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El interesado expone que el 28 de marzo de 2017 se dirigió a su centro de salud para comentarle a su médico el agravamiento del problema de rodilla que viene padeciendo (está operado de los dos meniscos), y su deseo de ser atendido por un especialista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Dicha petición fue acogida favorablemente por su médico pero a la hora de realizar la solicitud de su primera cita no pudo hacerlo.

Presentó reclamación por lo que estima una conculcación de su derecho (D 128/97 de 6 de mayo), y hace unas semanas ha recibido contestación del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén refiriendo que han dado traslado de la misma al mencionado Hospital. Añade el interesado que ha presentado reclamación ante la Consejería de Salud ejerciendo el derecho de libre elección de médico especialista.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos indica que se le facilitó una cita en la Unidad de Rodilla del Servicio de Traumatología en fecha 30 de junio de 2017.

A la vista de la respuesta recibida, consideramos que el asunto planteado se encuentra solucionado.

La parte promotora de la queja manifiesta que el 01/06/2017 le llamaron desde el hospital de La Línea de la Concepción para suspender la cita que tenía para el día siguiente, en la que le iban a comunicar los resultados de una biopsia.

Dicha cancelación se produjo al parecer por la falta de urólogo para la atención de la consulta.

Pasado un tiempo le han referido la necesidad de ser intervenido de adenomectomía suprapúbica, por lo que, a tenor de la falta de profesionales de la especialidad y la demora que se le anuncia para la operación por este motivo, tras la inscripción en el registro de demanda quirúrgica ha ejercido su derecho a la libre elección de hospital a través del dispositivo Salud Responde, a favor del centro hospitalario de Jerez de la Frontera.

Desde entonces nadie le ha comunicado que se haya aceptado y contabilizado su solicitud, ni le han señalado fecha para la intervención, a pesar de que porta una sonda desde hace dos meses, y se ve obligado a acudir regularmente a urgencias.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos informa de que el paciente se encuentra inscrito en la lista de espera quirúrgica de la UGC de Urología desde el día 3 de julio de 2017, tras remisión desde el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar.

Así, indican que han transcurrido 35 días desde que se produjo tal inscripción, encontrándose, pues, dentro del plazo establecido en el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, que se establece en 120 días.

A la vista de la respuesta recibida, consideramos que el asunto planteado se encuentra en vías de ser solucionado.

La parte promotora de la queja manifestaba que su esposa sufrió una fractura de vértebra por causa de una caída que tuvo lugar el 22.7.16.

Varios días después se vio obligada a acudir a urgencias del Hospital Virgen Macarena, siéndole practicadas diversas pruebas (RX y TAC) y evaluada por traumatólogo, figurando en el informe de alta la recomendación de que fuera revisada por unidad de columna en tres semanas.

Pues bien a partir de entonces ha sido asistida por traumatólogo en diversas ocasiones (agosto, septiembre y noviembre de 2016, y enero de 2017), de forma que en la última de ellas fue formalmente derivada a dicha unidad con carácter preferente, sin que desde entonces haya sido citada a tal fin.

Ha tenido que acudir nuevamente a urgencias el pasado 14.2.17, y por toda respuesta a la reclamación formulada en abril, se le ha informado de la remisión de aquella al director de la UGC de traumatología.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos indica que efectivamente, en enero de 2017 se le derivó a Unidad de Columna para valoración, por si procedise intervención quirúrgica. Cita que tenía prevista para el 9 de agosto de 2017, habiéndosele sido notificada a la parte afectada a su domicilio por correo postal.

A la vista de la respuesta recibida, consideramos que el asunto planteado se encuentra solucionado, por lo que procedemos al archivo del expediente.

Una ciudadana exponía que, con fecha 26/12/2016, llamó por teléfono a Atención al Cliente ONO solicitando baja de línea e internet y le dijeron que se haría efectiva con fecha 2/01/2017. Sin embargo el 10/01/2017 aún constaba de alta y no se había grabado ninguna solicitud de baja. Habiendo formulado reclamación por este asunto en tienda Vodafone, no había recibido respuesta.

Solicitada la colaboración de Vodafone por el asunto planteado, nos comunican que, según consta en sus sistemas, la solicitud de baja de los servicios contratados se realizó en fecha 13 de enero de 2017.

