Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 24/0107 dirigida a Secretaría General del Agua, Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, entidades suministradoras de las capitales de las ocho provincias, entidades suministradoras de municipios de más de cincuenta mil habitantes
Con frecuencia se reciben en esta Institución quejas por una elevada facturación de agua debida a un consumo no advertido en caso de avería en las instalaciones interiores.
En estos casos, más allá del perjuicio económico por el que acude la persona afectada, nos preocupa especialmente la pérdida de un bien tan esencial como el agua durante el lapso de tiempo que transcurre entre que se produce la avería y se detecta la misma, procediendo a su arreglo.
Normalmente la avería no se detecta hasta que se toma lectura del contador y se advierte por el histórico de consumo registrado que se ha producido un elevado gasto de agua en el periodo transcurrido desde la última lectura.
En muchas ocasiones la toma de lectura se realiza de forma trimestral, en otras se añade el tiempo que transcurre hasta que se graba el dato de consumo registrado por el contador para su facturación, circunstancias que van añadiendo días a la pérdida de agua hasta que se comunica la situación al abonado.
Una de nuestras líneas de intervención en la tramitación de este tipo de quejas ante las entidades suministradoras se orienta a la elaboración de protocolos de actuación, de modo que asuman un papel proactivo en la advertencia de posibles fugas para procurar su corrección inmediata o se reduzcan los plazos mínimos de toma de lecturas, a fin de evitar la pérdida de agua.
También hemos señalado que las nuevas tecnologías permiten avanzar en esta línea, ya que los contadores de telegestión con información disponible para el abonado y con sistemas de alerta posibilitan una reacción inmediata ante un consumo excesivo de agua que se deba a una avería no advertida a simple vista.
Ya en nuestro Informe Especial sobre Servicios de suministro de agua de 2015 poníamos de manifiesto que las apps que permiten al usuario acceder a sus datos de consumo y que la instalación de contadores de telegestión permiten una actualización continua de los datos disponibles de consumo.
Conocemos que las entidades suministradoras viene desarrollando un importante esfuerzo inversor para el despliegue de este tipo de contadores dentro de su parque para adoptar medidas que permitan controlar el consumo de agua en tiempo real.
En el escenario de sequía en el que nos encontramos desde hace tiempo, la implantación de esta tecnología supone un elemento indispensable a favor de la eficiencia hídrica. Las administraciones y las entidades suministradoras tienen un importante reto por delante en la materia, que no puede ya esperar ante la acuciante realidad a la que nos enfrentamos de escasez de agua.
En esta línea se vienen liberando fondos públicos provenientes de la Unión Europea (NextGenerationEU) dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua. Con ello se pretende contribuir a impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, con el objetivo último de mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.
Pero no podemos olvidar que la implantación de estas medidas supone ya un mandato legal en virtud del artículo 59.3 de la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía, que obliga a las entidades prestadoras de servicios de agua a implantar sistemas digitales de gestión de los recursos hídricos y las infraestructuras hidráulicas, de modo que permitan una gestión eficiente y transparente, así como un adecuado control por parte de las Administraciones competentes.
El plazo para cumplimiento de esta obligación de implantación de sistemas digitales de gestión de recursos hídricos se ha establecido para el próximo mes de mayo de 2024, de acuerdo con la Disposición final decimotercera de la citada Ley.
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se ha estimado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance de la implantación de contadores inteligentes de agua y su futura evolución.
En el curso de esta actuación resulta conveniente dirigirse a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, como organismo competente en materia de agua a nivel andaluz.
Asimismo estimamos oportuno preguntar a las principales entidades suministradoras de Andalucía por las medidas implantadas hasta la fecha y las que tengan previsto abordar. En concreto, nos hemos dirigido a las entidades suministradoras de las capitales de las ocho provincias, a las entidades suministradoras que prestan servicios a varios municipios y a las de municipios de más de cincuenta mil habitantes, así como a las asociaciones ASA y AEOPAS.
Consideramos que se encuentra afectado el derecho a la protección de las personas consumidoras que garantiza el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y que el artículo 51 de la Constitución española define como uno de los principios que deben regir la actuación de las Administraciones públicas.
Asimismo, de forma indirecta, a través de la finalidad perseguida con la implantación de contadores inteligentes, se pretende garantizar el derecho a vivir y disfrutar de un medio ambiente adecuado, equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, en particular mediante la adecuada protección del agua, reconocido en el artículo 45 del texto constitucional y en el artículo 28 de nuestro Estatuto de Autonomía.
El artículo 45 de la Constitución también indica que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente. Asimismo, el artículo 197 del Estatuto de Autonomía ordena a los poderes públicos de Andalucía proteger el ciclo integral del agua, y promover su uso sostenible, eficiente y responsable de acuerdo con el interés general.
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