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Tras nuestra intervención Endesa subsana el error cometido al pretender exigir la ejecución de instalaciones de extensión para dar luz.

La interesada, divorciada con dificultades económicas y dos menores a su cargo, acudía a esta Institución ante la imposibilidad de dar suministro de luz a su vivienda.

La vivienda contaba con suministro a nombre de su ex-pareja, pero les cortaron el suministro hacía unos dos años por impago. Con objeto de regularizar su situación acudió a una oficina de Endesa y le dijeron que para dar de alta debía hacer frente a una deuda de 404,90 euros.

Con la ayuda de los Servicios Sociales municipales pudo hacer frente al pago de dicha deuda. Sin embargo con posterioridad recibía comunicación de Endesa Distribución exigiéndole la realización de instalaciones de extensión de red a su cargo, por importe total de 5.164,09 euros.

Solicitada información a Endesa, se nos indica que en el mes de abril de 2016 se realizó el alta del contrato a nombre de la interesada.

En relación al importe exigido, indican que resultó ser un informe de la Ingeniería donde se establecía un punto de suministro en una zona de afección del AVE que, posteriormente, se comprobó y modificó.

Finalmente, indican que los derechos de contratación generados en el alta directa del suministro eléctrico se limitaban al Depósito de Garantía (18,53 euros) y Depósito Contratación Distribuidora (77,02 euros).

Habiendo quedado resuelto el asunto objeto de la queja, procedemos a dar por concluidas nuestras actuaciones.

Actuamos ante Telefónica para la retirada de un poste que obstaculiza el acceso a una vivienda.

La interesada exponía que a pocos centímetros de la puerta de su vivienda, que se encuentra aún en construcción, existe un poste de telefonía que impide el paso.

Según indicaba, habían reclamado a la compañía eléctrica en numerosas ocasiones pero la respuesta que obtuvieron es que al no causar ningún peligro dicho poste, no se procedería su retirada.

A la vista de tales circunstancias, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó información ante Telefónica-Movistar, habiendo tenido noticias recientemente de que el poste ya ha sido retirado, por lo que procedemos al cierre del expediente.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, le devuelven ingresos indebidos consecuencia de una excesiva valoración catastral.

La parte interesada expone que ha venido liquidando el IBI de su vivienda habitual en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, sobre un valor catastral que no se correspondía con el fijado por el catastro para el inmueble referido, por lo que solicita la devolución de ingresos indebidos que ha venido efectuando en exceso.

Interesados ante la Administración tributaria, se nos informa que mediante Resolución de Gerencia de fecha 18 de abril de 2016, se acuerda devolución de ingresos a la parte interesada, en concepto de IBI, que incluye los intereses de demora devengados a favor del solicitante.

La devolución de ingresos es consecuencia de resolución de la Gerencia Territorial del Catastro, de rectificación de errores, por el que se acuerda la disminución del valor catastral del inmueble con efectos 1/01/2012, procediéndose a la regularización tributaria correspondiente.

Quedando resuelta la solicitud de devolución de ingresos formulada, y quedando pendiente la ejecución de la misma, procedemos al cierre del expediente de queja.

El Ayuntamiento de Granada y Emasagra aceptan nuestras peticiones orientadas a garantizar que el derecho al suministro de agua no se vea afectado por circunstancias económicas.

Recomendamos al Ayuntamiento de Granada que en los procedimientos de suspensión de suministro por impago que tramita Emasagra se establezca la necesaria coordinación con los Servicios Sociales municipales a fin de advertir situaciones de vulnerabilidad e impedir el corte, así como para la aplicación de posibles bonificaciones.

En el mismo sentido se recomendó que los avisos de corte incluyan una mención a la posibilidad de contactar con los Servicios Sociales o con la propia empresa para atender situaciones de dificultad de pago.

También recomendamos que los acuerdos que firma Emasagra con sus abonados para fraccionamiento del pago de deuda pendiente eliminen la referencia a la posibilidad de proceder al corte de suministro sin previo aviso ante el incumplimiento de alguno de los plazos fraccionados.

Asimismo, sugerimos que las tarifas de Emasagra contemplen una posible modulación de los derechos de reconexión para adaptarlos a circunstancias de vulnerabilidad social y, en su defecto, que se prevea la posibilidad de asignación de ayudas por parte de los Servicios Sociales comunitarios cuando dichas circunstancias así lo justifiquen.