No obstante, en garantía de calidad, se ha procedido a la anulación de la factura emitida en fecha 20 de enero, considerándose como fecha efectiva de baja la indicada por la promotora de queja, quedando por tanto al corriente de pago.

Considerando solucionado el asunto planteado por la parte interesada, se procede al cierre del expediente.

Una comunidad de vecinos denunciaba los reiterados cortes de agua que venían sufriendo la urbanización y la falta de transparencia en torno a los mismos por parte de Aljarafesa, así como acerca de la sustitución del contador.

A este respecto relataba, además de otros hechos que se remontan a años atrás, los cortes ocurridos a finales de enero de 2016 y la falta de respuesta a su requerimiento de explicaciones. El Administrador de la comunidad habría presentado un escrito solicitando información sobre estos hechos y no habría obtenido contestación.

A principios de febrero se vuelven a producir cortes sin aviso previo, pese a que al parecer estarían relacionados con la sustitución programada del contador. De esta sustitución se habrían enterado un mes después cuando el Administrador acude a Aljarafesa a pedir explicaciones. También se enteran entonces que se había cambiado su ubicación.

Ante estas circunstancias, la Junta de Propietarios acordó formular reclamación, que fue registrada con fecha 14/03/2016. Considerando que la respuesta proporcionada por Aljarafesa no contestaba a todas las cuestiones planteadas, con fecha 14 de julio se vuelve a solicitar la información.

Aunque se les convocó a una reunión informativa en la sede Aljarafesa y se acordó una visita al contador, la parte interesada habría manifestado su interés por recibir una respuesta escrita que no había recibido.

Interesados ante Aljarafesa, hemos conocido que ya se ha dado respuesta a los escritos presentados por la comunidad de propietarios.

No obstante, nos hemos puesto en contacto con el Administrador de fincas de la comunidad de propietarios, a efectos de poder iniciar trámites para una intervención de mediación.

Tras la aceptación de las partes a conformar la mesa de mediación, el día 26 de abril de 2017, se celebra reunión, donde la comunidad de vecinos pone de manifiesto la deficiente información suministrada por la entidad, en relación con el tratamiento de ciertas averías, lo cual ha generado un clima de desconfianza.

Expone la necesidad de conocer si una concreta avería, acaecida con motivo de una intervención de la Confederación Hidrográfica en la red sobre el mes de agosto de 2016, fue realmente subsanada por ALJARAFESA, lo cual ponen en duda por mor de unos incrementos de la facturación del suministro de agua que no se corresponden con las lecturas parciales de los vecinos de la urbanización.

Asimismo, se interesan sobre la posibilidad del acercamiento del contador general de la urbanización, que está actualmente situado a unos 800 metros de la primera vivienda, al objeto de facilitar su control por la comunidad y evitar riesgos de rotura y averías descontroladas en la zona por la que atraviesa la tubería principal

Los representantes de la entidad suministradora exponen sus disculpas por los errores cometidos en la facilitación de información solicitada con carácter previo, así como ofrecen su comprensión por la falta de confianza creada por ello y su absoluta colaboración para detectar si la avería continúa sin solucionarse, para lo cual podrían ir acompañados de los vecinos en el examen del contador.

Por otra parte, explican que no hay demasiadas alternativas al acercamiento del contador, por cuanto los terrenos que rodean a la urbanización son privados y no tienen competencia ni capacidad jurídica para intervenir en ellos.

Se ofrece por Aljarafesa dos propuestas que no responden a la máxima aspiración de la comunidad de propietarios para solventar sus preocupaciones entorno al tema que dio lugar a este expediente, y se adoptan los siguientes acuerdos:

- Retomar las relaciones con un mejor clima de entendimiento, para lo cual se establece un flujo de diálogo entre el presidente y el administrador de fincas con los responsables de las áreas de gestión comercial y acometidas de la entidad ALJARAFESA.

- El personal técnico de ALJARAFESA acudirá al contador, acompañado de las personas que se determinen como representación de la comunidad de vecinos, con el objetivo de comprobar la existencia o no de averías en la red.

