que entendíamos que los conceptos o convocatorias de Juegos Deportivos y Juegos Participativos no deben ser excluyentes sino todo lo contrario, se deben conjugar los mejores valores y características de ambas modalidades en los términos que técnicamente se definan por los responsables deportivos municipales.

Por último, es necesario subsanar la falta de tipicidad en las infracciones y sanciones reguladas en el Capítulo IV “Régimen Disciplinario” del Reglamento (art. 37 a 52 y Anexo), así como suprimir la reserva de poder sancionar a aquel club que cometa acciones que no estando ni siquiera tipificadas puedan ser consideradas como infracciones muy graves.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula al Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO del deber de cumplir los preceptos de legalidad constitucional y ordinaria que hemos referido en la parte expositiva.

RECOMENDACIÓN de que se proceda a la incorporar en el Capítulo de Régimen Disciplinario de la Ordenanza las faltas o infracciones y su graduación, así como graduación de las distintas sanciones, procediendo a la supresión de toda referencia a infracciones o sanciones que no se encuentren tipificadas.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla a nuestra petición interesando que nos expusiera el posicionamiento municipal acerca de las disfuncionalidades o irregularidades que, a juicio de la Asociación reclamante, se producen en la prestación del servicio de eurotaxi y que afectan a las personas con discapacidad, informando de las medidas y actuaciones que, en su caso, se puedan estar impulsando para su subsanación y para que, en definitiva, no se produzcan las deficiencias que se denuncian, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula Resolución en el sentido de que, por parte del Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que la reclamación formulada acerca de posibles irregularidades y disfuncionalidades en la prestación de los servicios de eurotaxi sea objeto del debido impulso puesto que, al carecer de constancia de que está ejerciendo ante esta cuestión sus competencias al respecto, ignoramos si se han adoptado medidas efectivas para su solución y para la mejor prestación del servicio a las personas con discapacidad.

ANTECEDENTES

1.- La Asociación reclamante nos exponía su disconformidad con la convocatoria abierta por ese Ayuntamiento de Sevilla para la conversión de eurotaxis a taxi convencional por entender que ello vulneraba los principios de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Y ello, porque argumentaba que el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, sobre accesibilidad a los modos de transporte para las personas con diversidad funcional, establece en su artículo 8, que al menos 5 de cada 100 taxis por ciudad serán accesibles para las personas con movilidad reducida y otro tipo de necesidades.

Añadía que de la norma se desprende que al menos se debe llegar al 5% de vehículos adaptados a las necesidades de las personas con movilidad reducida, pero no que sea ilegal que ese porcentaje de eurotaxis se supere. Por este motivo, manifestaba su sorpresa ante la noticia de que se tenía previsto proceder a abrir un plazo para que los titulares de licencia de eurotaxi puedan solicitar su conversión a licencia de taxi convencional. Consideraba que el permitir esta acción de reconvertir taxis accesibles en taxis inaccesibles supone el incumplimiento, entre otros, del artículo 9.2. de la Constitución y del artículo 22 del Real Decreto Legislativo 1/2013. Y añadía textualmente lo siguiente:

“El Ayuntamiento de Sevilla debe entender que se trata de una ley de mínimos, y que todo lo que se haga en pro de superar ese mínimo constituirá un beneficio a colectivos para los que, en muchos casos, el taxi adaptado constituye la única opción de transporte urbano. En lugar de ello, respecto a los taxis adaptados, en los que al menos se había empezado a superar ese ridículo 5%, se decide volver a los mínimos en un alarde de mezquindad, sin contar con las personas afectadas y por motivos que no se nos han explicado. Nos gustaría empezar a contar con un Ayuntamiento que aspire de verdad a conseguir una ciudad accesible para todas las personas, que vele escrupulosamente por el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en todos los aspectos de la vida: concesión de licencias nueva, ejecución de itinerarios peatonales, colocación de baños accesibles en lugares públicos, paradas de bus accesibles, fiestas y eventos populares… Pero la realidad es que lamentablemente en la actualidad muchos principios básicos de accesibilidad siguen sin cumplirse por parte este consistorio.”

2.- Tras la admisión a trámite de esta queja, interesamos que se nos trasladara el posicionamiento de esa Corporación Municipal acerca de lo expuesto por la Asociación reclamante señalando si se estimaba favorablemente la petición que se formula o, de no ser así, las razones por las que ello no se consideraba procedente.

Se nos remitió contestación, en la que mediante informe del Instituto del Taxi, en síntesis, se defendía por ese Ayuntamiento el estricto cumplimiento del porcentaje del 5% de la flota con vehículos adaptados y se añadía que no se puede exigir un aumento de dicho porcentaje, salvo que los titulares de licencias voluntariamente quieran adscribir vehículos accesibles. A la vista de este informe, planteamos a la Asociación reclamante que nos remitiera las alegaciones y consideraciones que tuvieran por convenientes respecto a su contenido.