Al efecto, se recibe informe de Emasagra indicando que se aplicará una bonificación del 80% a la tarifa de reconexión para familias en situación de vulnerabilidad social acreditada por los Servicios Sociales.

En cuanto a las Recomendaciones formuladas se nos explica que ya existe coordinación con los Servicios Sociales, si bien para mejora de la comunicación se han iniciado tareas de difusión de los mecanismos de acción social ante Servicios Sociales y entidades sociales que trabajan con las personas que necesitan hacer uso de los mismos.

Finalmente se insiste en la importancia de conocer a través de los Servicios Sociales cuáles son las familias que no pueden hacer frente al recibo del agua o al fraccionamiento de una deuda para que queden fuera del procedimiento de gestión de impagados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada añade que los Servicios Sociales valoran la posible situación de riesgo o exclusión social y arbitran los recursos necesario para facilitar el pago de la deuda mediante fraccionamiento o a través de ayudas, según criterio técnico, que pudieran incluir el coste de la reconexión si se diera el caso

De acuerdo con esta información se deduce la aceptación de la Sugerencia y Recomendaciones concretadas en la Resolución formulada por el Defensor del Pueblo Andaluz, por lo que se procede al cierre del expediente de queja.

La Administración resuelve el expediente de reclamación por disconformidad de factura eléctrica con el cálculo del simulador de la CNMC.

La parte interesada exponía que con fecha 17/10/2015 había presentado reclamación electrónica dirigida a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz por disconformidad con facturación de Endesa, sin que hasta la fecha de presentación de queja hubiese recibido una respuesta.

Interesados ante el organismo afectado, recibimos informe indicando que se ha emitido resolución del expediente de reclamación y se ha procedido a su envío, encontrándose únicamente pendiente de notificación.

Habiendo quedado resuelto el asunto objeto de la queja, damos por concluidas nuestras actuaciones en la misma.

Le responden a solicitudes accediendo a la división de recibos sobre bien inmueble por cotitularidad.

Una asociación de consumidores exponía que en noviembre de 2013 su representada realizó ante el Patronato de Recaudación Provincial declaración de cambio de dominio de bien inmueble, toda vez que mediante Sentencia de divorcio, el Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de los de Málaga, se le adjudicó el uso y disfrute de la propiedad a su ex marido. Lo que volvía a comunicar al Patronato con fecha 27 de marzo de 2013.

Pese a lo anterior, el Patronato le sigue notificando providencias de apremio y diligencias de embargo por concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde aquel ejercicio, sin tener en cuenta las comunicaciones cursadas ya entonces y sin tomar en consideración las que presentó con fechas 2 de octubre y 9 de diciembre de 2014, y 1 de marzo y 5 de agosto de 2015.

Tras admitir a trámite la queja y solicitar información del organismo afectado se nos informaba que la emisión de recibos-liquidaciones a nombre de la interesada hasta la lista cobratoria del 2015, era consecuencia de su incorporación como propietaria del 100% del pleno dominio, por tanto única sujeto pasivo a efectos del impuesto.

Como consecuencia de la incorporación realizada de la cotitularidad -50% de propiedad a partir del ejercicio de 2015-, añadía el Patronato, podrá instarse por cualquiera de los propietarios la división de los recibos de sus respectivas cuotas de propiedad sobre el inmueble.

La Administración rompe el silencio mantenido y da respuesta a una solicitud de información sobre sanción impuesta por el Servicio de Consumo.

Una empresa con domicilio social en Zaragoza exponía que había recibido notificación de la providencia de apremio expedida por la AEAT, por importe de 1.800 euros. De la misma se deducía que se trataba de una sanción de consumo impuesta por la Comunidad Autónoma de Andalucía y, tras intensas averiguaciones, pudieron conocer que procedía de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

Con fecha 30/10/2015 comunicaron al Servicio de Consumo que no habían recibido notificación alguna sobre el expediente sancionador. Asimismo, solicitaban la paralización del expediente y su declaración de nulidad.

Pese a reiterar su solicitud de información con fecha 10/12/2015, hasta la fecha de presentación de la queja no habían recibido respuesta. Entretanto el procedimiento de apremio seguía adelante, ocasionando perjuicios a la imagen de la empresa y paralizando cualquier tipo de operación crediticia.

Solicitada información al organismo afectado, hemos conocido que ya se ha dado respuesta a la solicitud de información cursada por la parte promotora de queja, siendo el Servicio de Recaudación de Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía la Administración competente para resolver.

Dado que el asunto objeto de la queja se encuentra solucionado procedemos al cierre del expediente.

Mediamos con Banco Sabadell para que atiendan una denuncia por cobros excesivos derivados de un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.

La interesada exponía que hace un par de años tramitó la hipoteca de su vivienda con Banco Sabadell, quedándole una cuota que apenas puede ir pagando pues sólo ingresa una modesta pensión y tiene dos hijos a su cargo.

El año pasado Sabadell le habría cargado en su cuenta un seguro de unos 250 euros, que supuso un importante revés para la economía familiar. Tras mucho reclamar y en base al derecho a desistimiento habría conseguido la promesa de que en el futuro no se cargarían más recibos.

Sin embargo este año de nuevo se ha producido el cargo del seguro, cobrándole además una comisión de descubierto al no tener fondos suficientes la cuenta corriente.

En su reclamación a Banco Sabadell ponía de manifiesto el desequilibrio de posiciones y la exigencia desproporcionada por parte del banco de seguros vinculados a la hipoteca: un seguro de vida, un seguro de protección de hogar que excede del simple seguro de daños, y hasta un seguro de protección de pagos por desempleo cuando la base de estudio era la pensión y no un trabajo.

Tras reclamar consiguió que le devolvieran la comisión por descubierto y una mera promesa telefónica, por lo que acudía a esta Institución para que se realizase una revisión de cuanto abusivamente se le habría cobrado desde el principio y se ajustase a derecho.

A la vista de lo expuesto, solicitamos la colaboración de Banco Sabadell desde donde se nos informa que van a gestionar el asunto planteado contactando con la parte interesada, a fin de dar una explicación y solución si procede.

El Ayuntamiento de Camas y Emasesa atienden la situación de una familia vulnerable que no puede hacer frente a su deuda del suministro de agua.

La parte interesada nos trasladaba que no podía hacer frente a la facturación del suministro de agua al encontrarse en situación de desempleo y sin prestación, con dos hijos a su cargo. Los ingresos familiares se limitarían a la PNC de su mujer (350 euros).

Emasesa le reclamaba una deuda correspondiente a liquidación por fraude, habiendo firmado un acuerdo de pago por importe de 730,46 euros más IVA, a abonar en dos años (8 facturas).

La última factura, que incluiría el importe correspondiente a dicha deuda por fraude más la facturación ordinaria del contrato de suministro, la habría abonado con la ayuda de Cáritas.

Interesados ante Emasesa y el Ayuntamiento de Camas, recibimos informe indicando que se ha gestionado con Emasesa una ayuda en concepto de suministros mínimos vitales y que la deuda exigida en concepto de fraude está siendo abonada con ayuda de Cáritas.

Dado que el asunto que nos trasladaba la parte interesada se encuentra en vías de ser solucionado, se procede al cierre del expediente de queja.

Le levantan embargo al haber prescrito el derecho de la Administración a cobrar precio público.

En dicho escrito, la parte promotora de la queja expone que ha recibido liquidación en ejecutiva, por importe de 42,70 euros en concepto de precio público, por prestación de servicio de Laboratorio correspondiente al ejercicio de 2004 -en vivienda que ya no ocupa-, sin que hubiere recibido nunca notificación al respecto y sin que por la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla se le aclare a qué corresponde tal deuda, pese a haberlo solicitado mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2015.

Interesado informe administrativo, se nos indica que examinado el escrito presentado por la interesada, y a pesar de no haberse alegado la prescripción del derecho a reclamar el citado precio público, siendo el recibo emitido con fecha 21/04/2008, y habiéndose embargado su importe con fecha 22/11/2015, se traslada la solicitud de la interesada al Departamento competente, para la declaración de prescripción del documento probatorio.

Indican que solicitada información a tal Departamento, se comprueba la emisión de resolución estimatoria del recurso formulado por la recurrente por prescripción del derecho a reclamar el precio público reseñado.

Habiendo quedado resuelto el asunto objeto de la queja, se procede al archivo de la misma.