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La reclamante nos exponía la demora de inicio de la quimioterapia en Hospital Carlos Haya, y refería que tras haber sido intervenida en el mes de abril 2021 de un cáncer de mama, personada en el mes de mayo en el Hospital materno Infantil de Málaga para reclamar la cita, le indicaban que debía tratarse de algún error en el servicio de radioterapia, y que iban a reclamar la cita para que se agilizara.

Sostenía que en el mes de junio, al ser atendida, le habrían explicado que debía someterse a 15 sesiones de radioterapia y que no debían transcurrir más de dos meses después de la operación, que databa del 19 de abril, dirigiéndose a nosotros, pasado el día 24 de junio, puesto que pasados ya los dos meses desde la operación seguía sin saber nada del tratamiento, y trasladaba su confusión y preocupación razonable al respecto.

Interesados por estos hechos ante la Administración, nos explicaba el itinerario asistencial de la paciente y sostenían que se había tratado 10 días más tarde de las teóricas 8 semanas que es el plazo recomendable (entre 4 a 8 semanas), sin que ello indicase que el tratamiento perdiese eficacia, y sostenían la existencia de literatura científica que lo avalaba. Nos justificaban la demora en un error acaecido en la petición de interconsulta a oncología radioterápica y nos indicaban que, tras el análisis de estos acontecimientos, velarían por mejorar el circuito de citación interconsultas entre los centros del Hospital Regional Universitario de Málaga, en pro de mejorar el servicio para las pacientes. Así cerrábamos las actuaciones.

En julio del 2018 recibimos escrito de un vecino del municipio de San Fernando, Cádiz, con el que se quejaba de que en la zona donde reside en dicha localidad se ubicaba una vaquería que, según aseguraba, había sido clausurada hacía unos años con motivo de su incidencia ambiental y tras una denuncia del SEPRONA pero que, sin embargo, había vuelto a ponerse en funcionamiento, generando unos muy desagradables olores que inundaban todo el entorno, y que suponía no poder abrir ventanas por la pestilencia y todo lo que conlleva tener animales, ratas, moscas y sobre todo olor a orina, restos que con la lluvia al parecer se estarían depositando en una zanja que se encuentra en una parcela colindante a la explotación. El reclamante nos comentaba que había vuelto a denunciar este asunto en la policía local y que unos agentes estuvieron tomando fotografías del lugar.

Tras admitir a trámite la queja y después de varias actuaciones, esta Institución formuló a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando resolución en la que, en síntesis, le recomendábamos que, con carácter de urgencia, se analizase la documentación aportada en julio de 2018 por el titular de la explotación ganadera aparentemente ilegal e ilegalizable, denunciada por su grave incidencia ambiental, con objeto de que a la mayor brevedad posible se emitiera informe técnico-jurídico sobre si era o no compatible con el suelo donde se ubicaba, procediéndose en caso de que se concluyese que no lo era, sin más demoras injustificadas, a clausurar la explotación, ejecutando la orden de cese dictada en su momento e incumplida por el obligado.

En su respuesta el ayuntamiento nos remitió informe en el que se nos decía, en esencia:

1. Que mediante Resolución de diciembre de 2020, de la Delegación General del Área de Desarrollo Urbano, se había concedido al titular de la explotación ganadera, el plazo de un mes para el efectivo desalojo de las instalaciones y traslado de animales.

2. Que mediante oficio de abril de 2021 se había requerido a la policía local que verificase el cumplimiento de lo ordenado.

3. Y que además, y sin perjuicio de lo anterior, nos informaban también que se habían iniciado las actuaciones sancionadoras por el ejercicio de la actividad no autorizada.

Posteriormente dicho Ayuntamiento nos informó que las instalaciones de la explotación ganadera objeto de queja “se encuentran vacías de animales y en estado de abandono”.

Entendimos que en lo esencial se había aceptado nuestra resolución por el Ayuntamiento, por lo que procedimos al archivo del expediente de queja.

La persona reclamante nos trasladaba su necesidad de vivienda. Relataba que era madre separada con una niña de 6 años, diagnosticada de autismo. Sus ingresos eran muy limitados, 250 euros que percibía por su trabajo, 290 euros de ingreso mínimo vital y 387 euros en concepto de prestación económica por cuidados en el entorno familiar por la dependencia de su hija.

Vivía en un piso propiedad del padre de su hija y ex marido, el cual llevaba dos años sin pagar la hipoteca, por lo que estaba buscando una alternativa habitacional en una vivienda cercana a Huelva en la que su hija pudiera estar segura, sin que tuviera que tener cerradas las puertas y ventanas por miedo a que se cayera o se escapara.

Había realizados actuaciones con los servicios sociales comunitarios, donde le habían indicado que podrían ayudarla para el pago del alquiler, si bien el problema era que no conseguía acceder al arrendamiento de una vivienda por no disponer de nómina ni aval, como exigían desde la propiedad de las viviendas. Insistía en que necesita estabilizarse en una vivienda para poder buscar trabajo y rehacer su vida.

Admitida la queja a trámite, nos dirigimos al Ayuntamiento de Huelva solicitando información relativa a la atención social que se viniera prestando a la familia y ayudas o recursos públicos a los que pudieran acceder para paliar su precaria situación actual.

En la respuesta municipal, se informaba que el Servicio Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucios (SAID) de la Delegación Territorial de Huelva la asesoraba y seguía el expediente judicial como consecuencia de un préstamo hipotecario suscrito por su expareja y padre de su hija. El procedimiento judicial constaba paralizado por gestiones realizadas siguiendo el Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, por tratarse un hogar vulnerable sin alternativa habitacional.

Constaba Inscripción en el Registro de Demandantes de vivienda Protegida de fecha 26 de marzo de 2019, actualizada en mayo 2020 y solicitud de una vivienda social en régimen de alquiler social para ella y su hija de 6 años, a ser posible adaptada a la discapacidad de la menor y que fuera en la misma zona donde actualmente residía.

Se indicaba que actualmente no se disponía de una vivienda social disponible por parte de las Administraciones Públicas, encontrándose a la espera.

Como alternativa, se estaban realizando gestiones por parte del SAID de mediar para que pudiera permanecer en la vivienda suscribiendo un contrato de arrendamiento social, ya que concurrían circunstancias que podían acreditar la vulnerabilidad de la unidad de convivencia al tratarse de una familia monoparental con ingresos reducidos y menor con discapacidad y grado de dependencia.

Otro recurso disponible siempre y cuando la opción de mediación con la entidad bancaria no diera resultados, era una ayuda de emergencia de alquiler.

A la vista del contenido del citado informe, se observa que por parte de la administración municipal y del SAID se le estaba prestando una atención adecuada, por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Se ha recibido expediente de queja afectante a la falta de respuesta de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, ante la solicitud de devolución de ingreso indebido por error en la autoliquidación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Tras ser requerida la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria para emitir resolución expresa y motivada sin más dilaciones, nos traslada informe para hacer constar que se ha emitido resolución estimatoria, con lo que se ha puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja.

Por ello, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

Esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja en relación con la atención dispensada a un menor a partir de la petición para lograr los servicios educativos que el menor necesita en el Centro de Educación Infantil y Primaria, en la provincia de Huelva.

Para conocer los detalles del caso nos dirigimos a la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Huelva, que informó lo siguiente:

“1- Se ha contrastado la información y se ha apreciado la comunicación fluida por parte del centro educativo con la familia del alumno. Asimismo, se ha comprobado que existen escritos sobre la situación dada con el alumno el curso pasado por parte del Tutor, así como las medidas de carácter general que se adoptaron dentro del aula por parte del Equipo Docente. Se ha constatado que, en el registro del Centro, no existe ningún inicio de protocolo por parte de la Orientación en el curso 20/21. Se comprueba igualmente que, aun existiendo un Informe Escolar realizado por el Tutor del alumno el curso pasado, así como el documento “Protocolo de recogidas de datos para Educación Infantil" realizado por el centro, no se tomaran medidas psicopedagógicas por parte de la Orientación, debido a que el centro no inició el Anexo III de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 para el Segundo Ciclo de Educación Infantil.

2- La normativa en vigor (Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógico y el dictamen de escolarización) recoge que la evaluación psicopedagógica la realizan los equipos de orientación (art. 4) y que deberá realizarse en cualquier momento de la escolaridad del alumno, pero muy especialmente cuando esta se inicie en el centro o se detecten necesidades educativas que deban ser atendidas (art. 5). El SAS realizó una valoración al respecto con fecha de 21/07/2021 considerando que el alumno posee un TDAH combinado y un trastorno de conducta comórbido, emplazando por ello al Equipo de Orientación a una valoración y a un apoyo en las áreas deficitarias.

3- El padre y la madre del alumno, el 5 de septiembre de 2021, dirigen una carta a la anterior Orientadora del CEIP, en la que le ruegan y le solicitan encarecidamente que atienda y valore a su hijo, ya que han presentado un informe de valoración del Servicio de Neurología del SAS. Además, aportan un Informe del Gabinete Programa Despierta, donde se relata las intervenciones psicopedagógicas que se han tenido con él.

La Orientadora actual (…) indica en su Informe que, `El equipo de orientación educativa no recibe ninguna otra documentación relacionada con el caso (anexos propios del protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tal como se recoge en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017)`, pero sí afirma que el EOE ha recibido por parte del Centro educativo el curso pasado `indicios de necesidades especificas de apoyo educativo en este alumno, rellenando el documento de recogida de datos de Educación Infantil (modelo propio del EOE) donde se demandaba la intervención del EOE'. Por tanto, el EOE tenia conocimiento de las necesidades educativas que presentaba el alumno.

4.- Las medidas que implementar, tal y como se recogen en el Informe de la Orientadora actual del Centro, serán las siguientes:

1. Asesorar al equipo docente mediante la figura del tutor sobre los pasos siguientes a dar para iniciar el protocolo.

2. Analizar conjuntamente, con el equipo docente y con el equipo de orientación, las medidas educativas de carácter general que se hayan llevado a cabo con este alumno anteriormente y las que se puedan implementar para dar respuesta a los indicios detectados

3. Decidir si es necesario proceder a la evaluación psicopedagógica sin esperar los 3 meses que se recomiendan en las citadas Instrucciones. (El Servicio de Inspección considera que este punto no procede al existir ya una valoración por parte del SAS de la patología presentada por el alumno).

4. Proceder a la evaluación psicopedagógica, tal como establece la Orden de 19 de septiembre de 2002.

Al tener conocimiento el Centro educativo y la Orientadora del mismo sobre la evaluación realizada por el SAS, con el juicio clínico correspondiente, se considera preciso realizar la correspondiente evaluación psicopedagógica.

En este caso, el Servicio de Inspección concluye que:

- El EOE de la zona, el curso pasado, no asesoró debidamente al Centro educativo sobre el procedimiento a seguir en este tipo de situaciones, obviando el Informe del Tutor sobre medidas adoptadas por el Equipo Docente, así como el Informe Escolar (modelo propio del EOE) para la detección de necesidades educativas por parte del alumnado de Educación Infantil.

- Este curso escolar 21/22, el alumno será valorado debidamente por los profesionales educativos correspondientes, con un carácter de priorización sobre el mismo.

Por ello, propone

Primero. Realizar una valoración psicopedagógica del alumno con el fin de detectar posibles alteraciones y prevenir futuros desfases que se den como resultado de una dificultad en el aprendizaje debido al diagnóstico realizado por el Servicio Andaluz de Salud.

Segundo. Será necesario hacer hincapié en la necesidad de coordinación y colaboración entre las distintas instituciones y profesionales. Desde el sector educativo: profesionales de la orientación del EOE, equipo especializado en trastornos de conducta (EOEE en TGS -Equipo de Orientación educativa especializado en trastornos graves de conducta), maestros de PT y AL.

Tercero. Asesoramiento por parte del E.O.E. a través de la Orientadora del Centro al Tutor del alumno, a restantes miembros del equipo docente, así como al Equipo Directivo, sobre las medidas necesarias de aplicación con carácter general, así como aquellas específicas que necesite el alumno”.

A la vista del informe emitido desde la Delegación Territorial de Educación y Deporte, podemos entender que las peticiones de la familia del alumno estaban debidamente fundadas al confirmarse una deficiente respuesta desde el Equipo de Orientación y Evaluación (EOE) a la hora de identificar la necesidad de atender las tareas de estudio y diagnóstico del menor que ya había sido advertida desde la tutoría del CEIP, aun sin formalizar conforme a las instrucciones aplicables.

No obstante hemos podido constar la respuesta colaboradora, aunque en plazo mejorable, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte y la disposición para acometer de inmediato las medidas coherentes que permitan subsanar las deficiencias encontradas en los procesos de atención del menor establecidos en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.

A la vista de las medidas anunciadas y de su contenido, consideramos que el asunto planteado se encuentra en vía de solución, por lo que entendemos procedente concluir en estos momentos nuestras actuaciones.

Finalmente, y en relación con los antecedentes analizados, permaneceremos atentos a cualquier seguimiento que, en su caso, resulte necesario emprender para garantizar las medidas de atención que necesite el menosr en su CEIP.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución solicitamos la colaboración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que nos informara, sobre la situación penitenciaria de la persona interesada tras notificársele que tras la tramitación de un expediente disciplinario ha sido retirado de la terapia en la que participaba cumpliendo lo estipulado en las sentencias condenatorias de los Juzgados de lo Penal nº 5 y 10 de Sevilla, una situación que le ocasiona graves perjuicios tanto a nivel psicológico como penitenciario; así como de la propuesta de traslado de centro penitenciario lo que le impedirá mantener comunicaciones con sus familiares por su difícil situación económica.

Atendiendo a nuestra petición la SGIP nos remiten informe en que nos indican que el interno participa del programa de atención terapéutica por su tipología delictiva desde el 12/03/2021, sin incidencias.

En cuanto a su propuesta de traslado nos manifiestan que, siendo cierto que el interno tenía una propuesta de la Junta de Tratamiento del CP Sevilla para su traslado al C.P. Huelva, se ha resuelto que se mantenga en el C.P. Sevilla como destino.

Con esta información y en tanto que el asunto por el que acudió a esta Defensoría del Pueblo Andaluz finalmente se ha solucionado, damos por concluidas nuestras actuaciones y procedemos al cierre del expediente de queja.

En relación con expediente de queja recibido en esta Institución afectante a la falta de resolución expresa de la reclamación del expediente de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, el Ayuntamiento en Junta de Gobierno Local, ha acordado resolver favorablemente la reclamación de responsabilidad patrimonial, reconociéndole el derecho a recibir una indemnización de 4.540 euros.

Por todo ello, esta Institución considera que se ha puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja y procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

En relación con el expediente de queja recibido en esta Institución referente a Estatuto de los Concejales: recurso extraordinario, el Ayuntamiento de Nerja ha remitido informe a esta Institución en el sentido de documentar que se ha ha iniciado la tramitación para proceder a dictar resolución expresa de su recurso extraordinario de revisión, comunicándonos que han mantenido informada a la representante del partido (...), y que tras la formulación de la correspondiente propuesta de resolución por los servicios jurídicos municipales, se ha solicitado emisión del preceptivo dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, objeto de la queja presentada.

Por ello, entendemos que el asunto se encuentra en vía de solución, y sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestras actuaciones, confiando que en un plazo prudencial reciba respuesta.

Rogándole que una vez sea notificada la resolución expresa del recurso extraordinario de revisión, proceda a la remisión de la misma a esta Institución a los efectos del seguimiento del expediente de queja.

Esta Institución recibía comunicación de una vecina de Sevilla en la que exponía que se encontraba en situación económica y familiar complicada. Su pareja con una discapacidad psíquica y sensorial reconocida que no le permitía encontrar trabajo. También tenía a su cargo un hijo mayor de edad con discapacidad psíquica. Su nómina y la prestación por discapacidad del hijo se encontraban embargadas debido al impago de un préstamo personal, en virtud de una sentencia judicial.

Explicaba que dejó de pagar su hipoteca por problemas económicos y, en diciembre de 2020, presentó a su entidad financiera una solicitud de refinanciación. Tras recibir respuesta, con fecha 8 de abril de 2021 efectuó solicitud en base al Código de Buenas Prácticas. Si bien le contestaron que un gestor se pondría en contacto con ella, hasta la fecha de presentación del escrito de queja no había tenido lugar dicho contacto.

Entretanto la entidad había presentado demanda de ejecución hipotecaria y se encontraba en trámite su solicitud de asistencia jurídica gratuita y designación de abogado de oficio.

Solicitamos la colaboración de la entidad bancaria Caixabank, en particular, señalando la posibilidad de atender la petición cursada por la interesada para acogerse al Código de Buenas Prácticas o, en su defecto, a medidas alternativas que permitiesen atender su situación personal.

En respuesta a nuestra solicitud, Caixabank nos informó que el gestor se había puesto en contacto con la interesada y estaban en proceso para tratar su caso y ofrecer posibles soluciones en función de la situación actual de la misma.

Entendimos que el problema se encontraba en vías de ser solucionado y procedimos al cierre del expediente.