3.- Recibidas las alegaciones de la Asociación reclamante, las trasladamos a ese Ayuntamiento, con fecha 22 de octubre de 2018, interesando que nos expusiera el posicionamiento municipal acerca de las disfuncionalidades o irregularidades que, a juicio de la Asociación reclamante, se producen en la prestación del servicio de eurotaxi y que afectan a las personas con discapacidad, informando de las medidas y actuaciones que, en su caso, se puedan estar impulsando para su subsanación y para que, en definitiva, no se produzcan las deficiencias que se denuncian, tales como negativa a acudir a determinadas zonas, ausencia de operatividad efectiva del porcentaje mínimo de eurotaxis exigido, no atención prioritaria a las personas con discapacidad, etcétera.

4.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas 28 de noviembre de 2018 y 11 de enero de 2019, pero ello no ha motivado que nos sea remitida la misma, ni siquiera tras contacto telefónico que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal el pasado 19 de marzo de 2019, privándonos de conocer si, en caso de reconocer su existencia, se han adoptado medidas por ese Ayuntamiento para subsanar las disfuncionalidades o irregularidades que, según la Asociación Eliminando Barreras, se registran en la prestación de los servicios de eurotaxi.

A la vista de ello, debemos trasladarle las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía (artículo 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Cuarta.- Ante su ausencia de respuesta, ignoramos si se han implementado medidas para subsanar las irregularidades y disfuncionalidades que, a juicio de la Asociación reclamante, se registran en la prestación de los servicios de eurotaxi en esta capital.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19.1 de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma está obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2del deber legal de observar el artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

RECOMENDACIÓN para que, por parte de ese Ayuntamiento, se realicen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de que la reclamación formulada acerca de posibles irregularidades y disfuncionalidades en la prestación de los servicios de eurotaxi sea objeto del debido impulso puesto que, al carecer de constancia de que está ejerciendo ante esta cuestión sus competencias al respecto, ignoramos si se han adoptado medidas efectivas para su solución y para la mejor prestación del servicio a las personas con discapacidad.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tramita la queja identificada con el número señalado en el encabezamiento, relativa a la dotación de redes y sistemas de comunicación entre las Policías Locales previstas en la normativa. Las diferentes actuaciones en el curso de este expediente nos han permitido analizar la situación planteada en la queja y, tras diversos trámites, que a continuación se detallan, hemos considerado procedente emitir un pronunciamiento formal como Resolución, según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz.

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 3 de junio de 2019 el Defensor del Pueblo Andaluz acordó la apertura de queja de oficio relativa a la dotación de redes y sistemas de comunicación entre las Policías Locales previstas en la normativa. En la petición de información dirigida a Secretaría General de Interior, de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, solicitábamos:

1. “Programación elaborada para la creación de la red de transmisiones en enlace con las policías locales de Andalucía, prevista en la Ley 13/2011, de 11 de diciembre, artículo 8º f).

2. Aplicación de las actuaciones programadas.

3. Estado actual de la red.

4. Situación del banco de datos previsto.

5. Funcionamiento de estos dispositivos de información.

6. Municipios acogidos en la red y proceso de implantación.

7. Cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para esclarecer el asunto que nos ocupa”.

II.- Dicha petición fue cumplidamente informada por la Secretaría General con fecha 2 de agosto de 2019 indicando:

“En este sentido le indico que actualmente es accesible mediante canales telemáticos públicos un extenso conjunto documental que recoge y reúne tanto las funciones como la normativa aplicable en materia de policías locales de Andalucía, así como diversos manuales de procedimiento y guías dirigidas a estos colectivos.

Por otro lado, dada la enorme disparidad en cuanto a tamaño, medios disponibles o necesidades existentes entre los diferentes cuerpos de la policía local, y dado que ya existen diferentes iniciativas en la Comunidad Autónoma para la cooperación entre diferentes cuerpos de la policía local mediante la implantación y uso de diferentes sistemas de gestión policial, el anteproyecto de la futura Ley de las Policías Locales de Andalucía, que vendría a sustituir a la actualmente vigente Ley 13/2001. Potencia, no tanto la creación de una infraestructura de comunicaciones, como la coordinación entre los diferentes sistemas informáticos de gestión policial existentes.

Esta coordinación permitirá garantizar un mínimo común denominador entre ellos, posibilitando su interconexión e interoperabilidad y permitiendo el intercambio de información de manera segura, con la finalidad de facilitar la eficacia en las actuaciones de los diferentes cuerpos de la policía local.

