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El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Coordinación Autonómica de Salud Mental, por la que sugiere que previa recopilación de la información necesaria sobre los programas de tratamiento asertivo comunitario que se están desarrollando en la actualidad en nuestro sistema sanitario público, se lleve a cabo una evaluación de su funcionamiento a fin de determinar los que constituyen las mejores prácticas, con el objeto de que sirvan de referencia para el perfeccionamiento de los otros, así como para su implementación en aquellas áreas donde se carece de ellos.

También sugiere que desde se adopte una actitud proactiva en torno a la implantación del TAC, para que la misma no dependa en exclusiva de la voluntad de las UGC de salud mental, y se agilice el camino para la consecución del objetivo de contar en todas ellas con dichos programas, tal y como se recoge en el III PISMA.

Sugiere, asimismo, que aun respetando la adaptación a las necesidades que marcan las circunstancias concretas de cada UGC, se promueva el ajuste de los programas TAC a las directrices que recoge el documento marco para el desarrollo de programas de tratamiento asertivo comunitario en Andalucía, de forma que adquieran un mínimo de homogeneidad, y siguiendo aquellas se aliente la constitución de equipos diferenciados con profesionales dedicados a tiempo completo.

Por último sugiere que se adopten soluciones de urgencia en todas las UGC que no cuentan con esta modalidad asistencial en su cartera de servicios, para evitar perjuicios añadidos por falta de equidad en el acceso al tratamiento de un colectivo de pacientes ya de por sí vulnerable y desprotegido.

ANTECEDENTES

El expediente de queja de referencia se inició de oficio por esta Institución al comprobar en nuestra experiencia ordinaria de trabajo, que pacientes que, a nuestro modo de ver, pudieran reunir criterios para ser incluidos en programas de tratamiento asertivo comunitario, no se beneficiaban de los mismos, o al menos no eran propuestos para ellos en sus planes individuales de tratamiento.

Concebido el tratamiento asertivo comunitario como una opción asistencial para los pacientes más graves y con más dificultad de abordaje, con cierta frecuencia accedíamos a situaciones caracterizadas precisamente por la desvinculación con los servicios sanitarios de salud mental, la mala adherencia al tratamiento, la presencia de conductas disruptivas, el reingreso hospitalario continuado,... Sin embargo cuando preguntábamos a las unidades de salud mental de referencia de estos pacientes sobre las alternativas propuestas para los mismos, nunca se aludía al recurso del TAC para planificar su abordaje y tratamiento integral.

Desde nuestra perspectiva considerábamos que estos pacientes debían poder beneficiarse de todas las posibilidades de tratamiento que se contemplan en la cartera de servicios del sistema, sobre todo teniendo en cuenta que las que pudieran haberse venido utilizando no habían conseguido modificar la dinámica de la enfermedad, ni sus efectos.

Interesados por el marco teórico y normativo que lo diseña, advertimos en el II Plan Integral de Salud Mental que el tratamiento intensivo en la comunidad de personas con trastorno mental grave se recogía como estrategia de actuación con una serie de objetivos, entre los que incluían el establecimiento de este tipo de programas en las UGC de salud mental, definiendo los criterios de acceso y salida, implementando la red asistencial con los recursos necesarios, y garantizando la coordinación; para lo cual se preveían también una serie de actividades, fundamentalmente el establecimiento de directrices conforme a las cuales habrían de implantarse los programas y la identificación de los recursos humanos y los cambios organizativos necesarios para su desarrollo.

Pues bien, a la hora de llevar a cabo la evaluación del plan, se destaca como uno de los principales avances del mismo en este ámbito, la publicación y difusión en 2010 de un documento técnico sobre programas de tratamiento asertivo en la comunidad (TAC), con recomendaciones para su implantación, señalando a estos efectos las experiencias desarrolladas en diferentes UGC de salud mental (Torrecárdenas, Puerto Real, Jerez, regional de Málaga, V. Macarena y V. Rocío).

