La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Queja número 16/0883

La interesada exponía que en diciembre de 2009 firmó con la antigua EPSA contrato de arrendamiento de su vivienda, en la que habitaba con sus dos hijos y el padre de ambos, con el que convivía. Los niños tenían 8 años, uno, y dos meses otro.

En septiembre de 2013 presentó escrito en EPSA pidiendo que aceptaran suspender el pago del alquiler hasta que su situación económica mejorase, pues estaban los dos desempleados.

El día 16 de mayo de 2014 envió a EPSA solicitud de prórroga del alquiler, si bien nunca recibió contestación.

El 20 de octubre de 2015 le enviaron una carta en la que le reclamaban 6.743.09 euros de deuda con la advertencia de que: “De no proceder al abono de las cantidades que se adeudan nos veremos obligados a emprender las acciones legales oportunas”.

Ante esta situación, la interesada se comprometía a abonar mensualmente la cantidad de 150 euros, hasta que mejorase su situación económica.

Solicitado informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se nos respondió que tras haber tenido que abonar con carácter subsidiario las cuotas de comunidad impagadas por ella, como consecuencia de reclamación judicial ejercida por la Comunidad de Propietarios del edificio donde residía. La cuantía de los pagos efectuados por AVRA en concepto de cuotas de comunidad no abonadas, correspondientes a los meses de agosto de 2011 hasta noviembre de 2015, ascendían a 3.118,52 euros. Lo que se puso en conocimiento de la interesada en comunicación de fecha 15 de octubre de 2015.

En dicha comunicación se le informaba no solo sobre la deuda generada con la Comunidad de Propietarios y abonada por AVRA, sino también sobre sus impagos en concepto de rentas correspondientes al contrato vigente de alquiler de su vivienda. Se le reclamaba el pago de dichos débitos y se le advertía que de no ser abonados, AVRA emprenderían las acciones legales oportunas. En ningún momento se indicó que dichas acciones tuvieran como consecuencia la pérdida de su vivienda.

De hecho, AVRA no había iniciado, hasta el momento, ninguna acción legal contra la interesada, en este sentido, a la espera de una valoración de la situación de su unidad familiar por parte del equipo de Trabajo Social de AVRA. Para realizar ese análisis, el 25 de febrero una trabajadora social mantuvo entrevista con ella y su pareja, requiriéndole documentación acreditativa de la situación socio económica y laboral de ambos y anunciándoles una próxima visita al domicilio familiar para culminar la tarea de valoración y poder así adoptar las decisiones oportunas, en respuesta a las demandas planteadas por ella a la Agencia.

Esa segunda visita se produjo el 3 de marzo por parte de la trabajadora social que, una vez recabada la información, emitió informe en el que se hacía constar que en la unidad familiar existía una situación de precariedad económica, mantenida desde hacía varios años, que impedía a la pareja afrontar los gastos que les generaba la vivienda, por lo que se propuso un traslado a otra vivienda en arrendamiento con menores cuotas de renta y comunidad, siempre en el marco de la legalidad vigente en materia de traslado de viviendas públicas.

Y en cuanto la deuda que le venía reclamando la Agencia, se le facilitaría un compromiso de pago de las mismas que le permitiera compatibilizar la liquidación de dicho débito con la obligación de hacer frente a los gastos que le generase la vivienda que se le ofrecía como alternativa.

Estos planteamientos fueron trasladados a la interesada en el mes de abril, tanto mediante escrito de respuesta a la reclamación planteada por ella a través de la Inspección General de Servicios, como en contestación a otro escrito remitido en la misma fecha a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación.

Pues bien, tras examinar con detenimiento dicho informe, acogimos con satisfacción la buena disposición manifestada por la Administración en aras a poder dar una solución al problema de vivienda de la interesada, que resultase compatible con su situación económica, garantizándole en todo momento, su derecho a disfrutar de una vivienda digna.

En consecuencia con lo expuesto, procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

Queja número 15/5588

Adjudican vivienda protegida a una familia que había sido desahuciada.

El interesado nos comunicaba que el 3 de diciembre de 2015 tenía que abandonar la vivienda en la que residía junto con su familia (su mujer, su hijo y su nieta, menor de edad), sin disponer de vivienda alternativa, por lo que temía encontrarse en la calle en unos días, pues su precaria situación económica le impedía afrontar el alquiler de otra vivienda.

El motivo de la salida obligada de la vivienda era la ejecución de una sentencia que validaba un acuerdo alcanzado con la propiedad de la vivienda, acuerdo que contemplaba el abandono de la misma el referido 3 de diciembre.