En esta materia además se pretende avanzar en la sistematización y coordinación de la información, aumentarla y completarla y hacerla accesible mediante canales privados que permitan la compartición de información más especifica y concreta, potenciando la cooperación en un modelo en red en el que todos los cuerpos de policía sean tanto consumidores como productores de información compartida, abandonando un modelo vertical en que la Junta de Andalucía es el único productor.

Finalmente indicar que, en cualquier caso, el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha posibilitado que los sistemas coordinados de gestión policial sean ya una realidad, existiendo actualmente en Andalucía varios de ellos orientados a la gestión operativa o de plantilla, así como otros de carácter más cooperativo orientados a la compartición de documentación, modelos y normativa”.

CONSIDERACIONES

Primera.- El motivo principal que propició la iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz a la hora de incoar la presente queja de oficio se ha visto plenamente ratificado. La propia información ofrecida por la Administración confirma su oportunidad ,a la vista de esta previsión legal que se recogía en la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía (Ley 13/2011, de 11 de diciembre) en su artículo 8º f).

Dicho apartado dispone «Establecer una red de transmisiones que enlazará a todos los servicios de la Policía Local andaluza y un banco de datos relativo a sus funciones, al que podrán tener acceso todos los municipios a través de sistemas informáticos».

Sin embargo, la respuesta de la Consejería no contiene los aspectos concretos por los que esta Institución se ha interesado: no se ha especificado la aplicación de las actuaciones programadas, ni el estado actual de la red o la situación del banco de datos previsto, tampoco se detalla el funcionamiento de estos dispositivos de información o los municipios acogidos en la red y su proceso de implantación.

Más bien, la posición trasladada desde la Consejería alude a que “actualmente es accesible mediante canales telemáticos públicos un extenso conjunto documental que recoge y reúne tanto las funciones como la normativa aplicable en materia de policías locales de Andalucía, así como diversos manuales de procedimiento y guías dirigidas a estos colectivos”.

Por tanto, advertimos que las previsiones que se recogen en la norma no parecen haber seguido un despliegue de actuaciones de cumplimiento en el sentido que se describe propiamente en dicho apartado. Se desprende que esos objetivos de comunicación y de coordinación, que persigue la norma que analizamos, se habrían procurado mediante otras vías más acordes con la evolución y el desarrollo de los dispositivos y sistemas que actualmente la tecnología ofrece.

Segunda.- Las medidas que persigue este apartado f) del artículo 8 de la Ley 13/2011 pasarían por otras respuestas. De un lado, se anuncia por parte de la Consejería responsable “la creación de una infraestructura de comunicaciones, como la coordinación entre los diferentes sistemas informáticos de gestión policial existentes” como una de las previsiones que recogerá el futuro proyecto de ley de policía locales.

De otro lado, se nos anuncia que los objetivos de la mejor integración de la operatividad de estos cuerpos policiales se lograrían mediante una “coordinación que permitirá garantizar un mínimo común denominador entre ellos, posibilitando su interconexión e interoperabilidad y permitiendo el intercambio de información de manera segura, con la finalidad de facilitar la eficacia en las actuaciones de los diferentes cuerpos de la policía local”.

Otra medida hace referencia a que “además se pretende avanzar en la sistematización y coordinación de la información, aumentarla y completarla y hacerla accesible mediante canales privados que permitan la compartición de información más especifica y concreta, potenciando la cooperación en un modelo en red en el que todos los cuerpos de policía sean tanto consumidores como productores de información compartida, abandonando un modelo vertical en que la Junta de Andalucía es el único productor”.

Por tanto, las medidas de coordinación y comunicación interpoliciales se articularán a la espera de que se concreten en un futuro dichas previsiones normativas. Mientras, a tenor de la vigencia de las previsiones contenidas en dicho artículo 8 f) de la Ley 13/2011, entendemos que se deberá continuar con este permanente ejercicio de facilitar la comunicación entre estos delicados servicios municipales, incrementar el conocimiento y divulgación de los desempeños y promover las mejores prácticas de los cuerpos policiales.

Hemos de añadir, finalmente, la necesidad de imprimir celeridad en los trabajos de elaboración del citado proyecto de ley de coordinación de policías locales y, en particular, respecto de los sistemas de comunicación e información compartida para la mejor operatividad de estos esenciales servicios municipales de atención a la ciudadanía.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha acordado dirigir a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA, para que se agilicen los trabajos de preparación de la normativa de coordinación de policías locales prestando especial atención a los sistemas dispuestos de comunicación e información compartida entre estos servicios, en el marco de los objetivos recogidos en el vigente artículo 8 f) de la ley 13/2011 de 11 de diciembre.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz