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En el expediente de queja recibido en esta Institución nos trasladó que se encuentra en un proceso de cambio de sexo, y que habiendo solicitado con fecha 10 de mayo de 2021 en el Registro Civil el inicio de expediente de cambio de nombre, aún no le han comunicado nada .Que tras acudir al Registro para informarse lo único que le han dicho es que eso significa que se lo han denegado.

Tras solicitar informe al Sr/Sra Juez de Jeréz de la Frontera nos informa que:

“ (...)

1.- Consta en el Registro Civil la existencia de expediente de cambio de nombre promovido de D. (...), bajo el número 392/21.

2.- Con fecha 27-7-2021 se ha dictado auto autorizando el cambio de nombre del solicitante por el de (...). Intentada su citación en los teléfonos que aportó para notificarle dicha resolución, la misma no ha comparecido por estas dependencias para notificarle la resolución antedicha.

En Jerez de la Frontera a treinta de marzo de 2022”.

En la conversación telefónica mantenida con la promotora de la queja, tras dicha recepción, se nos ha confirmado la notificación de la resolución de 27-7-2021 a primeros de abril.

Es por ello que entendemos que tras nuestra intervención se procedió a notificar la resolución de 27 de julio de 2021 y que por lo tanto la cuestión por la que acudió a nosotros se encuentra resuelta.

En consecuencia damos por concluidas nuestras actuaciones, procediendo al archivo del expediente de queja.

En el expediente de queja recibido en esta Institución nos traslada la falta de resolución expresa de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada sobre la recogida de residuos sólidos urbanos de un camión de la Mancomunidad.

Aunque en el referido escrito del promotor de la queja no se invoca el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones Públicas, en la cual se regula el plazo de seis meses para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cabe señalar que no se ha procedido a ello ni en plazo ni fuera del mismo. Asimismo el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, regula el plazo de un mes para la resolución de los procedimientos de acceso a la información, excediendo el mismo sin respuesta expresa al interesado.

Tras interesar la necesidad de emitir resolución expresa y motivada sin más dilaciones, a la solicitud presentada la Mancomunidad para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Guadalquivir, nos remite copia de la resolución expresa, en la que se estimaba el acceso de información solicitada procediendo a su envío electrónico como indicó el interesado.

Entendiendo que se ha puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

La promotora de la queja nos exponía que en fecha 18/02/20 habría presentado solicitud para la ampliación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía por la que se le concedió de forma provisional tal ampliación, de conformidad con el Decreto-ley 6/2020, sin embargo, a fecha de presentación de su queja aún no había recibido notificación de la resolución definitiva.

Nos trasladaba su desesperación puesto que vive en una vivienda de alquiler con su hijo menor de edad y carece de ingresos económicos.

Interesados ante la Administración se nos participa que la resolución provisional de la promotora de la queja ha sido revisada y se ha comprobado que reúne los requisitos exigidos, por lo tanto, se ha dictado Resolución concediendo la ampliación por periodo de 12 meses.

En el expediente de queja recibido en esta Institución, relacionado con la falta de respuesta de la Delegación Territorial de Sevilla de Turismo, Regeneración, Justicia y Admón Local de la Junta de Andalucía, ante la solicitud con fecha de Registro de 8 de febrero de 2021, para obtener copia de los expedientes administrativos de los diferentes establecimientos de actividad turística explotados por la mercantil "XXXXX SL", se instó al órgano gestor que diera una respuesta expresa a la solicitud presentada.

En el informe remitido nos traslada las comunicaciones del órgano gestor referidas a la documentación solicitada, deduciendo del mismos que se procedió a remitir los expedientes solicitados a través de un enlace, dado que su obtención se indicó que fuera de forma electrónica, e igualmente se le informó a la empresa el procedimiento a seguir para cursar las copias en papel.

Tras indicarle a la promotora de la queja que como persona jurídica y de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse electrónicamente con la administración, se procede al archivo de la misma por haber recibido la información completa respecto a la documentación solicitada.

En el expediente de queja recibido en esta Institución, relacionado con la falta de resolución expresa ante el recurso de reposición presentado en el Patronato de Recaudación Provincial de la Diputación de Málaga, se solicita la devolución de ingreso indebido dado que tras extinguir el condominio de una vivienda y garaje, le liquidan dos plusvalías por dichos conceptos.

En el informe remitido por la Gerencia del Patronato nos comunica que con fecha 31 de enero del 2022 y número de Decreto 1110 se emitió respuesta expresa estimándose el recurso de reposición, con lo que se ha puesto fin a la situación de silencio administrativo por la que tramitamos la queja.

Por ello, procede que demos por terminada nuestra intervención en la misma y dictemos su archivo.

Se dirige a esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía la madre de un adolescente discapacitado (grado de discapacidad del 67% y una dependencia severa de nivel 3) solicitando nuestra ayuda para obtener plaza en un centro ajustado a sus características.

Al carecer de plazas disponibles en centros cercanos al domicilio familiar el menor fue internado en agosto de 2021 en un centro distante casi 500 kilómetros de su domicilio, siendo así que tras cumplir los 16 años estaba previsto que abandonara dicho centro e ingresara en otro adaptado a sus especiales necesidades. Para dicha finalidad lo derivaron a un centro próximo a su domicilio familiar pero la dirección de dicho centro le comunicó que su perfil no se ajustaba a las características del centro, por lo que su traslado se vio frustrado.

Toda vez pasaba el tiempo y su hijo seguía a la espera del ansiado traslado, y que el menor sufría los efectos de la lejanía de su familia ya que la larga distancia existente entre una y otra provincia dificultaba mucho las visitas, la madre pedía angustiada que se solucionase cuanto antes este problema.

Tras recabar la colaboración de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación recibimos la noticia favorable de que al chico le fue reconocido el derecho a acceder a un centro específico para atender a menores afectados por trastornos del espectro autista que a su vez reunía la características demandadas por la familia.

La promotora de la queja nos exponía que en fecha 21/05/21 la pediatra de su hija de tres años de edad, habría solicitado cita para la primera consulta de asistencia especializada de otorrinolaringología. Su sorpresa fue que tras reclamar la cita en ese hospital, el personal de administración le habría indicado que debía esperar, puesto que se estaban citando a pacientes cuya cita se solicitara en el mes de agosto de 2020.

Interesado al Hospital San Agustín, se nos indica que la menor ha sido vista en consulta y se le ha asignado cita para la revisión.

En relación con el expediente de queja recibido en esta Institución se traslada la falta de resolución expresa de la solicitud para obtener un despacho municipal como grupo político para desempeñar sus funciones y recibir visitas, al amparo de de lo dispuesto en el art. 23 de la Constitución y art. 27 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En el informe remitido en el trámite de la queja, nos traslada el Ayuntamientos que con fecha 18 de octubre de 2019 por el Pleno del Ayuntamiento se aprobó una moción de iniciar “las actuaciones oportunas para que se ponga a disposición de los Grupos Municipales de la Oposición los despachos e infraestructuras suficientes para que puedan desarrollar sus funciones de representación pública y ejercer su derecho legal cuando se pueda y haya espacio para ello”. Dichas actuaciones en la actualidad son imposibles llevarlas a efecto por la inexistencia física de espacio en dependencias municipales, no sólo para los Grupos Municipales de la Oposición, también para elGrupo Municipal de Gobierno.

También que el Ayuntamiento ha adquirido en el año 2019 un edificio en estructura cuya intención es terminarlo y dedicarlo a ampliación de dependencias municipales, con lo cual se podrá dar solución al problema planteado.

Fundamentado en el derecho a la participación política en los asuntos públicos, participación que como el propio artículo 23.1 establece, puede ser directa o indirecta; mediante los representantes políticos democráticamente elegidos, como es el caso de los municipios (art. 140 de la Constitución) se dictó resolución recomendando que con la mayor brevedad posible se procediera a remover los obstáculos que impidan en ese municipio el ejercicio de los derechos que reconocen a los grupos políticos los artículos 27 y 28 del Real Decreto 2568/86, de 28de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamientoy Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

Ademas la sugerencia para que se adopte por los Órganos municipales de Gobierno iniciativa normativa para la inclusión en el Reglamento Orgánico, o en la normativa de régimen interior existente, de una regulación acerca del alcance, contenido y requisitos de los derechos estatutarios de los grupos políticos.

Una resolución que ha sido aceptada por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, trasladando que dicha obra se encuentra en fase de proyecto y una vez finalice éste, se procederá a la inmediata ejecución, resolviendo así el problema planteado y poniendo fin a la situación de silencio objeto de esta queja.

La reclamante refiere que padece una enfermedad rara, denominada Acromegalia o gigantismo, que le provoca severos problemas cardiovasculares desde una edad muy temprana y múltiples deformaciones.

En la actualidad no puede caminar, por lo que fue derivada a Rehabilitación en Algeciras (Hospital Punta de Europa) para valoración y prescripción de silla de ruedas de propulsión eléctrica, dado que por su enfermedad apenas presenta movilidad en los brazos y las piernas, y ello le impide el manejo de la silla de ruedas manual.

Toda vez que la silla de ruedas eléctrica le habría sido denegada, su médico de familia ha vuelto a derivarla al especialista para nueva valoración, solicitando asimismo la intervención de esta Institución, ya que se encuentra limitada para salir de su casa por imposibilidad absoluta para el desplazamiento.

Interesados ante la Administración sanitaria, se nos remite información del Decreto por el que se regula la prescripción de las prestaciones del Catálogo General de Ortoprotésica, procediendo a citar a la interesada en consulta del Servicio de Rehabilitación para su valoración.

Posteriormente, hemos recibido el agradecimiento de la parte promotora de la queja, confirmando que fue remitida para valoración de prescripción de silla de ruedas eléctrica, encontrándose a la espera de recibir los informes necesarios que acrediten que reúne los requisitos necesarios para completar la prescripción, si procede.

Habiendo quedado por tanto encauzado el asunto objeto de la queja, damos por concluidas nuestras actuaciones.

En el expediente de queja recibido en esta Institución nos traslada la falta de respuesta de la Mancomunidad de Servicios de la Vega, ante el recurso de reposición presentado por la liquidación de un tasa de basura.

Aunque en el referido escrito del promotor de la queja no se invoca el artículo 225 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,General Tributaria, en la cual se regula el plazo de un mes para la resolución de los recursos de reposición en materia tributaria,cabe señalar que no se ha procedido a ello ni en plazo ni fuera del mismo.

Tras interesar de Vd. la necesidad de emitir resolución expresa y motivada sin más dilaciones, al recurso presentado, el Presidente de la Mancomunidad nos remite oficio de remisión en el cual nos comunica que se ha requerido informe al Técnico de Gestión Tributaria para la comprobación de las circunstancias alegadas por Vd., así como para la resolución del recurso presentado.

A la vista del mismo, hemos de entender que dicha Administración está efectuando los actos de trámite conducentes a dictar resolución o acuerdo que finalice el procedimiento respecto a su recurso de reposición, objeto de la queja por Vd. presentada.

Por ello, entendemos que el asunto se encuentra en vías de solución, y sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias, procedemos a concluir nuestras actuaciones, confiando que en un plazo prudencial reciba respuesta.