La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/2475 dirigida a Ayuntamiento de Sevilla

ANTECEDENTES

Esta Institución decidió iniciar, de oficio, un expediente de queja al tener conocimiento de la campaña publicitaria que, con ocasión de la feria de abril de 2017, se venía realizando en las marquesinas de los autobuses urbanos y metrocentro de Sevilla.

A este respecto algunas personas nos hicieron llegar fotografías en las que se observaba dicha campaña publicitaria, en unos casos referida a cerveza o vino, y en otros casos referida a bebidas alcohólicas de alta graduación.

En alguno de los citados carteles publicitarios se utiliza un mensaje que equipara los momentos de ocio con el consumo de alcohol, tratándose de una bebida alcohólica destilada con una graduación cercana a los 38 grados.

Tal como se indica en la propia página web de la empresa municipal TUSSAM (http://www.tussam.es/index.php?id=438) existen 1.012 paradas distribuidas por toda la ciudad, siendo así que el 96% de la población de Sevilla dispone de al menos una parada a menos de 300 metros de su domicilio, estando el 65% de ellas dotadas de marquesinas habilitadas para insertar publicidad. Dichas marquesinas permiten una gran cantidad de tiempo de impacto en el público objetivo de la publicidad, estando ésta presente las 24 horas del día, iluminada y colocada en lugares estratégicos.

Sobre este particular hemos de traer a colación la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que en su artículo 5, apartado 5, prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo.

Dicha limitación publicitaria se ha de poner en contexto con lo establecido en la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, en tanto que dicha Ley prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, independientemente de que tales espacios hayan sido previamente autorizados por el Ayuntamiento para el consumo de bebidas o de que no haya mediado tal autorización municipal.

De igual modo resulta de aplicación el apartado 6 del artículo 5 de la Ley General de Publicidad, antes citada, que previene que el incumplimiento de las normas especiales que regulen la publicidad de los productos, bienes, actividades y servicios a que se refieren los apartados anteriores, tendrá consideración de infracción a los efectos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley General de Sanidad.

En virtud de lo expuesto, y tras incoar el expediente de queja, decidimos solicitar de la administración la emisión de un informe al respecto, del cual destacamos sucintamente lo siguiente:

I. El Director Gerente de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM) la propiedad de las marquesinas y la gestión de sus espacios publicitarios corresponden a la empresa Corporación Europea de Mobiliario Urbano Sociedad Anónima (CEMUSA), actualmente perteneciente a la empresa JCDecaux, en virtud de contrato firmado con TUSSAM con fecha 1 de diciembre de 2003.

De acuerdo con este contrato las diferentes campañas publicitarias que se insertan en las marquesinas no requieren la autorización previa por parte de TUSSAM.

II. A pesar de lo expuesto con anterioridad, TUSSAM dio traslado del contenido de la queja a la empresa adjudicataria de la propiedad y uso de dichos espacios publicitarios, respondiendo en lo que atañe al contenido del asunto que venimos analizando que en lo referente a publicidad de bebidas alcohólicas la empresa procura que las mismas no se muestren en los aledaños de aquellos lugares especialmente sensibles a este tipo de productos.

III. La empresa adjudicataria del contrato añade que la Ley General de Publicidad aún no ha tenido un desarrollo reglamentario, a excepción de lo relacionado con el medio televisivo, de modo que la práctica totalidad de la regulación existente sobre publicidad de bebidas alcohólicas en diversos medios, entre ellos la publicidad exterior, se encuentra en manos de las Comunidades Autónomas, que la han realizado con mayor o menor extensión y detalle, siendo más o menos restrictiva.

Sobre este particular, en Andalucía se prohíbe explícitamente la publicidad de bebidas alcohólicas en los lugares enumerados en el artículo 25 de la Ley 4/1997 y, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General de Publicidad, en los lugares donde está prohibida su venta y consumo especificados en el artículo 26 de la Ley 4/1997, siendo así que la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos de los municipios andaluces se circunscribe a la celebración de actividades de ocio y a los menores de 18 años.

Como tal, en la legislación andalukza no habría una limitación directa y expresa de la publicidad exterior en la vía y espacios públicos de bebidas alcohólicas, a diferencia de otras Comunidades Autónomas como Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, País Vasco o Valencia, Comunidades que sí la contemplan.

CONSIDERACIONES

Hemos de remarcar que, efectivamente, la Comunidad Autónoma de Andalucía no dispone de una regulación específica de la publicidad de bebidas alcohólicas, sin que por tanto exista un precepto normativo que contenga una prohibición expresa y clara de incluir mensajes publicitarios en la vía pública incitando al consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, fuere cual fuere el soporte que se utilizara.

Sobre esta cuestión nada podríamos añadir. Estimamos que para que se establezcan limitaciones a derechos o libertades constitucionales -derecho a la libertad de empresa, a la libre iniciativa económica, y a la libertad de creación artística y técnica- lo mínimo exigible a la correspondiente normativa sería que ésta fuese clara en cuanto a la prohibición, no dejando lugar a interpretaciones o lugares oscuros, máxime si de su incumplimiento se pudieran derivar responsabilidades, especialmente en materia sancionadora.

De este modo, si de la interpretación conjunta del artículo 5, apartado 5, de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad -que prohíbe la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo-; en relación con lo establecido en la Ley andaluza 7/2006, de 24 de octubre, -que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía-, se podría interpretar una posible prohibición generalizada de dicha actividad publicitaria en cualquier espacio abierto de Andalucía, lo cierto es que a esta conclusión no le faltarían reparos por cuanto la supuesta prohibición adolecería de mucha inconcreción y estaría sujeta a múltiples interpretaciones, siendo una de ellas la que realiza la empresa adjudicataria del contrato con ese Ayuntamiento, en el sentido de que en Andalucía, con su legislación actual, no podría predicarse dicha prohibición.

Aún así, y partiendo del hecho de que la publicidad en espacios públicos de bebidas alcohólicas de alta graduación no estuviese expresamente prohibida en Andalucía, no podemos compartir que una Administración Pública asista con pasividad a que en espacios o instalaciones de acceso público asociadas al servicio público de transporte urbano se realice dicha actividad publicitaria.

Y no lo compartimos en tanto que no consideramos encuadrable en valores y principios de buena administración que en unos lugares de tanta concurrencia de personas como son las paradas de autobús, el propio Ayuntamiento, concernido siquiera fuera de forma indirecta por los mandatos constitucionales de fomento de la educación sanitaria y adecuada utilización del ocio por parte de la ciudadanía (artículo 43.3 de la Constitución) así como de protección de la seguridad y la salud de los consumidores y usuarios (artículo 51 de la Constitución) e implicado en políticas de fomento de ocio responsable por la juventud, desincentivando el consumo de bebidas alcohólicas, no haga nada por evitar la difusión de tales mensajes publicitarios, más al contrario, teniendo responsabilidad directa en la prestación del servicio de transporte e instalaciones vinculadas se beneficia económicamente de ello al percibir la contraprestación incluida en el contrato con la empresa adjudicataria, consintiendo la actividad publicitaria, si no ilícita, sí al menos inconveniente o lesiva para una educación en valores de las personas menores de edad.

Podría considerarse que se trata de una cuestión banal, un mero gesto con escasa incidencia en el comportamiento de menores y jóvenes, pero pensamos que gesto a gesto se contribuye a la concienciación social de lo pernicioso que resulta el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente de alta graduación, resultando por tanto significativo que se evite la aparición sin cortapisas de mensajes publicitarios que hacen asumir el consumo de bebidas alcohólicas como una rutina más del comportamiento de las personas, socializando su consumo.

