Presentación de los datos estadísticos del Informe Anual correspondiente la actividad del ejercicio 2022 del Defensor del Pueblo Andaluz y Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
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Queja número 22/6980
Venimos recibiendo quejas -entre las que se incluye el expediente reseñado- en la que se invocan desmesurados retrasos en los trámites de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de las distintas provincias de Andalucía, con mayor incidencia en las provincias de mayor población.
La Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, en su artículo 6 establece que las parejas de hecho cuya constitución resulte acreditada serán objeto de inscripción en el Registro instituido al efecto, previa solicitud de las personas interesadas. La regulación de dicho Registro se completa con el Decreto 35/2005, de 15 de febrero, cuyo artículo 19.4 establece que el plazo para dictar y notificar la resolución será de un mes, contado desde la presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo mencionado sin que hubiera recaído y se hubiera notificado la resolución expresa, las solicitudes podrían entenderse estimadas.
Antes del Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, las competencias relativas al Registro de Hecho correspondían a la Consejería de Salud y Familias pero tras la reorganización de competencias y estructura administrativa operada por dicho Decreto del Presidente, completada con los posteriores decretos de estructura orgánica de las respectivas consejerías, tales competencias corresponderían a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, siendo tramitados los expedientes relativos al Registro de Parejas de Hecho en la respectiva Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública.
Es por ello que, tras recibir quejas aludiendo al incumplimiento del plazo de compromiso de respuesta -un mes- y recabar información al respecto hemos podido constatar que la demora en la gestión de los expedientes obedecía al retraso en la asignación de efectivos de personal y disfunciones organizativas derivadas de las nuevas competencias asignadas, con el resultado de demoras en la gestión de los expedientes de 3, 4, ó 5 meses, según lo casos.
Y encontrándonos en esta coyuntura se vuelve a producir una nueva reorganización de la estructura administrativa con la aprobación del Decreto 575/2022, de 27 de diciembre, de modificación de estructura y competencias de Consejerías, cuya disposición transitoria única establece que los procedimientos iniciados y no concluidos a la fecha de su entrada en vigor (27 de diciembre) seguirán su tramitación en los distintos órganos directivos que, por razón de la materia, asuman dichas competencias, siendo así que, en adelante, conforme a lo establecido en el artículo primero de este Decreto la competencia para la gestión del Registro de Parejas de Hecho retorna a la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, de lo cual se deduce que la tramitación efectivas de los correspondientes expedientes corresponderá a la respectiva Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
La tramitación de la queja que motiva esta reseña concluyó tras atender la Delegación Territorial nuestros requerimientos para que se produjera una respuesta ágil, que no añadiera mayor demora a la ya existente, y constatar que se produjo la inscripción registral solicitada aunque hemos de lamentar que con una demora superior a 3 meses (más de 2 meses en exceso sobre el plazo establecido).
En estos momentos seguimos tramitando quejas que aluden a retrasos en las inscripciones solicitadas en el Registro de Parejas de Hecho, en cuyo supuesto más extremo se invocan retrasos superiores a 5 meses.
Los defensores del Pueblo de España, Andalucía y Cataluña han coincidido hoy en reinvindicar a los menores de edad como sujetos de derechos y han destacado la importancia de ofrecer mecanismos y recursos para garantizar y proteger su interés en casos de desamparos y retiradas.
En el Congreso de Familia organizado en Málaga por los colegios de Abogados de Málaga, Barcelona, Madrid, Antequera y la Plataforma Familia & Derecho, el Defensor del Pueblo andaluz y Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha demandado "visibilizar los casos de violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes" y ha demandado que se les dé participación "porque ellos mismos arreglan los problemas".
Los defensores han coincidido en que son muy pocos los menores que acuden a estas instituciones garantistas de derechos, pero que tienen instrumentos para actuar de oficio. "Cuando hablamos del sistema de protección hay que destacar que son seres humanos. Se deben crear espacios para que participen y no se extravíen en este proceso", ha señalado el Defensor del Pueblo de España, Angel Gabilondo.
"Lo que no nos llega es significativo de lo que no nos llega", ha intervenido Esther Giménez-Salinas, Síndic de Greuges de Cataluña, que ha señalado que las niños y adolescentes deben tener las mismas garantías que los adultos y que, en su opinión, "la pena privativa de libertad y la retirada de la patria potestad es lo mas duro que existe. Dejar de ver crecer a tus hijos y que ellos no puedan crecer a su lado es el castigo mas grande. No se trata de ser buenos o malos padres, la vida es gris, y las dificultades son el canal de en medio".
Para Gabilondo, preguntado sobre el mejor sistema de protección, se deben reforzar las garantías, pero también es necesario que la Administración tenga recursos. "Es imprescindible dotarnos de estructuras y medios, pero no sé si la sociedad cree en ello. Hay que prestarle visibilidad a este asunto y fijarse sobre todo en el tiempo, porque en el caso de la infancia no se puede demorar".
Maeztu ha incidido en las necesidades de protección de los menores migrantes y las víctimas de trata, tambien como sujetos de derechos. Asimismo, el Defensor andaluz ha alentado a utilizar la mediación para resolver conflictos en estos procesos.
Los colegios de abogados de Málaga, Barcelona, Madrid, Antequera y la Plataforma Familia&Derecho han organizado el tercer Congreso de Familia: infancia, familia y capacidad, que aborda, entre otros temas, el acoso en redes sociales, la instrumentalización de los menores en los procesos de familia, la defensa del interés del menor y la fiscalidad y crisis matrimoniales.
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 22/6748 dirigida a Unicaja
Solicitamos a Unicaja que valore la posibilidad de devolución de las cantidades defraudadas a su clientela tras la estafa sufrida (phishing) aplicando los criterios jurisprudenciales relativos a la concurrencia de negligencia grave por parte del usuario.
ANTECEDENTES
Pudimos conocer el problema que afectaba a numerosa clientela de Unicaja a quienes se les había sustraído importantes cantidades de su cuenta corriente a través de una elaborada estafa.
Con objeto de conocer el alcance efectivo del problema expuesto, así como las soluciones que puedan ofrecerse, consideramos oportuno promover una actuación de oficio.
En el curso de esta actuación hemos solicitado la colaboración de Unicaja a fin de que nos facilitasen información sobre los procedimientos específicos que hubieran iniciado ante las reclamaciones recibidas y, en su caso, medidas que podrían articular para dar una respuesta adecuada a las mismas.
En particular, nos interesaba recabar su pronunciamiento con respecto al análisis realizado de la estafa que ha afectado a su numerosa clientela y a las posibilidades de reintegro de las cantidades estafadas.
Recibimos la respuesta de la entidad bancaria poniendo de manifiesto que Unicaja tiene implantadas numerosas medidas preventivas ante el ciberfraude, incluyendo gestiones con proveedores de servicios de Internet para el cierre de los dominios fraudulentos que se detectan. Sin embargo no siempre atienden este tipo de petición o lo hacen con la celeridad oportuna.
Igualmente señala el informe recibido que las medidas dirigidas a evitar mensajes SMS de terceros que suplantan su identidad dependen, en última instancia, de la respuesta de las operadoras de telefonía a la solicitud que se les dirige para su bloqueo.
Pese a los esfuerzos tecnológicos, hay elementos que escaparían a la actuación de los distintos proveedores, como puede ser el propio software de los dispositivos en los que se reciben los SMS fraudulentos que los agrupa por el nombre del remitente y no por el Sender ID, generando la impresión de que corresponden a la propia entidad financiera.
Recuerda en su informe Unicaja que la interacción entre víctima y delincuente no se produce dentro de los entornos digitales de la entidad y que no hay medio por el que pudiera impedirla, sin que se trate de una brecha de sus sistemas de seguridad.
Pide una mínima diligencia personal para evitar el daño, recordando las abundantes campañas de concienciación desarrolladas desde distintos ámbitos, así como la actividad de la propia entidad en actuaciones de difusión en este campo.
Concluye indicando que se analizan los casos particulares y que, en caso de controversia, se despliega una intensa actividad negociadora como forma más deseable de resolución de la situación.
CONSIDERACIONES
Tras valorar el informe recibido, hemos indicado a Unicaja respecto a los hechos denunciados que, precisamente, algunas personas que nos presentaban queja acudían posteriormente para señalar que Unicaja les había ofrecido un acuerdo de pago de parte de las cantidades defraudadas, si bien lo consideraban insuficiente y alegaban que no podía demostrarse una negligencia grave en su comportamiento.
Sobre este particular le hemos señalado que la normativa sobre servicios de pago establece que corresponde al proveedor de servicios de pago probar que el usuario del servicio de pago cometió fraude o negligencia grave cuando éste niegue haber autorizado una operación de pago ya ejecutada o alegue que ésta se ejecutó de manera incorrecta.
En relación con la posible concurrencia de negligencia grave por parte del usuario de servicios de pago existen diversos pronunciamientos judiciales que señalan que se trata de una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia, que surge o se produce por iniciativa del usuario, no como consecuencia del engaño al que ha sido inducido por un delincuente profesional o que no se puede atribuir falta de diligencia grave a una víctima de estafa, ya que facilita sus claves personales a un tercero como consecuencia de manipulaciones.
Por otra parte, a modo de reflexión global sobre la materia, hemos puesto de manifiesto que las medidas adoptadas hasta la fecha por el Banco de España o las entidades financieras están resultando insuficientes para poner coto a los fraudes y restaurar la confianza ciudadana.
Valoramos que si la población en general, y los colectivos más vulnerables en particular, no cuentan con un sólido sistema que garantice la seguridad de la realización de sus operaciones bancarias terminará quebrando el sistema.
Es cierto que los procedimientos dirigidos a estafar son cada vez más sofisticados y que los sistemas de seguridad de las entidades financieras no pueden adoptar medidas que excedan de su ámbito de competencias, como puedan ser las referidas a los soportes electrónicos a través de los que se materializa el fraude.
Sin embargo, no es menos cierto que es la entidad financiera la que en última instancia asume la responsabilidad de garantizar la seguridad y fiabilidad de los servicios que ofrece al usuario, entre ellos el servicio de banca electrónica. Por lo que cabe plantearse si esa responsabilidad no debería extenderse al deber de ofrecer sistemas que sean realmente seguros y fiables para los usuarios. Sistemas que eviten el éxito de unas prácticas fraudulentas que aprovechan las brechas de seguridad que presenta el sistema atacando por el flanco mas débil que suele ser el propio usuario.
Una persona usuaria a la que no se puede exigir un grado de diligencia, prudencia y cautela que supera con creces la que sería exigible a un “consumidor responsable”.
Entendemos que resulta exigible de las entidades financieras que adopten medidas suficientes para garantizar la fiabilidad de los servicios que ofrecen a sus clientes, utilizando las mejores tecnologías posibles para reforzar la seguridad en las operaciones de banca electrónica.
Asimismo, entendemos que las entidades financieras deberían asumir la responsabilidad por los perjuicios que sufran los usuarios como consecuencia de actuaciones fraudulentas de terceros, salvo que quede acreditado que los clientes han actuado sin la prudencia y diligencia que resultarían exigibles a un consumidor responsable, entendiendo que tal concepto se refiere a una persona con los conocimientos y habilidades digitales que actualmente tiene el ciudadano medio.
En el sentido expuesto nos hemos dirigido al Parlamento de Andalucía en la dación de cuentas de esta Institución respecto al ejercicio 2022. Confiamos en que se podrán adoptar las medidas necesarias para facilitar la mejor respuesta posible en este asunto.
RESOLUCIÓN
En cuanto al caso que nos ocupa en la presente queja de oficio, hemos solicitado a Unicaja que valore de forma razonada la aplicabilidad de los criterios jurisprudenciales sobre la concurrencia de negligencia grave por parte del usuario a los casos afectados por el fraude masivo a su clientela.
Como consecuencia de dicha posible revisión de casos, le hemos solicitado que nos dé traslado de las decisiones que finalmente pudiesen adoptarse en relación con las peticiones de devolución del importe defraudado cursada por las personas afectadas.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz
Los colegios de abogados de Málaga, Barcelona, Madrid, Antequera y la Plataforma Familia & Derecho han organizado en la capital malagueña el tercer Congreso de Familia: infancia, familia y capacidad, que abordará, entre otros temas, el acoso en redes sociales, la instrumentalización de los menores en los procesos de familia, la defensa del interés del menor y la fiscalidad y crisis matrimoniales.
El Defensor de la Infancia de Andalucía, Jesús Maeztu, participa en la mesa redonda sobre 'La defensa del interés del menor. Ministerio fiscal, el defensor judicial y las entidades de protección de la infancia. El desamparo', junto al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y la Síndic de Greugues de Cataluña, Esther Giménez-Salinas.
En esta tercera edición, tras la inauguración, la conferencia inaugural, titulada 'Un entorno amigable para un divorcio responsable', correrá a cargo de Francisco Ruiz-Jarabo Pelayo, magistrado del Juzgado Penal número 2 de Torrevieja.
En la primera mesa, 'Un año después de la Ley 8/2021 sobre capacidad de las personas. Problemas y soluciones de práctica forense', intervendrá Fernando Santos Urbaneja, fiscal delegado de la especialidad civil y Protección de Personas con Discapacidad en Andalucía; la magistrada de Primera Instancia número 58 de Barcelona, Maria Graziella Moreno; el médico forense Antonio García de Gálvez y el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Antonio José Quesada Sánchez. La segunda mesa trata sobre 'La instrumentalización de los menores en los procesos de familia: perspectivas y soluciones' y participarán Paloma Cascales Bernabéu, abogada y profesora asociada en UA Universidad de Alicante; Sophie Álvarez-Vieitez, psicóloga sanitaria y directora del gabinete psicosophos; y Antonia Roncero, magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia de Sevilla.
Por la tarde serán las mesas redondas sobre 'Fiscalidad y crisis matrimoniales. Cómo interpretar el impuesto de sociedades, las cuentas anuales, declaración de patrimonio y declaración IRPF. Tratamiento fiscal de las pensiones', con los abogados Javier Rodríguez Rodríguez (Málaga) y Gemma Martín Riaza (Madrid); y sobre 'Málaga ciudad de la infancia: La voz de los NNA', con la alcaldesa Infantil de la capital malagueña y presentantes de consejos.
Ya el viernes se tratará 'La prueba. La gran disparidad que existe en todo el territorio en relación con la adminisión de los medios de prueba documental, de interrogatorios y periciales. Aspectos clave para la comprensión y valoración de los informes periciales', con Xavier Abel Lluch, magistrado de Instancia 14 de Barcelona y presidente de la Plataforma Familia y Derecho; la presidenta de la Sección de Familia del colegio de Barcelona, Cristina Díaz-Malnero; y la psicóloga forense Mila Arch Marín.
Posteriormente será la mesa redonda sobre 'Desafíos actuales en menores y adolescentes: Acoso en redes sociales. Bullying', con Julián Prieto Hergueta, subdirector general de Promoción y Autorizaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, la magistrada del Violencia de la Mujer 2 de Las Palmas, Auxiliadora Díaz, y la pedagoga y doctora en Psicología, Mónica Ojeda Pérez. Encarnación Roca Trías, vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional y vocal de la Plataforma Familia & Derecho, será la encargada de dar la conferencia de clausura, tras la que se presentarán las conclusiones del congreso.
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 23/2835 dirigida a Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Delegación Territorial en Granada, Ayuntamiento de Baza (Granada)
Como antecedentes podemos indicar que el representante de un entidad, promotor de decenas de quejas en materia de Cultura en el ámbito de la ciudad, solicitó (Junio de 2020) del Defensor una visita a Baza que fue registrada, constando las Diligencias en el expediente sobre su gestión.
Esta petición de entrevista personal se reprodujo con motivo de la visita de los servicios de la OIAC que se realizó el 20 y 21 de Octubre de 2021 a la comarca de Baza. A pesar de ser atendido en sus planteamientos, el interesado insistía en mantener ese encuentro con el Defensor.
Para ofrecer una alternativa, se propuso desde el área realizar una visita singular a la localidad que, finalmente, se realizó con la presencia del Adjunto el día 27 de enero (visita a Baza con el interesado) y 28 de enero de 2022 (reunión en Granada con responsables de la Delegación y del Ayuntamiento).
Por tanto, una vez repasados los temas singulares que se expresan en las quejas, la última reunión permitió concretar los aspectos que se consideraban más relevantes en relación a las medidas de tutela y protección de los valores patrimoniales de la ciudad de Baza a cargo de las administraciones implicadas. A saber:
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el plan de actuación de La Alcazaba.
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los proyectos de intervención en los inmuebles de titularidad municipal de Palacio de los Enríquez, San Jerónimo, Baños de la Morería y Palacio de los Marqueses de Cadimo.
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tramitación de los expedientes BIC para la localidad de Baza.
La intervención del Defensor del Pueblo Andaluz se centraría, prioritariamente, en las labores de control y seguimiento de estos temas considerados como preferentes; sin perjuicio de estudiar las nuevas o repetidas cuestiones que pudieran expresarse en nuevas iniciativas o quejas promovidas desde la entidad.
Entre las actuaciones de seguimiento se señaló la oportunidad de celebrar nuevas reuniones con el alcance periódico que resultara oportuno. Transcurrido un año, se ha dispuesto un encuentro en la Delegación Territorial en materia de Cultura en Granada fijado el lunes 20 de febrero de 2023 a las 12,30 horas.
A modo de reseña, se recoge un extracto de la reunión mantenida:
“El día de la fecha se reúnen en la sede de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Granada (Paseo de la Bomba 10) el titular de la misma Francisco Egea Fernández-Montesinos, el alcalde de Baza Manuel Gavilán García y Jaime Raynaud Soto Adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz acompañados, respectivamente, por Francisco Javier Sánchez López (jefe de servicio), Lorenzo Sánchez Quirante (técnico municipal) y Manuel Martínez-James García (asesor técnico).
El Delegado ofrece su bienvenida y propone conocer la situación de los diversos temas a través de la exposición del alcalde. El representante municipal reitera el compromiso del equipo de gobierno con la protección del patrimonio de la ciudad de Baza y la promoción de todos sus valores culturales a cargo de un esfuerzo presupuestario que excede las capacidades de un municipio de 20.000 habitantes que acoge un legado histórico y patrimonial muy extenso. Considera que el porcentaje de dotación presupuestaria destinada a estas políticas culturales no tiene parangón y que, a pesar de estas carencias, siguen avanzando en proyectos concretos que ya se han citado pero que tiene otros que igualmente se están acometiendo con muchas dificultades.
Ofrece el ejemplo de un edificio sin terminar en el entorno del Teatro Dengra que ha permanecido 32 años inacabado y que se ha elaborado un proyecto integral de la zona para su recuperación. El técnico municipal aporta detalles del proyecto y relata la participación de las entidades ciudadanas de Baza en todos los trabajos de planificación y ordenación del casco histórico de la ciudad. Además el alcalde explica que a la semana siguiente de celebrarse la visita a Baza mantuvo una reunión con representantes de la entidad ciudadana acorde con el compromiso expresado en dicho encuentro.
El Adjunto propone seguir como guion los distintos elementos que fueron concretados en la anterior reunión retomando el alcalde el relato de las actuaciones.
Y así señala que la intervención sobre el Palacio de los Marqueses de Cadimo está bien encauzada. El proyecto se adecuó a las observaciones de los técnicos de Cultura, junto al Ayuntamiento y AVRA, para compatibilizar el destino de 13 viviendas (antes eran 16) con la visualización de los concretos valores del inmueble.
Respecto a La Alcazaba, se ha logrado la aprobación inicial del plan que ratifica el jefe de servicio entre los meses de noviembre y diciembre de 2022 y se ha abordado la demolición de una antigua estructura para continuar con las actuaciones de protección.
También siguen los trabajos en el Palacio de los Enríquez, aprovechando algunas ayudas y facilitando la organización de visitas y sesiones teatralizadas que han tenido mucho éxito entre los vecinos. Se continua buscando encauzar el altísimo coste de estas intervenciones a través de recientes convocatorias de ayudas públicas que, en cálculos iniciales y poco expansivos, no bajarían de 3 o 4 millones de euros. Dentro de estos trabajos se está contando con las aportaciones científicas de la Escuela de Arquitectura, la Escuela de Estudios Árabes y el CSIC que aportan unos aspectos técnicos que pueden contribuir a definir mejor los proyectos que se puedan acometer. Insisten en que la intervención del conjunto implica un presupuesto de una envergadura inasumible con el exclusivo esfuerzo del ayuntamiento.
Respecto de los Baños y de su puesta en valor explican que los trabajos están más ralentizados una vez que se abordaron todas las actuaciones de mayor emergencia sobre los accesos al inmueble, su limpieza y desescombro interior junto la necesidad de proteger una cubierta colindante que podría perjudicar la edificio. También se plantean conversaciones con la propiedad de la casa número 7 de la calle para una posible adquisición aún no concretada.
En relación a la planificación de posibles expedientes BIC, el jefe de servicio explica que el criterio de la Delegación para adoptar estas medidas de protección no pasa obligadamente por acudir a esta figura de categorización, teniendo en cuenta que Baza es la segunda localidad, tras la capital, en BIC declarados de la provincia de Granada, muy por delante de otras localidades igualmente ricas en patrimonio. Añade que la propia declaración del casco histórico con un plan especial de protección otorga el régimen de protección adecuado y operativo para la salvaguarda de este inventario monumental.
El técnico municipal aporta la información de que parte de esa relación de 16 elementos que estaría aguardando, supuestamente, su declaración de BIC surgieron de los primeros trabajos del inventariado que se realizó con motivo del plan general urbano y de los estudios para la protección del caso histórico. Luego esa relación ha quedado como un referente que, en su caso, y según unos criterios dependientes de informes técnicos, podría ser evaluado para proceder a abrir expedientes.
Al hilo de esta cuestión, el asesor técnico recuerda el criterio elaborado por la Institución al respecto aclarando que la posición del Defensor del Pueblo Andaluz no ha sido en ningún caso cuestionar o contradecir el criterio técnico o especializado que se elabora en este tipo de expedientes BIC, que se deben dejar al criterio pericial de los expertos que conocen y aprecian los valores intrínsecos de un bien para merecer, o no, su declaración formal como BIC. En todo caso, se recuerda la posición expresada en resoluciones acerca de la oportunidad de realizar una labor de programación que clarifique los elementos sometidos a estos estudios previos y se acuerden unos plazos objetivos que permitan aportar transparencia en esta concreta tarea.
Sí se repasa la situación del Oratorio de los Dolores mencionado en la reunión anterior y se informa que se ha contado con estudios técnicos del Arzobispado que viene a limitar el alcance del elemento para ser declarado BIC, sin que tampoco se observen criterios de urgencia.
Por último se retoma la situación de los inmuebles aledaños a San Jerónimo y su almazara. El alcalde explica que el convenio suscrito en su día con los propietarios del inmueble ha caducado y ha devenido inaplicable ante la falta de coincidencia entre los herederos para afrontar el posible desarrollo urbanístico recogido en el convenio. Por tanto, la posición del ayuntamiento debe ser mantener ante la propiedad del inmueble la exigencia de sus deberes de conservación y protección que, hasta la fecha, han sido atendidos por el propio ayuntamiento con varias intervenciones a su costa como la instalación de planchas de protección de las cubiertas y redes para evitar caídas por desprendimientos.
Finalmente, el Adjunto, una vez repasados los diferentes elementos que debían ser motivo de seguimiento, ratifica la voluntad de mantener las actuaciones de control sobre estos aspectos que sean necesarios para disponer de una información actualizada. Añade que, además de hacer público el contenido de esta reunión, dará traslado a la entidad promotora de varias de las quejas abordadas.
Además reitera el compromiso institucional de dar acogida a las quejas que se dirijan al Defensor del Pueblo Andaluz y ofrecer una cumplida y motivada respuesta en los términos que fija la normativa reguladora de este Comisionado del Parlamento. Concluye agradeciendo la colaboración ofrecida desde la Delegación Territorial y el Ayuntamiento para continuar con la trayectoria de trabajo en orden a la protección y promoción del patrimonio cultural de Baza.
Y sin nada más que tratar, concluye la reunión en torno a las 13,45 horas del 20 de febrero de 2023.”
Para cumplimentar el expediente, se dispone que se ofrecerá una información a la entidad Baza Histórica conforme a los compromisos acordados en su día.
Igualmente se hace mención a que el contenido de estas informaciones será aplicado a los expedientes de queja que se tramitan y que permitirán disponer su conclusión, al igual que podrán ilustrar el estudio de nuevas quejas que, muy probablemente, sean recibidas en fechas próximas.
Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 23/2257 dirigida a Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad
El Defensor del Pueblo Andaluz investiga sobre los problemas económicos por los que parece atravesar la Fundación Gaditana de Tutela afectando directamente a las personas que mediante decisión judicial precisan de las medidas de apoyo que dicha entidad debe proporcionar.
En esta Institución se viene recibiendo comunicaciones exponiendo los problemas económicos por los que parece atravesar la Fundación Gaditana de Tutela afectando directamente a las personas que mediante decisión judicial precisan de las medidas de apoyo que dicha entidad debe proporcionar.
En concreto, una de las comunicaciones ha sido realizada por parte de la presidenta de la Asociación de Personas Sin Hogar Con Derechos, que alertaba de una posible situación de abandono de una de las personas encargadas a la entidad, donde literalmente nos expresaba que “no le hacen caso a sus demandas y no atienden a sus necesidades”, detallando una serie de deficiencias graves con impacto en la salud y seguridad de la afectada, con un ingreso en UCI el pasado 16 de mayo de la persona tras una infección bucodental, por lo que pudiera ser una actuación no diligente, y donde se temió por su vida durante días.
Igualmente, se ponía en conocimiento de esta Defensoría que la interesada contaba con recursos económicos para atender sus demandas que no eran cuidadas, con graves incidencias en su vivienda con consecuencias graves en la salubridad y seguridad del inmueble, desalojando a la persona con discapacidad para una futura reparación de la misma, sin solución habitacional alternativa y con graves problemas en la adquisición de alimentos, tales como frutas o carnes, o mínima cantidad de dinero para que la perjudicada pueda tomar refresco o similar.
La afectada tampoco puede ser conocedora del estado de su situación financiera, ni el motivo de la situación en la que se encuentra.
Si bien por estos hechos se consideró prudencial el realizar una ampliación de datos ante la fecha de la última comunicación que desde la asociación se había tenido con la Fundación, e interesándonos por la posibilidad de que la Fiscalía de Cádiz pudiera tener conocimiento de los hechos descritos, en días posteriores fuimos conocedores de otra serie de datos que guardan relación con este asunto.
A este respecto, y a mayor abundamiento de lo anterior, se recibe comunicación de un trabajador social del SAS que, según sus palabras, “entiende como deber ciudadano y no solo como profesional” sacar a la luz la situación de desamparo que padecen las personas con discapacidad tuteladas por la Fundación Gaditana de Tutela en la provincia de Cádiz en estos momentos.
Es conocedor de la existencia de problemas financieros, por medio de los testimonios que ha recogido de las personas con discapacidad y sus familiares, atendidas por él, y que no han podido ver asistidas sus necesidades diligentemente desde hace meses.
Igualmente, nos comunica que los trabajadores de la Fundación Gaditana de Tutelas no han recibido sus salarios, en tiempo y forma en el pasado, pese a que han estado desempeñando sus compromisos con las personas con discapacidad de manera responsable para poder aliviar los perjuicios que esta falta de recursos pudieran provocar a los interesados.
Le ha impulsado a contactar con esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz el que la referida Fundación ha dejado de contar con una línea telefónica y carece de FAX, en la actualidad, y considera que este corte en la comunicación puede causar efectos perjudiciales colocando a las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad grave.
A la vista de todo ello, hemos estimado oportuno incoar de oficio y solicitar el preceptivo informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a fin de conocer el estado de situación de esta entidad tutelar y su viabilidad, así como las previsiones que esa Consejería tiene a este respecto.
Queja número 22/2703
La persona reclamante manifestaba que en una calle de Córdoba existían varios pasos de cebra que incumplían la normativa en accesibilidad a cota Cero. Puesto en conocimiento del Ayuntamiento le respondieron que como algunos pasos de cebra de dicha localización cumplían la normativa, que utilizaran esos, por lo que la persona afectada consideraba que se cercenaba y discriminaba la libertad de circular como ciudadanos libres por donde desearan las personas con discapacidad y movilidad reducida, en igual condiciones que el resto de conciudadanos.
También puso en nuestro conocimiento que, en relación con una parada de autobús situada en dicha calle, el Ayuntamiento le indicó que existía un contrato de obras para la adaptación de varias paradas aunque la citada no se encontraba dentro del objeto de actuación del contrato, por lo que la demanda referente a dicha parada de autobús pasaría a formar parte de la tabla de demandas de accesibilidad y sería atendida lo antes posible en función de la disponibilidad técnica y presupuestaria.
Admitimos la queja a trámite e interesamos del Ayuntamiento de Córdoba que nos informara sobre las actuaciones previstas en la tabla de demandas de accesibilidad, así como de las disponibilidades técnicas y presupuestarias para el ejercicio 2022 en esta materia.
Según la respuesta municipal recibida, sobre las actuaciones previstas en la tabla de demandas de accesibilidad, las pendientes de atender superaban las 1.200 y continuaban aumentando. En cuanto al tipo de demandas eran de todo tipo, principalmente pasos de peatones, pero también vados, pavimento podotáctil, adaptación, instalación o creación de rampas, instalación de pasamanos, pintado de plazas PMR, accesibilidad a paradas de autobús, accesibilidad en edificios públicos, etc.
En relación con la disponibilidad técnica y presupuestaria para el ejercicio 2022 nos informaron que en la Delegación de Inclusión y Accesibilidad solo existía un Ingeniero Industrial que era a la vez Subdirector General de Mayores y Juventud, así como un Jefe de Departamento que, además de obras de accesibilidad, gestionaban contratos para otro tipo de actuaciones, convenios, ayudas, etc. Los contratos específicos de obras en vía pública previstos en el ejercicio 2022 se encontraban en fase de tramitación con el Departamento de Contratación, en concreto para la realización de obras en itinerarios peatonales en distintas zonas.
También se tramitaba otro contrato para poder atender las demandas puntuales que se recibían (como era el caso que nos ocupaba) y que formaban parte de la tabla de demandas de accesibilidad. Finalmente se encuentran en ejecución contratos menores de obras de accesibilidad en varias zonas y en el entorno de diferentes centros educativos.
En relación con la demanda de accesibilidad de la parada de autobús situada en la calle objeto de la queja, nos informaron que había sido resuelta en el mes de abril.
Ante esta información, consideramos que el asunto planteado se encontraba solucionado, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha afirmado hoy que en el actual contexto de crisis económica, el alza de precios de los alimentos y el periodo de sequía que sufrimos, la celebración del Día Internacional de los Trabajadores en este Primero de Mayo desemboca en unos objetivos y unas exigencias muy prioritarias.
De este modo, el Defensor del Pueblo andaluz ha apostado por lo que considera fundamental en el esfuerzo y en la lucha de las conquistas sociales propias de esta histórica fecha, entre las que prioriza la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres; la erradicación de la precariedad y la excesiva temporalidad de los contratos de trabajo, pese a la mejora producida por el desarrollo aún insuficiente de la Reforma Laboral; el aumento de la pobreza infantil; la falta de proyecto vital del mundo de los jóvenes, respecto del alquiler de la vivienda y de la inestabilidad e insuficiencia de los contratos de trabajo y, finalmente, de la permanencia de los llamados “asalariados pobres”.
Estas urgencias son, a juicio de Jesús Maeztu, las urgencias que debemos combatir para celebrar con dignidad y solidaridad tan significativa y progresiva lucha del mundo del trabajo. "Una vez más, en el afán noble de lograr unas relaciones de paz social, de diálogo y de convivencia ciudadana", ha concluido el Defensor.
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