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07/11/2014

Justicia nos anuncia al abono de los servicios que prestan los Colegios de Abogados de justicia gratuita y turnos de oficio.

Según noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, se puso de manifiesto el malestar del colectivo profesional de la abogacía en relación con las retribuciones del turno de oficio y de las guardias de asistencia al detenido desde el Colegio de Abogados de Málaga. Como protesta se habían convocado acciones reivindicando la agilización de los pagos comprometidos.

Para poder tomar concreto conocimiento del conflicto y velar por la salvaguarda de los derechos afectados por esta situación, iniciamos una Actuación de Oficio al amparo del artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Consejería de Justicia e Interior a fin de que detalle las reivindicaciones anunciadas, ya se trate de deudas contraídas, posibles incumplimientos del calendario de pago acordado u otros compromisos cuya efectividad se pretenda reclamar desde el Colegio de Abogados de Málaga

La Consejería nos informó que desde el inicio de esta legislatura, en Junio de 2012, el  Consejero de Justicia e Interior ha cumplido el compromiso adquirido con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en relación con los pagos de Justicia Gratuita en sus tres conceptos: turno de Oficio, turno de Guardia y gastos de funcionamiento. La herramienta utilizada para ello ha sido el calendario de pago consensuado anualmente, previa Comisión Mixta de la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

A tales efectos, se explicaba que “el pasado 12 de febrero de 2014, en reunión celebrada con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, con asistencia de todos los Decanos de los Colegios de Abogados de Andalucía, a excepción del decano del Colegio de Abogados de Málaga, se abordó como punto del orden del día el calendario de pago para 2014, por cuanto que el acordado para el pago de los servicios prestados en 2013 finalizaba en abril de 2014.

En dicha reunión, y a petición del Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, se planteó la viabilidad de un calendario de pago que no fuese de periodicidad mensual como el existente, sino de pagos trimestrales de conceptos completos y no fracciones mensuales.

Trasladada dicha petición por la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a la Dirección General de Tesorería de la Consejería de  Hacienda y Administración Pública, en el ejercicio de las competencias  que le corresponden, se accedió al calendario de pago solicitado.

Por ello, en Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, celebrada el pasado 13 de mayo de 2014, se informó a los asistentes y se acordó, el calendario de pagos para 2014 iniciándose en julio de 2014, con pagos en octubre y diciembre de 2014, que saldarían los pagos por los servicios prestados y certificados en el cuarto trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014. El abono de los dos trimestres siguientes de 2014, pasaría a 2015, en los meses de enero, febrero y abril.”

En atención a lo expuesto por la Consejería “el Colegio de Abogados de Málaga ha recibido del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, interlocutor directo para el abono y su distribución a los colegios de abogados de Andalucía de acuerdo con lo establecido en los artículos 48, 52 y 54 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, aprobado por Decreto 67/2008, de 26 de febrero, los siguientes pagos entre los meses de Enero y Abril: 17.550.650,21 a favor del  Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y 4.286.245,63 para el Colegio de Abogados de Málaga.

Se incluyen los servicios saldados hasta abril de 2014, correspondientes a los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados y certificados en 2013, en sus tres conceptos (turno de oficio, turno de guardia y gastos de funcionamiento).

En relación con el ejercicio 2014, el 29 de julio de 2014, el Colegio de Abogados de Málaga ha recibido a través del Consejo Andaluz de Abogados, de conformidad con el calendario acordado, la cantidad correspondiente al cuarto trimestre 2013 por los conceptos de turno de oficio y gastos de funcionamiento (que se certifican en 2014) por los importes que a continuación se exponen: en el mes de Julio, 7.035.649,44 el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, y 1.488.853,11 el Colegio de Abogados de Málaga”.

En el mes de octubre, los pagos previstos conforme a calendario de pagos, se encuentran en ámbito de fiscalización, por los siguientes importes, y su abono se prevé a final de mes: 8.350.333,67 el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados; y 1.943.836,77 a favor del Colegio de Abogados de Málaga.

En el mes de diciembre se procederá al abono del importe restante por los servicios prestados en el primer trimestre de 2014, todo ello ajustándose al calendario aprobado y comunicado en forma al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

La Consejería de Justicia e Interior concluyó que ”se está llevando a cabo, el debido cumplimiento de los compromisos adquiridos, en los plazos previstos y conocidos por todos los Colegios de Abogados de Andalucía, para la retribución de los servicios del turno de oficio y del turno de guardia”.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio dirigida a los Ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra para conocer las actuaciones que vengan realizando con objeto de suprimir un vertedero ilegal en el que ha llegado a producirse la queja de residuos y que, siempre según las noticias que llegaron a esta Institución desde los medios de comunicación y las redes sociales, existe en terrenos aledaños a la barriada hispalense de Padre Pío, sobre los que existe la controversia sobre si están ubicados dentro del término municipal de una u otra ciudad, constituyéndose, en todo caso, una aparente situación de dejadez o pasividad administrativa.

24/02/2015

El Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio dirigida a los Ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra para conocer las actuaciones que estuvieran realizando para suprimir un vertedero ilegal que, siempre según las noticias que llegaron a esta Institución desde los medios de comunicación y las redes sociales, localizado en terrenos aledaños a la barriada hispalense de Padre Pío y que, según estas noticias, se encontraba entre los dos términos municipales.

Tras la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz, tanto el Ayuntamiento de Sevilla como el de Alcalá de Guadaíra inician las actuaciones oportunas para que unos terrenos aledaños a la barriada “Padre Pío” de Sevilla, situada entre los dos municipios citados, sobre los que se habían denunciado depósitos ilegales de basura y escombro, se encuentre con las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, manteniendo contactos entre los dos Ayuntamientos para delimitar sus competencias y coordinar actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, que, desde hace años, existe un vertedero ilegal en terrenos aledaños a la barriada hispalense de Padre Pío, en el que parece que en fechas recientes se viene produciendo la queja de cables eléctricos con la finalidad de extraer el metal contenido en éstos. Siempre según estas noticias, el problema es que, además de los riesgos que suponen éstos y otros incendios que tienen lugar en esta zona, se generan humos que pueden ser tóxicos y que, en todo caso, provocan molestias en gran parte del vecindario.

Asimismo, esta situación da lugar a una apariencia de dejadez para la población que reside en este barrio y que se ve obligada a soportar unos hechos que, sin duda, en otros barrios y lugares de ese municipio serían considerados intolerables. Esto, hasta el punto de que, según una de las informaciones recibidas, ante la entidad de las emisiones que estaban teniendo lugar uno de esos días, llamaron al 112 para que acudieran los bomberos a extinguir el fuego, sin que, al parecer, después de transcurrida una hora desde la llamada se personara el servicio de extinción de incendios en el lugar. En todo caso, desconocemos si con posterioridad el mencionado servicio procedió a extinguir el foco de fuego que había sido objeto de denuncia.

Por lo demás, se trata de un vertedero que, según algunas informaciones, parece que se sitúa en una parcela de titularidad municipal del Ayuntamiento de Sevilla, aunque en otras informaciones se dice que los terrenos están situados dentro del término municipal de Alcalá de Guadaíra y que, incluso, existe un expediente abierto por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, precisamente por el deficiente estado en el que se encuentran estos terrenos y la existencia del mencionado vertedero ilegal.

Ante tales hechos, hemos iniciado una actuación de oficio en la que nos hemos dirigido a los dos Ayuntamientos implicados, al de Sevilla y al de Alcalá de Guadaíra, pues creemos que se deben de adoptar medidas a la mayor urgencia posible para que se proceda a la limpieza de este espacio y para impedir que continúen realizándose actividades de esta naturaleza, para lo cual es imprescindible el que se programe una adecuada vigilancia y se establezcan medidas complementarias para garantizar este objetivo. Creemos que una acción de este tipo es muy necesaria no sólo en aras del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salubridad y ornato, sino también para tutelar el derecho constitucional y estatutario de población residente en este barrio a disfrutar de un medio ambiente adecuado con estándares similares a los que se garantiza para la población residente en otros barrios del municipio.

Por ello, hemos interesado informe a los dos Ayuntamientos para que nos informen si tienen conocimiento de la llamada telefónica de los vecinos de la zona al 112 provocada por los motivos aludidos y de que, transcurrida más de una hora, no se personó en el lugar el servicio de extinción de incendios que correspondiera; si se tiene previsto adoptar medidas con objeto de proceder a la retirada de basura, escombro y limpieza de estos terrenos con la finalidad de acabar con esta situación y, por último, cuál es el destino que actualmente tienen estos terrenos en el PGOU municipal que corresponda y si la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene incoado un expediente por el estado y actividades que se desarrollan en estos terrenos.

Los Ayuntamientos andaluces adaptan sus ordenanzas municipales sobre comercio ambulante a la normativa europea.

Queja de oficio iniciada por esta Institución ante la evidencia una falta de adecuación de las Ordenanzas municipales de comercio ambulante a la Directiva de Servicios y a la normativa de transposición y de desarrollo estatal y autonómica, básicamente por cuanto que -en las referidas Ordenanzas y en la normativa autonómica de comercio ambulante- se produce una indefinición del tiempo de duración de la autorización para llevar a cabo aquel tipo de venta en mercadillos locales. A este respecto, se consideró oportuno iniciar actuación de oficio respecto a los Municipios capital de Provincia y la FAMP, para conocer posibles medidas y directrices adoptadas en aras de la adecuación de las Ordenanzas locales.

Tras recibirse informe de los Ayuntamientos más arriba mencionados y de la FAMP, se emitió Sugerencia ante los mismos, resultando la aceptación, en términos generales de dicha resolución, por lo que se procede a dar por concluidas nuestras actuaciones en este expediente.