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ANTECEDENTES

I.- La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, tramita la presente queja relativa a los procesos de atención al alumnado con necesidades específicas de atención educativa en un centro en la provincia de Málaga expresados por profesionales del centro.

II.- La anterior comunicación fue admitida a trámite como queja y ello provocó la petición de información dirigida a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga con fecha 27 de noviembre de 2023. La contestación recibida desde la Delegación se transcribe sobre el informe recibido con fecha 8 de febrero de 2024.

“Consultado el mapa de recursos facilitado por el Servicio de Planificación y Escolarización de esta Delegación Territorial, la evolución de alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), de necesidades educativas especiales (NEE) no ha sufrido un aumento sustancial tal y como se refleja en la siguiente tabla:

• Curso	nº alumnado NEAE/NEE/NM	Recursos AL / PT	Recursos Monitor
  2020/2021	43/29/12	½	1
  2021/2022	43/32/15	½	2*
  2022/2023	41/33/16	½	2
  2023/2024	36/30/19	½	2

*En el curso 2021/22 se produce un incremento, tanto del alumnado NEE como del alumnado que necesita monitor escolar, incrementándose los recursos humanos con un cupo más de monitor escolar.

Tras el análisis de los datos, se puede apreciar que el número de alumno NEAE y NEE ha disminuido en el centro para el presente curso escolar. Asimismo se ha verificado los datos de centros de la zona escolar donde la ratio alumnado NEAE/recursos es bastante similar.

Por lo tanto, concluimos que el centro cuenta con los recursos necesarios para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, constatándose además que no resulta especialmente agraviado en la escolarización de alumnado NEAE en la zona educativa.”

A la vista de la citada información y tras el análisis de la queja, creemos oportuno ofrecer las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- Recordamos que la estructura normativa dedicada a la labor de análisis y diagnóstico de este alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), así como la definición de las respuestas de escolarización que se le asigna, viene establecida por varias disposiciones. Sin un ánimo exhaustivo reseñamos en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma:

- Ley de Educación en Andalucía (Ley 17/2007, de 10 de Diciembre), que reconoce en el Título III dedicado a la “Equidad en la educación” que el Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, teniendo tal concepción el alumno que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.

- El Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, que establece la atención que se va a dispensar a este alumnado y se desarrolla igualmente a través de la Orden de 19 de septiembre de 2002, que regula la realización de las evaluaciones psico-pedagógicas para estos alumnos y establece el sentido y alcance de los dictámenes de escolarización para cada niño o niña. Esta norma establece una diferenciación primaria a la hora de asignar determinados modelos de integración y presencia del alumnado con discapacidad psíquica, física o sensorial al señalar que «se escolarizará preferentemente en los centros educativos ordinarios ubicados en su entorno, de acuerdo con la planificación educativa y garantizando el mayor grado de integración posible y de consecución de los objetivos establecidos con carácter general para las diversas etapas, niveles y ciclos del sistema educativo. Y dispone que «la escolarización en los centros ordinarios se podrá organizar en las modalidades siguientes: a) En un grupo ordinario a tiempo completo. b) En un grupo ordinario con apoyos en períodos variables. c) En un aula de educación especial (artículo 15 Decreto 147/2002).

- La Orden de 19 de septiembre de 2002 recoge que esa evaluación debe ser realizada por el denominado Equipo de Orientación Educativa (EOE) y recogerá «a) Datos personales. b) Motivo de la evaluación psico-pedagógicas realizada e historia escolar. c) Valoración global del caso. Tipo de necesidades educativas especiales. d) Orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta educativa sobre los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en el ámbito del aula como en el del centro escolar. e) Orientaciones para el asesoramiento a los representantes legales sobre los aspectos más relevantes del contexto familiar y social que inciden en el desarrollo del alumno o alumna y en su proceso de aprendizaje. Se incluirán aquí sugerencias acerca de las posibilidades de cooperación de los representante legales con el centro educativo» (artículo 6.4 de la Orden de 19 de septiembre de 2002).

- Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad prevén los procedimientos específicos para la revisión, actualización o reclamación ante los contenidos de estos informes y dictámenes precisamente por la trascendencia que implican en la vida educativa de cada alumno; se recoge el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa (apartado 4.6. Información del contenido del dictamen de escolarización a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna).

Podemos resumir que éste es el armazón normativo con el que el sistema educativo organiza sus recursos y pautas de acogida e integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Es decir, de un lado se dispone una labor previa y actualizada de estudio de estos niños y niñas para definir sus concretas necesidades y disponer, coherentemente, de los recursos y respuestas que se necesitan para cada caso y, de otro, se realiza un diseño del complejo organizativo que se despliega en los centros para atender a este singular alumnado según las modalidades asignadas. Pues bien, más allá de este compendio dispositivo, una gran parte de las quejas recibidas ante esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía inciden, precisamente, en la aplicación práctica de este sistema descrito de atención e integración de nuestro alumnado con capacidades diversas o necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

No podemos obviar, por otro lado, que el alumnado que presenta estas necesidades constituye uno de los grupos con mayores riesgos de exclusión escolar y, por consiguiente, de exclusión social. De ahí que la calidad en la atención educativa que se preste a estos niños y niñas se convierta en un objetivo de primer orden para un sistema educativo que pretenda conseguir una educación para todas las personas.

En este contexto, debemos insistir en que para conseguir una adecuada integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se precisa la existencia de recursos en los términos que hemos tenido ocasión de señalar. Caso contrario, las proclamas y principios reconocidos en las normas no pasarán de ser más que una quimera, una integración formal y no una esperada y anhelada integración real.

Segunda.- Analizando el caso concreto, la tramitación de la queja ha permitido conocer la información ofrecida desde la Delegación Territorial en Málaga ante las cuestiones planteadas por la parte reclamante. La propia parte promotora de la queja expresaba en su día “el censo de niños NEAE es actualmente de 40, una cantidad increíble, inabordable, exagerada. Sin embargo los recursos personales son mínimos y ridículos”.

En primer lugar, nos hemos interesado por conocer las demandas de atención al alumnado con necesidades especiales que se disponen en el centro. Según la administración educativa la presencia de este alumnado es “36 NEAE, 30 NEE y 19 NM”. Es evidente que el centro acoge un número significativo de alumnado, en términos algo más altos de presencia media de perfiles NEAE en relación al total de alumnado. En todo caso, su censo presenta una evidente demanda de atención a este alumnado singular.

Correlativamente, y en segundo lugar, el informe de la Delegación también detalla los recursos profesionales destinados a la atención de esta nómina de alumnado. En concreto, se adjunta la relación de personal: ”½ AL/PT y 2 monitores”.

Pues bien; la información facilitada por el ente territorial no permite a priori concluir la idoneidad de los recursos personales asignados al centro docente para la debida atención educativa del alumnado con discapacidad. Hemos de tener en cuenta varios factores que no han sido abordados en el informe de referencia.

En primer lugar, para apreciar dicha adecuación habrá que estar a lo establecido en los distintos dictámenes de escolarización de estos alumnos. A través de este instrumento elaborado por los profesionales de los Equipos de Orientación Educativa, que fundamentan sus decisiones en criterios estrictamente de carácter técnico, se recogen las necesidades tanto de personal como materiales necesarias para cada alumnado. Conocemos, por tanto, el personal asignado aunque parece que existen dificultades para cumplir con las propuestas de cada uno de los alumnos con necesidades educativas especiales del centro, que se encuentran escolarizados en aulas ordinarias (modalidad A y B) o en aula específica (modalidad C).

Y, en segundo lugar, como ya adelantamos, el informe de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional debe detallar la dedicación horaria del personal acerca de la posibilidad de que dichos recursos estén siendo compartidos con otros centros docentes del municipio donde también están escolarizados alumnos con necesidades educativas especiales.

Efectivamente, el Centro comparte el horario de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) aunque sin especificar, siguiendo una práctica común establecida en muchos colegios e institutos andaluces de compartir este tipo de recursos personales entre varios centros acorde con una distribución horaria diaria o semanal, de modo que estos profesionales no se encuentran en los centros durante toda la jornada escolar o durante todos los días de la semana, limitando con ello la atención al alumnado. Señalar la intervención de un profesional, o asignar los apoyos de un específico técnico, no deja de ser la expresión formal de prescribir determinadas necesidades del alumno a tenor de las disciplinas incluidas. Pero estas indicaciones especializadas no recogen por sí las actividades y pautas que deben construir la atención inclusiva que cada niño o niña necesita.

Nos encontramos, por tanto, ante una determinada demanda de servicio y unos recursos que deben ser evaluados con atención a una pluralidad de circunstancias y, en cuya tarea, no siempre podemos contar con toda la información necesaria. De hecho, es muy frecuente encontrarnos en este tipo de situaciones que intentan analizar la disparidad entre las familias y la autoridad educativa sobre las valoraciones y relatos en relación al apoyo técnico para el alumnado NEAE.

Por ello, acostumbramos a recoger con detenimiento las aportaciones de las familias que se expresan en sus quejas; resumen, con una solvente expresividad, la traducción cotidiana del diseño formal y normativo que hemos señalado a lo largo de esta reflexión. Y desde esta perspectiva, que debemos también tomar como obligada referencia a la hora de estudiar cada caso, es frecuente recibir la inquietud por conocer de manera efectiva el dictamen que se elabora para cada alumno y comprender el alcance de los apoyos previstos para la atención específica de cada niño o niña.

Tercera.- En esa línea de solicitar datos, información y criterios, también podemos recoger las aportaciones detalladas por la parte promotora de la queja que describen con un mayor detalle las situaciones que se derivan del repertorio de necesidades y recursos que ofrece la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga.

Y así se nos indica, sobre la aplicación práctica de los dispositivos, que existe un Aula Específica —datos no mencionado en el informe de la Delegación—. Y se describe algunos rasgos que permiten avanzar en el conocimiento de la situación del centro:

“Contamos con un Aula Específica, lo cual “absorbe” muchos recursos personales del centro, por la complejidad de este alumnado. Le puedo asegurar que esto marca la diferencia. Todo el entorno de la zona conoce la situación compleja de mi colegio respecto a otros por este motivo y otros”.

También se detalla el régimen horario efectivo de la profesional PT:

“El colegio, efectivamente, tiene asignado 2 profesionales de P.T. (Pedagogía Terapéutica), pero no a tiempo completo. Uno de ellos trabaja a tiempo completo (25 horas lectivas), mientras que el otro es compartido con otro colegio (tan solo 5 horas lectivas en nuestro centro educativo). Cuando Delegación le remite el dato “2 PT” seguramente usted habrá dado por supuesto que se trata de 2 profesionales a tiempo completo (25+25), pero la realidad es que tenemos tan sólo 30 horas (25+5). No son 2 PT”.

Y sobre las peculiaridades de la Maestra de Audición y Lenguaje (AL) se puntualiza:

“Y los 5 alumnos de logopedia, reciben cada uno 30 minutos semanales de A.L. Remarco, son minutos a la semana, no cada día. Y estamos hablando de alumnado TEA, con retrasos graves del desarrollo, que no ha desarrollado lenguaje, etc”.

Las anteriores indicaciones de la parte promotora de la queja —no desmentidas por la Delegación— cuando menos ofrecen una mejor definición de estas intervenciones. Hubiera sido muy útil contar con la aportación especializada de la Delegación para contar con esa certeza en la programación de los apoyos para las familias; la identificación de las cargas de trabajo y los desempeños que se producen en cada centro educativo a la hora de diseñar las especialidades; y los compromisos de atención que en cada especialidad se producen como resultado de la suma de los respectivos dictámenes emitidos para cada alumno matriculado en el centro.

Cuarta.- Entre ambos relatos, y a la vista de los respectivos argumentos, debemos reiterar el sentido y alcance de la queja tramitada por la comunidad educativa del centro y cuya tramitación desde esta Defensoría pretendía obtener un posicionamiento de la Delegación más acorde a sus contenidos.

Junto a la evolución del alumnado NEAE en el centro, la propia respuesta ante el contenido de la queja se centra en una alusión a la normativa aplicable —siempre oportuna de recordar— y en la relación de medios profesionales de la RPT. Y, efectivamente, la posición expresada por la Delegación podría resumirse en la mera reproducción de esa relación de puestos que ya fue citada en la queja inicial.

Nos encontramos, pues, con que la cuestión nuclear planteada se soslaya a través de la mimética reiteración del elenco de puestos y categorías destinadas al alumnado NEAE. Y es que, como hemos señalado en el curso de nuestra actuación, el objetivo ha sido profundizar en la organización del centro en su atención a este alumnado singular y avanzar en su estudio y evaluación. En este ejercicio hemos necesitado, efectivamente, conocer el alumnado destinatario de estos apoyos y, a la par, hemos podido concretar los recursos destinados a esa atención.

Sin embargo, como decimos, no logramos avanzar en la búsqueda de un ejercicio crítico y evaluador respeto a la relación obligada entre necesidades y recursos; hemos recibido una valoración de una supuesta idoneidad, o suficiencia de la atención educativa ofrecida, sin considerar una —más que probable— carencia a la vista de los datos más concretos respecto a las condiciones específicas de las prestaciones de estos profesionales. Más allá de la plantilla, resulta indicativo que no se ha expresado ninguna afirmación que venga a acreditar la suficiencia de los recursos disponibles, ni tampoco una declaración argumentada que reivindique un supuesto grado de satisfacción o normalidad del servicio ofrecido.

A modo de conclusión, tras la información ofrecida, hemos podido recopilar dos datos fundamentales de cara a la tramitación de la queja. De un lado, los apoyos que necesita el alumnado afectado no alcanzan a satisfacer las necesidades del centro; y, finalmente, las afirmaciones dadas por la autoridades educativas (Delegación Territorial en Málaga) expresan su criterio de que “el centro cuenta con los recursos necesarios para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Entre ambos criterios, y analizando los indicadores de atención efectiva del personal disponible para el alumnado inscrito en el centro, debemos posicionarnos concluyendo que el CEIP no parece alcanzar unos niveles o indicadores adecuados de atención a su alumnado NEAE.

Por todo lo señalado, no podemos por menos que mostrarnos proclives a las peticiones que se vienen reclamando desde el CEIP para analizar y adecuar los servicios de atención al alumnado con necesidades especiales. De inmediato, avanzamos que no resulta tarea fácil dar respuesta a esta medida, porque ciertamente cualquier demanda de ampliación de la atención que se presta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se deben encontrar plenamente justificadas, especialmente en épocas como las actuales de contención del gasto público.

Con todo, consideramos que la atención del alumnado con necesidades educativas especiales del CEIP ha acreditado la justificación de un refuerzo para que cuente con los servicios adecuados para proporcionar a su alumnado una atención inclusiva de calidad.

A la vista de las anteriores Consideraciones, esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo Andaluz, conforme estable el artículo 25.2 b) de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía, en concordancia con el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, ha acordado dirigir a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para evaluar la ordenación de los recursos de profesionales especializados en un CEIP de la provincia de Málaga, destinado a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas y promoviendo, en su caso, los refuerzos o ajustes que resulten adecuados tras dicho estudio de recursos.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

ANTECEDENTES

Ver asunto solucionado o en vías de solución

Ver queja de oficio

I. En su día esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, y Defensor del Pueblo, se hizo eco del caso y, tras evaluar las informaciones recibidas, acordó iniciar de oficio la queja que se tramita en relación con la adecuación de las instalaciones del CEIP ‘San Bernardo’ en El Alquián, Almería.

Así, con fecha 26 de febrero de 2024 nos dirigimos ante la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Almería y ante el ayuntamiento de la ciudad, para conocer la situación expresada en la queja; y así solicitamos ante dichos organismos la necesaria información sobre el caso.

II.- Por su parte, el ayuntamiento de Almería nos informaba con fecha 14 de marzo de 2024 sobre la cuestión:

“A la vista de la petición efectuada por la Concejal-Delegada del Área de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, en relación con el escrito presentado por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, acerca de la situación del CEIP SAN BERNARDO de El Alquián, el Técnico que suscribe emite el presente informe:

PRIMERO: con fecha 5 de marzo, la Concejal-Delegada del Área de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos remite oficio mediante el cual requiere que se remita a la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local, informe o resolución, en relación con la queja presentada por de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia del Defensor del Pueblo Andaluz expediente Q24/1409, acerca de la situación del CEIP SAN BERNARDO de El Alquián.

SEGUNDO: en la citada queja, como consideraciones más significativas, la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía manifiesta que ha tenido conocimiento de problemas en el edificio del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) “San Bernardo” en el El Alquián. La citada situación ha motivado desde varias instancias a “pedir una reforma integral del centro, que lleva 30 años en funcionamiento, después de que un menor sufriera un accidente con una portería en mal estado. De igual modo, la Defensoría señala que ha seguido diversas informaciones de los medios de comunicación que describen la situación del centro de manera preocupante y necesitado de una respuesta diligente y correctiva, al igual, que una definición clara de las medidas de corrección previstas.

A lo expuesto con anterioridad, deben hacerse las siguientes precisiones:

1º- La Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía recoge en su artículo 9.20 c) que la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Especial es competencia municipal. Por otra parte, la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Decreto 18/2006, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, "vuelven a insistir en la titularidad municipal de los colegios y en las obligaciones que deben contraer las corporaciones locales con respecto a su mantenimiento".

2º.- En virtud de este mandato, el Ayuntamiento de Almería cuenta con un contrato de prestación de SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CENTROS EDUCATIVOS. Su objeto principal es realizar trabajos de mantenimiento y conservación de los siguientes oficios:

1.- ELECTRICIDAD.

