Alerta por correo electrónico de las novedades

Inmigrante rumana que vive en comuna hippie en la provincia de Granada pide que el Ente público le devuelva la custodia de sus 3 hijos.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada.

Recibimos el informe En el que se relatan los diversos indicadores de desamparo que motivaron la intervención del Ente público, los cuales resultaban congruentes con las medidas adoptadas en protección de los menores para preservar sus derechos y satisfacer sus necesidades básicas. Pasado el tiempo, tras constatar una evolución favorable en la progenitora se ha derivado el caso en fechas muy recientes al Equipo de tratamiento familiar para trabajar junto a ella una posible reunificación familiar.

Damos por concluida nuestra intervención en el caso al no advertir irregularidades en la actuación del ente público y considerar que se encuentra encauzada una solución favorable para los menores y su progenitora.

Recibimos una queja por el retraso que acumulaba un procedimiento judicial de divorcio al estar a la espera de recibir el informe psico-social que el juzgado había solicitado al Instituto de Medicina Legal de Almería. La providencia solicitando el informe fue remitida por el juzgado con fecha 3 de Junio de 2022 para que se elaborara un informe respecto al régimen de visitas mas idóneo y beneficioso de las menores.

El juicio fue suspendido en 2 ocasiones (octubre de 2022 y junio de 2023) al no haberse recibido aún el citado informe, y ello a pesar de que el interesado, a través de su procurador, presentó sucesivos escritos solicitando el impulso de las actuaciones judiciales ante el retraso que acumulaban.

Tras recabar la colaboración de la Fiscalía Provincial de Almería ésta nos informó que el informe psico-social fue solicitado por el juzgado por considerarlo una prueba esencial para tomar debido conocimiento del problema planteado entre las partes y celebrar el juicio con garantías de éxito, siendo así que todos los escritos presentados fueron proveídos debidamente, remitiéndose los oficios recordatorios sin dilaciones, siendo una cuestión externa al juzgado la tardanza en la citación o recepción de los mencionados informes psicosociales.

En consecuencia, toda vez que la demora existente pudiera achacarse al Instituto de Medicina Legal de Almería, solicitamos la emisión de un informe al respecto a la Delegación de Justicia en Almería, la cual nos indicó que el informe finalmente fue emitido y notificado al juzgado en  junio de 2023, por lo que queda patente la dilación en el trámite de emisión del informe, circunstancia ésta que es consecuencia del continuo aumento de la demanda de requerimientos periciales en materia de familia, unida a las situaciones por las que ha pasado la escasa plantilla del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Precisa la Delegación Territorial de Justicia que están valorando distintas alternativas de organización que permitan aumentar el ritmo del trabajo de los equipos, ello unido a la posibilidad de incrementar los recursos humanos destinados a tales fines, e impartir instrucciones a los equipos técnicos para que las reiteraciones de solicitudes de informes que reciban de los los órganos judiciales se pongan automáticamente en conocimiento de la dirección del instituto, pudiendo se este modo cumplir con sus funciones de coordinación.

Finalizamos nuestra intervención en la queja ya que de la respuesta ofrecida por la Delegación Territorial se deduce que la queja se encuentra en vías de solución al estar en curso actuaciones para solventar el problema de retrasos en la emisión de informes psicosociales por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería.

La persona interesada nos expone que tiene en acogimiento familiar permanente a un menor desde febrero de 2022, siendo así que en la resolución por la que se constituye el acogimiento familiar se establece un régimen de visitas con su madre y hermanos, previendo también la posibilidad de que fuese visitado por su abuela paterna, aunque con las previsiones y cautelas que advierte el Ente Público de la comunidad autónoma en la que aquella reside (Cataluña).

Se dirige a esta Institución porque sin previo aviso y sin consultarles se ha establecido un régimen de visitas con la abuela paterna, lo cual consideran una vulneración de sus derechos como familia de acogida.

