En estas páginas encontrarán un resumen de las actuaciones, propuestas y valoraciones realizadas como Defensor del Menor de Andalucía en la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad durante 2016. Es mi tarea, y mi compromiso.

De nuevo, 2016 ha sido un año que nos ha enfrentado a importantes desafíos. La crisis económica sigue afectando a miles de hogares andaluces, y en muchos de ellos habitan niños, niñas y adolescentes que atestiguan y padecen la falta de recursos económicos. Las diversas estadísticas sobre pobreza infantil no dejan de incidir en el preocupante número de menores que se ven abocados a privaciones materiales de primera necesidad.

Esta ausencia de oportunidades desde la cuna es una muestra palpable de desigualdad. Evidencia que no todos son iguales, porque aquellos niños y niñas que se encuentran en exclusión social o están en riesgo -y este porcentaje ha crecido durante los años de crisis económica- se ven abocados a un futuro de menores oportunidades, sin que las políticas públicas sean todavía eficientes para corregir ese destino. Esta pobreza es hereditaria, porque un niño que nace en un hogar pobre tiene muchas probabilidades de ser pobre de adulto.

El informe "Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España", elaborado por Save the Children, afirma que el porcentaje de población menor de 18 años en situación de pobreza relativa ha pasado en Andalucía del 33,5% en 2008, al 44,6% en 2015, justo 15 puntos por encima de la media nacional (29,6%), y el doble que al principio de la crisis, cuando la diferencia era de casi 7 puntos (26,8%). La desigualdad en la infancia es especialmente perjudicial no sólo por sus consecuencias, sino también porque las niñas y niños carecen en general de las posibilidades de modificar sus circunstancias y a menudo están sujetos a las decisiones y elecciones de su entorno familiar.

De todas estas circunstancias somos conocedores en la Institución, ya que son frecuentes las quejas en las que los progenitores, normalmente las madres, nos exponen la difícil situación que está pasando la familia y la necesidad de la ayuda que precisan para atender a sus hijos en la alimentación, el vestido, los suministros básicos de luz y agua o la propia necesidad de un hogar.

La reivindicación de una vida digna y la desesperación son comunes en estas solicitudes que nos llegaron durante el pasado año. Como lo es en otro de los fenómenos que mayor preocupación nos ha generado durante 2016: la crisis de los refugiados.

Miles de menores han visto cómo se han vulnerado sus derechos fundamentales ante la mirada insolidaria de la Unión Europea. En 2016, según Eurostat, presentaron demanda de asilo 63.290 niños y niñas, cifra cinco veces superior a la media anual, de unos 12.000, registrada en el periodo 2008-2013. Todos los menores no acompañados que solicitaron protección en España procedían de Siria y ninguno tenía menos de 14 años.

Estos jóvenes que han recorrido centenares de kilómetros sin los consejos ni el afecto de sus padres deambulan por las calles conocedores de que las fronteras están selladas. Por eso buscan dinero o contactos para continuar a bordo del trayecto que empezaron en Afganistán, Siria o Iraq. A menudo, sin embargo, terminan siendo esclavos de las redes de traficantes, las drogas y la prostitución. No podemos consentir este ultraje a sus derechos. Por eso, una vez más, proclamo: Hay que acoger a los refugiados. Ya.

En 2016 conocimos una ansiada noticia, por esperanzadora: el principio de acuerdo político para un pacto por la educación. Esta noticia llega especialmente en un año de incertidumbre política marcado por dos procesos electorales en el Gobierno de la Nación y con un ejecutivo en funciones durante diez meses. De todos los derechos que un Estado social debe garantizar, el derecho a la educación ha sido el más damnificado por las rivalidades de los distintos grupos políticos, instrumentalizado con sucesivas reformas y leyes que han lastrado la potencialidad de la educación en los menores.

El derecho a la educación hace posibles otros derechos. La salud, el trabajo, la cultura o la vivienda son menos accesibles para aquellos que tienen que aparcar su educación ante necesidades más perentorias. Las desigualdades económicas y culturales afectan también a los resultados de la educación. Por esta razón hay que revisar lo que no funciona, y proponerse, siempre al margen de diferencias partidistas, implicar a toda la sociedad con el fin de propiciar una estabilidad educativa que nos permita avanzar sin retrocesos. Esperemos que el ansiado propósito no se tuerza.

El derecho a la educación ha vuelto este año a centrar el mayor número de quejas y consultas llegadas a la institución, pero la variedad de cuestiones a las que nos hemos dedicado engloban la sanidad, la justicia, la política social, la vivienda, las migraciones, la accesibilidad, entre otras. Un resumen de este trabajo se explicita en el contenido del presente informe que, en líneas generales, mantiene la estructura de los años anteriores, aunque como novedad hemos ordenado el relato de las actuaciones atendiendo al derecho del menor presumiblemente vulnerado o desprotegido.

Así, comenzamos tras esta presentación con una exploración estadística sobre la realidad de la población andaluza menor de edad. Una vez más quiero agradecer la contribución del Observatorio de la Infancia en Andalucía en esta tarea. A continuación, en el tercer capítulo, recopilamos las actuaciones seguidas ante la Administración y el resultado de éstas a partir de las quejas y consultas que hemos recibido. En el capítulo cuarto rendimos cuenta de la colaboración con agentes sociales, organismos públicos y otras Defensorías. En el capítulo quinto repasamos las actividades de promoción y divulgación de derechos llevadas a cabo con nuestro Consejo de Participación “e-Foro de Menores” o la IX edición del Premio del Defensor del Menor de Andalucía.

Por su parte, en el capítulo sexto, como viene siendo habitual, analizamos un tema específico a debate. En esta ocasión es el consumo de alcohol por parte de menores, un problema de todos. Precisamente el año pasado se cumplió el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, conocida como ley antibotellón.

Cerramos esta dación de cuentas anual con una novedad, una reseña sobre el informe especial elaborado el pasado año bajo el título Acoso escolar y Ciberacoso. Concluimos este Informe Anual del Menor con los anexos estadísticos.

Confío en que la lectura de este trabajo sea de su agrado y que, sobre todo, nos ayude en la misión de sensibilizar a la ciudadanía en la necesidad de garantizar y materializar los derechos de los menores para lograr una sociedad más justa. En esa tarea pueden encontrarme, a mí y a mi equipo, como Defensor del Menor.

Andalucía, Mayo de 2017

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Defensor del Menor de Andalucía

Defensor del Pueblo Andaluz

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