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La presente queja se tramita en relación con la petición planteada ante la definición de los recursos profesionales en el centro de un municipio de la provincia de Málaga, en relación los apoyos para una alumna con necesidades específicas de atención educativa.

En su día esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo, se hizo eco del caso y con fecha 7 de agosto de 2025 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga, para conocer la situación expresada en la queja. Y así solicitamos ante dicho organismo información sobre la petición expresada en la citada queja.

Los servicios de esta Delegación han enviado informe con fecha 19 de septiembre de 2025.

“Tras analizar la documentación aportada por el centro educativo, las entrevistas realizadas a la orientadora, maestra de audición y lenguaje, maestra tutora y el equipo directivo y la valoración del informe psicopedagógico, se constata que la actuación llevada a cabo ha sido conforme a la normativa vigente y al principio de atención a la diversidad.

La alumna, escolarizada en 4º de Educación Primaria y con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), ha sido objeto de seguimiento y atención por parte del equipo docente y del equipo de orientación del centro, habiéndose propuesto en el mes de enero de 2025 la revisión de su informe psicopedagógico, por nuevos indicios de NEAE en enero del 2024, en aras de ajustar las medidas educativas a su evolución. La familia expresó su disconformidad con la citada revisión, si bien no se han aportado fundamentos técnicos que contradigan la necesidad de actualización del informe ni la conveniencia de adaptar las medidas de atención educativa a la situación actual de la alumna.

En la evaluación ordinaria del mes de junio de 2025 en sesión celebrada, el equipo docente manifiesta por escrito una evolución positiva en el proceso de aprendizaje de la alumna con las medidas adoptadas, aunque persisten algunas lagunas que requieren seguimiento y apoyo educativo especializado.

No se han detectado indicios de mala praxis ni irregularidades en la actuación del equipo docente ni del equipo directivo del centro, al contrario, se aprecia una respuesta educativa ajustada a las necesidades.

PROPUESTAS

Continuar con el seguimiento personalizado de la alumna por parte del equipo docente y del equipo de orientación, asegurando la coordinación efectiva entre ambos, especialmente en el inicio del próximo curso escolar.

Si bien la actuación del centro en la atención a la alumna cuando solicitó la revisión estaba bien fundamentada (enero 2024) por los cambios significativos que presentaba en ese momento, se recomienda revisar los procedimientos y los tiempos en los que se proponen actualizaciones de los informes psicopedagógicos, ajustándolos a lo establecido en la normativa vigente, que contempla dicha revisión preferentemente al finalizar la etapa de Educación Primaria.

El centro ha actuado conforme a la norma y con los pasos establecidos En ningún momento ha habido manipulación de datos ni cambios de expedientes.

Mediación Familiar: Se ha dado respuesta a los progenitores, tanto desde el centro educativo como desde el Servicio de Inspección educativa, además de dar trámite de audiencia en la guardia de la inspectora que suscribe y la Coordinadora Provincial del Servicio de ordenación educativa, intercediendo y mediando con los padres para tratar de resolver el conflicto y llegar a una comprensión mutua de la importancia de la evaluación psicopedagógica

Debido a la evolución favorable de la alumna en este tercer trimestre tal y como se recoge en acta de la evaluación ordinaria del 24 de junio se pospone la revisión de la evaluación psicopedagógica al finalizar la etapa de educación primaria tal y como se recoge en el punto 3. referido a la Identificación de necesidades y concretamente en el apartado 3.3 Momentos y motivos para la realización y revisión de la evaluación psicopedagógica de las INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA”.

Estudiado el informe de la Delegación Territorial, no podemos deducir una actuación indebida o irregular de la autoridad educativa en cuanto a la asignación de los recursos profesionales que se analizan en la queja y el proceso de atención educativa para la menor afectada.

Resulta habitual encontramos con quejas en el que se evidencia una discrepancia entre los criterios organizativos que se ofrecen desde las autoridades y la aplicación concreta que se produce en cada centro y, no digamos, en cada alumno a la luz de la interpretación expresada por las familias. Y, en estas controversias resulta ciertamente complicado discernir acerca de la idoneidad o suficiencia de un elenco de profesionales del centro para atender situaciones tan complejas y personalizadas como las que se producen en el grupo de alumnado con necesidades educativas. Sin embargo, en el caso analizado, el relato de la situación parece detenerse en reclamaciones formales o procedimentales que, sin relegar su significado, no pueden distraernos de la respuesta esencial del caso que ha de ser la definición y la atención educativa para la alumna.