Por lo expuesto admitimos la queja a trámite y solicitamos informe de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla.

Recibimos informe de la Delegación Territorial del que se ha de resaltar el reconocimiento de dicha administración pública de ciertas deficiencias en cuanto a la información que se les debió trasmitir como familia de acogida del menor, en lo relativo a las visitas reconocidas a la familia extensa, hecho sobre el que se anuncia la intención de que tal accidente no se vuelva a repetir en el futuro.

Por otro lado, en lo relativo a los motivos que justifican la decisión de autorizar la relación del menor con su familia extensa señalamos que se encuentran avalados por los informes técnicos que constan en el expediente de protección, sin que advirtamos en dicha decisión ninguna vulneración de derechos que pudiera motivar nuestra intervención, por lo que procede que demos por concluida nuestra intervención en el caso.

La persona interesada se queja de la intervención de Protección de Menores con su sobrina. Se muestra disconforme con la permanencia de su sobrina en el mismo centro de protección, el cual no considera idóneo para ella por sus problemas de comportamiento, por los que requeriría un mayor apoyo psicológico, además de mayores controles de seguridad que impidieran sus constantes abandonos no autorizados.

Admitimos la queja a trámite y solicitamos informe de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Desde donde se informa que tras reiteradas fugas de los centros de protección en lo que estuvo internada, la menor es finalmente ingresada, con autorización judicial, en un centro especializado en abordaje de problemas de conducta.

Con esta información damos por concluida nuestra intervención en la queja al estar beneficiándose la menor en la actualidad del recurso residencial específico que demandaba su especial problemática.

Ante esta Institución compareció un ciudadano que expone una queja relativa a la demora que acumula la resolución del procedimiento judicial de adopción instado en relación con un menor, de nacionalidad marroquí, al que tienen en acogimiento familiar con fines de adopción desde que tenía 7 años de edad, siendo así que en estos momentos se encuentra a punto de alcanzar la mayoría de edad.

Tras admitir la queja a trámite instamos a la Fiscalía Provincial de Cádiz para que diera solución a esta demora, tras el cual hemos recibido un informe que acredita que la resolución del procedimiento judicial de adopción culmino en junio de 2023.

En consecuencia, al considerar que el asunto planteado se encuentra solucionado dimos por concluida nuestra intervención en la queja.

Ante esta Institución compareció una ciudadana mostrándose disconforme con la decisión adoptada por la Entidad Pública de Protección de Menores de restringir todo contacto con su hija, tras ser internada en un centro residencial de protección de menores.

Tras valorar los hechos, solicitamos al Ente Público que nos informase sobre los motivos de esta restricción absoluta de relación entre madre e hija, así como la viabilidad de que dichos contactos fuesen restablecidos. Y en respuesta a nuestro requerimiento fuimos informados de los contactos telefónicos que fueron autorizados entre madre e hija, los cuales fueron valorados como positivos para la menor, lo cual permitió autorizar una visita mensual con visos de que se pudiera incrementar.

En consecuencia, toda vez que del informe de la Administración se deduce que el problema planteado en la queja restablecimiento de la relación entre madre e hija ha tenido una solución favorable damos por concluidas nuestras actuaciones en el expediente

Esta Institución tramitó un expediente de queja en la que la persona interesada, se mostraba disconforme por no haber obtenido respuesta a la solicitud que presentó para que se restableciese el acogimiento familiar de su nieta, argumentando que en esos momentos habían variado sustancialmente las circunstancias que motivaron la extinción del acogimiento familiar, resultando por tanto beneficioso para la menor volver con su abuelos, con quienes tenía fuertes vínculos afectivos.

Al dar trámite a dicha queja, y tras analizar la información que nos fue proporcionada por la Delegación Territorial, formulamos una Recomendación para que se diese respuesta motivada y por escrito a la petición realizada por la familia extensa (abuelo) con la finalidad de que le fuese restituido el acogimiento familiar de su nieta, siéndonos remitida con fecha 17 de julio de 2022 la siguiente respuesta:

“… Se acepta su Recomendación, procediendo a comunicarle a la familia extensa de la menor, respuesta motivada y por escrito de la situación de la menor, sin que en este momento exista información que haga necesaria la modificación de la medida estable en la que se encuentra la menor ...”

En sentido contrario a lo manifestado por la Administración, la persona interesada volvió a dirigirse en queja ante esta Defensoría indicando que seguía sin recibir la resolución a la que se comprometió la Delegación Territorial, por lo que ante la contradicción existente entre lo manifestado por la persona interesada y la información que nos fue aportada por la Delegación Territorial, decidimos incoar un nuevo expediente de queja para evaluar el cumplimiento de nuestra Recomendación, para lo cual solicitamos de la Delegación Territorial la emisión de un nuevo informe aclaratorio de esta cuestión, respondiéndonos que se contestó a los abuelos del menor mediante un escrito simple, si bien no mediante una resolución motivada tal como pedíamos en nuestra resolución

A la vista de esta respuesta hubimos de volver a incidir en las mismas consideraciones efectuadas en nuestra anterior resolución e insistir en que desde el punto de vista de esta Defensoría no se puede considerar carente de fundamento la petición que realiza la familia, por lo que estimamos que, atendiendo al interés superior de la menor, la petición debió ser objeto de estudio, valoración y ser respondida mediante una resolución, suficientemente motivada, en la que se analizaran los pros y los contras de un posible cambio en la medida de protección, resolviendo lo procedente. Y además de resultar congruente con el interés superior de la menor que el Ente Público procediera al estudio y resolución de esta petición, también se ha de remarcar que se trata de un derecho reconocido en la legislación en materia de procedimiento administrativo.

Es por ello que emitimos una nueva RESOLUCIÓN con el siguiente Recordatorio de Deberes Legales

- Obligación impuesta por los artículos 21, 24 y 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de resolver de forma expresa y en los plazos establecidos cuantas solicitudes, reclamaciones y recursos sean presentados por los ciudadanos.

- Obligación de motivación de los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, establecida en el artículo 35 de la citada Ley 39/2015.

Y la siguiente Recomendación

- Adoptar las medidas precisas para evitar que en el futuro ese Organismo se aparte de lo previsto en la normativa vigente y los procedimientos se dilaten en el tiempo, dictando la resolución correspondiente en la forma, con el contenido y en el plazo previsto en la normativa.

En respuesta a nuestra resolución recibimos un oficio en sentido favorable adjuntándonos copia de la Resolución de la Delegación Territorial notificada a la familia por la que se suspendía el régimen de relaciones personales y la desestimación de solicitud para acogimiento familiar

El Defensor del Pueblo Andaluz tramita la presente queja relativa a la adjudicación de plaza de matriculación para una alumna que acudía a través del turno de deportistas de alto nivel y rendimiento.

En su día nos dirigimos ante la Secretaría General de Universidades y la Universidad de Cádiz (que declinó su competencia), trasladando dicha problemática. Con fecha 27 de noviembre de 2023 hemos recibido comunicación.

“El procedimiento de admisión a grados universitarios para el curso 2022-2023 se regula en la Resolución de 15 de marzo de 2023, de la Dirección General de Coordinación Universitaria, por la que se hace público el Acuerdo de 1 de marzo de 2023, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento de admisión para el curso 2023-2024, en los estudios universitarios de Grado, (BOJA Número 56 de 23 de marzo de 2023).

En dicho acuerdo establece un cupo de reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, concretamente: Plazas reservadas a Deportistas de Alto Nivel o de Alto Rendimiento: 3% (en las titulaciones de Graduado en Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 8%), con un mínimo de una plaza. Dichas plazas reservadas exclusivamente para este colectivo se adjudican según se define el al Acuerdo de 1 de marzo de 2023, de la siguiente manera:

Quienes, a efectos de Acceso a la Universidad, tengan reconocida la condición de Deportista de Alto Nivel por el Consejo Superior de Deportes, o la condición de Deportista de Alto Rendimiento por el Consejo Superior de Deportes o una Comunidad Autónoma, deberán acreditarlo mediante el certificado oficial justificativo de tal condición y nivel deportivo, conforme a lo previsto en el artículo 2.3 del Real Decreto 917/2017, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y rendimiento. Tendrán prioridad los deportistas del Alto Nivel sobre los de Alto Rendimiento y entre estos últimos, se tendrá en cuenta el nivel deportivo conforme a los previsto en el artículo 2.3.c) del R.D. 917/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y rendimiento. Cuando el documento aportado no incluya el nivel de deportista de alto rendimiento, se asignará el nivel g).

En la primera adjudicación de grado publicada el día 6 de julio de 2023, por un error informático se asignaron las plazas de marera errónea, de forma que deportistas de alto rendimiento de nivel g, obtuvieron plaza en detrimento de deportistas de alto rendimiento de niveles de la a la f, deportistas que tenían más derecho a ocupar esas plazas.

Detectado el error, en reunión extraordinaria de la Comisión del Distrito Único Universitario Andaluz celebrada el día 12 de julio de 2023, se decidió la anulación de las asignaciones de plazas realizadas a este colectivo en la primera adjudicación, y volver a adjudicarlas el día 21 de julio de 2023. Se envió correo electrónico comunicando esta circunstancia a todas las personas afectadas. Se transcribe a continuación el mensaje que se envió a la interesada.

To: @gmail.com

Subject: Sobre la adjudicación de Deportistas en Andalucía

Estimado/a Sr/a. D/Dña.

Le comunicamos que se ha detectado un error en la aplicación del orden de prioridad establecido por el Acuerdo por el que se establece el procedimiento de admisión para el curso 2023-2024, en los estudios universitarios de Grado (art. 5.2 enlace) para la adjudicación de plazas del cupo de reserva para solicitantes que tengan reconocida la condición de Deportista de Alto Nivel o Alto Rendimiento, de tal manera que para el caso de los deportistas alto rendimiento (DAR) no se ha tenido en cuenta el nivel deportivo al que pertenecen de la "a)" a la "g)", por lo que la plaza que pudiera tener adjudicada tras la la adjudicación, o la posición en la lista de espera de las titulaciones que hubiera solicitado, no son definitivas.

La adjudicación de las plazas reservadas para los deportistas de alto nivel o de alto rendimiento se volverán a asignar en la tercera adjudicación, que será publicada el día 21 de julio de 2023. Sentimos los inconvenientes que esta situación pueda causarle.

En el caso concreto que nos ocupa, en la primera adjudicación (que fue anulada) se le asignó su tercera preferencia que era Medicina en la universidad de Cádiz. En fecha 21 de julio se le asignó su segunda preferencia Medicina en la Universidad de Córdoba, ya que era una de las afectadas en la primera adjudicación se habían colocado por delante de ella personas con menos prioridad y, por tanto al realizar la adjudicación ya de forma correcta mejoró en sus preferencias. El día 4 de septiembre volvió a mejorar en sus preferencia adjudicándosele el grado Medicina en la Universidad de Cádiz que era su primera preferencia”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Secretaría General de Universidades y creemos que el caso parece quedar resuelto tras la adjudicación de la plaza de matriculación elegida.

Por ello, procede concluir nuestras actuaciones.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a la prestación del servicio de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Málaga.

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trasladando dicha problemática. Con fecha 23 de noviembre de 2023 hemos recibido comunicación:

“El Servicio de Gestión de Recursos Humanos de esta Delegación Territorial se encarga de la correcta cobertura de los efectivos planificados en la R.P.T. La creación de plazas o efectivos en la R.P.T. de los centros dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no es competencia del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, sino del órgano de la Administración encargado de gestionar la Función Pública. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en su artículo 4, dice que “Corresponde en particular al Consejo de Gobierno” en su apartado “g”: “Aprobar la relación de puestos de trabajo con su correspondiente clasificación de niveles, así como los intervalos asignados a cada Cuerpo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.3 i) de esta Ley”.

Respecto de la situación del personal de PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL, en la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) del centro educativo no aparecen puestos de esta categoría. La categoría laboral de Personal Técnico en Integración Social es la encargada de atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; por este motivo, muchos de estos puestos están adscritos a los Equipos de Orientación Educativa. Las circunstancias de los centros que atienden van cambiando por la presencia/ ausencia de este tipo de alumnado; por lo que también van cambiando la prestación de los servicios del personal de esta categoría.

La Orden de 17 de octubre de 2006, por la que se determina la red de Equipos de Orientación Educativa y se establecen las zonas de actuación correspondientes, establece el artículo 1.2 que cada equipo atenderá a los centros de las localidades o zonas que se especifican en el Anexo I de la misma orden. En concreto, del E.O.E. de Vélez-Málaga, presta servicios en el centro una PTIS, que se encontró de baja temporal desde el día 02 de octubre de 2023 hasta el 13 de octubre de 2023.

Cuando un/a trabajador/a de la categoría de PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL se encuentra de baja por incapacidad temporal, se solicita su cobertura al organismo encargado de Función Pública quien, a través de la Bolsa Única (que se convocó por Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se procede a la convocatoria de la constitución y actualización permanente de la Bolsa Única Común en las categorías profesionales del VI.

Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía que se relacionan) selecciona un/a candidato/a.

En el caso de esta baja se solicitó al organismo encargado de Función Pública su cobertura en el momento que el centro comunicó la necesidad de cobertura, el día 05 de octubre de 2023. El día 06 de octubre recibimos la autorización para la cobertura. En el momento que este/a candidato/a firma la aceptación de la sustitución, dicho organismo encargado de Función Pública la envía a la Sección de Gestión de Personal No Docente de la Delegación Territorial para hacerle el contrato de trabajo. El proceso pasa una fiscalización previa con una antelación mínima de cinco días hábiles.

El proceso de cobertura se interrumpió por el alta de la PTIS, el día 13 de octubre de 2023. En el momento que se nos comunicó el alta, se solicitó la anulación de la autorización de cobertura al organismo encargado de Función Pública el día 16 de octubre de 2023.”

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga, por más que comprendemos las demandas para agilizar todo lo posible las gestiones necesarias. A la luz del informe, creemos que el caso parece quedar resuelto tras dar cobertura a la profesional destinada al centro.

Por ello, procede concluir nuestras actuaciones agradeciendo la colaboración y confianza ofrecidas.

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a la prestación del servicio de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Málaga a tiempo completo para su hijo tras valoración por el EOE

En su día nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional trasladando dicha problemática. Con fecha 23 de noviembre de 2023 hemos recibido comunicación:

“PRIMERO. En los centros educativos se asume que la respuesta educativa que hay que ofrecer debe fundamentarse en los principios de atención a la diversidad e inclusión, tal y como recoge la Ley Orgánica 2/2006, 3 Mayo de Educación modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre y la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía.

SEGUNDO. En el escrito de Reclamación expone textualmente “...cuando solicité la escolarización, el colegio que solicité que sí tienen los recursos, el director de ese colegio, no quiso aceptar a mi hijo y me lo reubicó en este colegio, que no tiene los recursos que mi hijo requiere, tildándolo de: niño con problemas”. En relación a tal manifestación queremos puntualizar que la Junta de Andalucía realiza las gestiones conforme al ordenamiento vigente.

El Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, establece en el art. 33.2.2 que : “La persona que ejerza la dirección del centro docente público y la persona representante de la titularidad del centro privado concertado, previo informe del Consejo Escolar, resolverá la admisión de este alumnado junto con la de los demás alumnos o alumnas cuando dispongan de recursos para su escolarización”.

El artículo 32,modificado por el Decreto Ley 2/2021 de 2 de febrero, dispone que:

“1. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo garantizará las condiciones más favorables para el mismo, teniendo en cuenta los recursos disponibles en el municipio o ámbito territorial correspondiente. La Consejería competente en materia de educación realizará una distribución equilibrada de este alumnado entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social.

2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, la Administración educativa podrá reservar hasta el final del periodo de matrícula un máximo de tres plazas por unidad en los centros públicos y privados concertados para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

3. La adjudicación de las plazas reservadas al alumnado al que se refiere el apartado anterior se realizará atendiendo a la mayor puntuación obtenida por aplicación de los criterios de admisión y, en su caso, a los criterios de desempate”.

Este cambio se ha producido porque en el CEIP se han presentado 4 solicitudes.

El reparto proporcional que se ha hecho la media de alumnado de nee por unidad era a algo menos de 1 niño/a por clase. Aproximadamente se ha redondeado a 1 alumno por clase. No obstante y teniendo en cuenta las puntuaciones del alumnado de NEE que ha solicitado el CEIP, el alumno es el que menos puntos tenía. Coincide que esta familia es de otra zona de otro E.I. donde tiene 14 puntos por domicilio. En el CEIP solicitado tiene 10 puntos por domicilio. Además en el otro E.I. no ha solicitado plaza ningún niño de NEE y tiene dos de reserva. Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, la CTGA de ha decidido asignar otra Escuela Infantil al alumno.

Si el alumno hubiera sido de la zona, se habría considerado no mover lejos de su domicilio a la familia pero al tener un colegio con plazas de NEE de reserva se ha considerado no sobrecargar más el CEIP solicitado que ya cuenta con 3 niños que necesitan PTIS en INF 3 años en el curso próximo.”

TERCERO. En el escrito de Reclamación se demanda la asignación de un “personal técnico de integración social” (PTIS) a tiempo total para su hijo de necesidades educativas especiales (NEE). Según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, en el apartado 7 referido a la Organización de la respuesta educativa en el punto 7.2.3.3. dedicado a la “atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)” en cuanto a la organización de la respuesta educativa en modalidad B, establece que el alumno escolarizado en esta modalidad, podrá requerir intervenciones por parte de personal no docente (PTIS) del centro.

Actualmente el centro educativo cuenta con 1 Profesional técnico de integración social (PTIS) con 17´5 horas para atender al alumnado con NEE. Analizando dichos recursos se ha observado la necesidad de incrementar el número de horas de PTIS hasta completar su horario y por ello con fecha 20 de noviembre del 2023, se ha solicitado dicho recurso a la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa y estamos a la espera de su respuesta”.

Tras estudiar el informe enviado, hemos de comprobar la reacción adoptada por las autoridades educativas desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga y creemos que el caso se desglosa en dos aspectos. De un lado el proceso de asignación de centro que se ha descrito conforme a la normativa aplicable y sobre el que no podemos deducir una actuación separada o irregular respecto a las pautas que se han argumentado desde la Delegación.

De otra parte, parece quedar acreditada la necesidad de reforzar la prestación de trabajo de PTIS en el centro, tanto desde la demanda elaborada desde los responsables del centro, como asumidas a cargo de la propia Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. De ahí que reseñamos la afirmación de que “se ha observado la necesidad de incrementar el número de horas de PTIS hasta completar su horario y por ello con fecha 20 de noviembre del 2023, se ha solicitado dicho recurso a la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa y estamos a la espera de su respuesta”.

Por ello creemos entender que el asunto se encuentra en vías de solución, debiendo otorgar un plazo razonable de tiempo para completar esta petición motivada. Y así, procedemos a concluir nuestras actuaciones quedando a la espera de las medidas que se adopten en beneficio del alumno, y del servicio ofrecido por el propio centro.