Partiendo de esta base, y con vistas a conocer y valorar la realidad del tratamiento asertivo comunitario, desde una perspectiva absolutamente limitada, como es exclusivamente la faceta de su implantación, requerimos de la Dirección del Plan de Salud mental la remisión de un informe, incorporando respuesta a cuatro concretos interrogantes:

1.- Qué unidades de gestión clínica de salud mental cuentan en su cartera de servicios con equipos de tratamiento asertivo comunitario (ETAC) y cuántos están funcionando en la actualidad.

2.- Cuál es la composición de dichos equipos (en cada caso), y si el personal de los mismos desempeña su labor en ellos de manera independiente, o está “prestado”, a tiempo parcial, por otros dispositivos.

3.- Si estos equipos actúan desde sedes propias, y la naturaleza de sus emplazamientos, con especial indicación de si las mismas se ubican en algún otro dispositivo sanitario, o están insertas en la comunidad, así como indicación del ámbito geográfico de cobertura de su intervención (si se corresponde o no con el de la UGC de salud mental).

4.- Número de pacientes que en la actualidad está siendo atendido por cada equipo, así como los que han sido derivados y se encuentran a la espera de acceder a este tratamiento, con expresión del tiempo aproximado que llevan en esta situación.

Pues bien, la respuesta recibida de esa Administración sanitaria se encarga de adelantar con carácter previo que el proceso de implantación es desigual, de manera que hay unidades de gestión clínica que cuentan con equipos de diferente nivel de dedicación, pero también hay otras unidades que desarrollan programas de tratamiento asertivo comunitario aunque no cuenten con equipo específico, sin perjuicio de que determinadas características de este tipo de tratamientos son predicables de la atención que dibuja el proceso asistencial integrado de trastorno mental grave, atribuible en principio a los dispositivos sanitarios clásicos dentro de la ordenación de los recursos de salud mental.

Reflejando someramente la dotación sobre TAC que se nos comunica, y siguiendo el esquema de medios más arriba expuesto, nos encontramos con algunas UGC de Salud Mental que contarían con equipos diferenciados (Torrecárdenas, Jerez, Puerto Real, Jaén, Virgen del Rocío, Macarena y Valme), otras que tenían previsto implementarlo durante el año pasado (Huércal-Overa, Puerta del Mar, Campo de Gibraltar), algunas con programas pero sin equipo específico (Reina Sofía, y las dos de Málaga), otras en las que se hace mención de algunas actividades de apoyo domiciliario, significativamente visitas (Cabra, Motril, Axarquía, y Antequera), y el resto en las que simplemente se destaca la carencia de equipos (Norte de Córdoba, Complejo hospitalario de Granada, Huelva, Norte de Jaén, Serranía de Málaga y Osuna).

La información que se nos traslada no es homogénea (ni por lo que se refiere a medir el régimen de dedicación de los profesionales -en algunos casos porcentaje de su jornada, en otros, número de horas semanales-, pacientes asistidos, o denominación de los equipos), planteándonos dudas algunos de los datos contemplados (por ejemplo en muchas áreas donde se dice que no hay ETAC, ¿la falta de mención a la existencia de actividades comunitarias implica que no haya visitas domiciliarias?).

En todo caso no podemos sino constatar un panorama muy dispar en cuanto a los recursos, que se traduce, incluso en las zonas en las que hay equipos, en una falta de cobertura integral, pues aquellos habitualmente se desempeñan en un ámbito territorial limitado.

Así, nos encontramos con provincias donde el TAC aparece más extendido, como Cádiz (presuponiendo la constitución de los previstos en Cádiz y Algeciras, a los que se suman los tres equipos en el área de gestión sanitaria Norte, y los dos en la UGC-SM de Puerto Real), Sevilla (con equipos de diversa composición y naturaleza en las tres UGC de la capital, aunque respecto a la de Valme la información contrasta con la ofrecida en la queja 16/3956, en cuyo informe de respuesta a nuestra resolución se refería la carencia de programa asertivo comunitario), o Almería (un equipo en Torrecárdenas y otros dos previstos para desarrollarse el año pasado en El Ejido y Huércal-Overa).

Por contra hay otras provincias donde podríamos decir que el TAC no existe (Granada, Huelva), o es testimonial.

La composición de los equipos y la dependencia funcional de los profesionales que participan en los programas también es muy diversa, así como las actividades que en cada caso conforman la cartera de servicios, intuyéndose también por nuestra parte que el régimen de funcionamiento es altamente desigual.

Pues bien, llegados a este punto e insertos en el período de vigencia del III PISMA (2016-2020), el análisis del mismo también ofrece una decidida apuesta por esta modalidad asistencial, y con vistas a favorecer la detección precoz de problemas de salud mental (comunes y/o graves) en la población adulta y prestar una atención de calidad, que facilite la recuperación de su proyecto vital, se prevé como línea de acción la “implementación, en todas las UGC de SM, de programas basados en el modelo de tratamiento asertivo comunitario para la población TMG que presenta una mayor gravedad en su proceso de enfermedad, con un alto uso de servicios hospitalarios, y con una historia de pobre adherencia a los servicios y tratamientos que lleva a recaídas frecuentes y/o exclusión social. Estos programas tienen que estar basados en la evidencia y en la experiencia adquirida en las UGC de SM, adaptados a las diferentes realidades geográficas, y tener en cuenta las siguientes dimensiones: organización, coordinación, competencias profesionales, dotación de profesionales, formación y sistemas de información”.

Se plantea por tanto que la instauración de los programas se ajuste a determinadas circunstancias y surja de la propia experiencia de las UGC de salud mental, por lo que desde este punto de vista podría justificarse la enorme diversidad que hemos comentado.

Por su parte sin embargo el documento marco para el desarrollo de programas de tratamiento asertivo comunitario en Andalucía, aun partiendo de dicha premisa, refleja aspectos fundamentales en múltiples facetas (perfil de los pacientes beneficiarios, el proceso de derivación de los mismos, la composición de los equipos, su dinámica de trabajo y la cartera de servicios) que van a marcar el punto de diferenciación entre los que pueden considerarse TAC y los que no.

A este respecto fundamentalmente señala:

*Que el TAC está dirigido a un grupo específico de pacientes que presentan necesidades especiales por su alto nivel de disfuncionalidad, de manera que no pueden ser atendidas en su totalidad por los recursos tradicionales de salud mental, representando este procedimiento de abordaje una oferta de respuesta más flexible y creativa. En resumidas cuentas, la afectación por un TMG es condición necesaria pero no suficiente para ser usuario del servicio, que se piensa para aquellos enfermos con los trastornos más graves y más difíciles de abordar.

*Que el TAC supone un modelo de atención diferenciado de las estructuras clásicas de atención a la salud mental, que se caracteriza por un abordaje integral y multidisciplinar, con unos parámetros concretos de continuidad y disponibilidad. De esta forma solo pueden considerarse TAC en sentido estricto los programas desempeñados por profesionales que desarrollan su actividad de manera independiente y a tiempo completo, aunque puedan existir alternativas de programas de tipo transversal, que se sitúan a medio camino entre la intervención domiciliaria estándar de las USMC, respecto a las cuales aportarían un plus de intensidad, y los verdaderos ETAC.

*Que resulta crucial para el futuro de las actuaciones que estamos considerando el respaldo institucional traducido en dotación de recursos personales y materiales, como requisitos para garantizar la operatividad y continuidad de estos programas.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los criterios expuestos por tanto podemos afirmar las siguientes conclusiones:

1.- Pocas de las experiencias de programas asertivos comunitarios contemplados en el informe de esa Administración pueden considerarse TAC en sentido estricto. Y es que son escasas las que cuentan con equipos diferenciados, y casi inexistentes las que incluyen personal con régimen de dedicación completa.

En este sentido el equipo del Hospital Virgen del Rocío solo parece cumplir este requisito en la unidad de atención directa, integrada al parecer por un auxiliar de enfermería y una monitora de Faisem, puesto que por lo que respecta al resto de profesionales (enfermera, psiquiatras, psicólogas clínicas y terapeuta ocupacional) que componen el denominado equipo de apoyo directo, aunque tienen una adscripción estable presentan un régimen variable de dedicación al programa.

