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Para hacer constar que la presente queja de oficio fue incoada tras tener conocimiento de la falta de convenio entre la Consejeria de Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Antequera para establecer un régimen de uso del Centro de Atletismo 6º Centenario de Antequera, instalación promovida por la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera a través de un convenio firmado entre ambas administraciones el 26 de Noviembre 2007.

Por lo tanto, sería necesario determinar y delimitar las competencias de ambas Administraciones en la gestión de dicha instalación, construida para el fomento del deporte de alto nivel y alto rendimiento, al no existir convenio específico de uso o sectorial al respecto entre la administración autonómica y local.

Tras la solicitud del preceptivo informe al respecto a ambos organismos, por la Secretaria General para el Deporte se nos comunica lo siguiente:

“El 26-11-2007 se firmó un Convenio de colaboración entre las entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Antequera, para la construcción de una pista de atletismo cubierta, que se construiría como Centro de Tecnificación Deportiva de Atletismo … siendo la Empresa Pública Deporte Andaluz SA. la encargada de la ejecución de la obra.

La obra se finalizó y entregó al Ayuntamiento con fecha 3-8-2010. El Ayuntamiento de Antequera quedaba deudor de la cantidad de 1.272.743€, hasta el 13-9-2017, fecha en que abonó esta cantidad …

En la cláusula Sexta del citado Convenio de 26-11-2007 se recoge literalmente: … En todo caso, las partes se obligan antes de la terminación de las obras, a establecer el régimen completo de usos a través de un Convenio Especifico que garantice el desarrollo del Centro de Tecnificación Deportiva.

...

El Consejo Superior de Deportes publica la Resolución de 10 de enero de 2014 cuyo apartado 4.3 establece «El procedimiento de clasificación se iniciará a petición del titular de la instalación del respectivo Centro que deberá acompañarla documentación que a continuación se detalla: ...». En este Centro Directivo no consta, ninguna petición del Ayuntamiento de Antequera para iniciar los trámites de clasificación de la instalación como Centro de Tecnificación Deportiva o Centro Especializado de Tecnificación Deportiva.

…

Por otra parte, ha de informarse que las competiciones de alta rendimiento que se celebran en esa instalación deportiva no son producto de acuerdos puntuales que alcance el Ayuntamiento con la FAA y RFEA. Ello constituye una actividad propia de las federaciones deportivas ...”.

Por su parte el Ayuntamiento de Antequera se nos informa lo siguiente:

Primero. En relación a la Resolución de 10 de enero de 2014 del Consejo Superior de Deportes, efectivamente el punto 4.3 indica que la clasificación se iniciará a petición del titular de la instalación que es el Ayuntamiento de Antequera, pero dicha petición no se hace a la Junta de Andalucía, si no como indica el punto 4.2 la clasificación de los Centros se realizará por la Dirección General de Deportes previo informe de la Comisión de Seguimiento del Consejo Superior de Deportes. Por este motivo está claro que en el centro directivo de la Consejería no exista ninguna petición por parte del Ayuntamiento de Antequera ya que no es la administración competente en dicha clasificación. Es más, según indica el punto 4.3.a) es la Comunidad Autónoma la que debe presentar, en caso de no ser titular de la instalación, un escrito al titular de la misma, en este caso el Ayuntamiento de Antequera, manifestando el interés de dicho Organismo en la actividad que realizan y su posible clasificación. Hasta la fecha el Ayuntamiento de Antequera no ha recibido ninguna comunicación manifestando este interés por parte de la Junta de Andalucía.

Segundo. La Consejería admite que actualmente no existe convenio específico de gestión de usos al que estamos obligados ambas partes alegando la falta de materialización de los incrementos de costes por parte del Ayuntamiento hasta el 13-9-2017. Dado que esta circunstancia ya ha quedado resuelta hace más de un año, el Ayuntamiento de Antequera está dispuesto a abordar desde hoy mismo el convenio especifico de gestión de usos de esta instalación con la Junta de Andalucía.

Tercero. Mientras el artículo 57 de la Ley 5/2016 hace referencia al concepto y naturaleza de las federaciones deportivas andaluzas, nada tiene que ver con lo estipulado en el articulo 22.3 de la misma ley al indicar que las competiciones, oficiales o no oficiales, podrán ser organizadas por cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Las relaciones entre la organización de la competición y su titular se documentarán de forma escrita, delimitando las competencias y responsabilidades de ambos.