Desde que se presentó esta queja mantuvimos un contacto permanente con la Trabajadora Social correspondiente, que nos había informado puntualmente de las distintas actuaciones llevadas a cabo, así como de las alternativas de trabajo que se habían ido contemplando. Así, nos informó de la elaboración de un informe de excepcionalidad para el acceso a un alquiler social, así como de otras medidas de urgencia de cara a la fecha señalada para la salida de la vivienda, como eran el abono temporal de una pensión o la posibilidad de gestionar con el COIS un modulo familiar.

Ante el Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla interesamos la emisión de un informe acerca del estado en que se encontraba, tras el informe de excepcionalidad, la solicitud de alquiler social para esta familia y las previsiones temporales para que se les pudiera adjudicar una vivienda en dicho régimen.

Puesto que el interesado nos indicó que tras la recepción del informe de los servicios sociales por el que se proponía la adjudicación de vivienda excepcionando el régimen general de adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, se dirigió a Emvisesa y le informaron que no se encontraba entre las personas destinatarias de vivienda social excepcionando el régimen del Registro Municipal, nos dirigimos también a dicha empresa municipal en solicitud de informe.

En su respuesta Emvisesa nos comunicó que, habiendo recibido el certificado de excepcionalidad correcto, en virtud del mismo se le había adjudicado una vivienda al interesado, con fecha 29 de marzo de 2016. Ese mismo día se procedió a la entrega de llaves y la posesión de la vivienda a favor del mismo.

Habiéndose solucionado favorablemente la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

Este lunes, 20  de marzo de 2017, a las 11:00 horas, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena Ávila mantendrá un encuentro institucional con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

    Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 17/0566 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla

    RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

    El Ayuntamiento de Sevilla nos comunica las actuaciones que va a realizar para mejorar la seguridad vial frente a un colegio y la seguridad de los peatones en la zona.

     

    3-3-2017 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, por los medios de comunicación, que en las cercanías del colegio Portaceli, en la calle Eduardo Dato de Sevilla, existe un paso de peatones, que la propia noticia califica como “punto negro en la seguridad vial” de la ciudad, en el que se ha producido un atropello y en el que los vecinos vienen reclamando presencia policial a la entrada y salida del colegio.

    Siempre según esta noticia, “una mujer resultó ayer [la edición de la noticia es del 14 de Enero de 2017] herida por una moto cuando atravesaba esta zona, que se ha convertido en un punto negro en la seguridad vial de la ciudad. Los vecinos de Nervión llevan años reclamando la presencia policial en la entrada y salida de los alumnos de este centro de enseñanza, el más numeroso de la capital andaluza, que congrega a 2.000 personas. También exigen barreras de protección para evitar que en este tipo de accidente -bastante habituales, según indican- se vean implicados menores. El Ayuntamiento, por su parte, explica que el accidente de ayer se produjo por una imprudencia del peatón que cruzó con el semáforo en rojo”.

    La propia noticia, más adelante, relata que “Transitar por Eduardo Dato a la hora en la que los alumnos del Portaceli entran o salen del colegio se ha convertido en una actividad que requiere de enorme precaución. Los vecinos de la zona llevan años alertando de la necesidad de que se implanten mayores medidas de seguridad para evitar los numerosos incidentes que se producen en la zona, ninguno, por ahora, de carácter grave, pero que pueden acabar en tragedia, según advierten (…) El secretario de la asociación de vecinos de los Jardines de la Buhaira, explicó que «no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo». «Ocurren con mucha frecuencia, pero al no revestir gravedad, pasan desapercibidos», explicó este representante vecinal, quien incidió en que la situación «ha empeorado» desde que sólo existe un carril -en sentido Nervión- para los vehículos de servicio público y los autorizados por tener garaje en la zona. «Ese carril va pegado a la acera del colegio, apenas hay 30 centímetros de separación con el bordillo, y sin que existan vallas de protección para una zona frecuentada por numerosos niños» … «No pedimos que estén permanentemente allí, pero sí que vigilen el tráfico en la zona media hora a la entrada (entre 08:30 y 09:00) y otros 30 minutos a la salida (entre 13:30 y 14:00)», apostilla [el representante vecinal] que considera que con esta presencia «se evita que los conductores cometan infracciones y los peatones algunas imprudencias»”.

    Por último, la noticia indica que, en otros colegios de la zona, sí se han atendido ciertas solicitudes para controlar el tráfico cuando entran y salen los niños. También hace un análisis de los datos por atropello durante 2016 en la ciudad de Sevilla: ocho personas murieron, lo que supuso duplicar la cifra de víctimas por atropello en un solo año; de estos, tres se debieron a irresponsabilidades de los conductores y cinco a imprudencias de los peatones.