El equipo del Hospital Virgen Macarena puede ser el que más se aproxime al concepto de ETAC con una enfermera, dos monitores, una trabajadora social y un psiquiatra a tiempo total, aunque ha perdido la figura del psicólogo clínico, y el terapeuta ocupacional solo colabora dos días a la semana.

El de la UGC de Salud Mental del Complejo Hospitalario de Jaén también parece que tiene una serie de profesionales a tiempo completo, pues solo respecto de uno (terapeuta ocupacional) se dice que está a tiempo parcial.

En los demás casos el régimen de dedicación es parcial y con muy diversos grados de intensidad.

2.- En muchas UGC de salud mental se refiere la práctica de actividades comunitarias que se asimilan a las del TAC, aunque si bien se comprende la opción por programas de tipo transversal en el contexto actual, dado que no requieren incremento de medios, no puede estimarse por las razones antes reflejadas que su existencia implique la del TAC propiamente dicho, sino que debe entenderse como cumplimiento de las medidas que se plantean en el marco del proceso asistencial integrado de TMG, y que pueden concretarse en su PIT para un paciente concreto.

Equiparar dichas experiencias (sin restarles valor para el tratamiento de aquellos a los que se dirigen), con los programas TAC que venimos comentando, equivale a diluir el concepto de estos últimos, y poner en cuestión su necesidad, tal y como aparece justificada en el documento marco que hemos mencionado, como una alternativa de intervención en relación con pacientes que presentan necesidades específicas por las que no pueden ser atendidos adecuadamente con los recursos convencionales.

3.- Por mucho que se diga que el PAI de TMG contempla acciones similares para la atención de pacientes en situaciones especiales, lo cierto es que a la hora de explicar las que se vienen llevando a cabo en aquellas localizaciones que no cuentan con equipos diferenciados, las mismas vienen a identificarse prácticamente con la realización de visitas domiciliarias.

A estos efectos basta recordar que las acciones a desarrollar por el equipo TAC de acuerdo a los requerimientos de las personas incluidas en el programa incluyen facetas múltiples, como el apoyo al tratamiento farmacológico, entrenamiento en las habilidades de la vida diaria, abordaje psicosocial, psicoeducación familiar, orientación e integración ocupacional-laboral, cuidado y promoción de la salud, y coordinación con otros recursos sanitarios y sociales.

4.- Aun cuando la consecución de los objetivos señalados en el III PISMA haya que entenderlos referidos al final del período de vigencia de aquel (2020), y aunque podamos decir que existe cierto ritmo para la implementación de los equipos, a la vista de las previsiones que existían para el año pasado (aunque desconocemos si realmente se han cumplido, así como las que pudieran exisitir para este año), lo cierto es que la dotación de todas las UGC de salud mental con programas basados en el modelo de tratamiento asertivo comunitario aún se presenta como un objetivo lejano.

5- Las modalidades de funcionamiento también son muy dispares, y lejos de representar ajustes a las circunstancias concretas del ámbito en el que se desarrollan los programas, nos gana la impresión de que vienen fuertemente condicionadas por los recursos, de manera que la disponibilidad de estos últimos es lo que marca el modelo de asistencia y no al revés.

6.- Se detecta una patente falta de iniciativa en determinadas áreas geográficas en pro de esta modalidad asistencial, que alcanza a veces todo el ámbito provincial, lo que representa que los pacientes más graves y difíciles de abordar no tengan las mismas posibillidades de atención en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma, circunstancia que cobra singular importancia por la desprotección y vulerabilidad que acompaña a estos enfermos, y que no puede dejar de generar una gran preocupación en términos de equidad.

Por todo lo referido y en uso de las atribuciones que a esta Institución confiere el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se elevan a esa Dirección del Plan Andaluz de Salud Mental las siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1.- Que previa recopilación de la información necesaria sobre los programas de tratamiento asertivo comunitario que se están desarrollando en la actualidad en nuestro sistema sanitario público, se lleve a cabo una evaluación de su funcionamiento a fin de determinar los que constituyen las mejores prácticas, con el objeto de que sirvan de referencia para el perfeccionamiento de los otros, así como para su implementación en aquellas áreas donde se carece de ellos.