En este contexto, desde esta Defensoría hemos recomendado al Parlamento de Andalucía que estudie la viabilidad de modificar la actual normativa en materia de prevención y asistencia en materia de drogas, a fin de acomodarla a las estrategias y principios proclamados por las Instituciones europeas, así como en consonancia con las legislaciones de otras Comunidades Autónomas que restringen la publicidad y el acceso de los menores al alcohol. Esta modificación legislativa deberá recoger expresamente las obligaciones y limitaciones en materia de publicidad y otras formas de promoción comercial de bebidas alcohólicas en espacios públicos, que pueden llegar a perjudicar a los menores de edad, y que pueden ser lesiva para una educación en valores de las personas menores de edad.

Debemos contribuir a evitar que la aparición sin cortapisas de mensajes publicitarios sea asumido por los adolescentes y jóvenes como una rutina más del comportamiento de las personas, socializando su consumo.

Por otro lado, hemos de recordar que ese Ayuntamiento se encuentra especialmente comprometido en la tarea de evitar que la juventud equipare los momentos de ocio y diversión con el consumo de bebidas alcohólicas, tal como se desprende del informe elaborado en octubre de 2017 por el Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla en colaboración con la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla, sobre las pautas de ocio y tiempo libre entre los jóvenes, a partir de cuyo diagnóstico y conclusiones tiene previsto iniciarse la redacción del primer Plan Integral de la Juventud de Sevilla, todo ello unido a las actuaciones encaminadas a promocionar ocio saludable para este segmento de la población en los diferentes distritos de la ciudad.

Es por ello que nos parece contradictorio que al mismo tiempo que se desincentiva y limita el consumo de alcohol entre la juventud, por otro lado se esté contribuyendo al consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación, las más perjudiciales, mediante la aparición de mensajes publicitarios en las marquesinas de las paradas de los autobuses urbanos.

Así pues, conforme a los hechos expuestos, al amparo de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formulamos las siguientes

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN 1"Que en tanto no se apruebe una normativa de ámbito nacional o autonómico que detalle el alcance de la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas, especialmente las de alta graduación, en lugares de acceso público, se dicten las instrucciones precisas para evitar dicha publicidad a TUSSAM, con la finalidad de que dicha empresa municipal las incluya a su vez en el clausulado del contrato que se suscriba en el futuro con la empresa que se encargue de gestionar los espacios publicitarios vinculados a los transportes urbanos de Sevilla.

RECOMENDACIÓN 2 Que en tanto no exista una prohibición normativa o incluida en las cláusulas del contrato, en ejercicio de las potestades de supervisión y control del servicio contratado se dicten instrucciones para que la empresa evite en la medida de lo posible dicha publicidad de bebidas alcohólicas de alta graduación por lo dañina que representa para el conjunto de la sociedad y en especial para las personas menores de edad.”

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ver actuación de oficio

 

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Queja número 17/4957

La interesada exponía que iba a ser objeto del lanzamiento de su vivienda, señalado para el 28 de septiembre de 2017, si bien quedó suspendido, estando pendiente de nuevo señalamiento.

Nos informaba que la vivienda que ocupaba era de un particular y que el único ingreso con los que contaba su unidad familiar era una ayuda en cuantía de 213 euros.

Se encontraba inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de Emvisesa y había solicitado la intervención de los servicios sociales, quienes le habían manifestado que lo único que podían hacer era ofrecerle un albergue cuando se produjese el lanzamiento.

Solicitado informe al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, se nos indicó que el Centro de Servicios sociales correspondiente citó a la interesada de nuevo. ya que no acudía al mismo desde junio de 2017. Efectivamente, seguía en el mismo domicilio y sus hijos eran ya mayores de edad. Comunicó que tenía asesoramiento jurídico, conocedor de que en el Juzgado se paralizó el lanzamiento. Tras manifestar que ya había obtenido el divorcio, se le informó de que acudiera al Registro Municipal de Emvisesa para solicitar actualización y cambio de titularidad de demanda de vivienda.

Se le informó de solicitud de la Renta Mínima de Inserción. Se solicitó documentación para volver a tramitar ayuda económica por deudas de suministro de luz, con lo que se actualizó dicho servicio y se estaba gestionando nueva ayuda económica en concepto de deudas de alquiler, con la intención de evitar un posible lanzamiento judicial.

Puesto que de la información recibida se desprendía que el asunto por el que acudió a la Institución se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

13 h: Presentación curso escolar. Teatro de la Ribera en Alcalá Guadaira (Sevilla)

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, inaugura el curso escolar 2018-2019 de la comunidad educativa en Alcalá de Guadaira, en un acto que tendrá lugar este viernes, en el Teatro de la Ribera con la presencia de los grupos de bachillerato de los 5 institutos de la zona, profesores, inspectores, directores de los centros y autoridades municipales. El acto ha sido organizado en esta ocasión por el IES Cristóbal de Monroy, dentro de los actos conmemorativos de su 50 aniversario.

3.500 colegios andaluces están convocados al XI Premio del Menor de Andalucía

 

  • El Premio está dirigido a todos los centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Andalucía

  • 3.500 colegios andaluces podrán participar en esta convocatoria para la defensa de los derechos de los menores

  • El plazo para participar es del 1 de octubre al 20 de noviembre, Día Universal del Niño

 

El Defensor del Menor de Andalucía ha puesto en marcha, en este mes de octubre, una nueva edición del Premio del Menor “Así veo mis derechos”. En concreto, la Institución andaluza celebra la undécima edición de este concurso que tiene un doble objetivo: promover el conocimiento sobre los derechos entre el público infantil y adolescente y hacer valer sus derechos, escuchando sus relatos y experiencias.

 

Un total de 3.512 centros educativos de Primaria, Secundaria y Educación Especial de Andalucía están invitados a participar en este premio que pretende promover que los niños y niñas conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección. Así, están invitados a participar: 310 centros en Almería; 514, en Cádiz; 369 en Córdoba; 428, en Granada; 230, en Huelva; 320, en Jaén; 601, en Málaga; y 740, en Sevilla.

 

El Premio del Menor de Andalucía es una invitación directa a los centros educativos andaluces para que los niños y niñas reflexionen sobre los derechos que les afectan y preocupan en estos momentos. Entre ellos, derecho a que no se les discrimine por razón de sexo, religión o cultura; derecho a la alimentación, la educación, la vivienda y la atención médica; derecho a poder participar y tomar decisiones en sus asuntos; derecho a ser solidarios entre sí, con sus iguales, etc. Su objetivo es promover que los niños y niñas andaluces conozcan sus derechos y fomentar la participación y la colaboración entre iguales para su defensa y protección.

 

La cita cuenta con la colaboración del profesorado y la Dirección de los centros y consta de dos modalidades: dibujo, para Primaria y Educación Especial; y un vídeo, para Secundaria y Educación Especial. Cuenta también con la colaboración de organizaciones como Save the Children y Unicef y el apoyo del Consejo de Menores del propio Defensor del Menor en Andalucía.

 

El Defensor del Menor de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz convoca este certamen dentro de los actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Infancia.

La XI edición del Premio del Menor está abierta del 1 de octubre al 20 de noviembre

 

Más información de la XI edición del Premio del Menor en:

http://www.asiveomisderechos.es

    Queja número 18/0090

    La interesada exponía que desde octubre de 2015 el piso 3º dcha. de una finca de la que era administradora, se encontraba ocupado por personas que no ostentaban título legítimo para ello, causando graves problemas de convivencia a los vecinos. Asimismo, dicha vivienda mantenía una deuda con la comunidad de propietarios por el impago de las cuotas que le correspondían.

    El Instituto Nacional de la Vivienda fue condenado judicialmente mediante Sentencia de fecha 7 de marzo de 2012, a abonar la deuda que mantenía la vivienda con la comunidad de propietarios como propietario de la misma. Sin embargo, la ejecución de dicho Auto no se había podido llevar a cabo.

    La comunidad de propietarios había dado traslado de esta situación a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), al haber adquirido la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones en Andalucía correspondientes al extinguido Instituto Nacional de la Vivienda, el cual figuraba como propietario de la referida vivienda en el Registro de la Propiedad.

    Por parte de la citada Agencia se indicó a la comunidad de propietarios, mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2016, que “se han satisfecho las cantidades necesarias para acceder a la titularidad registral del inmueble en fecha anterior a que se transfiriera a AVRA la promoción, obrando incluso en el expediente un oficio remitido el 26 de mayo de 2003 a la adjudicataria, por el que se le insta a ponerse en contacto con la notaría designada al efecto para otorgar la escritura de compraventa, sin que ésta llegara a formalizarse”. Por ello, entendía que “el titular del contrato ha accedido a la titularidad del inmueble y que por tanto carecemos de legitimación para emprender acciones contra los ocupantes sin título, debiendo corresponder estas al titular del contrato o sus herederos”.

    Según refería la promotora de la queja, los supuestos propietarios fallecieron y no se realizó partición de la herencia, por lo que ninguna persona había asumido la propiedad del inmueble. Por ello, solicitaba la intervención de esta Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de que por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía se regularizase la situación de la vivienda y se asumieran las obligaciones que suponía la propiedad de la misma, a fin de finalizar con los múltiples perjuicios que venían sufriendo los vecinos desde su ocupación.

    Por nuestra parte solicitamos informe a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), enviándonos la Viceconsejería de Fomento y Vivienda un informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda en base al emitido por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla en el que se indicaba que la citada Delegación había tenido conocimiento a través de la presente queja de la deuda reclamada por la comunidad de propietarios ante el Juzgado correspondiente, procediendo de inmediato a dictar resolución en pago de las cantidades objeto de condena.

    Al encontrarse en vías de solución el objeto de la queja, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

    Queja número 18/3848

    La Administración informa que ya se ha resuelto el expediente y se ha remitido el título de familia numerosa a la persona interesada.

    La persona interesada expone la demora, superior a los 3 meses previstos en la normativa, que acumulan los trámites para la renovación de su título de familia numerosa.

    Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, la Administración informa que ya se ha resuelto el expediente y se ha remitido el título de familia numerosa a la persona interesada.

    Queja número 18/2725

    La interesada exponía que en el mes de noviembre de 2017 solicitó el salario social y que el 15 de marzo de 2018 entregó en la Delegación Territorial, la declaración responsable de ingresos, que le faltaba aportar en su expediente.

    Solicitaba la agilización del trámite, pues tenía agotada la renta activa de inserción y no tenía ingreso alguno ni familia que le pudiera ayudar para sobrevivir.

    Hubimos de recordar la importancia de atender esta situaciones en base a lo recogido en el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que en su disposición final segunda viene a modificar el Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, en el que en su apartado uno establece un plazo de dos meses para resolver motivadamente las solicitudes desde la fecha de su presentación.

    Solicitado informe a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, se respondió que con fecha 16 de mayo de 2018 se resolvió conceder a la unidad familiar la medida de I.M.S. consistente en prestación económica de 2.461,74 euros.

    Al haber sido aceptada la pretensión de la interesada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

    Queja número 17/5751

    La interesada manifestaba lo siguiente:

    Tras un procedimiento de ejecución hipotecaria, perdí mi vivienda, sita en … .

    Sin embargo, el Banco ..., tras adjudicarse la vivienda nos permitió continuar viviendo en la misma para lo que firmamos un contrato de arrendamiento.

    Pero, cada vez que voy a ingresar en cuenta designada el dinero de la renta, me dicen que no pueden hacerlo, que ya me avisarán. Pero nadie se pone en contacto conmigo.

    Siento un gran temor ante esta situación, ante la posibilidad de que el banco pueda promover contra mi un procedimiento de desahucio por impago de renta, cuando en todo momento mi intención ha sido y es pagar la renta. Pero no se como hacerlo.

    Por otra parte, la vivienda está afectada por una serie de humedades que la convierten en insalubre. por lo que solicito del banco que proceda a su arreglo en la medida de lo posible.”

    Esta Institución, según los artículos 41 y 128 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 1, 10 y 13 de nuestra Ley reguladora (Ley 9/1983, de 1 de Diciembre), tiene competencia para la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del Estatuto de Autonomía, siempre que resulten infringidos por alguna actuación de las Administraciones Públicas de Andalucía, a las que debemos supervisar.

    La entidad Banco Sabadell es una empresa privada, lo que, en principio, la excluye de nuestro ámbito de supervisión. No obstante, apelamos a su colaboración para con esta Institución a la vista de la solicitud de ayuda formulada para que se tomasen en consideración las circunstancias expuestas y se pudiera dar una solución al grave problema habitacional que afectaba a esta familia estudiando la posibilidad de mantener un régimen de arrendamiento por un amplio período de tiempo, poniendo como límite el plazo máximo previsto en la vigente ley de arrendamientos urbanos.

    En su respuesta, la entidad nos informó que habían contactado personalmente con la interesada para indicarle que una vez subsanado un problema que existía en el contrato ya podría realizar los pagos según el método indicado en la firma del citado contrato.

    Considerando que la pretensión de la interesada se encontraba en vías de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

    Queja número 17/3295

    El interesado exponía, que en el año 2004 llegó a un acuerdo con la Junta de Andalucía, en el que entregaba su vivienda en propiedad a cambio de un inmueble de titularidad de AVRA. Al no estar las mencionadas viviendas todavía construidas, se le adjudicó una con una mensualidad de 45,35 euros y una cuota de comunidad de 10 euros, perteneciente a la Delegación Municipal de la Vivienda de Huelva.

    El interesado, nos expresaba que sufrían amenazas y agresiones por parte de una vecina, lo que les obligó a abandonar la vivienda. Actualmente, se encontraba residiendo en una vivienda de propiedad privada, por la que mensualmente tenía que abonar una renta de 302,50 euros, más gastos.

    Por último, nos comunicó su interés de ser adjudicatario de un grupo de viviendas de las que tenía constancia en fechas recientes se entregarían, y que muchas de ellas quedarían inhabitadas, por la renuncia de sus adjudicatarios al pertenecer dichas viviendas a un barrio marginal.

    Tras diversas actuaciones ante la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se le adjudicó al interesado una vivienda en régimen de alquiler, por la que pagaba una renta de unos 170 euros aproximadamente, contaba con dos dormitorios y un cuarto de baño, y estaba situada en una buena zona.

    Al haberse solucionado el asunto planteado, dimos por concluidas actuaciones.

    Queja número 18/0984

    La madre del interesado, dependiente severa, estaba padeciendo la demora en la asignación de plaza en centro residencial, y su padre el reconocimiento del grado de dependencia.

    Con base en el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formuló Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. en el sentido de que se impulsara la aprobación de la revisión del Programa Individual de Atención de la madre del reclamante y la concesión de una plaza en residencia de mayores, a ser posible la misma en la que ya se encontraba residiendo. Así como que se impulsara el reconocimiento del grado de dependencia del padre del interesado y se incorporase el expediente en el programa informático de gestión a fin de que por parte de los servicios sociales comunitarios se pudiera proceder a la elaboración del PIA.

    En su respuesta, la citada Delegación indicó que con fecha 15 de mayo de 2018, se dictó resolución, aprobando el PIA de la madre del interesado reconociendo el derecho de acceso al Servicio de Atención Residencial, en una Residencia Municipal para Personas Mayores, debiendo incorporarse al citado centro en el plazo de quince días naturales, desde la fecha de notificación de la resolución.

    Asimismo, señalaban que, con fecha 3 de abril de 2018, se procedió a dictar resolución relativa al padre del interesado reconociendo el Grado I de Dependencia Moderada.

    En vista de que nuestra Resolución fue aceptada, dimos por concluidas nuestras actuaciones.

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