Cuarto. La competencia de la promoción y tutela del deporte de rendimiento en Andalucía corresponde a la Adnimistración Autonómnica. … los Centros de Tecnificación Deportiva son instalaciones que pueden ser de titularidad local pero su actividad se desarrolla fundamentalmente en el ámbito autonomico y es aquií donde la Administración Autonómica no puede eludir sus responsabilidades de promoción y tutela del deporte de redimiento en Andalucía.

Quinto. Se ha solicitado por cata al Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía una reunión para tratar este asunto, con registro de salida de 30 de octubre de 2018 y acuse de recibo de la Consejería con fecha 2 de noviembre de 2018. … sería conveniente que la Consejería de Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Antequera se sentaran en una mesa de dialogo y establecieran los acuerdos y convenios pertinentes en beneficio de los atletas andaluces. Por ello, desde esta Institución nos ponemos a disposición de la Consejería de Turismo y Deporte para abordar cuantos asuntos sean necesarios para solucionar este tema”.

Por todo ello, y a tenor del momento actual de encontrarse tanto el Parlamento como el Gobierno Autonómico en fase de constitución tras las recientes elecciones, procedemos al cierre del presente expediente al estar en vías de solución la cuestión objeto del mismo, todo ello sin perjuicio de un posterior seguimiento de las negociaciones pasado un tiempo prudencial.

En relación con expediente de queja presentado en esta Institución sobre Apremio anulado por sentencia que no consigue liberar de la Agencia Tributaria de Andalucía.

La Agencia Tributaria de Andalucía nos traslada lo siguiente:

“Tras consultar con la Unidad Central de Recaudación de la Agencia Tributaria de Andalucía nos confirman que han detectado que dicha liquidación ha sido anulada y que el 15 de noviembre de 2018 han comunicado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que estaba realizando las actuaciones de embargo, la baja de la liquidación y por tanto el cese de las actuaciones recaudatorias.

Asimismo en la Unidad Central de Recaudación nos comunican que la devolución de las cantidades embargadas se realizará por la Agencia Estatal de Administración Tributaria una vez que el órgano que dictó la resolución de reintegro realice el acuerdo de devolución y se lo comunique a la Agencia Tributaria de Andalucía, dado que el acto anulado fue el dictado por ellos y por tanto a ellos le corresponde dicha competencia.

El 26 de noviembre de 2018 nos ponemos en contacto con Dª. (...) para comunicarle dichas circunstancias.

El 28 de noviembre de 2018 nos ponemos en contacto con el Jefe de Servicio de Formación para el empleo de la Delegación Territorial del Granada de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y le comunicamos que según la información que nos ha proporcionado la Unidad Central de Recaudación la tramitación del acuerdo de devolución les corresponde a ellos. Asimismo, se le comunica el teléfono de la Unidad Central de Recaudación de la Agencia Tributaria de Andalucía para que se ponga en contacto con dicha unidad a fin de recibir las aclaraciones oportunas”.

A la vista de la anterior información, se desprende que el asunto que nos planteó en su queja va a ser atendido mediante el acuerdo de devolución al que se hace referencia.

En relación con escrito de queja presentado en esta Institución por interno del Centro Penitenciario de Almería solicitando traslado a Granada, Murcia o Alicante, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos traslada lo siguiente:

“En relación a los hechos relatados consta la incoación de dos expedientes disciplinarios.

El primero por hechos de fecha 16/01/2018 por comisión de falta grave del art. 109.d) del RP-1981 sancionado con 20 días de privación de paseos y actos recreativos, recurrido ante el JVP fue desestimado. El interno cancelará la sanción el 21/10/2018. En la misma, consta que en la comparecencia practicada al interno D. Francisco Javier Segura Dorado el día 16/01/2018 refiere “...acto seguido se ha abalanzado [se refiere al Sr. Gallardo Sánchez] sobre mí y me ha tirado un puñetazo, pero yo lo he esquivado con el brazo. Yo lo he rehuido pero me ha seguido por toda la lavandería...”

El segundo por hechos de fecha 14/04/2018 por comisión de falta grave del art. 109.i) del RP-1981 sancionado con 30 días privación de paseos y actos recreativos, recurrido ame el JVP fue desestimado. El interno cancelará el próximo día 21/10/2018.