SUGERENECIA 2.- Que desde esa Dirección se adopte una actitud proactiva en torno a la implantación del TAC, para que la misma no dependa en exclusiva de la voluntad de las UGC de salud mental, y se agilice el camino para la consecución del objetivo de contar en todas ellas con dichos programas, tal y como se recoge en el III PISMA.

SUGERENCIA 3.- Que aun respetando la adaptación a las necesidades que marcan las circunstancias concretas de cada UGC, se promueva el ajuste de los programas TAC a las directrices que recoge el documento marco para el desarrollo de programas de tratamiento asertivo comunitario en Andalucía, de forma que adquieran un mínimo de homogeneidad, y siguiendo aquellas se aliente la constitución de equipos diferenciados con profesionales dedicados a tiempo completo.

SUGERENCIA 4.- Que se adopten soluciones de urgencia en todas las UGC que no cuentan con esta modalidad asistencial en su cartera de servicios, para evitar perjuicios añadidos por falta de equidad en el acceso al tratamiento de un colectivo de pacientes ya de por sí vulnerable y desprotegido.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante la Administración sanitaria recomendando que se inicie una investigación detallada que permita conocer los fallos de seguridad en el mecanismo de protección de datos personales del centro hospitalario implicado, y se proceda a corregir los mismos con el objeto de que infracciones sobre esta materia no vuelvan a producirse.

ANTECEDENTES

La interesada manifiesta que por dos veces se ha visto obligada a reclamar ante ese organismo la revisión y borrado de datos que aparecían reflejados en su historia clínica que no se correspondían con la realidad. A la fecha de su comparecencia en esta Institución se había atendido su primera solicitud de cancelación, motivándose su queja en la falta de respuesta en cuanto a la segunda.

En este sentido nos envía copia de la solicitud remitida a esa Dirección General en noviembre de 2014, poniendo en su conocimiento el error detectado en su historial clínico consultado a través del operativo Clic Salud, el cual consistía en el reflejo en el mismo de un episodio asistencial que no le correspondía, en concreto un proceso de hospitalización en el hospital civil de Málaga fechado el 28.8.2009.

Pues bien, la propia interesada nos dice que dicho error se corrigió, pero tiempo después volvió a consultar su historial por el mismo procedimiento, y detectó un nuevo episodio asistencial que le resultaba totalmente ajeno, en este caso una atención de urgencias en el mismo centro hospitalario que la anterior, por causa de vómitos.

Reclamó su corrección el 5.9.2016 instando al mismo tiempo que se investigara la causa por la que sus datos se mezclaban con los de otro paciente, pero cuando formuló su queja ni le habían contestado ni se había corregido la situación.

Pues bien, tras admitir la queja a trámite y solicitar el informe previsto en el art. 18.1 de nuestra Ley reguladora a esa Dirección General, recibimos un escrito por el que se manifestaba que tras llevar a cabo las averiguaciones oportunas, se sospechó que el registro de los datos erróneamente asignados a la interesada, debía corresponder a otra paciente de nombre muy parecido, por lo que se achacó a esta circunstancia la causa del mismo.

A continuación refería que respecto del episodio de atención urgente en el hospital civil de Málaga, se emitió resolución de cancelación de datos en la historia clínica con fecha 12.4.2017, tras comprobarse la inadecuación de aquel, tras lo cual se ha verificado que sigue existiendo la correspondiente entrada en la estación clínica, pero sin contenido alguno, afirmando que ha desaparecido de la historia de salud única, cuya base de datos es la que alimenta Clic Salud.

Por lo que respecta a la adopción de medidas para evitar la repetición de estas incidencias, se nos dice que el Sistema Sanitario Público de Andalucía articula los mecanismos oportunos para realizar la identificación y verificación inquívocas de las personas en la asistencia sanitaria que pudieran recibir, aunque en los casos en que pudieran ocurrir incidencias del tipo que comentamos, las personas afectadas pueden ejercer su derecho de rectificación y cancelación en la historia de salud, lo cual se ha facilitado delegando en las gerencias de los centros sanitarios la resolución de los procedimientos para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

CONSIDERACIONES

La interesada acude a esta Institución ante la preocupación que le suscita la confusión de los datos relacionados con su historia sanitaria, en la medida en que en dos ocasiones han aparecido en la misma episodios que no forman parte de su itinerario asistencial, presumiéndose su pertenencia a la historia clínica de otro/a paciente.