El relato ofrecido aclara los contenidos iniciales de queja y hemos de manifestar que se evidencia un evidente compromiso a la hora de acoger a la alumna en su proceso educativo y de disponer las medidas específicas de atención que la menor necesita, fundamentalmente en el campo de la Audición y Lenguaje.

A partir de este trabajo, que ha seguido un proceso continuo y metódico, se ha logrado una valoración y dictamen de la alumna, así como la asignación de los recursos que ha requerido. Fruto de este trabajo, se acredita una buena evolución registrada en los últimos cursos que debe proseguir gracias a la aportación de los profesionales y a la cuidada implicación de los progenitores.

Creemos, pues, que es muy conveniente perseverar en el mejor diseño de la respuesta educativa que necesita la alumna, aplicando las actuaciones conforme a su dictamen de escolarización. Y, del mismo modo, lograr una implicación y trabajo compartido entre los equipos docentes y la familia para ofrecer a la menor el entorno de atención que requiere, gracias a los frecuentes contactos que se han relatado.

Por ello, debemos dar por concluidas nuestras actuaciones y proceder al cierre de la presente queja. En todo caso, permaneceremos atentos al proceso y los resultados concretos para garantizar la adecuada atención al menor acorde a sus necesidades a lo largo del curso.

En relación con el expediente de queja recibido en esta Institución, se requería nuestra intervención por las dilaciones en la tramitación de su PNC. Admitido a trámite como queja solicitamos, la colaboración de la Delegación Territorial competente para que nos informara sobre el estado de su expediente, así accediendo a nuestra petición, nos confirmaban las graves dilaciones que acumulan los expedientes de PNC.

Ante los perjuicios que ocasionan estos retrasos a quienes como usted están a la espera de la resolución de sus expedientes, desde este Comisionado en cumplimiento de nuestras competencias formulamos a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Málaga Resolución en la que que recogíamos las recomendaciones que detallamos a continuación:

“RECOMENDACIÓN 1 para que a la mayor brevedad posible se proceda a la resolución expresa de los expedientes indicados, toda vez que se han superado los plazos legalmente previstos.

RECOMENDACIÓN 2 de carácter general, para que se analicen las causas que impiden que se resuelvan en plazo tanto las reclamaciones previas en los expedientes de PNC como la resolución de las propias prestaciones así como las medidas que pueden contribuir a cumplir con la normativa en vigor, dando cuenta de ello a la Defensoría.

RECOMENDACIÓN 3 para que en el caso de que los interesados soliciten la fecha aproximada en la que recibirán resolución expresa, se les de respuesta en amparo a los derechos que le asisten, dado que solo la Delegación Territorial conoce el volumen de expedientes pendientes de resolver, así como los medios técnicos y humanos de los que dispone”.

En la respuesta que nos remiten a la meritada Resolución, nos trasladaban que: Desde la Delegación Territorial y la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas, seguimos trabajando intensamente para optimizar la gestión de las pensiones no contributivas en Andalucía. Se están dedicando todos los esfuerzos posibles, tanto a nivel presupuestario como en recursos comunes, con el objetivo de racionalizar procesos y mejorar la eficiencia administrativa”

Entre las “medidas implementadas para lograr una gestión más ágil y eficaz, se han puesto en marcha diversas mejoras tecnológicas, entre ellas:

• Cruces masivos de datos con distintos organismos para agilizar la verificación de requisitos.

• Interconexión de sistemas de gestión de pensiones y Centros de Valoración y Orientación.

• Suscripción de convenios con otras administraciones para el intercambio de datos, eliminando trámites innecesarios para los ciudadanos.

• Automatización de procedimientos a través de tecnología RPA, reduciendo tiempos de gestión.

• Robotización de procesos administrativos, lo que ha permitido mejorar el control de prestaciones ya concedidas y optimizar el reconocimiento de nuevos derechos.

De manera específica, en la provincia de Málaga se ha desarrollado un proceso de aprendizaje organizacional, en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública, logrando una reducción significativa en los tiempos de tramitación, con especial impacto en el reconocimiento inicial del derecho. Se adjunta el último informe de evolución de la metodología.

Compromiso con la eficiencia y la atención social: Conscientes de la realidad social de extrema necesidad que acompaña a cada expediente de pensión no contributiva, esta Administración continúa impulsando medidas orientadas a la optimización del proceso, como la firma de convenios con la Tesorería General de la Seguridad Social para la cesión de datos y la ampliación de la automatización de procedimientos que permitan reducir los tiempos de respuesta”.

Respecto al derecho que le asiste para conocer el estado de la tramitación de su expediente no nos aportan respuesta a la recomendación número 3, no obstante desde esta Defensoría le indicamos que en el art.53.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el desarrollo de los derechos del interesado del procedimiento administrativo establece que:

Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.