Respecto al primero de los expedientes disciplinarios indicar que se incoó procedimiento penal resultando condenado el Sr. Gallardo por Sentencia de fecha 17/04/2018 -Juicio por delitos leves n° 35/2018 del J .I. n0 2 de Almeria-, pues "ha quedado probado, y así se expresa y terminantemente se declara, que sobre las 17.00 horas del día 16/01/2018 en el centro penitenciario El Acebuche de Almería, se entabló una discusión entre los internos José María Gallardo Sánchez y Francisco Javier Segura Dorado, llegando el primero a propinar un manotazo sobre el brazo a Francisco Javier Segura Dorado sin llegar a causarle lesión”. Se condena al Sr. Gallardo Sánchez como autor de un delito leve de lesiones a la pena de multa de un mes con responsabilidad personal subsidiaria de quince días por impago.

Finalmente, señalar que por parte de la Junta de Tratamiento de fecha 13/09/2018 se propuso cambio de destino de cumplimiento del interno, resolviendo este Centro Directivo con acuerdo de traslado al centro penitenciario Murcia II”.

La queja de oficio fue incoada por el Defensor del Pueblo Andaluz a fin de analizar diversas circunstancias expuestas por una entidad ciudadana en orden al régimen de uso de la Mezquita-Catedral de Córdoba y las acciones de protección desplegadas por la autoridad cultural responsable. Con motivo de dichos trámites, con fecha 25 de julio de 2018, el Defensor del Pueblo Andaluz dirigió un pronunciamiento formal en forma de resolución ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Córdoba:

“RESOLUCIONES

“RECORDATORIO de las disposiciones reguladores del régimen de protección de la Mezquita-Catedral de Córdoba que han sido citadas a lo largo del expediente.

RECOMENDACIÓN para el ejercicio por la Delegación de Cultura de las funciones de supervisión, control y autorización de las actuaciones sometidas a dicho régimen normativo, en particular sobre los usos y actividades desplegadas en el conjunto monumental.

SUGERENCIA 1 para disponer las medidas de elaboración, discusión y aprobación de un Plan Director de la Mezquita-Catedral.

SUGERENCIA 2 para potenciar el eficaz funcionamiento de los órganos de actuación conjunta establecidos entre la Junta de Andalucía y los representantes de la Iglesia católica para el cumplimiento de los objetivos fijados en la normativa de protección, conservación, investigación y difusión de los valores de la Mezquita-Catedral de Córdoba”.

Ante dichas resoluciones la Delegación Territorial de Cultura respondió conforme señala el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, indicando que

“1. En relación al RECORDATORIO, que realiza esa Institución en relación a las disposiciones reguladoras del régimen de protección de la Mezquita-Catedral de Córdoba, significarle que esta Delegación Territorial ya las recogió y citó en su escrito de respuesta fechado el día 3 de marzo del corriente año y que esta Administración Cultural, en el ejercicio de las funciones y facultades que ostenta en materia de Patrimonio Histórico, se sustenta, en todo momento, en las normas jurídicas que nos rigen en la tutela del Patrimonio Histórico.

2. Respecto a la RECOMENDACIÓN dada a esta Delegación Territorial de las funciones de supervisión, control y autorización de las actuaciones sometidas a dicho régimen normativo, en particular sobre usos y actividades desplegadas en dicho conjunto monumental, le significo que las funciones públicas que menciona encuentran su fundamento en nuestro régimen jurídico del patrimonio histórico andaluz y, en consecuencia, son las que se ejercen en el quehacer diario del personal de esta Delegación Territorial con eficacia y diligencia no sólo de la Mezquita Catedral de Córdoba sino de todos aquellos bienes, que en el marco de nuestras competencias, están sometidos al régimen de protección de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.

3. En cuanto a la SUGERENCIA 1 para disponer las medidas de elaboración, discusión y aprobación de un Plan Director de la Mezquita-Catedral, le informo que esta Delegación Territorial junto con la Dirección General de Bienes Culturales sigue trabajando e impulsando a través de las reuniones que se han mantenido a tal efecto con representantes del Cabildo Catedral de Córdoba para que se elabore, evalúe y apruebe dicho Plan.

4. Respecto a la SUGERENCIA 2 manifestarle nuestra disposición a llevar a buen término la misma, recordándole lo ya manifestado en escrito de esta Delegación Territorial,- y que consta en ese expediente de queja-, que el Cabildo Catedral de Córdoba ha manifestado, en las diferentes reuniones mantenidas, su compromiso de mantener su conservación como primer templo diocesano y reconociendo la gran importancia de dicho Patrimonio no sólo para la vida religiosa, sino también para la Historia y Cultura considera, al igual que esta Administración Cultural, la necesidad de lograr una actuación conjunta con la Administración para su mejor conocimiento, conservación, y protección”.

Según la respuesta recibida, el Defensor ha de interpretar la aceptación de las Resoluciones dirigidas y, por tanto, la conformidad con las medidas propuestas tras manifestar la procedencia de aplicar las medidas de protección, control y autorización que se insertan entre las funciones de la autoridad cultural respecto del régimen de protección y uso de la Mezquita-catedral de Córdoba.

Así mismo, hemos de destacar la importancia estratégica de la definición de un Plan Director que, además se ser compartida por la Delegación de Cultura, se anuncia la realización de unos trabajos de estudio, junto a la Dirección General de Bienes Culturales y el propio obispado, para la aprobación de dicho Plan Director.

En todo caso, persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención en futuras intervenciones de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

En relación con expediente de queja presentado en esta Institución por un Colectivo vecinal de Sevilla protestando por ocupaciones ilegales y efectos de inseguridad en el barrio, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla nos traslada la siguiente información:

“En relación con la queja del Colectivo vecinal de Sevilla integrado por residentes de las zonas de Nervión y Cruzcampo, que manifiestan toda una serie de situaciones y actividades que están degradando el barrio, quisiera comunicarle que esta Delegación del Gobierno tiene pendiente establecer una fecha para reunirse con los afectados”.

En todo caso, dada la complejidad de las cuestiones vecinales planteadas, quedaremos a la espera de las iniciativas que puedan acometer desde esas entidades asociativas de las que, en su caso, le daremos respuesta.

El interesado exponía que su madre, de quien ostentaba la tutela, solicitó la revisión del grado de dependencia con fecha 28 de julio de 2016, sin haber recibido respuesta. Posteriormente, el día 2 de octubre de 2017 el interesado aportó a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla nota informativa de los Servicios Sociales comunitarios con relación a la urgencia de la revisión de grado, por cuanto su madre se encontraba en una residencia y no disponían de dinero suficiente para seguir abonando el coste.

Solicitamos informe a la citada Delegación, quien respondió que con fecha 30 de abril de 2018 se reconoció situación de dependencia en Grado III, de Gran dependencia, procediéndose a notificar dicha resolución tanto a la persona interesada como a los servicios comunitarios correspondientes para la elaboración del correspondiente PIA.

Considerando aceptada la pretensión del interesado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

El interesado exponía que el 22 de enero de 2018 le fue reconocido un Grado II de Dependencia Severa, tras haber solicitado la revisión el 23 de diciembre de 2016. Dado que, posteriormente, con fecha 9 de febrero de 2018, fue intervenido de una fractura de fémur, se encontraba aún más limitado y por ello le urgía la aprobación del PIA y la efectividad de la prestación o recurso correspondiente.

Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, se nos indicó que, efectivamente, se emitió resolución con fecha 22 de enero de 2018, resolviendo reconocerle al interesado dependencia en Grado II, de Dependencia Severa, correspondiéndole una puntuación final de BVD de 65 puntos.

A partir de ese momento, se procedió a la incorporación del expediente en el programa informático de gestión NETGEFYS, dando con ello cuenta a los Servicios Sociales correspondientes, para que procedieran a la elaboración del Programa Individual de Atención, en virtud de los art. 15.3 y 17.1 del Decreto 168/ 2007 de 12 de junio, concluyendo los servicios sociales con propuesta de Programa Individual de Atención, consistente en el servicio de Unidad de Estancia Diurna, incluyendo la prestación accesoria del Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, como recursos más adecuados a su situación de dependencia.

El expediente se validó el 11 de abril de 2018, teniendo entrada en la Delegación Territorial el 16 de abril de 2018, encontrándose pendiente de resolución al día de la firma del informe remitido (18/04/2018).

El 25 de junio de 2018, transcurridos dos meses desde el informe de la Administración en el que se indicaba que próximamente se aprobaría el PIA del interesado, contactamos con el mismo a fin de verificar si efectivamente se había aprobado, confirmando que a finales de mayo se aprobó el PIA, por lo que procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones al haber sido aceptada la pretensión del compareciente.