2.- FONTANERÍA

3.- ALBAÑILERÍA

4.- PINTURA

Con estas actuaciones se pretenden corregir los deterioros demandados que presentan todos los Edificios y Dependencias Municipales. Debe precisarse que recientemente, al amparo del mencionado contrato, se han realizando labores de reforma del CEIP SAN BERNARDO de El Alquián que han contribuido a paliar de manera significativa varias de las carencias de que adolecía el Centro.

3º.- No obstante, para aquellas actuaciones que excedan de las labores de conservación, mantenimiento y reparación descritas y a la luz de la reforma integral a que se hace referencia en la queja de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia, la competencia corresponderá a la Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, quien ostenta la competencia en materia de actuaciones de construcción, ampliación y mejora o reforma de centros educativos públicos de Andalucía”.

III.- Los servicios de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional han enviado informe con fecha 26 de marzo. El informe señala lo siguiente:

“A la vista de su comunicación de fecha 26 de febrero, en el que se solicita una reforma integral del CEIP San Bernardo, de la localidad de El Alquián, realizadas las averiguaciones pertinentes al respecto y según informe emitido por el Servicio Planificación y Escolarización, se informa lo siguiente:

Primero.- La Administración Educativa Andaluza ha realizado, a través de su ente instrumental APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación), las siguientes actuaciones relacionadas con el CEIP San Bernardo:

- Sustitución de Lucernarios de la cubierta (Proyecto vinculado con el Plan de Infraestructuras de 2019). Actuación valorada en 22.386,51 eu. y finalizada en septiembre de 2020.

- Instalación de energía fotovoltaica y adiabática (Proyecto vinculado con el Plan de Fotovoltaica y Bioclimatización 2021). Actuación valorada en 228.408,12 eu. y finalizada en enero de 2024.

En la actualidad no hay ninguna actuación programada en relación a dicho centro educativo.

Segundo.- En cuanto a lo que se menciona en el presente escrito, relacionado con la “(...) multitud de escritos al Ayuntamiento de Almería y a la Delegación de Educación (...)” en relación al estado de mantenimiento de las instalaciones del centro, debemos significar que, por un lado, el Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa, en su artículo 6 (Conservación, mantenimiento y vigilancia), pone de manifiesto que 1. Corresponderá a los municipios la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios propios o dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia, destinados íntegramente a centros de educación infantil de segundo ciclo, educación primaria y educación especial.

Cuando la Consejería de Educación y Ciencia deba afectar, por necesidades de escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los que se hallen ubicados centros de educación infantil, educación primaria o educación especial, para impartir educación secundaria o formación profesional, la Administración Autonómica asumirá, respecto de los mencionados centros, los gastos que los municipios vinieran sufragando de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial que puedan ostentar los municipios respectivos.

Por otro lado, en la redacción actual de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, concretamente en su Disposición Adicional decimoquinta (Municipios, corporaciones o entidades locales), pone de manifiesto que (...) La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo (…).

Tercero.- Finalmente, tomando como referencia diferentes informes que la citada APAE ha remitido al Servicio de Planificación y Escolarización de esta Delegación Territorial, referir que, por un lado, la Agencia ratifica lo mencionado en el punto Segundo del presente documento, basándose en informes del Servicio de Legislación y por otro lado no se tiene conocimiento de que en las aulas del CEIP se esté produciendo una situación insostenible con la actividad docente normalizada”.

IV.- También hemos tenido la oportunidad de recabar el criterio de la propia AMPA “Saber” del centro que ha expresado, junto a un abundante repertorio de imágenes, su posición:

“(…) nuestras peticiones desde el AMPA SABER, no han sido otras que solicitar, al organismo que corresponda, algo tan razonable como efectuar un correcto mantenimiento del Centro y de sus instalaciones,para evitar el deterioro de los mismos y ejecutar acciones que favorezcan su adecuada conservación, y en los casos en los que el mantenimiento ya no es posible por el mal estado, proceder a la reparación. Pues bien, la respuesta siempre ha sido hacer caso omiso y no atender a nada de lo solicitado.

Desde el AMPA SABER, queremos trasladarle a usted nuestra incredulidad y asombro al leer en su escrito que desde el Ayuntamiento de Almería se le comunique que, y cito literalmente, ‘recientemente, se han realizado labores de reforma del CEIP SAN BERNARDO de El Alquián, que han contribuido a paliar de manera significativa varias de las carencias de que adolecía el Centro’ ya que esta afirmación falta a la verdad de forma tan descarada que resulta bochornoso. Por nuestra parte, podemos afirmar y demostrar que esto no es así, poniendo a su disposición si lo estima conveniente el informe emitido en su momento al Ayuntamiento de las deficiencias del Centro, y aportando a este fotografías actuales de las mismas para que pueda comprobar el estado en el que estaban en su momento y en el que se encuentran ahora, que lamentablemente es, igual en el mejor de los casos, o en un estado más ruinoso en el peor.

Por otro lado, por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Almería, confirmar que se ha realizado la instalación de energía fotovoltaica y adiabática, a través de una línea de subvención de fondos europeos, pero en lo concerniente a la mejora y conservación del centro de las deficiencias y carencias de las que adolece el Centro, no se ha llevado a cabo ninguna acción”.

Teniendo en cuenta todos los antecedentes descritos en la tramitación de la queja, se estima oportuno realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

Primera.- El marco normativo aplicable al asunto que nos ocupa viene fijado por el art. 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) al establecer que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de «(...) conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial».

Por otro lado, el artículo 27.3 LRBRL establece que «con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: (...) e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil». En el mismo sentido, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) prevé, en su Disposición Adicional las normas reguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas locales en esta materia.

Igualmente, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), en su artículo 9.20.c) reconoce como competencia propia municipal en materia educativa «la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la puesta a disposición de la Administración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos».

Por último, la propia Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía indica «...la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial dependientes de la Administración educativa corresponderán al municipio respectivo».

Resulta evidente que las tareas relacionadas con la conservación y las labores de mantenimiento de estos edificios escolares corresponden a los municipios en los tipos indicados de centro. La cuestión, pues, no es tanto identificar una competencia en estas tareas —claramente atribuida al ámbito de la administración local— sino discernir la naturaleza de otras posibles intervenciones que por su entidad y funcionalidad parecerían no encajar en estas nociones de mera gestión y sostenimiento de estos edificios.

Segunda.- Como explicamos en las motivaciones de tramitar la presente queja, estos servicios educativos tienen como principales protagonistas en el ámbito local a los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) cuya «conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios» corresponde a sus respectivos ayuntamientos. De igual modo, las restantes actuaciones referidas a obra nueva o a intervenciones que superen los conceptos anteriores, se asumen por la administración autonómica.

Debido a estos condicionantes, somos receptores de situaciones conflictivas a la hora de delimitar la naturaleza de las necesidades que presenten los centros educativos y, consiguientemente, la autoridad llamada a asumir su adecuación. De hecho, y con motivo de otras intervenciones, desde esta Defensoría hemos tenido la oportunidad de estudiar este aparente dilema competencial con motivo de otra actuación de oficio, la queja 20/8282, tramitada para estudiar las medidas fijadas en los centros educativos con motivo específico de la pandemia de Covid-19 y centrada en los municipios de menor entidad poblacional sobre los que pesaba la gestión de estas acciones que afectaban, propiamente, a las actividades de mantenimiento, vigilancia y limpieza de los centros.

Y, también, de manera más concreta esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía acometió de oficio la queja 21/8804 referida a la situación de climatización en un importante número de centros educativos ubicados en la ciudad de Córdoba.

Ahora, y con motivo de necesidades del centro de El Alquián, se vuelve a reproducir esta habitual dualidad a la hora de asumir tales intervenciones entre la administración autonómica y la local que se expresa de manera ciertamente contrapuesta entre la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el ayuntamiento de Almería.

De un lado la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla señala la “Sustitución de Lucernarios de la cubierta (Proyecto vinculado con el Plan de Infraestructuras de 2019) actuación valorada en 22.386,51 eu. y finalizada en septiembre de 2020 y la instalación de energía fotovoltaica y adiabática (Proyecto vinculado con el Plan de Fotovoltaica y Bioclimatización 2021). Actuación valorada en 228.408,12 eu. y finalizada en enero de 2024”.

Y el ayuntamiento manifiesta que “Debe precisarse que recientemente, al amparo del mencionado contrato, se han realizando labores de reforma del CEIP SAN BERNARDO de El Alquián que han contribuido a paliar de manera significativa varias de las carencias de que adolecía el Centro”. Al igual que añade: “la Agencia Pública Andaluza de Educación ostenta la competencia en materia de actuaciones de construcción, ampliación y mejora o reforma de centros educativos públicos de Andalucía”.

En este particular aspecto, la AMPA puntualiza en su aportación respecto al informe municipal que “esta afirmación falta a la verdad de forma tan descarada que resulta bochornoso. Por nuestra parte, podemos afirmar y demostrar que esto no es así, poniendo a su disposición si lo estima conveniente el informe emitido en su momento al Ayuntamiento de las deficiencias del Centro”.

Ciertamente esta polémica suele ser recurrente y vuelve a reproducirse. Las cargas de gestión y, sobre todo, las habituales limitaciones presupuestarias explican las dificultades para ejercer estas competencias y se propicia con frecuencia una posición inhibitoria argumentada en la responsabilidad ajena. Lo cierto es que la información municipal no concreta las actuaciones realizadas en el centro —y que sí describen como carencias por el AMPA—. También se alude a un supuesto informe recopilatorio sobre las necesidades de las instalaciones de CEIP que tampoco se ha aportado, lo que hubiera permitido abordar de una manera más concreta y precisa el ámbito de las mejoras que el colegio requiere.

De otro lado, entre las manifestaciones de la Delegación se advierte que sus intervenciones parecen sostenerse en las previsiones de la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. Dicha Ley señala en su Disposición Final Primera: «Artículo 171. Edificios destinados a centros docentes públicos.

1. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial dependientes de la Administración educativa corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa.

2. No obstante lo anterior, cuando se trate de actuaciones tendentes a la rehabilitación energética, al uso de energías renovables y al cumplimiento de los objetivos climáticos de los edificios educativos, los municipios y la Junta de Andalucía podrán cofinanciar el presupuesto de la actuación. Dicha inversión vendrá instrumentalizada por Convenio financiero entre la Administración titular del centro y la Junta de Andalucía. Las cuantías incentivables por la Junta de Andalucía podrán ascender al 100% del presupuesto de la actuación (…)».

Entendemos que esta norma resulta perfectamente adecuada al caso que nos ocupa con la mera lectura de su exposición de motivos al recoger que «la finalidad perseguida por la Ley no es otra que la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos públicos andaluces, mediante el desarrollo de determinadas actuaciones que contengan la aplicación de técnicas bioclimáticas y de energías renovables, en coherencia con los objetivos de calidad en la enseñanza, reglamentación laboral y adecuación a los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos por la legislación andaluza, estatal y europea.

Como se deduce de su breve articulado, se mantiene esa atribución competencial a los ayuntamientos respecto de las labores para la conservación, el mantenimiento y la vigilancia, (art. 171.1 de la Ley de Educación de Andalucía), pero añadiendo que las intervenciones de rehabilitación energética, uso de energías renovables y cumplimiento de los objetivos climáticos de los edificios educativos permitirán una financiación compartida añadiendo un apoyo autonómico (171.2). Este parece haber sido el apoyo normativo para la actuación inversora indicada desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Almería.

Pero, volviendo al escenario de las tareas de mantenimiento y reparación, no hemos podido avanzar en su concreción a cargo de la competencia municipal. Con todo, creemos que esta dualidad de posiciones competenciales entre la administración autonómica y local debe hallar un espacio común para posibilitar el más eficaz cumplimiento de las exigencias definidas para la adecuación de los centros educativos adscritos a los municipios gracias a la disponibilidad de vías presupuestarias autonómicas y locales.

Tercera.- A modo de conclusión, el CEIP presenta evidentes necesidades que generan la comprensible demanda de la comunidad educativa. Ello aconseja la adecuada y actualizada evaluación de las autoridades para aportar un criterio suficiente y técnico que atribuya, por consiguiente, su abordaje acorde a las responsabilidades y competencias de cada entidad, ya sea autonómica y/o local.

Superando nociones compartimentadas o inhibitorias, creemos que existe un espacio para desarrollar estas competencias de manera cooperativa sumando los esfuerzos de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Ayuntamiento de Almería en el objetivo común de disponer de las condiciones adecuadas para el CEIP ‘San Bernardo’ de El Alquián.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con el artículo 24 de la Ley 4/2021, reguladora de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía, se formula a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Almería y al Ayuntamiento de Almería la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN, a fin de que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Almería y el Ayuntamiento de Almería dispongan de las vías de apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos para atender las necesidades de las instalaciones CEIP ‘San Bernardo’, en El Alquián.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

En esta Defensoría se tramita, como conoce, expediente de queja a instancia de Doña (...) relativo a la reclamación interpuesta por la interesada ante ese Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera frente al letrado que le fue designado de oficio en reconocimiento al beneficio de justicia jurídica gratuita.

Valorada la información y documentación aportada tanto por la interesada en su escrito de queja como por su Colegio en la tramitación de este expediente, nos han permitido analizar la situación planteada en la queja, habiendo considerado procedente emitir un pronunciamiento formal como Resolución, según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz.

ANTECEDENTES

I.- La Sra. (...) solicitaba la intervención de esta Defensoría por lo que consideraba una mala praxis del letrado de oficio que le fue designado, Don (…).

Nos trasladaba la interesada que tras sufrir caída en un centro comercial solicitó asistencia jurídica gratuita para reclamar indemnización por las lesiones sufridas, Juicio Ordinario 464/16, Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Jerez de la Frontera, siendo su abogado de oficio Don (...), letrado de ese Ilustre Colegio.

En la sentencia que nos facilitó la Sra. (...) se impone a la actora las costas y pese a que era beneficiaria de justicia gratuita se procedió a la ejecución y embargo de las mismas, sin que su letrado interpusiera el correspondiente escrito de oposición en base a lo establecido en el art. 36,2 de la LAJG según el cual “cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del art. 1967 del Código Civil”.

II.- Admitida a trámite la petición como queja solicitamos la colaboración de ese Ilustre Colegio de Abogados para que nos informara sobre las cuestiones que nos trasladaba la interesada.

Accediendo a nuestra solicitud nos remitieron informe de insostenibilidad dirigido por Don (...) a la Comisión de Asistencia Jurídica de su Colegio en el que el letrado recoge las siguientes afirmaciones:

“En síntesis el relato de hechos que tiene como base la reclamación por parte de la Sra. (...) viene de una demanda de reclamación de indemnización por daños y perjuicios contra el Centro Comercial (...) interpuesta en fecha en abril de 2016 por el Letrado (...), en virtud de designación del turno de oficio, cuya sentencia fue desestimada, con costas, no recurrida y sin tener realizada ninguna otra notificación, ni al letrado ni a la propia Sra. (...), se procedió por la demandada a interponer demanda de ejecución reclamando las costas del procedimiento.

De dicha ejecución tuvo conocimiento la Sra. (...) mediante embargo trabado a sus cuentas corrientes, lo que comunicó inmediatamente al Letrado el cual interpuso oposición a la ejecución mediante incidente de la nulidad de actuaciones, alegando falta de título ejecutivo al gozar la Sra. (...) del beneficio del derecho a la justicia gratuita.

Dicha oposición fue desestimada mediante auto de fecha 28/01/2019 alegando la jueza que el documento que se presentó en el juzgado no acredita el beneficio de la justicia gratuita, sólo la designación de oficio de Procurador por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, no existiendo resolución firme de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo a la Sra. (...) tal beneficio y por ende desestimando la nulidad”.

III.- Estudiada esta respuesta observamos que no se nos informaba sobre la tramitación de la tasación de costas iniciada por Union Invest Real Estate GMBH sucursal en España, demandada por la Sra. (...), ni del traslado de la misma a las partes para formular la correspondiente impugnación.

Asimismo no se adjuntaba ni copia del incidente de nulidad formalizado por el letrado de oficio designado ni del auto de fecha 28 de enero de 2019 por el que éste fue desestimado. Al tratarse de una información necesaria para este caso reiteramos nuestra petición y solicitamos también que el letrado designado informara sobre el asesoramiento facilitado a su mandante tras la desestimación del juzgado al expediente de nulidad sobre las vías y acciones legales que pudiera haber iniciado para la recuperación de las cantidades embargadas.

IV.- Accediendo a nuestro requerimiento remitieron a esta Defensoría copia del incidente de nulidad formulado por su letrado así como del Auto de 24 de enero de 2019 desestimando el mismo.

En el fundamento de Derecho Segundo de dicho Auto se indica que “ la parte confunde la designación de oficio de abogado y procurador con ser beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita. A diferencia de lo que dice en su escrito el documento que se acompaña en él por la ejecutada no acredita el beneficio, sino únicamente la designación de oficio de procurador por el parte del Colegio de Abogados de Cádiz. No existiendo en autos resolución firme de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo a la ejecutada el beneficio de justicia gratuita es por lo que la nulidad pretendida no puede tener cabida”.

En tanto que el incidente de nulidad se fundamentaba en la condición de beneficiaria de justicia gratuita de la Sra. (...), recogiendo en el mismo su letrado que la “Comisión de Justicia Gratuita es el órgano competente para conceder y también para revocar el derecho a la asistencia jurídica gratuita” debiera haber adjuntado al mismo la resolución de la propia Comisión, acreditándose de este modo la exención recogida en el art. 36.2 de la Ley de Justicia Gratuita.

V.- Al no constar que contra dicha resolución se haya formulado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz solicitamos de nuevo la colaboración de su Colegio para que nos informe sobre los aspectos arriba mencionados, relevantes en relación a la praxis de Don (...), en la defensa de los intereses de la Sra. (...).

Respecto a esta petición desde ese Colegio nos trasladaba que en relación a la solicitud de nueva colaboración de esta Corporación, indicarles que todos los antecedentes y documentación obrantes en el meritado expediente han sido puestos en poder de esa Oficina con la máxima diligencia, no teniendo más datos que facilitarle sobre la información que indican.

No obstante lo anterior, siempre pueden dirigir dicha solicitud de información al Letrado D. (...), por si lo consideran oportuno y en aras de aclarar todas las cuestiones que se le suscitan a esa Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz”.

VI.- En respuesta a su respuesta aclaramos a su Colegio que en cumplimiento del art. 18 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, en el que se establece que “admitida la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso, dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al organismo o a la dependencia administrativa procedente, con el fin de que por su Jefe, en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito”.

Es por ello por lo que nuestra petición se dirige a ese Decanato y no a su letrado por lo que le solicitamos que, en cumplimiento de la normativa indicada, remita nuestra petición al Sr. (...) y nos informe sobre las cuestiones planteadas en nuestro escrito.

Tras la recepción de esta aclaración nos adjuntan los correos remitidos al Sr. (...) ese letrado para que informe sobre las cuestiones analizadas en esta queja y que no han sido atendidos por su colegiado.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Obligaciones del letrado de oficio.

Establece el art. 31 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita que “los abogados y procuradores designados desempeñaran sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia, sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la Ley”.

Recoge asimismo la meritada norma en su art. 7 que “la asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, pero no podrá aplicarse a un proceso distinto.

2. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia, aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley”.

Desarrolla también las obligaciones del letrado de oficio el art. 36.6 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera en el que se establece que:

“Con la finalidad de atender los criterios de funcionalidad y eficiencia de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuita, a los que hace referencia la normativa reguladora de la Ley Asistencia Jurídica Gratuita, la Junta de Gobierno podrá acordar la creación de aquellos mecanismos de supervisión y control de la calidad del servicio que estime oportunos.

Los letrados adscritos al servicio de asistencia jurídica gratuita vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones que dimanen de los mecanismos que se implanten, pudiendo derivarse, de la falta de colaboración, las correcciones disciplinarias que correspondan.

El contenido concreto de esas medidas será acordado por la Junta de Gobierno y publicitado en la forma oportuna.

Si como consecuencia de los controles de calidad creados, se apreciaran conductas o comportamientos contrarios a la normativa reguladora de la prestación del servicio del turno de oficio, se procederá disciplinariamente en la forma que corresponda”.

SEGUNDA: Procedimiento Disciplinario

El Reglamento de Procedimiento Disciplinario para el ámbito territorial de Andalucía, anexo del Estatuto del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, regula el procedimiento a seguir tras la denuncia de un comportamiento no ajustado a los deberes profesionales, colegiales o deontológicos.

En el citado artículo 11 se faculta a realizar una Información Previa para determinar si concurren circunstancias que justifiquen el inicio de expediente disciplinario.

Desde esta Defensoría entendemos que al margen de valorar la praxis del letrado en la defensa de la Sra. (...), por la falta de colaboración de su colegiado, al no atender a los requerimientos de ese Decanato, debió iniciarse expediente administrativo para la tramitación de una información previa al Sr. (...) para que se valorase por su Colegio su comportamiento.

Y es que tal y como se recogen en el el art. 40 de sus Estatutos “la potestad disciplinaria sobre los abogados, abogadas y sociedades profesionales se ejercerá por la Junta de Gobierno del Colegio cuando en su ámbito territorial se haya cometido la infracción, salvo que recaiga sobre miembros de la Junta de Gobierno o Consejeros del Consejo General de la Abogacía Española o del Consejo Autonómico. En ese caso, se estará a lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española y en las demás normas aplicables”.

A modo de CONCLUSIÓN valorada tanto la información aportada por su promotora como por ese Colegio de Abogados observamos que el Sr. (...) en el expediente de nulidad planteado, en plazo y forma a la ejecución de las costas a la Sra. (...), aportó documentación que no acreditaba el beneficio de justicia gratuita pese a que contaba con la acreditación requerida sino únicamente la designación de oficio de procurador por el parte del Colegio de Abogados de Cádiz. No existiendo en autos resolución firme de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo a la ejecutada el beneficio de justicia gratuita por no haberla aportado y tras haber sido requerido por ese Decanato para que informara a esta Defensoría sobre si se había interpuesto el correspondiente recurso y sobre el asesoramiento a la interesada no ha atendido a las peticiones de su Colegio.

Tal y como se le trasladó al Colegio de Abogados, en cumplimiento de nuestra normativa, no podemos solicitar la colaboración del letrado, Sr. (...), sino la de ese Decanato. Aclarada esta cuestión nos remitieron escrito adjuntando los correos remitidos a ese letrado para que informe sobre las cuestiones analizadas en esta queja y que no han sido atendidos por el colegiado, sin que conste que se hayan realizado actuaciones posteriores al respecto.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para que desde ese Ilustre Colegio, en el ejercicio de sus competencias, valoren realizar una Información Previa, en los términos desarrollados en la normativa de aplicación, en el que tras requerir al letrado para que aporte la documentación que acredite la defensa de los intereses de la mandante y exponer las causas por las que no ha atendido los requerimientos de su Decano, que ha derivado en que su Ilustre Colegio de Abogados no haya atendido debidamente la petición de información de este Comisionado Parlamentario, se pueda determinar en su caso, si concurren las circunstancias que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario y nos de traslado de las conclusiones de las actuaciones.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz

Ver asunto solucionado o en vías de solución

El Defensor del Pueblo Andaluz formula Resolución ante el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este que sugiere valorar la iniciación de procedimiento de responsabilidad patrimonial de oficio en el presente caso, en el supuesto de que no haya prescrito el derecho a la reclamación de los interesados, conforme al artículo 61 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual es posible el inicio del procedimiento por petición razonada de órganos que hayan tenido conocimiento de los hechos por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación, a fin de dirimir si la lesión producida ha sido consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos que no tengan el deber de soportar conforme a la ley, y si en consecuencia tienen el derecho a ser indemnizados.

Sugiere, asimismo, revisar que el protocolo de actuación ante episodios de menores con bronquiolitis y otras afecciones respiratorias se adecúa a las guías de práctica clínica, y establecer los casos en los que se debe efectuar interconsulta a pediatría o valorar la observación o ingreso hospitalario.

ANTECEDENTES

PRIMERA. La promotora de la queja se dirigió a esta Institución para exponer sus consideraciones acerca de la atención sanitaria de urgencia dispensada a su bebé de poco más de un mes de vida en el Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) y las severas consecuencias sufridas por el pequeño a causa de una bronquiolitis aguda.

Relataba en su comunicación inicial que su bebé (nacido el 6 de septiembre de 2021) comenzó a presentar tos y mocos, por lo que ese mismo día el 11 de octubre de 2021 le llevó al Servicio de Urgencias del Hospital de La Línea de la Concepción, en el que tras la exploración le indicaron lavados nasales con alta a domicilio, sin apreciar nada relevante.

Añade que a la una de la madrugada del día 13 de octubre, observando que el bebé no había comido en todo el día, que no presentaba buen color y que había tenido episodios en los que no respiraba bien, le llevó de nuevo a Urgencias del mismo centro sanitario, donde le tomaron las constantes con una máquina que nos dice que pitaba y respecto de la cual la persona encargada de su manejo comentó que estaba fallando, si bien le refirió que el niño se encontraba bien.

En dicha consulta nos dice que posteriormente su bebé fue auscultado por el facultativo y que se le midió la glucosa, alcanzando idéntica conclusión que en la visita anterior: pecho limpio, mucosidad en las vías superiores e indicación de lavados nasales.

Unas horas después, en la mañana del 13 de octubre, inquieta por persistir su apreciación de que el bebé no estaba bien, acudieron al Hospital Quirón, al que el bebé llegó en estado de shock, precisando maniobras de reanimación. El pediatra de este centro le indicó que existía una obstrucción de las vías respiratorias y que su estado era grave, acordando su traslado urgente a Cádiz, debiendo inyectarle adrenalina en el trayecto por sufrir dos paradas cardiorrespiratorias, ingresando en la UCI con diagnóstico de bronquiolitis.

Considera que la vida de su hijo no se hubiera puesto en peligro si en el Hospital de La Línea de la Concepción le hubieran sido realizadas las pruebas oportunas y detectado la entidad de la patología que le afectaba que, en su opinión, no fue posible por carecer el centro de pediatra de urgencias y estar estropeado el aparato de medición de constantes.

La interesada adjuntó el informe de alta de urgencias del Hospital de La Línea de la Concepción del día 13 de octubre de 2021, el informe de asistencia en el Hospital Quirón de la misma fecha y el informe de traslado de hospitalización de fecha 11 de noviembre de 2021 del Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

El primero (informe de alta de Urgencias del Hospital de La Línea de la Concepción de la madrugada del 13 de octubre de 2021) -que corresponde a la segunda demanda de atención sanitaria urgente en dicho centro-, indica que la consulta se produce por tos y mocos del bebé, con episodios en los que no respira bien, sin fiebre, con una valoración facultativa a la exploración, entre otros, de buen aspecto y buena hidratación, nutrición y coloración; no meningismo, no dolor a la manipulación de trago; normalidad orofaríngea; y auscultación cardiopulmonar normal. Se refleja como antecedente “hermano de tres años con BAOs (broncoaspiraciones) previas”.

Las constantes reseñan una temperatura de 36,5ºC, frecuencia cardíaca de 170 y la oximetría de pulso una saturación de oxígeno del 97 %, concluyendo el informe con el juicio clínico de catarro de vías altas, indicando lavados nasales, quitar mucosidad y mantener semiincorporado en la cama. Fue dado de alta a las 02:41 h, advirtiendo los síntomas por los que debía volver.

La hoja de urgencias del Hospital Quirón Campo de Gibraltar de la misma fecha que el anterior (13 de octubre de 2021), pero a las 11 h, esto es, ocho horas después, refleja como motivo de consulta manifestado por los padres dificultad para respirar del bebé y que no come, la aplicación de continuos lavados nasales en domicilio y la apreciación de un mayor trabajo respiratorio en las últimas 48 horas, el tratamiento sintomático indicado en Urgencias del Hospital de La Línea y, la aparición en el bebé de un “quejido audible”, con total rechazo alimentario y color terroso, determinantes de la demanda de atención sanitaria en el Hospital Quirón. Se señala también antecedente de hermano de tres años de edad con cuadro respiratorio superior en evolución.

Recoge este informe los valores obtenidos de los signos vitales, la glucemia capilar, la valoración de las malas condiciones generales del bebé (taquipneico, taquicárdico, color terroso…), la positividad en virus sincitial respiratorio, las pruebas analíticas y la decisión de contactar con el pediatra de urgencia del Hospital Puerta del Mar, para informar de su traslado a dicho centro por juicio clínico de “shock séptico recuperado por VRS+”.

Finalmente, en el informe del Hospital Universitario Puerta del Mar de traslado de hospitalización de fecha 8 de noviembre de 2021 se recogen las actuaciones realizadas desde su ingreso en la UCIP el 13 de octubre procedente del Hospital Quirón con “bronquiolitis VRS positivo y disfunción miocárdica severa, en contexto de ac. respitaroria grave”. Inicialmente presenta mejoría clínica y analítica importante respecto a su ingreso. No obstante, el 19 de octubre presenta episodios de bradicardias previas a desaturación, por lo que se decide intubación y conexión a respirador, hasta el día 28 de octubre, a los 16 días de ingreso en UCIP. Dada la buena evolución, con fecha 8 de noviembre se decide su traslado a planta de hospitalización para continuación de tratamiento. Los juicios clínicos recogidos en el informe son: bronquiolitis aguda por virus respiratorio sincitial y rinovirus, insuficiencia respiratoria aguda, disfunción cardíaca, probablemente secundaria a acidosis, hipoglucemia y neutropenia leve.

SEGUNDA. Esta Institución procedió a analizar la cuestión planteada por la compareciente y, previa advertencia de las limitaciones concurrentes en lo alusivo a valoraciones incardinadas en el ámbito estricto de la mala praxis facultativa, determinó admitir a trámite su queja con la finalidad de investigar sobre los hechos acaecidos, obtener una explicación más precisa sobre las circunstancias precisadas de aclaración y propiciar una revisión formal de la actuación que permitiera detectar si habían concurrido errores susceptibles de corrección en la aplicación de los protocolos y de la organización.

TERCERA. Requerido el preceptivo informe al Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, la Gerente nos trasladó los datos extraídos de la historia clínica del bebé en relación con las demandas de atención sanitaria urgente del proceso que tratamos, puntualizó los puntos cuestionados respecto de la misma y concretó las medidas de mejora adoptadas en consecuencia.

En el primer sentido reproduce la respuesta de la valoración y conclusiones facultativas del reconocimiento efectuado al pequeño el 11 de octubre por sintomatología de infección de vías respiratorias altas (mucosidad y tos), que no cursaba fiebre ni otros síntomas de alarma como la dificultad respiratoria, el rechazo de tomas o el cambio de coloración.

Recoge el resultado de la exploración física: buen estado general, bien hidratado, nutrido y con buena coloración; normocoloreado; sin lesiones cutáneas ni petequias, confortable, fontanela normotensa y sin signos de meningismo ni de irritabilidad patológica.

Asimismo, refleja la exploración ORL/Cardiorrespiratoria, que evidencia rinorrea mucosa y orofaringe hiperémica, con auscultación cardiopulmonar sin alteraciones patológicas, buen murmullo vesicular, eupneico, ausencia de ruidos patológicos, sin taquipnea ni trabajo respiratorio, saturación basal del 96 %, tonos rítmicos y sin soplos, así como abdomen blando depresible, sin dolor a la palpación, no timpanizado y ruidos peristálticos normales.

Concluye la Gerencia que la anamnesis, valoración y exploración del bebé orientó a un proceso catarral de vías altas, con recomendación de hidratación adecuada, lavados nasales con suero fisiológico, elevación del cabecero de la cuna y observación en domicilio, explicando los signos y síntomas por los que consultar nuevamente y recomendando la revisión por su pediatra de Atención Primaria en 24/48 horas.

En relación con la demanda de atención sanitaria urgente del 13 de octubre, la respuesta recibida desgrana el contenido del informe clínico recogido en los antecedentes, esto es, consulta por idéntica causa a la del día 11 (tos y mocos sin fiebre), añadiéndose en esta ocasión el síntoma diferencial manifestado de presentar el bebé “episodios en los que no respira bien”.

La valoración facultativa es coincidente con la de la demanda precedente. A grandes rasgos, buen aspecto, hidratación, nutrición y coloración; ausencia de lesiones cutáneas, petequias, meningismo ni signos de irritabilidad patológica; no dolor a la manipulación de trago; normalidad orofaríngea, en la auscultación cardiopulmonar y en la exploración abdominal; sin signos de trabajo, dificultad respiratoria e hipoperfusión y buena coloración de piel y mucosas.

En relación con las constantes, indica la ausencia de fiebre (36,5ºC), adecuada saturación basal (97 %) y frecuencia cardíaca de 170, cuya explicación residencia el informe recibido en la agitación por llanto del pequeño al intentar las mediciones.

Se confirma la conclusión del juicio clínico (catarro de vías altas) y las recomendaciones previas (lavados nasales, quitar mucosidad, semiincorporación en la cama y observación en domicilio), resaltando la Gerencia en su respuesta que no consta en la asistencia que el facultativo fuese informado sobre el rechazo a la ingesta alimenticia del bebé.

En cuanto al posible error del pulsioxímetro en la toma de constantes de saturación y frecuencia cardíaca, la respuesta recibida del Área de Gestión Sanitaria justifica cómo el sensor de la sonda del pulsioxímetro requiere mayor tiempo y cuidado por el pequeño diámetro de los dedos de las manos del bebé y por su movimiento, sin que pueda arrojar un resultado como el obtenido (96 % o 97 %) si se encuentra estropeado o en fallo.

Por último, respecto a la carencia de un pediatra de guardia en el Servicio de Urgencias, se indica que el Hospital de La Línea de la Concepción, dentro de su nivel, cuenta con una Consulta de Pediatría 24 horas a cargo de un Médico de Familia, así como con especialista en pediatría que presta servicios de guardia con presencia física en la planta de Hospitalización.

En base a ello, el informe aclara que el Médico de Familia del Servicio de Urgencias que atiende a la población pediátrica puede solicitar interconsulta y recabar la atención del Pediatra de planta, si lo considera preciso por la patología o estado del menor y que, en el caso del bebé, el facultativo del Servicio de Urgencias no estimó preciso efectuar una interconsulta al pediatra de guardia presencial en planta ni apreció la concurrencia de criterios para ingreso hospitalario.

No obstante, el informe comunica que tras el planteamiento del caso de este bebé, una especialista en pediatría ha realizado sesiones clínicas dirigidas al personal de Urgencias, cuyo objetivo ha sido afianzar sus conocimientos sobre los episodios de menores con bronquiolitis y otras afecciones respiratorias, esencialmente en lo que atañe a la posibilidad de empeoramiento en un plazo de tiempo de pocas horas cuando se trata de menores de tan corta edad.

CUARTA. De la respuesta obtenida dimos traslado a la promotora de la queja, que presentó alegaciones acerca de la respuesta ofrecida por la Administración sanitaria.

Sobre ello, indicó que en la atención sanitaria urgente del mediodía del 11 de octubre de 2021, estimaba insuficiente que el facultativo se limitara a advertirle de los síntomas de alarma a tener en cuenta para efectuar nueva consulta, negando que le hubiera indicado coger cita en su pediatra de Atención Primaria en las 24/48 horas siguientes. No obstante, refiere que gestionó cita con su pediatra de la sanidad privada, que le recomendó volver a Urgencias por la peligrosidad que presenta la tos en un bebé de tan corto período de vida.

De la demanda de atención urgente de la madrugada del día 13 justifica la interesada los elementos que la fundaron, con un estado del niño muy quieto, muy dormido, rechazando las tomas, con tos y pausas o interrupciones respiratorias. No comparte algunas de las apreciaciones médicas contenidas en dicho informe, como la referida al buen aspecto y coloración, ya que afirma que el bebé se encontraba amarillento y considera que la exploración fue superficial.

Asimismo, refiere que mientras aguardaba en la sala de espera tras las pruebas, una enfermera acudió a interesarse por cómo seguía el bebé y le preguntó si comía y a su respuesta negativa quiso hacerle una prueba de glucosa que el médico no entendió necesaria.

En relación con el pulsioxímetro y la posibilidad de su funcionamiento defectuoso, la interesada considera que el aparato no tomó el valor de forma correcta y que la sospecha de que pudiera no estar funcionando correctamente fue la que hizo subestimar el pitido que emitía, que considera que era un signo de alerta del valor anómalo detectado de forma correcta.

En conclusión, la compareciente achaca la evolución desfavorable posterior del bebé, con las correspondientes consecuencias y secuelas para su salud, a un cúmulo de factores que impidieron detectar que padecía una bronquiolitis severa desde la primera visita a Urgencias: la atención por un especialista no pediatra y efectuada de forma no concienzuda, las dudas sobre la fiabilidad del pulsioxímetro, la omisión de pruebas diagnósticas necesarias, como el análisis de sangre que hubiera permitido detectar la infección y evitar la sepsis desencadenada horas después, y la ausencia de prueba vírica que habría delatado la presencia de virus sincitial respiratorio y rinovirus.

Indica finalmente que el bebé permaneció en la UCI del Hospital Puerta del Mar, al que fue derivado desde el Hospital Quirón, durante casi un mes en estado crítico, siendo sometido después a un proceso de seguimiento cardiológico, de neumología y digestivo, con secuelas y tratamientos instaurados, además del daño psicológico de sus padres y hermano de tres años y de los costes afrontados para establecer su domicilio en Cádiz en este proceso.

Su petición la concreta en exigir la atención pediátrica por especialista de esta disciplina en el Servicio de Urgencias del Hospital de La Línea de la Concepción, así como el resarcimiento de daños y perjuicios por la vía de la responsabilidad patrimonial. A este respecto, manifiestan su falta de medios para poder efectuar este trámite, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por sí mismos y, en cuanto a la posible prescripción, afirman que el bebé sigue en tratamiento cardiológico curativo, sin haberse podido determinar aún de forma definitiva sus secuelas.

En base a los referidos antecedentes, conviene realizar a la Administración actuante las siguientes

CONSIDERACIONES

Como se ha indicado en el apartado de antecedentes, la admisión a trámite de la queja se produjo al objeto de contribuir a esclarecer los hechos acontecidos y de realizar una mera revisión formal de la actuación de la Administración, con la finalidad de detectar errores susceptibles de corrección o defectos de procedimiento causantes del resultado adverso.

Pasamos, pues, a analizar los diferentes aspectos de la atención médica prestada al pequeño respecto de los que la interesada no está de acuerdo con el informe del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este:

En primer lugar, la interesada afirma que en la segunda visita al Servicio de Urgencias del Hospital de La Línea de la Concepción el bebé presentaba unas circunstancias que en algún caso no se recogieron en el informe (como que no estaba comiendo) y en otros casos, se contradecían con la realidad, como la coloración y aspecto o la tos, manifestando en todo caso que la exploración fue muy escueta.

En cuanto al posible error del pulsioxímetro en la toma de constantes de saturación y frecuencia cardíaca, la respuesta recibida del Área de Gestión Sanitaria justificaba que el sensor de la sonda del pulsioxímetro requiere mayor tiempo y cuidado por el pequeño diámetro de los dedos de las manos del bebé y por su movimiento, sin que pueda arrojar un resultado como el obtenido (96 % o 97 %) si se encuentra estropeado o en fallo, argumento técnico que esta Institución no dispone de competencias para cuestionar.

En tercer lugar, expresa la interesada su consideración de que existió una deficiencia en la apreciación de la situación vital de su hijo directamente relacionada con la inadecuación del especialista que trató al mismo, al no ser pediatra. A este respecto, aunque es indudable que la presencia de especialistas en pediatría en las todas las urgencias hospitalarias sería recomendable, no existe una obligación legal específica que establezca la presencia constante de un pediatra de guardia en los servicios de urgencias hospitalarios de Andalucía. En general, los grandes hospitales suelen contar con pediatras disponibles en sus servicios de urgencias, mientras que en hospitales más pequeños –como es el comarcal de La Línea– esta disponibilidad puede no ser tan constante.

El informe de la administración argumentaba que el médico de familia del Servicio de Urgencias que atiende a la población pediátrica puede solicitar interconsulta y recabar la atención del pediatra de planta, si lo considera preciso por la patología o estado del menor, si bien, en el presente caso se indica que el facultativo del Servicio de Urgencias no estimó preciso efectuar una interconsulta al pediatra de guardia presencial en planta ni apreció la concurrencia de criterios para ingreso hospitalario.

No obstante, el informe comunica que, tras el planteamiento de este caso, una especialista en pediatría ha realizado sesiones clínicas dirigidas al personal de Urgencias, cuyo objetivo ha sido afianzar sus conocimientos sobre los episodios de menores con bronquiolitis y otras afecciones respiratorias, esencialmente en lo que atañe a la posibilidad de empeoramiento en un plazo de tiempo de pocas horas cuando se trata de menores de tan corta edad.

No acostumbra esta Institución de ordinario acometer la revisión crítica del fondo de dictámenes de carácter técnico y especializado procedentes de profesionales médicos, por obvias razones de prudencia y respeto a decisiones adoptadas en aplicación de los conocimientos propios de dicha disciplina. Y ello, en la medida en que, por una parte, actuamos carentes de la inmediación que ha asistido al profesional de la salud al examinar directamente al paciente, y por otro lado no contamos con los conocimientos especializados precisos que nos permitan valorar la entidad de la patología.

Sin perjuicio de lo anterior, a efectos de la referida revisión formal de la actuación de la administración, resulta de interés una rápida revisión de las guías de práctica clínica referidas al diagnóstico de bronquiolitis aguda, en la medida que constituyen recomendaciones desarrolladas para asegurar estándares de calidad en la asistencia sanitaria al mismo tiempo que ayudan al personal facultativo a tomar decisiones basadas en la evidencia, aunque no son de obligado cumplimento ni sustituyen el juicio clínico del personal sanitario.

Podemos tomar como referencia los “Protocolos diagnósticos y terapéuticos de Neumología Pediátrica” de la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Neumología Pediátrica del año 2017.

La bronquiolitis aguda se define como el primer episodio de dificultad respiratoria bronquial distal en un niño menor de 2 años y es causada principalmente por el virus respiratorio sincitial (VRS). Es consensuado que el diagnóstico de la bronquiolitis es fundamentalmente clínico, basado en la anamnesis y en la exploración física, y que las pruebas complementarias no son necesarias salvo en situaciones muy concretas.

La mayoría de las bronquiolitis son leves y no precisan ingreso hospitalario. Otro grupo menos numeroso de pacientes puede presentar un curso clínico más grave, que puede incluso requerir un ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. Existen una serie de factores que, cuando están presentes, aumentan el riesgo de una evolución desfavorable, y que pueden ayudar a predecir el curso clínico de los pacientes.

Concretamente, el Protocolo “Bronquiolitis aguda viral” (García García ML, Korta Murua J, Callejón Callejón A.), indica lo siguiente respecto a la clínica: “Tras un breve periodo de incubación, el cuadro clínico se inicia con síntomas de vías respiratorias altas como rinorrea, estornudos y tos, con o sin fiebre, habitualmente no muy elevada. En un periodo de 1 a 4 días, la tos se hace más persistente, apareciendo irritabilidad, rechazo de la alimentación, taquipnea, disnea espiratoria, auscultación con sibilancias y/o crepitantes y dificultad respiratoria”. Asimismo: “En la exploración física se aprecian los signos de aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, uso de los músculos accesorios, aleteo, retracciones. En la auscultación se aprecia hipoventilación con estertores crepitantes, sibilancias espiratorias e inspiratorias y espiración alargada”.

Se indica asimismo que en la anamnesis es fundamental indagar sobre aquellos factores que se han relacionado con mayor riesgo de progresión a enfermedad severa:

• Edad < 6 semanas.

• Antecedentes de prematuridad.

• Enfermedades de base: cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica (displasia broncopulmonar, fibrosis quística, anomalías pulmonares congénitas), enfermedad neuromuscular, inmunodeficiencias.

• Evolución < 72 horas por la posibilidad de empeoramiento.

• Tabaquismo en el entorno.

• Ausencia de lactancia materna.

• Hacinamiento y pobreza.

• Bajo peso al nacimiento (< 2500 g).

En el Protocolo de “Diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis aguda en Urgencias” (Benito Fernández J, Paniagua Calzón N.), de 2020, se señala que “A la llegada del paciente a Urgencias se debe proceder con la evaluación y estabilización inicial. Para ello utilizaremos el triángulo de evaluación pediátrico y la secuencia ABCDE. Ante un fallo respiratorio o dificultad respiratoria grave, puede ser preciso realizar maniobras de apertura de la vía aérea, como aspiración de secreciones y la administración de oxígeno, antes de realizar la historia y exploración detalladas. Una vez realizada la primera evaluación e iniciadas, si son precisas, las primeras medidas de soporte, se debe recoger información sobre los antecedentes de prematuridad o enfermedad, para identificar factores de riesgo e interrogar sobre los síntomas, tos, rinorrea, ruidos respiratorios y signos de dificultad respiratoria, su duración y su interferencia con el sueño y la alimentación. También será preciso preguntar sobre los tratamientos recibidos hasta el momento y la respuesta a los mismos”. También se apunta que “Se debe considerar la observación en Urgencias o la hospitalización en lactantes con factores de riesgo, como la edad menor a 6 semanas y en los que presenten apneas o BA moderada-grave que precisen medidas de soporte como oxigenoterapia o sueroterapia intravenosa”.

En la “Guía de práctica clínica sobre la bronquiolitis aguda: recomendaciones para la práctica clínica”, Anales de Pediatría, Vol. 73. Núm. 4 (octubre 2010), se recogen los criterios de ingreso hospitalario: “Se recomienda remitir a un centro hospitalario a aquellos pacientes con: edad inferior a 4-6 semanas, rechazo de alimento (ingesta inferior al 50 % de lo habitual), deshidratación, letargia, historia de apnea, taquipnea para su edad, dificultad respiratoria moderada o grave (quejido, aleteo nasal, tiraje o cianosis), saturación de oxígeno inferior al 92-94 %, enfermedad grave según la escala propuesta y cuando el diagnóstico sea dudoso. También se debe valorar la presencia de comorbilidades, la historia de prematuridad, la edad inferior a 2-3 meses, la duración desde el inicio de los síntomas (en las primeras 72 h hay riesgo de empeoramiento), la capacidad de manejo de los padres, los factores geográficos y de dificultad de transporte, y los factores sociales”.

Ciertamente, para los pediatras y médicos de familia que atienden a estos niños, su manejo representa en numerosas ocasiones un dilema de difícil solución. Por un lado, no existe ninguna medida farmacológica que mejore claramente la evolución de los pacientes; por otro, se debe tener siempre presente la posibilidad de que se produzca un empeoramiento respiratorio, en ocasiones muy brusco, que obligue a ingresar al paciente en el hospital. En este sentido, los protocolos y guías revisados insisten en la existencia de factores de riesgo de enfermedad más grave, y que pueden ayudar a predecir el curso clínico de los pacientes, estando el de edad menor de seis semanas entre los más relevantes. Asimismo, se recomienda dar información a los padres sobre el manejo de la bronquiolitis aguda y los motivos para reconsultar.

En el caso presente, el bebé tenía poco más de un mes de vida cuando sus padres le llevaron al Servicio de Urgencias. La interesada sostiene su discrepancia con el informe de la administración, fundada en que durante la asistencia de urgencias en la madrugada del día 13 el niño se encontraba muy quieto, rechazando las tomas, con tos y pausas o interrupciones respiratorias, y que no tenía buen aspecto ya que se encontraba amarillento, manifestando que la exploración fue superficial. Asimismo, refiere que mientras aguardaba en la sala de espera tras las pruebas, una enfermera acudió a interesarse por cómo seguía el bebé y le preguntó si comía, y a su respuesta negativa quiso hacerle una prueba de glucosa que el médico no entendió necesaria. A pesar de ello, en el informe de urgencias se indica “bien hidratado, nutrido, con buena coloración”.

Ante la manifiesta diferencia de versiones no puede esta Institución pronunciarse sobre la existencia de una mala praxis en la evaluación de las circunstancias concretas que el pequeño presentaba.

No obstante lo anterior, sí que podemos poner de manifiesto que las guías revisadas insisten en que el cuadro clínico de la bronquiolitis aguda se inicia con síntomas de vías respiratorias altas (como rinorrea, estornudos y tos, con o sin fiebre) y que en un periodo de 1 a 4 días la tos se hace más persistente, apareciendo irritabilidad, rechazo de la alimentación, taquipnea, disnea espiratoria, auscultación con sibilancias y/o crepitantes y dificultad respiratoria.

La posibilidad de una rápida evolución de gravedad aconseja como fundamental indagar en la anamnesis sobre aquellos factores que se han relacionado con mayor riesgo de progresión a enfermedad severa, entre los que se encuentra como destacada la edad inferior a 6 semanas, debiendo tener también en cuenta la duración desde el inicio de los síntomas (ya que en las primeras 72 horas hay riesgo de empeoramiento), el rechazo de alimento (ingesta inferior al 50 % de lo habitual) y la letargia. Era clave, por tanto, la edad inferior a 6 semanas y verificar si el bebé se estaba alimentando de forma adecuada.

El informe del Área de Gestión Sanitaria señalaba que, tras el planteamiento del presente caso, una especialista en pediatría ha realizado sesiones clínicas dirigidas al personal de Urgencias, a fin de “afianzar sus conocimientos sobre los episodios de menores con bronquiolitis y otras afecciones respiratorias, esencialmente en lo que atañe a la posibilidad de empeoramiento en un plazo de tiempo de pocas horas cuando se trata de menores de tan corta edad”. En efecto, la corta edad como señalábamos reiteradamente, es un factor fundamental a la hora de afrontar un posible diagnóstico de bronquilitis aguda.

En definitiva, desconocemos si la atención prestada se ajustó a la lex artis y si la posibilidad del drástico empeoramiento de un bebé de tan corta edad se debió a la evolución natural de la enfermedad que no era previsible unas horas antes; o por el contrario, si la lex artis hubiera aconsejado, en un caso afectante a un bebé de tan corta edad, al menos la valoración por pediatría o la permanencia en observación en el centro hospitalario. Y, aun en el caso de que la asistencia fuese correcta conforme al criterio de la lex artis, habría que analizar si hubiera sido más beneficiosa para el paciente de haberse desarrollado de forma distinta, con la consiguiente pérdida de oportunidad de curación o sanación.

Los interesados nos relataban la angustia que toda la familia había y seguía sufriendo por el crítico estado de salud de su bebé en las semanas siguientes, con secuelas afirma que aún pendientes de determinar de forma definitiva, y con los consiguientes gastos económicos que ello les ha supuesto (alquiler de vivienda en Cádiz durante la hospitalización, además de su vivienda en La Línea de la Concepción, con todos los gastos que conllevan de luz, agua, comida, etc.), viajes a Cádiz cada 3 meses para revisiones en los servicios de cardiología, neumología y digestivo, y ayuda psicológica.

En este tipo de supuestos en que se considera, como nos ha venido relatando la interesada, que la intervención de la Administración sanitaria no se ha desarrollado de forma correcta y dentro de los límites de la diligencia debida, se puede tratar de depurar la correspondiente responsabilidad mediante la iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial ante la Administración sanitaria, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 91 y 92, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 32 a 35.

Según afirma, las secuelas a nivel cardiológico del pequeño no han quedado aún determinadas, en cuyo caso no se habría iniciado el cómputo del plazo de prescripción de la reclamación de responsabilidad patrimonial. No obstante, la interesada nos ha comunicado que no han llegado a presentar dicha reclamación, no por falta de voluntad, sino de capacidad técnica para redactarla y justificarla adecuadamente ni económica para contratar asistencia jurídica y pericial a tal fin.

A la vista de toda la información recabada, la gravedad del estado que presentó el bebé y las circunstancias concurrentes en la asistencia médica prestada en el Servicio de urgencias del Hospital de La Línea de la Concepción en la madrugada del 13 de octubre de 2021, y de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 29 de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz, se le formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1: valorar la iniciación de procedimiento de responsabilidad patrimonial de oficio en el presente caso, en el supuesto de que no haya prescrito el derecho a la reclamación de los interesados, conforme al artículo 61 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual es posible el inicio del procedimiento por petición razonada de órganos que hayan tenido conocimiento de los hechos por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación, a fin de dirimir si la lesión producida ha sido consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos que no tengan el deber de soportar conforme a la ley, y si en consecuencia tienen el derecho a ser indemnizados.

SUGERENCIA 2: revisar que el protocolo de actuación ante episodios de menores con bronquiolitis y otras afecciones respiratorias se adecúa a las guías de práctica clínica, y establecer los casos en los que se debe efectuar interconsulta a pediatría o valorar la observación o ingreso hospitalario.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz