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INFORME ANUAL 2012
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORDENACIÓN ECONÓMICA
49
I.
SECCIÓN PRIMERA: I.- EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ ANTE LA
CRISIS ECONÓMICA
I.4.
Conclusiones y propuestas.
I.4.1. Conclusiones
Decíamos al inicio de este capítulo que 2012 ha sido el año en que la crisis
económica ha fagocitado nuestra realidad, impregnando todas las facetas de nuestra vida y
situándose como paradigma y eje vertebrador de nuestra actividad y de nuestras
decisiones. Y no creemos pecar de exagerados al hacer estas afirmaciones, por cuanto la
crisis ha sido durante 2012 un elemento omnipresente en la vida política, social y, por
supuesto, económica de nuestro país, hasta tal punto que ha condicionado todas nuestras
decisiones, tanto personales, como colectivas.
Por ello, difícilmente podremos entender el devenir de los acontecimientos
políticos y sociales durante 2012, sin contextualizar cada suceso o cada decisión con la
propia evolución de la crisis económica y su incidencia en la economía de nuestro país.
Valorar lo acontecido o las decisiones tomadas sin referenciarlas a la realidad de la crisis
económica sería un ejercicio inútil.
Y es, por tanto, en este contexto que debemos analizar la realidad social de
nuestra Comunidad Autónoma al finalizar el año 2012. Una realidad, que no deja mucho
resquicio para la satisfacción o la alegría, por cuanto enfrentamos un panorama que solo
podemos calificar de desolador: unos índices de desempleo nunca vistos; una estadísticas
de paro en continuo crecimiento; una sociedad empobrecida; un incremento sostenido de
los colectivos en situación de pobreza extrema y exclusión; una clase media agotada e
incapaz de seguir soportando el peso de la crisis; una población cada vez mas convulsa y
menos conformista con unas decisiones que considera injustas o injustificadas.
Podríamos decir que la realidad de la sociedad andaluza de finales de 2012
viene marcada por la confluencia de dos procesos que, siendo antitéticos, parecen confluir y
complementarse para determinar el futuro mas inmediato de nuestra Comunidad.
Por un lado, nuestra sociedad parece inmersa en un proceso de deterioro
progresivo de todos los parámetros que miden el bienestar social y económico. Un proceso,
al que nadie parece capaz de ponerle freno y en el que parece haberse instalado una
especie de inercia que lleva a adoptar, una tras otra, decisiones que se sabe positivamente
que van a suponer un mayor empobrecimiento y una mayor pérdida de calidad de vida para
la ciudadanía, pero que se consideran inevitables dentro de la política indeclinable de
ajustes y reducciones del gasto. Una política que, aunque haya quien aún la pone en
cuestión, lo cierto es que viene aplicándose de forma inexorable.
Por otro lado, nos encontramos a una sociedad cada vez más convulsa, más
crispada y más dispuesta a manifestar claramente su disconformidad y su protesta por las
consecuencias de algunas de las decisiones adoptadas en el marco de las políticas de
ajuste, por la reiterada aparición de casos de corrupción política y por la falta de respuesta a
algunas de las situaciones más sangrantes provocadas por la crisis económica. Nos
referimos a esa sociedad que ha empezado a movilizarse de forma cada vez más activa y