El aniversario de los 40 años del Defensor del Pueblo andaluz ha coincidido con otra efemérides igual de relevante: en 2023 hemos cumplido 25 años desde la creación del Defensor del Menor de Andalucía, un acontecimiento del que esta comunidad autónoma debe sentirse orgullosa al ser pionera en aprobar una herramienta singular en la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tras una reciente modificación normativa, este comisionado parlamentario ha recibido una nueva denominación como Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. Más allá del nombre, la norma ha querido adaptar este Institución a las nuevas realidades sociales y ampliar sus competencias, sin cambiar una coma de nuestros objetivos, valores e implicación con las personas menores de edad, especialmente aquellas que se encuentran en una singular situación de vulnerabilidad.
En estos años de intenso trabajo, muchas han sido las actuaciones, informes o jornadas realizados en defensa de los derechos de la infancia y adolescencia. Del mismo modo, hemos contribuido también a la implicación activa de los niños y niñas en los asuntos que les afectan, y su consideración en los procesos de toma de decisiones. Les escuchamos, y desde 2008, hace 15 años, contamos con un Consejo de Participación infantil y juvenil, con un representante por cada provincia, que tiene como función asesorar a la Defensoría en todos aquellos asuntos que directa o indirectamente puedan afectar a la infancia, adolescencia y juventud.
Un año más, en cumplimiento de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de la Infancia y Adolescencia de Andalucía (artículo 25.4), mediante el presente informe, rendimos cuenta al Parlamento de las principales actuaciones emprendidas por esta Institución en el transcurso del año 2023.
La estructura del documento que presentamos es similar a ejercicios anteriores. Comenzamos el capítulo II con el análisis de datos cuantitativos de las personas menores de edad en nuestra comunidad autónoma. Un colectivo de más de un millón y medio de niños y niñas entre 0 y 17 años, que representa el 18 por 100 de la población residente en Andalucía, y un 19 por 100 respecto al total de chicos y chicas menores de 18 años residentes en España. Además de las cuestiones demográficas, analizamos también datos relativos al ámbito educativo, Sistema de Protección de Menores, Sistema de Justicia Juvenil, y dedicamos un apartado específico a la infancia más vulnerable. Hablamos de niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza o que tienen dificultades económicas para desarrollar adecuadamente su actividad diaria. Nos referimos asimismo a la infancia que ha sido, o está siendo, objeto de maltrato, con una especial mención a niños y niñas víctimas de la violencia vicaria, a los huérfanos de la violencia de género, sin olvidar las 122 chicas víctimas menores de 18 años con orden de protección o medidas cautelares por violencia de género.
Este capítulo con datos cuantitativos del informe se ha elaborado gracias a la información proporcionada por el Observatorio de la Infancia en Andalucía. Aprovechamos estas páginas para mostrar y transmitir nuestro más sincero agradecimiento por su implicación y colaboración.
El capítulo III, el más extenso de todos, recoge las principales problemáticas observadas desde la actividad propia de la institución de la Defensoría, agrupadas en torno a los derechos comprometidos en ellas. Realizamos un resumen de las más de 5.500 actuaciones emprendidas y los aprendizajes obtenidos a raíz de las quejas presentadas por la ciudadanía o iniciadas de oficio por la Institución. Quedan recogidas las distintas resoluciones que en forma de recomendaciones, sugerencias o recordatorio de deberes legales se han dirigido a los distintos órganos de la administración andaluza para mejorar la defensa de los derechos de niños y niñas.
Como viene siendo habitual, un significativo número de entidades, asociaciones e instituciones universitarias han demandado la presencia de la Defensoría en distintos eventos a fin de debatir temas de interés para las personas menores de edad y, además, con el propósito de que la Institución aporte su experiencia y criterio en diversos asuntos que atañen a este sector vulnerable de la sociedad. Una actividad que se resume en el capítulo IV.
Por otro lado, la Ley de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, atribuye a esta Defensoría la misión de promover el conocimiento, la divulgación y el ejercicio de los derechos de este sector de la población en nuestra comunidad autónoma. Dentro de este amplio campo de intervención y de las diversas actuaciones emprendidas, el capítulo V se centra en el detalle pormenorizado de dos acciones. Por un lado, las actividades del Consejo de Participación de la Institución denominado “e-Foro de menores” y, por otro, los actos organizados para la conmemoración del Día de la Infancia de 2023 con la celebración de la XVI Edición del Premio de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.
Viene siendo práctica habitual que anualmente dedicamos un capítulo específico al abordaje de cuestiones que consideramos relevantes. En esta ocasión analizamos las situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia. Unas situaciones en las que, por diversas circunstancias, el niño o la niña se ve perjudicado en su desarrollo, bienestar o en sus derechos, siendo necesaria la intervención de las administraciones públicas para paliar el riesgo antes de tener que proceder a la adopción de una medida más drástica como es la separación del menor de su entorno familiar. El estudio que se desarrolla en el capítulo VI pretende ahondar en este fenómeno y, paralelamente, el análisis del problema ha de servir para incrementar el conocimiento de esta realidad desde la perspectiva de una institución garante de derechos para quienes, por un lado, han de ejecutar las medidas para paliar el riesgo y, por otro, han de gestionar los recursos de los poderes públicos.
El capítulo VII contiene un resumen del trabajo presentado en 2023: un informe especial titulado “Atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas”. Un trabajo que ha pretendido varios objetivos: otorgar visibilidad de esta realidad educativa, que parece estar en segundo plano en cuanto a su conocimiento; y, mejorar dicho servicio educativo. También otros objetivos no menos importantes, que pivotan sobre este trabajo: reconocer y garantizar el derecho de todos los niños y niñas a recibir educación en su propio entorno social y geográfico, un derecho que está reconocido por ley; y la importancia que tienen estos colegios como instrumentos en la lucha contra la despoblación.
El informe concluye con el capítulo VIII recogiendo un extenso anexo estadístico sobre las actuaciones de oficio, las materias de las quejas, o su procedencia geográfica, entre otros datos.
En estos 25 años de andadura podemos confirmar la consolidación de la figura del Defensor del Menor de Andalucía, hoy Defensoría de la Infancia y Adolescencia. Pero no podemos caer en triunfalismos. Antes al contrario, debemos continuar trabajando con tesón, ahínco e ilusión en defender y proteger los derechos de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad: la infancia y adolescencia. Y vamos a seguir promoviendo el conocimiento de sus derechos con el propósito de acompañarles a sentar las bases de una nueva etapa de avance en garantizar su protección. Con esa sensibilización social sobre la situación de la infancia y adolescencia conseguiremos el bienestar y la aplicación efectiva de los derechos y libertades que merecen los niños y niñas de nuestra tierra, con independencia de su lugar de nacimiento, y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Jesús Maeztu Gregorio de Tejada
Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz
Andalucía, mayo 2024