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Esta Defensoría de la Infancia y Adolescencia viene tramitando, desde el pasado mes de mayo de 2025, un expediente cuya incoación estuvo motivada por la recepción de un escrito en el que se denunciaba, de forma anónima, el maltrato que unas personas estarían causando a una menor de edad, residente en la provincia de Cádiz.

En el escrito de denuncia se relataba que en el mismo domicilio convivían los progenitores con una persona discapacitada y una hija menor de edad, y que se producían “gritos, insultos, le tiran cosas delante de la menor y la tratan peor que nada. Ruego pongan solución, es todos los días estos maltratos ...”

Dicha denuncia propició una actuación de esta Defensoría ante los servicios sociales de la localidad donde residía esta familia que nos informaron que con fecha 24 de junio de 2024 se solicitó la declaración de desamparo de la menor al organismo competente, siendo así que el pasado 8 de mayo de 2025, casi un año después, se seguía a la espera de que se ejecutase una medida protectora en favor de la menor.

Es por ello que a continuación solicitamos la emisión de un informe a esa Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre la actuación desarrollada en protección de la menor de edad respecto de la que los servicios sociales municipales habían propuesto su declaración de desamparo, y en su respuesta esa Delegación Territorial vino a señalar que con fecha 14 de mayo de 2025 se había iniciado el procedimiento de desamparo de la menor y se había acordado la medida cautelar de desamparo provisional, asumiendo su tutela y delegando su guarda en la familia acogedora de urgencia preseleccionada para dicho fin.

Toda vez que en dicho informe no se explicitaban los motivos del retraso, cercano al año, en la adopción de la declaración de desamparo provisional de la menor, acogimiento familiar provisional de urgencia, e inicio del procedimiento ordinario de desamparo, solicitamos de esa Delegación Territorial la remisión de un informe sobre esta concreta cuestión, y en respuesta recibimos la siguiente información:

"... Atendiendo a la normativa vigente, a la información obrante en el expediente de protección de la menor, a la edad de la menor y a las necesidades específicas que presentaba la misma; y ponderada esta información con la gravedad de la situación, se valoró que la mejor medida para la menor era asumir su tutela y delegar su guarda en una familia de urgencia que cumpliera los requisitos de idoneidad para la edad y necesidades específicas de la menor.

La búsqueda de la familia idónea para la edad y necesidades de esta menor no ha sido fácil, por lo que sopesando que no existía riesgo para la vida y la integridad física de la menor y que en los centros de protección de menores, atendiendo a la normativa vigente, todos los menores tienen más de siete años, se valoró que ingresar a la menor en un centro de protección de menores para volver a cambiarla a los tres meses era más perjudicial para la misma que esperar a que hubiera disponibilidad de familia idónea.

Por todo ello, se priorizaron las actuaciones tendentes a la búsqueda de familia idónea para el acogimiento temporal de esta menor. Dando la búsqueda resultados positivos se inició procedimiento de desamparo y se acordó medida cautelar de desamparo provisional a favor de la menor, mediante acuerdo de fecha 14 de mayo de 2025..."

Así pues, conforme a los hechos expuestos, al amparo de lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, formulamos la siguiente RECOMENDACIÓN: (VER RESOLUCIÓN COMPLETA)

"Que se arbitren las medidas necesarias para garantizar que en la provincia de Cádiz se produzca una atención urgente, sin dilaciones evitables, a menores en situación de desamparo que requieran de una medida protectora de acogimiento familiar”

La respuesta a nuestra Recomendación es en sentido favorable, precisando la Delegación Territorial lo siguiente:

"... Con relación a su recomendación relativa al procedimiento de queja de su referencia, desde esta Delegación Territorial tomamos nota de la misma y estamos promoviendo y priorizando todas las medidas necesarias para garantizar una atención urgente a menores en situación de desamparo que requieran de una medida protectora de acogimiento familiar.

En este sentido informamos que la provincia de Cádiz es la que tiene proporcionalmente desde hace años un mayor número de niños y niñas en acogimiento familiar de toda Andalucía. Un total de 576 niños y niñas tutelados en Cádiz se encuentran en acogimiento familiar, lo que representa el 23,5% de todos los acogimientos de Andalucía. Así mismo Cádiz es la única provincia de Andalucía en la que todos los niños y niñas tutelados de menos de siete años se encuentran en acogimiento familiar. También somos referentes a nivel nacional en lo que a acogimiento familiar de menores de siete años se refiere.

La situación que se produjo con la menor de referencia se debió a una situación coyuntural puntual que actualmente se encuentra resuelta.

Agradecemos su recomendación y continuamos trabajando para garantizar la protección de los menores ..."

Damos por concluida nuestra intervención en la queja al estar realizando la Delegación Territorial actuaciones encaminadas a garantizar una atención urgente a menores en situación de desamparo que requieran de una medida protectora de acogimiento familiar.

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación del promotor de la queja en el que exponía que, con fecha 05.08.2025, formuló escrito reclamando el abono de unos gastos de defensa jurídica devengados en relación con un proceso judicial relacionado con el desempeño de su anterior cargo en el Ayuntamiento de la localidad. Dicho escrito se había complementado con otro remitido con fecha 27.11.2025, sin haber recibido contestación a los mismos.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Organismo resolviese el escrito presentado por el promotor.