- Si fruto de esa labor de inspección conjunta, se dedujera que existe alguna avería, la entidad suministradora de aguas se compromete a asumir las tareas de reparación necesarias para la restitución normal del suministro, aun cuando la hipotética avería se produjera en zona exenta de su directa responsabilidad, por corresponderle a la Confederación hidrográfica.

- Los incrementos producidos en la facturación que pudieran estar relacionados con la eventual avería antes comentada serían satisfechos y compensados por ALJARAFESA.

- En el caso de que no existiera avería alguna, la entidad se ofrece a continuar colaborando con los vecinos hasta el hallazgo definitivo del problema, ayudando a proponer posibles soluciones viables.

A la vista del consenso por lograr un acercamiento de intereses, así como por la exploración conjunta de alternativas de solución, que se ha conseguido con la voluntad de ambas, quedando el asunto planteado en vías de ser solucionado, se procede a dar por concluidas nuestras actuaciones.

Actuamos ante la Administración de Consumo para que ejerza sus competencias sancionadoras por falta de respuesta de una empresa de telecomunicaciones a la hoja de reclamaciones presentada por el promotor de queja.

La parte promotora de la queja expone que en fecha 25/04/2016 presenta a la Administración copia de la Hoja de Reclamaciones formulada frente a una empresa de telecomunicaciones, por no entregarle copia del contrato de portabilidad.

Como resultado de la actuación del Servicio de Consumo se le traslada la respuesta de la empresa reclamada, entendiéndose que la reclamación se había solucionado satisfactoriamente ya que se puso de manifiesto que el contrato estaba a disposición del cliente en la tienda.

Frente a dicha decisión el interesado expresó su disconformidad, mediante escrito de 16/06/2016, indicando que la copia del contrato nunca estuvo disponible y denunciando además que la falta de respuesta a su Hoja de Reclamaciones suponía infracción sancionable.

A este escrito recibió por respuesta del Servicio de Consumo comunicación de la decisión de archivo, de 23/06/2016, fundado en la información facilitada por Orange (comprobante de la oferta aceptada). Con respecto a la infracción denunciada se le indica que en su reclamación inicial en ningún momento se hacía referencia a la falta de respuesta a la Hoja de Reclamaciones.

Interesados ante la Administración actuante, se recibe informe del que se desprende que se acepta su petición de ejercicio de la competencia sancionadora, por lo que considerando que el asunto se encuentra solucionado, se procede a dar por concluidas nuestras actuaciones en el expediente de queja.

Nos interesamos ante CajaSur por la aplicación de la reestructuración de deuda prevista en el Código de Buenas Prácticas a una familia con dificultades en el pago de sus cuotas hipotecarias.

Acudía a esta Institución una ciudadana exponiendo que llevaba dos años con dificultades en el pago de las cuotas correspondientes al préstamo hipotecario de la vivienda familiar y que su entidad financiera no le ofrecía una solución.

Al parecer llevaba realizando gestiones con CajaSur desde comienzos del año 2016, cuando solicitó la aplicación del Código de Buenas Prácticas con el asesoramiento de la Oficina del Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda en Sevilla.

Inicialmente la entidad le habría denegado la reestructuración, alegando que la cuota mensual resultante en el período de amortización del préstamo sería superior al 50% de los ingresos familiares. Esta decisión se había recurrido, insistiendo con respecto a la obligación que le incumbe de proporcionar un plan de reestructuración por referencia al criterio que emplea el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España. Éste se habría pronunciado en la tramitación de reclamaciones recordando que es obligación de la entidad presentar al cliente el plan de reestructuración solicitado, con independencia de la calificación que hubiera obtenido -viable o inviable-.

CajaSur se ratificaba en la inviabilidad de la reestructuración de la deuda -en esta ocasión con referencia a las condiciones actuales-, ya que no se acreditaba ingreso alguno. Por el mismo motivo no podía contemplar la quita de hasta un 25% de la deuda. Tampoco era posible acceder a la dación en pago porque la vivienda presenta cargas posteriores a la hipoteca.

No obstante esta comunicación concluye señalando que, dado que el asunto está pendiente de resolución por parte del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, la entidad estudiaría la adopción de la medida que se le indique.

Interesados ante CajaSur, se nos informa que se han dirigido a la parte promotora de la queja comunicándole la aceptación de la solicitud de reestructuración de deuda al considerarla viable durante el período de carencia.