    A la vista de tales hechos, hemos iniciado esta actuación de oficio en la que nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Sevilla para conocer si disponen de datos que aconsejen calificar este tramo de la calle Eduardo Dato como punto negro en materia de seguridad vial y, en su caso, medidas que se hayan adoptado, o se tengan previsto adoptar, para prevenir los riesgos que se generan en el entorno de este centro educativo.

     

    29-5-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio para conocer si un paso de peatones cercano al colegio Portaceli, de Sevilla, ofrecía peligrosidad para sus usuarios.

    De la respuesta que nos remitió el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Proyectos y Obras, se descartaba que el tramo afectado fuera un punto negro, según los datos estadísticos disponibles, o que revistiera peligrosidad siempre que se respetara la regulación semafórica existente, por tratarse de un tramo de alineación recta, sin cambios de rasante y con buena visibilidad. Se añadía a ello que toda la banda colindante al carril bus en contrasentido que discurría frente al Colegio se encuentra separada de la zona peatonal por amplio parterre o una banda de aparcamientos en batería por lo que, salvo imprudencias de los peatones por irrupción en la calzada fuera del semáforo, no era posible atropellos por parte de los autobuses. También se recuerda que el Servicio cuenta con un Centro de Educación Vial en el que se imparten clases a los alumnos de los centros escolares sobre nociones básicas a tener en cuenta.

    Por último, se informaba que se había podido observar, tras visita de inspección, una situación de invasión masiva, parada y estacionamiento en el carril bus, principalmente a la hora de salida del centro escolar, que mermaba la calidad del servicio de TUSSAM y que podía originar situaciones de peligro, por lo que se anunciaba la instalación de vallas en aquellas zonas en las que no existía dársena de aparcamientos para dificultar la subida y bajada de pasajeros a vehículos estacionados en el carril-bus.

    De acuerdo con todo ello, entendimos que no eran precisas nuevas gestiones en esta actuación de oficio, toda vez que, de forma argumentada y técnica, se había descartado que la zona revistiera peligrosidad, siempre que se respetara la señalización. No obstante, solicitamos al Ayuntamiento, en el momento de comunicarle el archivo de nuestras actuaciones, que, en la medida de lo posible, se siguiera inspeccionando la zona y, en caso necesario, se adoptaran las nuevas medidas de seguridad que fueran consideradas procedentes ante el elevado número de personas que accedían diariamente al citado centro escolar de forma que se redujera al mínimo la posibilidad de nuevos accidentes.

     

    Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 17/0200 dirigida a Ayuntamiento de Cádiz

    RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

    El Ayuntamiento de Cádiz informa al Defensor del Pueblo Andaluz de las medidas adoptadas para mejorar la situación en que se encuentra el Mirador de Santa Bárbara.

    02-03-2017 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

    El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, que la “pérgola de Santa Bárbara”, en la ciudad de Cádiz, situada entre el Parador “Hotel Atlántico” y la plaza Rocío Jurado y que discurre paralela al Parque Genovés, inaugurada en Marzo de 2015, con vocación de ser un equipamiento para revitalizar los barrios del entorno, se encuentra actualmente muy deteriorada.

    Siempre según esos medios de comunicación “el deterioro de la pérgola es notorio a simple vista. El óxido hace estragos en muchos de sus enrejados, la suciedad transforma en opacos los cristales que, además, en muchas zonas aparecen fracturados. Hay pintadas en las paredes, colillas, latas y papeles, amén de multitud de enseres como colchones, toallas, mantas y sillas de playa que amueblan unas dependencias tomadas al asalto. La estructura se consume sin mantenimiento y parece condenada a morir abandonada. Un destino muy alejado del proyecto inicial”.

    Más adelante leemos que la ejecución de este proyecto supuso, aproximadamente, un gasto de un millón y medio de euros, financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Además de su funcionalidad, en relación con las especies vegetales del parque al limitar los efectos de la salinidad del mar y de permitir que pueda ser recorrida la zona litoral por un paseo elevado, a poco más de 3 metros de la cota del mar, el diseño por el que se apostó había reservado espacio para varios locales que se iban a destinar a actividades culturales, aseos públicos, vestuarios y zona de almacenamiento para el personal de trabajo del parque.

    A resultas de todo ello, esta infraestructura, de cerca de 400 metros lineales, no se ha puesto en funcionamiento en los términos en los que fue concebida. Además, también en esta noticia podemos leer: “Entrar a pie en el subterráneo de Santa Bárbara casi puede catalogarse de aventura. Existen múltiples accesos pero ninguno invita a entrar. Las puertas están rotas, hay latas de cerveza, enseres como colchones, bolsas y sillas... las puertas del ascensor rezuman óxido, hay graffitis en las paredes, orines en algunas esquinas y algunas de las lunas de cristal reforzado están fracturadas. Las salas que en su día se crearon en los bajos, –algunas están incluso amuebladas porque iban a funcionar como oficinas–, se han convertido en una zona de acampada. La suciedad se acumula y las quejas de los ciudadanos se suceden”.

    Esta Institución, desde hace unos años, viene investigando cuando tiene conocimiento de que alguna infraestructura de naturaleza pública que ha supuesto un importante coste en su ejecución, por distintas causas o no entra en funcionamiento o deja de prestar el servicio publico que venía ofreciendo a la ciudadanía.

    La razón de ello no es otra que velar por los intereses públicos que, en su día, justificaron que se ejecutara aquélla y con objeto de rentabilizar los costes que conllevó su realización con cargo a las arcas públicas, es decir, a la ciudadanía que es la que, en ultima instancia, realmente la financia.

    Por todo ello y entendiendo que los hechos arriba relatados motivan nuestra actuación, nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Cádiz para que nos informe de las deficiencias y daños que afectan a esta infraestructura financiada, al parecer, con los fondos FEDER y sus causas; si la misma se recepcionó, en su día, de conformidad y, en su caso, de las medidas que se hubieran adoptado, o se tenga previsto adoptar, para impedir que continúe deteriorándose la obra ejecutada y se subsanen las deficiencias y disfuncionalidades que presenta.

    28-07-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

    Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Cádiz, éste, en su respuesta, nos indicó que los desperfectos y daños de esta instalación, tras ser valorados, ascienden a 20.893,29.-euros, y que en un primer momento se optó por la incautación de la garantía presentada por la empresa adjudicataria de las obras, iniciándose expediente administrativo al efecto, pero que dicha empresa se ha comprometido a ejecutar las obras por su cuenta, paralizándose la tramitación del citado expediente. Según consta en el informe de IFEF, a fecha del mismo estaba pendiente de concretarse con la contratista y la dirección facultativa, para su autorización por el propio IFEF, el comienzo de las reparaciones requeridas con cargo a la garantía de la obra.

    Desde el pasado 2016 se pusieron en marcha una serie de actuaciones encaminadas a la subsanación de los desperfectos que presentaban las instalaciones, ocasionados fundamentalmente por el vandalismo y que paralelamente se habían adoptado medidas para evitar que en un futuro se volvieran a producir este tipo de actos y que permitieran el normal uso de esta infraestructura por los usuarios del parking y del resto de las instalaciones.

    Para ello se había redactado una memoria valorada para la contratación de los trabajos de subsanación incluyendo obras que permitan una modificación del funcionamiento del aparcamiento en horario nocturno y que se iban a realizar obras de subsanación de desperfectos, tales como sustitución de puertas de los vestíbulos descolgadas o alabeadas por golpes, sustitución de vidrios rotos, habiéndose ya realizado una limpieza general con retirada de enseres, estando prevista una limpieza más a fondo de las zonas comunes.

    En el Pleno del Ayuntamiento de 12 de abril se aprobó una moción del grupo Ciudadanos relativa a la puesta en marcha de un proceso para modificar el uso de la zona libre del Paseo de Santa Bárbara y la apertura de un procedimiento para ceder los locales existentes, propiciando su ocupación para revitalizar la zona y evitar el proceso de abandono y deterioro que sufren.

    A la vista de esta información consideramos que el asunto de fondo objeto de esta actuación de oficio se encontraba en vías de solución, toda vez que la finalidad pretendida no era otra que, de alguna manera, impulsar los trámites necesarios para que una instalación financiada con fondos públicos se utilice para el fin pretendido y deje de estar en situación de abandono, deteriorándose poco a poco. De acuerdo con ello, creemos que con las actuaciones puestas en marcha por ese Ayuntamiento, incluyendo el acuerdo de Pleno referido, se iba a conseguir ese objetivo.

    Sin perjuicio de ello, entendemos, y así se lo comunicamos al Ayuntamiento de Cádiz en el momento del archivo del expediente, que si aún no se hubieran materializado esas medidas acordadas, debe procederse cuanto antes a ello, con objeto de poner cuanto antes en valor estas instalaciones públicas y darles una finalidad, haciendo partícipes a la ciudadanía de las mismas. Por lo tanto, instamos a ese Ayuntamiento a procurar cuanto antes la ejecución de las obras de subsanación a las que se ha comprometido la empresa contratista y, en caso contrario, a continuar el procedimiento de incautación de garantía que en un principio se habría tramitado y que se había dejado en suspenso por el ofrecimiento de la referida empresa.

    Igualmente, instamos a la Alcaldía a que impulse la materialización del acuerdo Plenario en virtud del cual se trata de poner en marcha el proceso para ceder los locales existentes en esta zona y propiciar su ocupación para revitarla y evitar el proceso de abandono y deterioro que han venido sufriendo.

    Rogamos, en virtud del principio de buena administración, que se tengan en cuenta estas circunstancias a fin de impulsar los trámites precisos para lograr los fines pretendidos en relación con estas instalaciones.

    Queja número 16/5961

    La Administración informa que el Servicio de Planificación ha procedido a programar la parada de autobús solicitada por la persona interesada. Así el alumnado afectado ya puede disfrutar del servicio de transporte escolar que les correspondía.

    La persona interesada muestra su preocupación y expones los graves inconvenientes que le supone el que para el curso 2016-2017 se haya suprimido la parada de autobús que hasta ahora existía, en la pedanía donde residen, para trasladar a los alumnos y alumnas desde esta zona hasta el IES del pueblo al que pertenece esta pedanía.

    Queja número 16/5255

    La Administración informa que se requirió a la interesada para que justificase el pago realizado por los servicios de logopedia recibidos por su hijo, habiéndose cumplimentado dicho trámite, se va a proceder a notificar a la persona reclamante la resolución del Recurso de Reposición.

    La persona interesada expone que, a principios de Julio de 2016, presentó el recurso potestativo de reposición (contra la denegación de la ayuda para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo), sin que, encontrándose a finales de septiembre haya sido resuelto.

    Queja número 16/5328

    Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Almuñécar ordena la retirada de una grúa-torre existente en un solar debido a la falta de seguridad y salubridad en el entorno.

    El interesado, presidente de la comunidad de propietarios de un edificio, nos exponía que en las cercanías del mismo, en concreto en la C/ Paseo de Velilla, 34 y 35 de la localidad granadina de Almuñécar, en un solar de un edificio que llevaba ya nueve años en construcción, existía una grúa elevadora que, para los vecinos de la zona, no reunía las debidas condiciones de seguridad (siempre según los vecinos, estaba abandonada y tenía diversos elementos oxidados) y de higiene (en ella se posaban las gaviotas, perjudicando la conservación de los edificios, vehículos, aceras, toldos, etc.).

    Tras dirigirnos al Ayuntamiento de Almuñécar, éste nos comunicó que había dado orden, que ya se había ejecutado, de retirar la grúa existente en el solar, que fue ratificada por el interesado.

    Dimos, por tanto, por concluidas nuestras actuaciones al entender solucionado el problema planteado.

    Queja número 16/6657 , 16/6658 , 16/6662

    Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, el Ayuntamiento de Málaga procede a devolver las cantidades indebidamente cobradas tras los embargos de cuentas corrientes por impagos de diversas sanciones de tráfico.

    El interesado nos indicaba en sus escritos de queja que a principios de 2016 había conocido que en el año 2015 se le habían embargado, en sus cuentas corrientes, las cantidades de 1.995, 2.884 y 445 euros, todas ellas por parte del Ayuntamiento de Málaga. Tras las oportunas averiguaciones, conoció que estos embargos correspondían a diversos expedientes de apremio por impago de sanciones de tráfico impuestas por el citado Ayuntamiento.

    Realizó las oportunas reclamaciones contra estos actos por falta de notificación en su domicilio real, prescripción de las infracciones presuntamente cometidas y desmesurado quebranto económico, con objeto de que se revocaran las mismos y se procediera a incoar los procedimientos de reintegro para que se le devolvieran las cantidades que, para él, estaban indebidamente cobradas. Transcurridos ocho meses desde que remitió ese escrito, no había recibido respuesta del Ayuntamiento de Málaga.

    Tras admitir a trámite las quejas, una por cada expediente de embargo, y dirigirnos al citado Ayuntamiento, éste nos dio cuenta de que las notificaciones que se le practicaron al interesado no eran correctas y habían prescrito las infracciones, por lo que se había procedido a anular la deuda y a iniciar el procedimiento para la devolución de los importes indebidamente ingresados.

    Por tanto, entendimos que el problema que motivó la presentación de las quejas se encontraba en vías de solución, al proceder el Ayuntamiento a devolver la cantidad indebidamente cobrada, por lo que procedimos al archivo de los tres expedientes de queja tramitados.

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