En respuesta el Ayuntamiento nos trasladó la resolución de alcaldía de la solicitud presentada por el interesado así como la notificación de la misma a la parte promotora de la queja.

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a este escrito se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Se recibía en esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz comunicación del promotor de la queja en el que exponía que, con fecha, 21.04.2025 formuló reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Con fecha 10.07.2025 recibió comunicación de ese Consejo informándole de la ampliación del plazo de respuesta por 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución.

Según manifestaba el interesado dicho plazo se había cumplido sin que le haya sido notificada resolución alguna a su reclamación.

Admitimos a trámite la queja a fin de que el citado Organismo resolviese el escrito presentado por el interesado.

En respuesta el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía nos informó de que “la citada reclamación (núm. ***/2025) fue resuelta mediante la Resolución ****/2025, de 10 de diciembre, y fue notificada a la persona reclamante el mismo día.”

Entendimos, por tanto, que el problema de fondo, la falta de respuesta a este escrito se había solucionado, dando así por concluidas nuestras actuaciones en este expediente de queja.

Se recibía en esta Institución escrito de una asociación ecologista formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a un escrito presentado, a través del cual se solicitaba que se convocase una sesión del Consejo General de Participación Ciudadana, señalando que “lleva años sin convocarse a pesar de la obligación y responsabilidad que asume el Ayuntamiento”.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo diese expresa respuesta al escrito de la promotora, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada.

Recibimos del Ayuntamiento el informe que daba respuesta a la solicitud de la asociación reclamante. A la vista de que se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

Se recibía en esta Institución escrito del promotor formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento a un escrito presentado solicitando que se le proporcionara información sobre sus padres, abuelos y bisabuelos, para así poder empezar a rellenar su árbol genealógico.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo diese expresa respuesta al escrito del interesado, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada.

Recibimos del Ayuntamiento el informe que daba respuesta a la solicitud del reclamante. A la vista de que se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

Se recibía en esta Institución escrito del interesado formulando queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento a un escrito presentado, solicitando que se procediera al desbloqueo de su acceso a la cuenta municipal de Facebook y que se le informase de cuáles fueron los mensajes concretos que motivaron el bloqueo.

Admitida a trámite la queja a fin de que el referido organismo diese expresa respuesta al escrito del promotor, tampoco esta Institución recibió respuesta, por lo que tuvimos que formular resolución en la que recordamos al Ayuntamiento la legislación y jurisprudencia del silencio administrativo negativo, recomendándole que respondiera expresamente el escrito presentado por la parte afectada.

Recibimos del Ayuntamiento el informe que daba respuesta a la solicitud del reclamante mediante el cual se le trasladaba que se procedía al desbloqueo del interesado y se le recordaba la necesidad de cumplir de forma rigurosa las normas de uso del canal, manteniendo en todo momento un comportamiento basado en el respeto, la educación y un tono adecuado.

A la vista de que se había puesto fin a la situación de silencio administrativo objeto de queja, dimos por terminada nuestra intervención en la misma y procedimos a su archivo.

Se recibía en esta Institución escrito del portavoz de un Grupo Municipal del Ayuntamiento de Villaverde del Río a través del cual formulaban queja porque su grupo municipal “carece en la actualidad de despacho, oficina o dependencia municipal donde poder desarrollar su labor representativa, administrativa y de atención a los ciudadanos, ni siquiera para reuniones esporádicas” Según el escrito de queja “esta situación se prolonga desde el inicio del presente mandato municipal sin que el equipo de gobierno haya ofrecido una solución razonable, a pesar de las reiteradas solicitudes verbales y por escrito realizadas desde este grupo político”.

Consideraba que la denegación sistemática de espacios al Grupo Municipal dificultaba gravemente el ejercicio del derecho fundamental de participación política (artículo 23.1 CE), vulneraba el principio de igualdad (artículo 14 CE) y podría constituir una conducta arbitraria de los poderes públicos (artículo 9.3 CE).

Exponía que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los grupos políticos municipales tienen derecho a disponer de los medios materiales adecuados para el ejercicio de sus funciones.

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Villaverde del Río al considerar que la salvaguarda de este derecho impone a los Ayuntamientos un deber de actuar para solventar a la mayor brevedad posible los problemas que impiden el correcto desempeño del mismo.

En este sentido, se indicaba en el informe recibido en respuesta a nuestra petición de colaboración lo siguiente: “este Ayuntamiento se encuentra inmerso en la renovación y actualización de inventario general de bienes y derechos, así como en la licitación para la construcción de una nueva sede de la Casa Consistorial, lo cual eventualmente, con el futuro traslado, quedarán habilitados que permitan a los distintos grupos políticos ejercer sus funciones y derechos para con sus respectivos intereses”.

Por parte de esta Institución le indicamos al Ayuntamiento que valorábamos esta comunicación como un compromiso del mismo para un próximo cumplimiento de la obligación legal de ofrecer despachos a los grupos municipales. Asimismo, le trasladamos la conveniencia de hacer efectivo cuanto antes este derecho, ya sea acelerando el proceso de construcción de la nueva Casa Consistorial, o buscando alternativas que puedan dar respuesta provisional a esta necesidad.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se encontraba en vías de ser solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.