Con posterioridad a cierre de este expediente de queja desde la Delegación Territorial nos informan en el mismo expediente que:

“El Servicio de Gestión Económica de Pensiones dispone de un sistema de cita previa para ofrecer una primera atención telefónica personalizada a la ciudadanía.

La cita previa se gestiona a través del sistema de información y ayuda al trámite de la Junta de Andalucía, pudiendo solicitarse mediante el teléfono 955 012 012 o a través del siguiente enlace web:

https://juntadeandalucia.es/servicios/tramites/atencion-ciudadania/cita-previa/paginas/cita-ayuda-tramite.html

En estas citas se facilita información de carácter general y, cuando resulte necesario o así lo solicite la persona interesada, se concierta una cita presencial con el fin de ofrecer información particular y/o prestar la asistencia que requiera su expediente.

Asimismo, el servicio dispone de dos cuentas de correo electrónico específicas, que son atendidas en un plazo máximo de 48 horas:

• Para expedientes en fase inicial de reconocimiento del derecho a pensión no contributiva: pnc.ma.cisjufi@juntadeandalucia.es

• Para consultas generales o expedientes en cualquier otro estado:

info.svgepma.cisjufi@juntadeandalucia.es

Así, le trasladamos que si formalizada esta petición y no fuera atendida podrá dirigirnos nuevo escrito para que desde esta Defensoría instemos a la Administración para que le facilite respuesta.

Valorada por tanto la respuesta de la Delegación Territorial a la resolución formulada, en la que nos trasladan su compromiso para reducir los plazos de resolución de los expedientes y nos informan sobre las medidas que se están adoptando para reducir los tiempos de tramitación de los mismos, desde esta Defensoría damos por concluidas nuestras actuaciones, no obstante hemos solicitado a la Delegación que nos informen tanto de los resultados de las medidas adoptadas como de todas aquellas cuestiones de relevancia para que podamos mantener debidamente informada a la ciudadanía.

Con la finalidad de dar trámite a la queja (Ver Resolución) solicitamos de la Dirección General la emisión de un informe el cual recibimos y del que valoramos que por tratarse de casos en que las personas se ven obligadas al cumplimiento de una resolución judicial, siendo así que el cumplimiento de dicha resolución les obliga a someterse a las normas internas de organización y funcionamiento del servicio público en que consiste el Punto de Encuentro Familiar, no podemos conformarnos con la respuesta que nos ofrece dicha Administración que justifica el cumplimiento parcial o deficiente de la resolución judicial por la insuficiencia de medios existente en la actual configuración del servicio de punto de encuentro familiar.

Este hecho debe hacer que la Administración acometa las actuaciones que fueran necesarias para ajustar los medios materiales y funcionales habilitados en dicho servicio a la realidad de la prestación que ha de satisfacer, atendiendo para ello a los datos de población, el histórico de casos atendidos y la previsible evolución de la incidencia de casos a la luz de los cambios experimentados en la sociedad y las medidas legislativas que se han venido adoptando cuya entrada en vigor debe provocar los correspondientes ajustes en la intervención administrativa que se hubiera visto afectada.

Y hemos de remarcar que el deficiente funcionamiento del PEF no solo conculca derechos de las personas adultas afectadas (derecho a la protección de la familia, derecho a una tutela judicial efectiva) sino también de las personas menores de edad principales beneficiarias de las prestaciones sociales que se dispensan en el PEF para facilitar la relación con sus progenitores y demás familiares conforme a lo dispuesto por el correspondiente órgano judicial.

En virtud de cuanto antecede formulamos la siguiente RECOMENDACIÓN a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación:

"Que se adopten las medidas que fuesen necesarias para que el PEF de Granada de cumplimento de forma estricta las derivaciones de casos por parte de los juzgados, sin que se reduzca la periodicidad u horas establecidas en la resolución judicial por una inadecuación del dispositivo existente (instalaciones y efectivos de personal) en relación con el número de casos que les son derivados”

Recibimos una comunicación remitida por la Viceconsejería de Justicia en la que se acepta nuestra Recomendación en los siguientes términos:

“... Se informa por este centro directivo que se ACEPTA LA RECOMENDACIÓN formulada, poniendo de manifiesto que, desde que se están centralizando paulatinamente los contratos administrativos por los que se gestionan los servicios prestados por los Puntos de Encuentro Familiar, se está mejorando en la obtención de datos relativos al trabajo desarrollado en los mismos. A este respecto, se expone que, con carácter MENSUAL y durante toda la vigencia de los contratos y sus posibles prórrogas, se remite desde los Puntos de Encuentro Familiar a esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, información relativa al número de expedientes tramitados, menores atendidos, modalidad de régimen de visitas así como los datos concernientes a los casos de violencia de género.

La obligación de aportar esta información, además de en los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los contratos, también se recoge en las “Instrucciones de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación en relación a la información remitida por las entidades que gestionan mediante contratos administrativos el servicio de Punto de Encuentro Familiar de la Junta de Andalucía” de fecha 29 de enero de 2025.

Con esta información, podremos trabajar y tomar decisiones en aras de ofrecer mayores garantías en los aspectos que se incluyen en esta recomendación (ratios de personal en relación con el número de casos atendidos e instalaciones efectivas), ya que la determinación del número de personas trabajadoras que prestan sus servicios en cada PEF se adopta principalmente en función del número de derivaciones judiciales y expedientes que se asignen. Todo ello sin perjuicio de que, a pesar de procurar dar el cumplimiento oportuno a lo establecido en las derivaciones judiciales, en circunstancias puntuales y debido a un imprevisible alto volumen de demanda, se puedan generar de manera excepcional demoras involuntarias en la ejecución de las mismas.

Le informamos igualmente que esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación hará un seguimiento especial al Punto de Encuentro Familiar de Granada para adoptar las medidas necesarias a fin de que no haya demoras ni irregularidades en relación a las derivaciones judiciales correspondientes”.

Con esta respuesta se procede al cierre del expediente.

Un vecino de Málaga exponía que había comprado un inmueble, por cuya fachada pasaba un cable de electricidad para dar servicio a un vecino.

Este cable se encontraba a una altura de unos dos metros, por lo que entendía que no cumplía la altura mínima a la que deben colocarse los cables aéreos. Además no tenía recubrimiento y cualquiera podía tocarlo, con el consiguiente peligro.

Por otro lado, el cable estaba tirando de la pared de su propiedad, que mostraba ya grietas y que seguramente se acabase rompiendo.

Ante esta situación había acudido al Ayuntamiento de Málaga solicitando alguna actuación e incluso pidió que acudiera un técnico para elaborar un informe sobre dicho cable, pero el informe que emitió fue sobre unos postes de comunicación cercanos. Por ello, con fecha 4 de diciembre de 2024 volvió a solicitar que revisaran el cable, sin que dicha solicitud hubiera obtenido contestación.

Admitimos a trámite la queja a fin de que la administración municipal contestase al escrito presentado por el promotor de la queja.

En respuesta a dicha petición el Ayuntamiento nos trasladó informe de la Gerencia de Urbanismo relativo a las actuaciones desarrolladas ante E-Distribución en relación con la instalación.

La distribuidora confirmó que el tendido aéreo en fachada y posterior vuelo aéreo era de su titularidad y que procedería a realizar una canalización subterránea desde la red existente hasta la fachada del inmueble al que suministraba, cuyo propietario había dado permiso para instalar un tubo vertical de acero en su fachada, de manera reglamentaria, pudiendo así eliminar el cableado en fachada objeto de la reclamación.

Al parecer se iba a ejecutar junto con otras actuaciones en la zona, para las que la Gerencia de Urbanismo ya había dado autorización.

Finalmente, con fecha 05/06/2025, habían recibido correo electrónico de E-Distribución indicando que se había desmontado el cableado posado en fachada motivo de la queja.

Entendimos que el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado y procedimos al cierre del expediente de queja.

La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con las reclamaciones presentadas ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para gestionar su matrícula en Formación Profesional en un Instituto de Educación Secundaria (IES) de la provincia de Sevilla.

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de dicho organismo, en el informe enviado el 3 de septiembre de 2025.

“En relación con su escrito presentado el día 22 de julio de 2025, que tuvo entrada en esta Dirección General con la misma fecha, en el que formula una reclamación por desestimación de una solicitud por duplicidad, le informamos que, según el artículo 45 de la Orden de 10 de julio de 2024, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y matriculación para cursar los grados D y E del Sistema de Formación Profesional sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, “la solicitud de plaza escolar será única y cuando en un mismo procedimiento de admisión se presente más de una solicitud se reconocerá como válida la última presentada dentro del plazo teniendo por desistida cualquier solicitud anterior de la persona solicitante”.

Esta información aparece también en la pantalla de instrucciones de cumplimentación de la solicitud de admisión en la Secretaría Virtual y, además, remite al Portal de escolarización para cualquier consulta.

Tras analizar el historial de escolarización, se comprueba que con fecha de 21 de julio obtuvo plaza en el centro IES en el ciclo formativo de grado medio de Panadería, Repostería y Confitería y que realizó la matrícula en el ciclo y centro mencionados el día 23 de julio Con todo lo anterior, la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente entiende que se ha resuelto la incidencia que motivó su reclamación”.

En atención al informe recibido desde los servicios educativos, podemos considerar que quedan registradas las actuaciones realizadas para la atención de la reclamación patrimonial incoada y que ha sido, finalmente, resuelta.

Ello ha provocado las correspondientes gestiones entre las administraciones compelidas a fin de encauzar la debida tramitación del expediente. Comprendiendo la lógica premura de la interesada por poder lograr una respuesta acorde a las circunstancias producidas en el caso, parece deducirse que el motivo formal de la queja ha sido acogido y se han dispuesto las medidas solicitadas para proceder a la matrícula.

Además, consta la formal comunicación a la interesada.

Desde esta Defensoría procedemos a concluir al día de la fecha nuestras actuaciones iniciadas deseando la mejor trayectoria educativa para la alumna.

Una vecina de Las Gabias formulaba queja por las dificultades encontradas para obtener una respuesta adecuada a las reclamaciones presentadas, de un lado, para obtener información sobre las circunstancias ocurridas para que le cortasen el suministro, al parecer por baja de su contrato con Energía XXI como consecuencia de un error en alta de contrato por parte de tercero con su CUPS y, de otro, por el retraso en la reposición del mismo (14 días).

Admitimos a trámite la queja y solicitamos la colaboración de la compañía Endesa para aclarar los hechos denunciados.

Tras varias actuaciones con la compañía eléctrica finalmente desde EDISTRIBUCIÓN se nos informó de que el corte reclamado por la interesada se correspondía con la baja del suministro solicitada por la comercializadora en vigor en ese momento, a nombre de un tercero.

Continuaba el informe indicando que, en fecha 09/04/2024 recibió solicitud de contratación desde la comercializadora Endesa Energía, S.A.U., para el alta del suministro a nombre de la interesada, la cual quedó activada en fecha 22/04/2024.

Añadían que, tras haber trascurrido el plazo establecido para el alta de dicho suministro, la distribuidora había determinado realizar una compensación económica de 30,05€ a la interesada por los perjuicios causados.

A la vista de dicha información, se deducía que se había aceptado la petición que le habíamos dirigido para que valorasen la posible aplicación a favor de la promotora de la queja de la indemnización prevista en el artículo 105.6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Además, el problema que motivó la presentación de queja se había solucionado por lo que procedimos al cierre del expediente de queja.

La presente queja fue tramitada por esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con las reclamaciones presentadas en vía de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tras alegarse por la interesada un accidente sufrido por un alumno en las instalaciones un Instituto de Educación Secundaria (IES) en un municipio de la provincia de Granada.

Las actuaciones emprendidas se dirigieron a requerir información ante los servicios de dicho organismo, en el informe enviado el 18 de septiembre de 2025.

“En respuesta a su escrito sobre la queja planteada, en la que solicita respuesta formal ante la reclamación de responsabilidad patrimonial que ha presentado ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se informa que la citada reclamación fue encabezada y suscrita por Dª en nombre de su hijo quien sufrió el accidente del que trae su causa la misma.

Adjunto a este escrito, se remite la resolución del expediente de responsabilidad patrimonial en la que se desestima la reclamación por daños formulada por el accidente sufrido por su hijo. así como el oficio de notificación al interesado”.

En atención al informe recibido desde los servicios educativos, podemos considerar que quedan registradas las actuaciones realizadas para la atención de la reclamación patrimonial incoada y que ha sido, finalmente, resuelta.

Ello ha provocado las correspondientes gestiones entre las administraciones compelidas a fin de encauzar la debida tramitación del expediente. Comprendiendo la lógica premura de la interesada por poder lograr una respuesta acorde a las circunstancias producidas en el caso, parece deducirse que el motivo formal de la queja ha sido acogido y se han dispuesto las medidas procedimentales necesarias y adecuadas para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial promovido.

De su contenido se desprende, a su vez, que la resolución es desestimatoria en los términos que se recogen en la comunicación que ha sido formalmente notificada a la parte promotora del expediente y de la presente queja. Consta en dicha resolución la formal comunicación de las vías de recurso e impugnación que caben ante la resolución emitida.

Desde esta Defensoría procedemos a concluir al día de la fecha nuestras actuaciones iniciadas a los efectos de promover y agilizar la resolución de dicho expediente de responsabilidad patrimonial.