El origen de su inquietud se cifra en el perjuicio que se puede derivar para su salud por la atribución de diagnósticos que no son reales, así como de tratamientos que no ha seguido, y por la aparente falta de corrección del error que motivara inicialmente esta situación, en la medida en que se repitió poco tiempo después (los episodios erróneamente asignados datan ambos del mes de agosto de 2009).

Por su parte, esa Administración sanitaria señala que el error obedeció a la similitud de los nombres de las pacientes implicadas, a pesar de lo cual afirma que cuenta con mecanismos para llevar a cabo una identificación y verificación inequívocas de las personas en relación con la asistencia sanitaria que pudieran recibir.

Ciertamente en este caso, y a diferencia de otros supuestos que se han sometido a la consideración de esta Institución, aún constatándose la confusión que se traduce en la asignación a la interesada en su historia de salud de episodios propios y ajenos, al menos la información asistencial ajena no conlleva los datos identificativos de la paciente a la que realmente corresponde, aunque a nuestro modo de ver hubiera bastado para ello con que la interesada solicitara una copia de su historial.

Pero es que tanto la Ley 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, como el reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 entra en vigor a partir del 25.5.2018), se dedican a establecer medidas destinadas a proteger las libertades y derechos de las personas físicas en lo que concierne al tratamiento de sus datos personales.

Así, la primera califica los datos relacionados con la salud como especialmente protegidos, existiendo la obligación de adoptar medidas organizativas y técnicas que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El segundo por su parte los incluye dentro del grupo de ficheros respecto a los que deben aplicarse medidas de seguridad de nivel alto.

Pues bien, del relato de la interesada y el contenido del informe administrativo se deduce que han existido fallos reiterados en las medidas de seguridad aplicadas, que han permitido un tratamiento ilegítimo de los datos personales relativos a la salud de una tercera persona.

Resulta obvio que los mecanismos para la identifficación y verificación de los usuarios no son tan fiables como deberían para que dicha actuación se desarrolle de una forma inequívoca, puesto que basta la mera similitud en los nombres de dos pacientes para que se produzca un error de este calibre.

Y es que a nuestro modo de ver se ha cometido una infracción grave de la normativa de protección de datos, que podría dar lugar a la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos, con el inicio de un procedimiento sancionador, y aún cuando a la vista de la titularidad pública del fichero no cabría la imposición de sanciones de carácter pecuniario, si podrían ordenarse medidas para el cese o la corrección de los efectos de la infracción, aparte de proponerse el inicio de actuaciones disciplinarias, si procediere.

Por ello, no podemos coincidir en cuanto a que lo ocurrido es una mera incidencia que se resuelve con su subsanación, sino que resulta exigible una investigación detallada de lo sucedido con revisión de las medidas de seguridad, para poder detectar el origen de las vulneraciones que se han puesto de manifiesto y establecer los mecanismos que realmente impidan que vuelvan a suceder.

Y es que en todo caso no podemos olvidar el riesgo cierto de perjuicio para la salud de la interesada (y puede que para la de la otra paciente también si los episodios que comentamos no se han registrado en su historia) por la asignación de procesos patológicos, o episodios asistenciales que realmente no ha padecido, tratamientos que no ha recibido, etc. Basta reseñar que en el episodio erróneo que se corresponde con un ingreso hospitalario en agosto de 2009, se contemplan diagnósticos y procedimientos asociados tales como: pielonefritis aguda, síndrome respuesta inflamatoria sistémico por infección con disfunción, fallo renal agudo, choque séptico, derrame pleural, colapso pulmón, enfermedad riñón y uréter, artritis reumatoide, abuso tabaco, toracocentesis, TAC abdomen,...

Las consideraciones expuestas nos permiten realizar a esa Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN: Que se inicie una investigación detallada que permita conocer los fallos de seguridad en el mecanismo de protección de datos personales del centro hospitalario implicado, que han producido las incidencias relatadas, y se proceda a corregir los mismos con el objeto de que este tipo de infracciones no vuelvan a producirse.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz recomienda a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Utrera que resuelva, en el sentido que sea procedente y sin demoras, la solicitud formulada por una entidad comercial sobre modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Utrera en relación a un inmueble concreto.

En esta Institución se viene tramitando expediente de queja motivado por el silencio que mantenía el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) acerca de la solicitud que había formulado el interesado para que se modificara un Plan Especial de dicha población.

ANTECEDENTES

1.- El reclamante, abogado, actuando en representación de una entidad comercial nos exponía textualmente lo siguiente:

“PRIMERO.- Mi representada en fecha de ...2012 registró ante el Excmo. Ayuntamiento de Utrera solicitud de modificación de plan especial de protección del casco histórico de Utrera, en relación con la finca sita en ... de dicha localidad, acompañando propuesta de modificación de ficha catálogo conforme a informe emitido por el arquitecto D. ...

En definitiva, un cambio de calificación de C a D que permitiría dentro de esta calificación efectuar obras en el inmueble, aquejado de necesarias mejoras.

SEGUNDO.- Al día de hoy, enero de 2016, mi representada no ha tenido aún ni una sola notificación al respecto sobre su solicitud, ni tan siquiera una incoación de expediente administrativo; ni mucho menos cualquier resolución de trámite (alegaciones, prueba, etc.) o resolución definitiva en el procedimiento.

Sin embargo, como consecuencia de un procedimiento contencioso-administrativo surgido en relación con el citado inmueble, pero por otros motivos distintos al que aquí nos trae (solicitud de licencia de demolición y obra nueva en el año 2008 y solicitud de descatalogación del inmueble efectuada en el año 2009) y que si fue resuelto expresamente en vía administrativa en el año 2010, lo que motivó el consiguiente recurso contencioso-administrativo nº ... ante el Juzgado de lo Contencioso ..., donde ha recaído Sentencia estimatoria parcialmente de fecha 8 de septiembre de 2015, se reconoce por la Letrada del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en definitiva, por la citada Administración, que el procedimiento relativo a la modificación de ficha catálogo de C a D de la indicada vivienda se encuentra en trámite, lo que se acreditaría en su momento procesal oportuno, lo que nunca se llevó a cabo.

Hasta en dos ocasiones, el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, como decimos en un procedimiento judicial admite que la solicitud inicial de ... se encuentra en trámite, mas en todo momento, desconociendo la parte interesa en qué trámite, pues no se le ha notificado desde el año 2012 absolutamente NADA relacionado con este expediente, ni tampoco se le ha informado ni siquiera verbalmente en cuantas visitas ha girado al Departamento de Urbanismo del citado Consistorio.

Así, en escrito de fecha ...2015 dirigido al citado procedimiento judicial, la Administración indica textualmente: Por su parte la incoación del procedimiento para la modificación de la ficha de catálogo de la vivienda en cuestión, así como la modificación puntual del Plan Especial del Conjunto Histórico de Utrera, y su bajada de catalogación, forman parte de un procedimiento distinto al anteriormente referido al que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 76 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Utrera y que en la actualidad se encuentra en tramitación tal y como esta parte tendrá oportunidad de acreditar en fase probatoria.

Posteriormente, sin que se practique prueba alguna al respecto, mediante escrito de ...2015 igualmente dirigido al citado procedimiento judicial, nuevamente indica: Por su parte la incoación del procedimiento para la modificación de la ficha de catálogo de la vivienda en cuestión, así como la modificación puntual del Plan Especial del Conjunto Histórico de Utrera, y su bajada de catalogación, forman parte de un procedimiento distinto al anteriormente referido al que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 76 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Utrera y que en la actualidad se encuentra en tramitación en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Utrera.

Consecuentemente, se crea un evidente desconcierto e indefensión en el interesado, pues tiene conocimiento de su petición efectuada en el año 2012, a través de un procedimiento judicial que no concierne a dicha petición, mediante dos escritos fechados en 2015, pero que tampoco dicen nada más allá de que está en trámite, con total desconocimiento de siquiera un número de expediente o en qué estado se encuentra y sin poder reconocer la existencia de resolución denegatoria por silencio administrativo, precisamente porque se reconoce por la Administración que está en trámite.”

2.- Por ello, solicitaba, por parte ese Ayuntamiento las siguientes actuaciones:

- Incoación de expediente administrativo relativo a la instancia de fecha ...2012 y nº de expediente.

- Trámite actual del citado expediente e identidad de los tramitadores del mismo desde su inicio.

- Motivos por los que no se ha notificado al interesado … ningún acuerdo de incoación de expediente ni resolución alguna, aún de trámite, desde el año 2012.

- Motivos por los que no se ha seguido la tramitación prevista en el Plan Especial de Casco Histórico de Utrera con este inmueble (...), respecto de la solicitud efectuada el ...2012.

3.- Tras dirigirnos a ese Ayuntamiento planteando estas cuestiones, recibimos respuesta de la que se desprendía que se encontraba en fase de estudio el expediente de modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico en relación con la finca situada en ... al igual que otras solicitudes de modificaciones, derivándose su resolución en conjunto a la revisión del Plan Especial que estaba previsto acometerse durante el año 2016. No obstante, se nos transcribía informe técnico de Febrero de 2010 emitido a instancias de la Comisión Local del Casco Histórico que, en relación con el inmueble en cuestión, aconseja mantener el nivel de protección C.

Ignorábamos si, pasados seis años, dicho informe técnico se seguía considerando vigente o se habían producido circunstancias que podrían haberlo invalidado, pero lo que no resultaba pertinente es que una solicitud de cambio de nivel de protección de inmueble formulada en Noviembre de 2012, siguiera sin respuesta expresa alguna por parte de ese Ayuntamiento pasados varios años, dejando al reclamante en una situación de indefinición sobre las previsiones municipales acerca del edificio, impidiendo con ello cualquier intervención en el mismo.

4.- Por ello, en marzo de 2016, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.2, inciso final, de la Ley reguladora de esta Institución, interesamos a esa Alcaldía la necesidad de dar respuesta, expresamente y sin más dilaciones, a los escritos presentados por el interesado, informándonos al respecto.

5.- Esta última petición de informe no obtuvo respuesta, por lo que esta Institución se vio obligada a requerir en dos ocasiones dicha información, con fechas mayo y junio de 2016, pero ello no ha motivado que no sea remitida la misma, ni siquiera tras contactos telefónicos que personal de esta Institución mantuvo con personal municipal los pasados meses de diciembre de 2016 y julio de 2017. Ello ha determinado que, al silencio mantenido por ese Ayuntamiento ante la solicitud de información del reclamante, se añada asimismo el silencio ante las demandas de esta Institución para que dicha solicitud sea resuelta en el sentido, ocasionando que el reclamante siga sin conocer la disposición municipal o no para proceder a la modificación del Plan Especial en el sentido demandado por el mismo.

CONSIDERACIONES

Primera. - El silencio de esa Alcaldía supone un incumplimiento del deber legal de colaborar con esta Institución en sus investigaciones e inspecciones.

Segunda.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Debe añadirse que el apartado 6 del artículo antes citado establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.

Tercera.- Como norma fundamental del ordenamiento jurídico propio, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 31) garantiza el derecho a una buena administración, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable.

Por su parte, de acuerdo con los artículos 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 103 de la Constitución, esa Administración debe actuar de acuerdo con una serie de principios, entre ellos, los de eficacia, eficiencia, simplificación de procedimientos, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima y proximidad a los ciudadanos, así como sometimiento a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECORDATORIO 1 del deber legal de colaboración contenido en el artículo 19, apartado 1, de la Ley reguladora de esta Institución, ya citada, por el que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones.

RECORDATORIO 2 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de las Administraciones de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos y del artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza el derecho a una buena administración, comprendiendo el derecho de todos a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable.

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Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz